La receta europea para salvar a los trabajadores de la pobreza

La receta europea para salvar a los trabajadores de la pobreza

La crisis del coronavirus ha puesto en la agenda, más alto que nunca, la necesidad de proteger a las personas más vulnerables ante el precipicio. ¿Es posible que la pandemia termine siendo una oportunidad para reforzar los derechos de los trabajadores y los más desfavorecidos?

(EC-Audiovisual Service/Robin Utrecht)

Ya se cuentan por millones las personas que han dejado de trabajar en un mundo en el que cientos de miles de tiendas, oficinas, restaurantes, cafeterías y comercios han tenido que colgar el cartel de “cerrado” para tratar de impedir la extensión del coronavirus (SARS-CoV-2). Para evitar que la catástrofe económica, que se gesta en paralelo a la sanitaria, sea aún peor, los Gobiernos de Europa están tratando de mantener el empleo, aunque eso se traduzca en que son los propios Estados los que se hacen cargo de parte de los sueldos. ¿Podrán así evitar la ruina de millones de familias?

Una semana después de que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron propusieran la creación de un fondo de reconstrucción europea de 500.000 millones de euros (542.000 millones de dólares USD) para las regiones y sectores más tocados por la COVID-19 —aún por valorar entre los 27—, y a un día de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente el plan de recuperación de la UE, desgranamos algunos de los ingredientes en materia de empleo de la receta que elabora la Europa de los Veintisiete.

Si bien nadie sabe exactamente cuántas personas han sido las que se han visto privadas de su ocupación de la noche a la mañana, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) estima que son 4 millones los desempleados que ha dejado la crisis en la Unión Europea. Eso sin contar a los que han recortado sus jornadas de trabajo, o a los autónomos, que se han quedado sin clientes de repente. En todo el mundo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en los primeros tres meses del año se trabajaron un 4,5% menos de horas respecto al último trimestre de 2019. Es el equivalente a 130 millones de empleos menos a tiempo completo.

Para tratar de parar esta hemorragia, casi todos los países de la Unión Europea han aplicado programas para subvencionar reducciones de jornada y suspensiones temporales de empleo.

Las condiciones y los detalles en cada país son distintos, pero el principio es el mismo: las empresas tienen permiso para reducir las horas de trabajo que dan a sus empleados (o incluso suspender totalmente la actividad), y pueden ahorrarse el salario que tendrían que pagarles por ese tiempo. Es el Estado el que paga al empleado una compensación por ese tiempo perdido. La única condición es que los trabajadores conserven su puesto de trabajo.

¿Cuál es la idea detrás? Que los empleados estén listos para volver a ponerse manos a la obra en cuanto la situación haya mejorado. El alemán es el ejemplo más popular. En 2009, el Kurzarbeit hizo que las empresas alemanas estuvieran listas para aumentar la producción en cuanto hubo un repunte de la demanda. “No tuvieron que volver a contratar a gente. Los trabajadores estaban listos y motivados”, resume Alexander Herzog-Stein, economista de la fundación alemana Hans Böckler.

“Los sistemas de reducción de empleo tuvieron un papel muy importante en la anterior crisis evitando un mayor desempleo y asegurando partes de los salarios de los trabajadores, a la vez que proporcionaban flexibilidad a las compañías para ajustar la cantidad de horas laborales a la caída de la demanda”, afirma Torsten Müller, investigador sénior del Instituto Sindical Europeo (ETUI, por sus siglas en inglés).

Kurzarbeit, una historia de éxito

El espejo en el que se miran todos los programas de este tipo del continente es el llamado Kurzarbeit alemán. Un sistema cuyo primer embrión fue creado hace más de 100 años y al que muchos atribuyen que Alemania saliera menos afectada de la Gran Recesión de 2008. El papel que está teniendo en esta ocasión, ante un parón repentino, parece estar siendo incluso más importante que hace una década.

Al principio de la actual crisis, el Gobierno alemán estimaba que podrían necesitar este apoyo 2,35 millones de trabajadores. La cifra es ya mucho mayor: para el 26 de abril, algo menos de dos meses después, ya habían solicitado entrar en el sistema 10,1 millones de personas, alrededor de una cuarta parte de la población activa del país. La cantidad de trabajadores que han necesitado recurrir al Kurzarbeit es mucho mayor que en la anterior recesión, cuando fueron solo 1,5 millones los que se afiliaron.

