La precariedad de los trabajadores que vino con el desempleo y la flexibilidad laboral en México

La precariedad de los trabajadores que vino con el desempleo y la flexibilidad laboral en México

According to a study about to be published by the Human Rights Commission of Mexico City, precarious employment relationships are already a reality in Mexico, as illustrated by the level of unemployment, informal work, the loss of purchasing power and the lack of labour justice.

(AP/Marco Ugarte)

Artemisa tiene hoy 60 años y comenzó a trabajar cuando era una adolescente. De manera formal lleva 38 años laborando con algunas breves interrupciones, y lo sigue haciendo aunque su salario no es tan bueno como antes, no cuenta con algunas prestaciones básicas, como el servicio médico, y sus posibilidades de jubilación son nulas debido a las singularidades de la legislación mexicana. Ella ha trabajado tanto en el sector público como en la iniciativa privada y la ley no permite acumular esos años de trabajo con fines de garantizar un ingreso durante el retiro.

La mayor flexibilidad laboral que se derivó de diversas reformas legales en los últimos 20 años ha hecho que un porcentaje importante de trabajadores mexicanos se encuentren en una situación de precariedad.

“Es una situación dramática. Se han perdido absolutamente todos los derechos. Frente al desempleo, las personas que buscan trabajo no se ponen exigentes; simplemente agarran lo que les dan, aunque no cuenten con prestaciones ni la mínima seguridad social”, afirma José Alfonso Bouzas, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (la más importante del país), y experto en materia de derecho laboral.

Este investigador considera que ello se debe no sólo a las reformas legales. “Es la realidad la que desde los años 80 se distanció de la norma. El outsourcing [tercerización o externalización de las contrataciones] existía antes de que la norma se reformara, por ejemplo, y se pusieron candados para proteger al trabajador, pero la propia autoridad mandó una instrucción para que no se aplicaran porque había un importante descontento de los empresarios. México ya era un paraíso laboral”.

Largos años de estancamiento en el crecimiento económico, tras la crisis de 2008-2009 no han logrado hacer crecer las fuentes de empleo bien remunerado en la medida en la que el país requiere. Y los bajos salarios en el mercado mexicano han sido el mayor incentivo para la captación de inversión extranjera productiva en el país, sobre todo en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En 2012, el Congreso mexicano aprobó una de las varias reformas laborales que ha flexibilizado las formas de contratación (“a prueba”, de “capacitación inicial”, por horas y, aunque ya existía la posibilidad, se regula la subcontratación o contratación a través de terceras personas —outsourcing—) con el objetivo de “abrir fuentes de empleo y mejorar la productividad”.

La Constitución mexicana, promulgada en 1917, fue reconocida internacionalmente como la pionera en materia de derechos sociales. Sin embargo, en opinión de Manuel Fuentes, uno de los más connotados abogados laborales en el país, la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula la relación entre trabajadores y patrones en el sector privado, ha convertido dicha relación en una mercancía, debilitando sobremanera los derechos sociales.

De acuerdo con un análisis que está por hacer público la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, elaborado por el consultor Germán Reyes Gaytán, y que fue facilitado a Equal Times, la precarización de las relaciones laborales en México es una realidad y se puede observar a través de la situación del desempleo, el trabajo informal, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de justicia laboral.

Aleida Hernández Cervantes, también investigadora de la Universidad Nacional, explica que la incertidumbre e inseguridad laboral, la desprotección y la imposibilidad de participar en la determinación de las condiciones de trabajo son las características que van indicando la existencia de un empleo precario.

“Las formas más variadas de empleo precario se ubican en las contrataciones temporales de diversa duración, la falta de claridad en la identidad del empleador y la dificultad de ejercer los derechos sindicales”, señala.

De ello da cuenta también la nueva Estrategia de Empleo de la OCDE, dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el pasado 4 de diciembre, en la que se señala que si bien para lograr el crecimiento se requieren políticas que apoyen la flexibilidad en los mercados laboral y de productos, estas no bastan para obtener al mismo tiempo buenos resultados en cuanto a cantidad y calidad de empleo e inclusión.

Millones de mexicanos ya ni siquiera buscan empleo; no hay

Las estadísticas que se manejan de manera oficial acerca del desempleo son engañosas. Si bien de 2013 a 2016 el desempleo disminuyó de un 4,94% a un 3,88%, el indicador de personas que dejaron de buscar empleo reporta una tasa del 16,09%.

El análisis de la Comisión de Derechos Humanos destaca que es alarmante referir que en 2016, de la Población Económicamente Activa (PEA), constituida por 53,68 millones de personas, había 2,1 millones sin empleo y otros 5,8 millones no sólo no tenían trabajo sino que además dejaron de buscarlo “por diversas razones”.

