Se han celebrado y ganado elecciones con la promesa de mantener los servicios públicos en manos públicas.

En sectores como la salud, la educación, el agua, la energía y el transporte, las posturas comunitarias respaldan firmemente la provisión pública universal.
Sin embargo, la privatización y las denominadas Asociaciones Público-Privadas (APP) vuelven a ponerse de moda.

Muchos Gobiernos recurren a las Asociaciones Público-Privadas con la esperanza de que el sector privado financie la infraestructura pública y unos servicios públicos que se vieron fuertemente afectados por la crisis financiera.

Esta esperanza se ha mantenido durante mucho tiempo en el Banco Mundial y en la OCDE, y ahora está surgiendo en el G20 y en las actuales negociaciones que están teniendo lugar en el seno de las Naciones Unidas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Financiación para el Desarrollo vinculada a éstos.

En caso de tener éxito, la privatización podría llegar a convertirse en la política oficial de la ONU.

¿A qué se debe este resurgimiento de la privatización cuando la experiencia de los últimos 30 años demuestra que es fundamentalmente deficiente?

Nuestro informe, ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas no funcionan?, desmitifica los procesos, que en su mayoría están rodeados de secretismo y se esconden tras negociaciones confidenciales para proteger una ventaja comercial.

En el contexto de la actual crisis económica, los Gobiernos se ven sometidos a cada vez más presiones para encontrar respuestas rápidas a preguntas difíciles sobre el mantenimiento de los servicios públicos y la financiación de infraestructuras.

Cuanto más se prolongue la crisis, más aumentará la presión para encontrar respuestas, pero también aumentará el riesgo de olvidar las causas principales: la codicia, la desregulación y la fe excesiva en las empresas privadas.

Parte del peligro que suponen las APP reside en los oscuros procesos, que en su mayoría se parapetan tras negociaciones confidenciales para proteger el secreto comercial.

No hay consultas públicas, numerosas promesas son falsas, y los contratos comerciales son increíblemente complejos; todo ello para proteger los beneficios empresariales.

También se producen casos de soborno, puesto que los contratos de privatización pueden ser extremadamente rentables.

Las APP se utilizan para ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios.

Las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Este hecho es incompatible con la protección del medio ambiente y la garantía de un acceso universal a servicios públicos de calidad.

Poderosos lobbies corporativos

Las APP son una forma costosa e ineficiente de financiar la infraestructura y los servicios. Lamentablemente, la mayoría de los políticos y altos funcionarios públicos nunca tienen acceso a análisis serios que se muestren críticos hacia las APP.

Los Gobiernos locales y nacionales, al igual que la ONU, están fuertemente influenciados por un poderoso lobby compuesto por las más importantes empresas de prestación de servicios, financieras, consultoras y jurídicas, que intentan obtener beneficios de servicios públicos básicos, como la salud, el agua y la energía.

Es nuestro cometido, en colaboración con los movimientos sociales, dar la voz de alarma, exigir de nuestros funcionarios públicos y representantes políticos electos transparencia y responsabilidad, y el establecimiento de mecanismos para nuestra participación sistemática en la toma de decisiones.

Estas políticas de privatización están relacionadas con la nueva ronda de negociaciones comerciales.

Negociaciones que también tienen lugar en secreto, sin consulta pública, se concluyen a puerta cerrada, y están fuertemente influenciadas por intereses empresariales.

Los acuerdos comerciales concluidos no sólo promoverán APP, sino que además las bloquearán haciendo que resulte casi imposible anularlas, independientemente de los resultados que produzcan.

Otro peligro observado es el esfuerzo desplegado últimamente por el Banco Mundial, el G20, la OCDE y otros organismos para ‘financiarizar’ APP, con el propósito de acceder a los billones de dólares provenientes de los fondos de pensiones, las compañías de seguros y otros inversores institucionales.

Para acceder a estos fondos, se recomienda a los Gobiernos el establecimiento simultáneo de varias APP, con el fin de crear un conjunto de activos que después puedan ser empaquetados y vendidos a inversores a largo plazo.

Esto es exactamente lo que hicieron las empresas de servicios financieros con las hipotecas inmobiliarias a principios de siglo, provocando la crisis financiera mundial de 2008.

Necesitamos volver a una alternativa pública a la privatización, en la que los Gobiernos nacionales y locales puedan seguir desarrollando infraestructuras recurriendo a una financiación pública para la inversión, y a organizaciones del sector público para la prestación de servicios.

Esto ofrece mayor flexibilidad, control y eficiencia comparativa –debido a la reducción de los costes de transacción y a la incertidumbre del contrato, así como a las economías de escala– además de mejorar la eficiencia a través de una rendición de cuentas más democrática.

La Internacional de los Servicios Públicos se compromete con los sindicatos nacionales y con los movimientos sociales.

Nuestro trabajo en el ámbito del comercio ha hecho que se vuelva a prestar atención a este tema, fomentando una serie de debates importantes en cuanto a los méritos de las negociaciones actuales.

En el sector de las empresas de servicios públicos, nuestro trabajo ha contribuido a que, en todo el mundo, el suministro de ciertos servicios vuelva a depender de las municipalidades, especialmente en el sector del agua.

Y nuestra alternativa a las APP, las asociaciones público-públicas, basadas en la solidaridad y no en el lucro, está teniendo una repercusión en la comunidad del desarrollo.

Este artículo fue publicado inicialmente en blog Public Leaders Network de The Guardian.