¿Cómo funciona el Kurzarbeit? En lugar de despedir al trabajador, la empresa reduce las horas que este trabaja y es el Estado quien paga por ese tiempo. El trabajador recibe del Estado un 60% de su salario neto, 67% en caso de que tenga hijos. En algunos sectores, como en las industrias del metal y las químicas, existen convenios que pueden llevar esa ayuda hasta el 100% del salario —en algunos casos—.

No solo los sindicatos apoyan el sistema, en Alemania existe un consenso muy elevado sobre su importancia. “El sistema de reducción de jornada ayuda a las empresas a sobreponerse a los problemas temporales de empleo y mantiene a los empleados en las fábricas, evitando así el desempleo”, afirma Ingo Kramer, presidente de la patronal alemana BDA.

Pero el sistema no es perfecto. Una de las principales críticas que recibe es que, como se creó en una era de empleo industrial, está pensado para grandes fábricas, más que para el sector servicios, que en la actualidad acapara la mayor parte del empleo en los países desarrollados. Prueba de ello es que productores de coches como Volkswagen, BMW y Daimler, la empresa de neumáticos Continental o la gigante química BASF han estado entre los primeros que se han acogido al sistema.

Las empresas que operan en el sector servicios a menudo son más pequeñas, con lo que están menos acostumbradas al sistema y, con la verja cerrada, pueden encontrarse en dificultades para contribuir, aunque sea poco, al mantenimiento de los trabajadores en plantilla. Por si fuera poco, dentro de la rama de los servicios solo los trabajadores del sector de catering y la comida rápida tienen convenios específicos para cobrar más allá del mínimo. Todos los demás tienen que conformarse con el 60% de su salario habitual.

SURE, un Kurzarbeit a la europea

El gran problema que tienen los Gobiernos a la hora de mantener este tipo de esquemas es muy simple: pagar parte del salario de tantos trabajadores es muy caro. Y no todos los países pueden permitírselo en la misma medida. Para el 31 de abril, algo menos de dos meses desde el inicio de la crisis sanitaria y los consiguientes confinamientos, los países de la UE ya habían gastado medio billón de euros para pagar estos salarios, según estiman en la CES. Pero los grifos de los Estados tienen un límite: “se están quedando sin dinero”, advierte Luca Visentini, secretario general de la organización sindical.

En tiempos turbulentos, un país que necesita dinero acudiría a los mercados, emitiría bonos del Estado, y con ese dinero pagaría a sus trabajadores. Y es lo que están haciendo. El problema es que algunos países como Italia, Bélgica, Francia y España tienen niveles de deuda pública ya muy elevados (134,8%, 100%, 98,4% y 97,6% de sus PIB, respectivamente), como herencia de la anterior crisis financiera. Y si esos niveles se disparan, los países tendrán que pagar mucho más por endeudarse.

Ahí es donde entra el sistema SURE. Una iniciativa que han acordado los ministros de Finanzas de la Unión Europea para proveer de préstamos muy bonificados a los países que necesiten liquidez para pagar sus propios Kurzarbeit. El fondo contará con un total de 100.000 millones de euros que la UE podrá prestar a cualquier de los 27 Estados miembros de manera que puedan financiar este tipo de mecanismos. Según el calendario estimado, el dinero debería estar disponible y listo para usar el 1 de junio.

La acogida de la idea ha sido muy favorable en toda Europa por su capacidad para evitar el desempleo, ya que una vez los trabajadores están fuera de la empresa es mucho más complicado recuperarlos.

Sin embargo, los sindicatos apuntan al menos a dos problemas. El primero, es que estiman que a los líderes de los países de la UE les ha llevado demasiado tiempo acordar el instrumento por lo que, si los trámites legales acaban retrasando su puesta en práctica más allá de junio, puede poner en problemas a aquellos países como España o Italia, que están sufriendo algunos de los peores impactos en el desempleo.

Al igual que ocurre en Alemania, la otra gran carencia que observan los sindicatos es que no todas las personas que se están quedando sin trabajo en medio de la crisis pueden recibir ayuda de estos sistemas. “Los trabajadores de plataformas [como Uber o Deliveroo], migrantes, trabajadores precarios, y autónomos a menudo no pueden acceder a este tipo de ayudas. Las pequeñas y medianas empresas, tampoco”, apunta Luca Visentini. Por ello, desde la CES piden que la Unión Europea utilice la puesta en marcha de SURE para presionar a los países del continente a que mejoren la cobertura de sus programas y, a la vez, para exigir que la cobertura mínima que reciben los trabajadores llegue al menos al 80% de su salario neto. Algo que ocurre en países como Austria, Francia, Países Bajos o Italia, pero no en todos.