Además, la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Panorama Laboral 2017 América Latina y el Caribe, puntualiza que la reducción de la tasa de desocupación en México no fue resultado de una mayor generación de empleos, sino de la disminución de la tasa de participación.

Esta situación puede agravarse con el Plan de Austeridad que ya está siendo aplicado por el nuevo Gobierno encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. En el marco de dicho plan se ha anunciado el despido de 2.000 trabajadores del Senado de la República (el 64%); y 3.000 de la Cámara de Diputados. A otras 1.000 personas les fue solicitada la renuncia en la dependencia encargada de recaudar impuestos y, en este caso, no se les está queriendo liquidar conforme a la ley.

Los responsables del Instituto que atiende la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado anunciaron que 3.000 trabajadores serán liquidados. Y su contraparte responsable de los trabajadores del sector privado informó que también reducirán la planta laboral pero todavía no precisa en qué proporción. El Ministerio responsable de la educación pública informó que reducirá su plantilla en un 30%. Y la lista continúa.

En materia de salarios, de acuerdo con la información citada por la exdiputada Araceli Damián, en los últimos 20 años México ha perdido terreno frente a otros países pues mientras en China el salario promedio en la industria manufacturera se triplicó entre 2005 y 2016, hasta alcanzar 3,6 dólares USD (3,14 euros) la hora, en México se redujo de 2,2 a 2,1 USD (1,92 a 1,83 euros) la hora.

Y, si en la mayor parte de los países latinoamericanos los salarios reales aumentaron, dice el citado informe de la OIT, en México se contrajeron. En la nueva Estrategia de Empleo de la OCDE se señala que México paga los salarios más bajos de todos los integrantes de la organización. Apunta que los ingresos brutos por hora en México son de 4,6 USD (4,02 euros) en tanto que el promedio del resto de los países de la organización es de 16,6 USD (14,5 euros).

El nuevo Gobierno anunció el 17 de diciembre pasado un incremento del salario mínimo, el cual pasó de 4,07 euros al día, a 4,73, lo cual representa un 16% de aumento. Y en la zona fronteriza se duplicó. Son alrededor de 8 millones de trabajadores los que obtienen ese nivel de ingreso, es decir 6,66% de la población.

En relación al empleo en el sector informal de la economía –y según el análisis de la Comisión de Derechos Humanos–, se observa una leve contracción de este sector al pasar de 27,03% en 2013 a 26,3% en 2016. De todos modos, señala el informe, el porcentaje es un dato preocupante “porque refleja una condición constante y alarmante de precariedad laboral” provocada por los trabajos a tiempo parcial, los trabajos marginales o informales o aquellos no remunerados en negocios familiares que son, en muchas de las veces, las opciones únicas para los trabajadores en México ante la falta de oportunidades”.

Varapalo a la salud y tercerización

Los servicios de salud eran una garantía social básica para las personas que viven de su fuerza de trabajo. Los expertos que elaboraron el reporte de la Comisión de Derechos Humanos señalan que antes era impensable concebir que el empleo no llevara aparejada dicha garantía.

Ahora no es una constante que el servicio de salud proteja a un sector significativo de la población asalariada o con empleo formal. En 2013 el número de trabajadores formales sin acceso a los servicios de salud era de aproximadamente 15,08 millones, de las poco más de 33 millones de personas con un empleo.

Y aunque hubo un aumento en el número de asalariados, también se incrementó el número de personas que no cuentan con servicios de salud. En 2016 eran 35,26 millones los trabajadores asalariados pero los que no contaban con atención médica ascendían a 15,97 millones.

La contratación de trabajadores por medio de una tercera parte ha significado otra causa de la precarización laboral. El análisis de la Comisión de Derechos Humanos indica que esta vía de contratación se ha incrementado con mayor vigor en los últimos años, al pasar de 8,6% del personal ocupado en 2004, al 16% en 2014, según datos oficiales.

El problema es que un porcentaje importante de estos empleadores intermediarios no reporta los salarios reales de los trabajadores ni a las autoridades fiscales (con el objeto de abaratar los costos de sus servicios) ni a las instituciones responsables de la seguridad social, con lo que también se reducen las cuotas que se le debe pagar a esas autoridades.

Aunque ello podría parecer que conviene al trabajador porque éste paga menos impuestos y menos cuotas al Seguro Social, al final de cuentas no es así pues varias de las prestaciones, como la bonificación por Navidad y los pagos por enfermedad, se calculan sobre la base del salario reportado.

De ahí que recientemente un senador que es a la vez dirigente sindical, anunciara que promoverá una reforma legal para prohibir la tercerización, lo que ya preocupó a los empresarios.

Los jóvenes y la nueva administración

La encuesta Empleo y Salario Mínimo, que realizó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, reportó que al reducirse las prestaciones laborales y el ingreso salarial, un 72% de los trabajadores en el país afirman que su situación ha sido peor en los últimos tres años.

