El pasado viernes, 1 de septiembre, decenas de miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y miles de ciudadanos se congregaron en la Plaza de Mayo con una pregunta sencilla pero rotunda: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

El joven artesano de 28 años había sido visto por última vez hace exactamente un mes, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina desalojaron a un grupo de activistas y miembros de la comunidad Mapuche del predio que ocupaban dentro del territorio de Benetton, la empresa italiana de indumentaria.

Desde entonces, la pregunta acerca del paradero de Santiago ha dejado a miles de argentinos en vilo, ha reforzado la división política en el país, y ha reavivado una dolorosa memoria que aún persigue a los argentinos: las miles de desapariciones forzadas que ocurrieron durante la dictadura militar.

Maldonado se encontraba en el sur del país apoyando a los miembros de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia, un grupo de familias que pide desde hace años la recuperación de sus tierras ancestrales.

Muchas de estas tierras son ahora propiedad del grupo Benetton —el mayor terrateniente privado de Argentina—. La ocupación lleva casi dos años y ha sida acompañada por desalojos violentos y el encarcelamiento del lonko (o líder) de la comunidad Pu Lof, Facundo Jones Huala.

En la mañana del 1 de agosto, efectivos de la fuerza de gendarmería, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, avanzaron sobre un corte en la ruta 40 de Chubut organizado por miembros de la comunidad Mapuche.

Según testigos y familiares, Maldonado participaba en esta manifestación cuando fue aprehendido, golpeado y luego transportado a una camioneta de la gendarmería. A pesar de estas denuncias, que apuntarían a una desaparición forzada de Maldonado, el Gobierno nacional ha negado repetidamente la complicidad de la gendarmería.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, indicó públicamente en varias ocasiones que tiene “una fuerte convicción de que la gendarmería no se llevó a Maldonado” y que no hay suficiente evidencia para respaldar esta narrativa (hasta ahora, no hay pruebas públicas que acrediten con certeza si Maldonado estaba en la protesta).

Asimismo, durante el primer mes de la desaparición del activista, el presidente Mauricio Macri se pronunció sólo una vez sobre el tema: "Estamos trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó", declaró.

Esta posición ha desatado críticas de varios sectores de la sociedad, que creen que el Gobierno se encuentra más enfocado en defender a los efectivos de la gendarmería que en encontrar el paradero de Maldonado.

“Lamentablemente las autoridades nacionales no han estado a la altura de las circunstancias y en todo este mes lo que han generado es una dispersión de hipótesis, poca colaboración con la hipótesis principal vinculada con la responsabilidad de la gendarmería, y además un tratamiento muy preocupante de la familia de Santiago Maldonado”, dice Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos que ha estado siguiendo el caso.

“Básicamente han hecho todo lo opuesto a lo que uno esperaría de autoridades que quisieran realmente lograr dar con vida con una persona que está desaparecida”.

Una investigación irregular

Numerosas organizaciones de derechos humanos han demandado que el Gobierno lleve a cabo una investigación imparcial para determinar el paradero de Maldonado. Según el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, la desaparición exige “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización” de Maldonado.

Sin embargo, familiares y organizaciones han denunciado que la actual investigación de la desaparición forzada de Maldonado ha estado marcada por irregularidades y demoras inexplicables.

“Actualmente hay dos investigaciones judiciales en curso. Por un lado, hay un hábeas corpus y por otro hay una investigación bajo la carátula de desaparición forzada de personas”, explica Kletzel.

“[Sin embargo], hay una serie de condiciones que tienen que ver por un lado con cómo está operando la justicia, y al mismo tiempo con la falta de colaboración plena por parte del ejecutivo nacional… por las cuales hay una demora importante en la realización de medidas fundamentales”.

Para Andrew Anderson, director ejecutivo de Front Line Defenders, una organización que protege defensores de derechos humanos en peligro alrededor del mundo, la falta de colaboración del gobierno argentino es preocupante.

“Si alguien desaparece, especialmente si desaparece en el contexto de una protesta, hay una clara responsabilidad para el Gobierno y los varios cuerpos del Estado para que busquen activamente a la persona para traerla de vuelta”, dice Anderson.

“En este caso, parece que el Gobierno está más preocupado con negar su responsabilidad que con realmente hacer algo para asegurar que Maldonado sea encontrado y devuelto a su familia”.

Una herida que sigue abierta

A pesar del lento avance de la investigación del caso, la mera posibilidad de una complicidad de las fuerzas armadas del Estado en la desaparición de Maldonado ha reavivado oscuras memorias de la dictadura militar argentina, durante la cual alrededor de 30.000 argentinos fueron desaparecidos forzadamente, según organizaciones de derechos humanos (este número es disputado ahora por el Gobierno, que estima que hubo 9.000 desapariciones).

"Todos sufrimos mucho y hace 40 años que venimos luchando para que se restablezca un Estado de derecho y la gente tenga derecho a expresarse”, dijo Nora Cortiñas, líder del grupo de Madres de Plaza de Mayo, en una reciente entrevista radial.

"Hay muchos testigos que dicen que efectivamente se lo llevó la Gendarmería a Santiago, pero [las autoridades] quisieron de entrada borrar todas las huellas que había. Acá hay un delito de lesa humanidad".

Desde el Gobierno se rechaza esta narrativa.

“La desaparición forzada es una idea apropósito. Esa idea en nuestro Gobierno está fuera de lugar: ni nosotros ni las fuerzas de seguridad somos los de [la dictadura de] 1976”, dijo Bullrich.

A pesar de que esta no sería la primera desaparición forzada que ocurre en Argentina desde la vuelta a la democracia —según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), han tenido lugar más de 200 desapariciones forzadas a manos del Estado u organizaciones dependientes de éste desde 1983— la desaparición de Maldonado resalta la persistente violencia hacia activistas en el país y la región.

“La situación en Argentina ha mejorado mucho en términos del respeto hacia los defensores de derechos humanos. Pero sigue siendo un contexto difícil, especialmente para aquellos defendiendo los derechos de los pueblos indígenas”, dice Anderson.

“[La desaparición de Santiago] es un grave paso atrás en términos de la protección de derechos humanos y de los defensores de derechos humanos en Argentina”.

Según Oxfam, el número de asesinatos, ataques y actos de represión hacia activistas de derechos humanos ha alcanzado un pico histórico en América Latina.

Tan sólo en el año 2015, 122 activistas de derechos humanos fueron asesinados en la región —lo que representa un 65% de los asesinatos de este tipo en todo el mundo—.

Para Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la principal preocupación es que su hermano no se convierta en un número más en esta lista: “¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago?”.