Cuando Mary Mulbah fue despedida de su puesto de trabajo como maestra de segundo grado el pasado mes de octubre junto a 14 compañeros de trabajo, sabía que estaba siendo castigada por haberse pronunciado en contra del Gobierno liberiano. Semanas antes, Mulbah, de 55 años de edad, había apoyado la acción nacional “trabajo a ritmo lento”, organizada por los docentes como protesta contra el controvertido plan del país de externalizar casi 100 escuelas públicas a empresas extranjeras dedicadas a la prestación de servicios de educación, o a organizaciones del ámbito de la caridad.

Mulbah, presidenta en funciones de la Asociación Nacional de Docentes de Liberia (NTAL, por sus siglas en inglés), afirma que los 14 docentes despedidos en las semanas posteriores a esta acción eran miembros de la dirección del sindicato en el condado de Margibi, que se encuentra a cerca de una hora de carretera de Monrovia, la capital del país.

Tras la acción, que gozó de una amplia cobertura en la prensa liberiana en calidad de ‘huelga’, Mulbah asistió a la sesión de mediación organizada por el Consejo Nacional Cristiano de Liberia, en la que los representantes del sindicato se reunieron con funcionarios del Ministerio de Educación y les expresaron sus preocupaciones con respecto al proyecto de externalización denominado ‘Partnership Schools for Liberia’ (PSL, Partenariado de Escuelas por Liberia).

“Alguien me dijo que querían disolver el sindicato de docentes”, afirma. “Ese es el motivo por el que despidieron a sus dirigentes”.

Cuando el ministro de Educación de Liberia, George Werner, anunció en la primavera de 2016 que el proyecto PSL se llevaría a cabo, aseguró que el Gobierno conservaría el control de las escuelas y que se permitiría a los docentes seguir sindicalizados.

Posteriormente, en Quartz Africa, en enero de 2017, Werner refutó la caracterización del plan como privatización señalando que “los docentes son empleados públicos integrados en la nómina del gobierno y que tienen todo el derecho de afiliarse a las asociaciones de docentes [los sindicatos de los docentes liberianos]”.

Sin embargo, los dirigentes sindicales afirman que las medidas adoptadas por el Gobierno contradicen esta promesa, ya que los docentes que se pronunciaron en contra del PSL fueron despedidos de manera fulminante en los últimos meses.

Y tres docentes que fueron entrevistados para la realización de esta nota y trabajan en una escuela gestionada por Bridge International Academies [proveedor con ánimo de lucro establecido en EEUU que gestiona un gran número de escuelas en el marco del programa piloto] dicen que se les ordenó que no hablaran con periodistas ni con líderes sindicales.

‘Docentes fantasma’ y corrupción, ¿quién es culpable?

Los impulsores del PSL describen el proyecto como un paso audaz para hacer frente a los resultados académicos insatisfactorios de los estudiantes en el país. La comunidad internacional ha replicado que ceder las riendas de la educación pública de Liberia a empresas extranjeras y organizaciones de la caridad tendrá profundas consecuencias duraderas respecto a la capacidad del Estado de instruir a sus propios ciudadanos.

Si bien todos los observadores están de acuerdo en que hace falta realizar reformas, el PSL ha sido controvertido y, en marzo de 2016, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, pidió que un órgano independiente vigilara las “violaciones del derecho a la educación que pudieran derivarse de este proceso”.

No obstante, los representantes sindicales docentes afirman que su función de supervisión ha sido cuestionada por una discreta campaña llevada a cabo contra ellos y que el PSL ha acusado a los docentes de las deficiencias en el sector de la educación, en lugar de responsabilizar a los altos funcionarios del Ministerio.

“Siempre se descargan de su responsabilidad, a pesar de no asignar fondos suficientes a la educación”, dice Samuel Johnson, secretario general de NTAL.

Johnson afirma que cuando se anunció el PSL, los dirigentes sindicales fueron informados de que el Ministerio de Educación había previsto eliminar de su nómina a más de 6.000 docentes ‘inexistentes’ con el fin de ayudar a recaudar los fondos necesarios para financiar el programa. Los informes sobre la existencia de ‘fantasmas’ en el registro de los salarios pagados evocaron erróneamente la imagen de docentes perezosos que cobran su sueldo mientras se niegan a trabajar, en lugar de una práctica mucho más insidiosa: la existencia de nombres falsos introducidos en el sistema por administradores corruptos que se repartían entre ellos los salarios asignados fraudulentamente.