Otra gran pregunta es si 100.000 millones de euros serán suficientes para que la red de seguridad aguante. Es la preocupación de Torsten Müller, del instituto ETUI, que estima que el total de trabajadores que están en algún tipo de sistema de reducción de empleo supera los 40 millones en todo el continente. Además, estos sistemas se basan en préstamos hacia los Estados, lo que podría aumentar la presión para que lleven a cabo recortes sociales en el futuro. En estos momentos, la Comisión Europea ha suspendido las reglas presupuestarias que tienen que seguir todos los países, pero Müller teme qué ocurrirá el día que esas normas vuelvan a ser de aplicación. “Me temo que entonces nos enfrentaremos a otra ola de austeridad, que, en países como Italia o España, son parte del problema que están sufriendo, por ejemplo, por el estado de la sanidad”.

¿Y si todos cobráramos un salario al mes por el hecho de existir?

En realidad, la discusión sobre cómo ayudar a las personas que lo están pasando mal durante la crisis del coronavirus es muy compleja y va más allá de los sistemas de apoyo a los que pueden perder su trabajo. En todos los países de Europa conviven diferentes programas para ayudar a familias sin ningún tipo de ingreso (o muy bajos), desempleados de larga duración o personas con discapacidad. Un cóctel de programas que hace difícil para cualquier experto ofrecer una respuesta sencilla sobre si las personas reciben la suficiente ayuda.

Pero una idea que está haciendo mucho ruido en las últimas semanas en todo el mundo es la de la introducción de una renta básica universal. La pregunta es básica: ¿por qué no ahorrarse todos estos complicados programas y garantizar un salario mínimo para todos, sea cual sea la situación de cada uno? Entre los que se han hecho esta pregunta en las últimas semanas están el papa o el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey. Llegó a ser la idea principal del programa de Andrew Yang, uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos (fuera de la carrera actualmente).

La idea, aunque parezca atractiva (o sensata), de momento está lejos de convertirse en realidad. A día de hoy, no existe ningún país del mundo que haya puesto en marcha un sistema de renta básica universal. Sí ha habido proyectos piloto conocidos en lugares como Finlandia, Ontario (Canadá) o Kenia, con resultados positivos, pero complicados de extrapolar a la realidad práctica.

En Barcelona (España) se ha realizado un experimento de este estilo desde 2017. Durante ese tiempo, una selección de 950 familias, la mayor parte con rentas muy bajas, recibieron un cheque de 570 euros de media. El principal resultado: una mejora de su bienestar general. En una población en la que el 80% personas tenían riesgo de sufrir una enfermedad mental, al término del proyecto ese nivel había bajado al 71%. “Cuando le das dinero a la gente es lógico observar que mejoran su estado de salud mental, y eso repercute en su calidad de vida”, explica Bru Laín, técnico del proyecto.

Sin embargo, lo que muchos se preguntan es si este tipo de mecanismos refuerza la empleabilidad de sus receptores. Y en ese aspecto, los experimentos arrojan resultados contradictorios.

Paradójicamente, a los participantes les cuesta más tiempo encontrar un empleo porque, gracias a su nueva estabilidad, invierten más en mejorar su formación y buscar un trabajo más atractivo. “Con un ingreso adicional de este nivel la gente no deja de trabajar. Lo que sí provoca es que no tienes que emplearte en un supermercado o como conductor para una empresa de plataforma por un sueldo de miseria y dejarte la piel porque ya tienes una garantía de existencia que te permite buscarte un empleo que sea más acorde a tus expectativas y a tu nivel educativo. La renta básica no va en contra del empleo ni de los mercados laborales sino que va a favor de otro tipo de empleos y otro tipo de mercados laborales”, zanja Laín.

Ya sea en forma de una hipotética renta universal o del refuerzo de los comunes sistemas de ayuda a los que menos tienen, el investigador Herzog-Stein avisa del peligro de que se usen esas ideas como una “excusa para despedir trabajadores” o para pagar salarios más bajos. Es decir, que la creación de una nueva red de seguridad no implique abandonar los derechos ya adquiridos de los trabajadores. “Un ingreso mínimo, sueldos decentes, transparencia e igualdad de género en los salarios… es importante que se siga trabajando en mejorar todo eso”, concluye Visentini, el representante de los sindicatos europeos.

La crisis del coronavirus ha puesto en la agenda, más alto que nunca, la necesidad de proteger a las personas más vulnerables ante el precipicio. Nunca se había hablado tanto del Kurzarbeit o del salario básico universal. ¿Es posible que la pandemia termine siendo una oportunidad para reforzar los derechos de los trabajadores y los más desfavorecidos?