Del 45% de los trabajadores que reportaron contar con un empleo, el 19,9% dice que tiene prestaciones de ley, 16,2% no cuenta con ninguna prestación, 6,1% tiene prestaciones superiores a las de la ley, y 2,6% tiene algunas prestaciones pero está contratado por un esquema que no establece una relación con su empleador.

El Informe del Observatorio de Salarios 2018, que realiza la Universidad Iberoamericana (una institución dirigida por religiosos jesuitas, con reconocimiento por su preocupación por lo social y los derechos humanos), reporta que el 50,6% de los jóvenes (de entre 15 y 29 años) no tiene prestación alguna. Y el 66% de la población joven asalariada no tiene seguridad social.

“México está entrando en la tendencia de la flexibilidad laboral desde que la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 facilitó las condiciones de contratación; sin embargo, eso se traduce en una situación de precariedad permanente en la juventud ocupada, que va al alza”, señala el informe.

En 2017, apenas el 13,6% de los jóvenes tenía vacaciones, bono por Navidad o accesos a créditos para vivienda.

Una problemática adicional son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”. El nuevo Gobierno lanzó un programa especial llamado “Jóvenes construyendo el futuro”, dirigido a este sector, con el cual se busca que este grupo poblacional se capacite para el trabajo.

Los sindicatos “de protección” (del patrono)

Esta situación de precariedad ha sido solapada en buena medida por las propias dirigencias sindicales (de grandes organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México -CTM- y la Confederación Regional de Obreros y Campesinos -CROC-). Manuel Fuentes, el experto laboralista, caracteriza así el rol del dirigente sindical en México:

“Las direcciones sindicales, que tienen caciques a la cabeza, desdeñan la voluntad de los trabajadores. Para ellos son masas y objetos como cualquiera. Los dirigentes son camarillas que controlan a su antojo los bienes y dineros sindicales, los procesos electorales y hasta las voluntades de los trabajadores, bajo la amenaza de mandarlos a la calle, con una simple petición al patrón para que no se les recontrate o se les separe con cualquier pretexto o se les suspende en sus derechos sindicales o se les destituye sin juicio previo. A la par se valen de amenazas, golpes y hasta de asesinatos. En ocasiones los caciques sindicales llegan a controlar las instituciones en las que mantienen relaciones laborales sus agremiados”.

Ese cuadro del sindicalismo mexicano se construyó a lo largo de 70 años, lapso en el que las principales centrales obreras estuvieron orgánicamente ligadas al partido en el poder —el PRI, durante la mayor parte del siglo pasado; y el derechista Partido Acción Nacional, desde el año 2000 y hasta 2012—.

Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la UNAM, señala que esta relación entre Estado mexicano y sindicalismo no significó una real incorporación de las bases de los trabajadores a las decisiones del poder público, “pues eran sólo los líderes sindicales quienes operaban su inclusión en la coalición gobernante mediante la movilización y el control de las bases en favor de los gobernantes en turno, mientras que por otro lado se limitaba el ejercicio de derechos como la sindicalización, la organización sindical interna y las huelgas”.

Asegura que sin que se hayan desarticulado aún las relaciones entre los sindicatos corporativos y el Estado mexicano, varios hechos muestran el debilitamiento de éstos: “La disminución de la tasa de sindicalización constituye un indicativo de ese debilitamiento. Para el año 2012, la tasa de sindicalización se ubicaba en 8,8 del porcentaje total de la PEA y 13,9 del porcentaje de trabajadores asalariados. Un fenómeno que ha contribuido a ello es la proliferación de contrataciones de carácter individual que no le permiten al trabajador la posibilidad de sindicalizarse”, detalla.

Por otra parte, la proliferación de los sindicatos de protección patronal también ha contribuido a minar la representatividad de los trabajadores por medio de los sindicatos.

Se estima que alrededor de 90% de los contratos colectivos de trabajo —que debieran ser el producto de la negociación colectiva entre los sindicatos y el empleador— registrados ante las autoridades laborales, son contratos colectivos de protección patronal que tienen por objeto simular la negociación colectiva entre un sindicato no real y un empleador que lo elige en función de su incondicionalidad. Este tipo de sindicatos son llamados “de protección”, pues se constituyen formalmente y se registran ante las autoridades laborales con la finalidad de “prestar un servicio” a las empresas que buscan eludir la negociación colectiva auténtica, señala la investigadora.

Hay claroscuros en los tiempos presentes en materia laboral. Además del aumento al salario mínimo y las becas para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, ordenados por el nuevo presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las trabajadoras domésticas tienen el derecho a contar con seguridad social. Y también recientemente se aprobó en el Senado mexicano el acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar la libertad sindical. Al mismo tiempo, ya se cuentan por miles los empleados gubernamentales despedidos.

This article has been translated from Spanish.