“Dicen que están intentando deshacerse de los docentes ’fantasma’, pero ¿quiénes fueron los que les contrataron?”, cuestiona Johnson.

Los líderes sindicales dicen que han pedido en repetidas ocasiones al Ministerio de Educación que les integre en el proceso de encontrar y eliminar a los ’fantasmas’ de las nóminas, ya que es beneficioso para los intereses de los docentes liberar fondos destinados a la educación. Sin embargo, aunque en casos anteriores los dirigentes de NTAL han obtenido documentos relativos al registro de los salarios pagados y los han utilizado para cotejar los nombres que figuran en él con los de los miembros del sindicato, declaran que los funcionarios del Ministerio se niegan a integrarles en el proceso de limpieza.

“Les hemos dicho en repetidas ocasiones que el registro de los salarios pagados quedará limpio si trabajan con nosotros. Yo era director de una escuela. Sé cuántos docentes trabajaban a mis órdenes. Si en la lista aparece el nombre de alguien que no conozco, es que es un ’fantasma’”, dice Tubman Snawolo, dirigente de NTAL, uno de los catorce docentes despedidos tras las acciones del pasado mes de octubre.

Se ha dicho al personal docente que guarde silencio. De lo contrario…

Entre las preocupaciones expresadas por los críticos del PSL en su fase inicial se encontraba el hecho de que el papel de supervisión desempeñado por los sindicatos docentes pudiera degradarse o ser eliminado por completo. En Kenia, por ejemplo, los instructores de Bridge International Academies dicen que se les disuade de afiliarse al sindicato local.

La promesa de Werner de que los docentes del PSL seguirían formando parte de la nómina del gobierno fue en parte un esfuerzo por apaciguar este temor.

Pero el personal docente de una escuela dirigida por Bridge dice que, a pesar de pagar sus cuotas sindicales, están amenazados con perder sus puestos de trabajo si hablan con dirigentes sindicales o con periodistas.

Los docentes, que hablan bajo la condición de anonimato, explican que cuando se quejaron al sindicato de sus bajos salarios, los dirigentes de Bridge les dijeron que habría consecuencias si volvían a hacerlo en el futuro.

“Dijeron que nos darían una carta de advertencia si presentábamos nuestra queja a NTAL”, dijo un docente. “Nos amenazaron con que no debíamos volver a hacerlo”.

Otro docente dijo que el personal de la escuela también había recibido instrucciones de no hablar con los periodistas. “Dicen que estamos tratando de socavar su programa entrometiendo a los medios de comunicación, que no vamos a decir nada bueno acerca de ellos porque no recibimos un trato justo”.

Los tres docentes entrevistados para este artículo aseguraron que Bridge había traído uniformes gratuitos para los estudiantes y que les había proporcionado una valiosa formación, pero expresaron su frustración por la ausencia de un programa de alimentación y por los bajos salarios que recibían con respecto al aumento de su carga de trabajo.

“He firmado un contrato de un año y espero poder aguantar”, afirma uno de ellos. “Cuando termine el curso voy a asumir un nuevo cargo en otro lugar, pero no en una escuela de Bridge”.

Los defensores de la educación en Liberia dicen que los intentos de impedir que los docentes de las escuelas del PSL se comuniquen libremente con sus representantes sindicales tendrán un efecto intimidatorio sobre su capacidad de plantear sus preocupaciones relativas al programa, una cuestión preocupante, habida cuenta de los planes del Gobierno de ampliar el proyecto piloto a otro centenar de escuelas durante el año académico de 2017, antes de que se publiquen los resultados de la evaluación del primer año.

Según Anderson Miamen, director de la filial liberiana de Transparencia Internacional, las instrucciones de Bridge a su personal de no hablar con los líderes sindicales van en contra de la cultura política de Liberia.

“Liberia es un país democrático cuyos ciudadanos y ciudadanas tienen la libertad de circular y hablar libremente, así que ¿por qué razón alguien podría desear suprimir sus opiniones?”, se pregunta Miamen. “¿Qué es lo que los directivos [de Bridge] quieren ocultar manteniendo callados a los docentes?”.