A mediados de junio de 2018, cuando se inauguraba el Mundial de Fútbol, los partidarios de una reforma draconiana del sistema de jubilación ganaron en Rusia. Aprovechando el alborozo deportivo para desviar la atención, el primer ministro Dmitri Medvedev anunció la decisión del Gobierno: las mujeres trabajarían a partir de ese momento hasta los 63 años en lugar de 55, y los hombres hasta los 65 en lugar de 60.
Aunque Vladimir Putin haya pretendido mantenerse al margen de los debates, su índice de popularidad se desplomó tras aquel anuncio, pasando del 80% al 63% de opiniones favorables. Los centenares de acciones de protesta que se llevaron a cabo en todo el país le obligaron a dirigirse directamente a la nación por televisión. Como era de esperar, el presidente suavizó el proyecto de ley, reduciendo concretamente la edad de jubilación inicial de las mujeres a los 60 años; y prometió asimismo una fuerte revalorización de las pensiones: una media de 1.000 rublos (13 euros) por año a lo largo de seis años.
Pero la operación de comunicación solo resultó bien a medias. Aunque las movilizaciones en la calle se desinflaron, el Gobierno ha sufrido varios reveses electorales.
En septiembre, durante los comicios regionales, cuatro candidatos (todos ellos gobernadores salientes) investidos por el partido mayoritario Rusia Unida, tuvieron que someterse a una segunda vuelta —un hecho inhabitual el Rusia—. En las regiones de Vladimir y Jabárovsk, la oposición nacionalista (Partido Liberal-Demócrata de Rusia, LDPR, por sus siglas en ruso) llegó incluso a hacerse con la victoria. Y, a la vista del avance de los comunistas en las elecciones de Primorie y de Jakasia, el Gobierno maniobró para anular o posponer los comicios.
En comparación con las políticas llevadas a cabo en otros países, la revisión del sistema de jubilación ruso llama la atención por su amplitud y por su ritmo constante. De aquí a 2029 la población activa deberá trabajar cinco años más para acceder a su pensión, a razón de seis meses suplementarios por año. En 1998 el Gobierno surcoreano también aplazó cinco años la edad inicial de jubilación, pero ha previsto una progresión más lenta (tres meses más por año). En Francia y Alemania, los Gobiernos han aumentado ese umbral uno y dos años respectivamente (hasta los 67 y los 62 años), a razón de entre uno y dos meses por año.
¿Al servicio del “pueblo llano”?
Los argumentos de los defensores de la reforma recuerdan los prodigados en otros ámbitos. En primer lugar: el envejecimiento de la población. En 2017, según estadísticas oficiales de la agencia estatal Rosstat, se calculaba que había 36,5 millones de jubilados para cerca de 83 millones de trabajadores, es decir 2,3 trabajadores por cada jubilado, frente a los 3 trabajadores por cada jubilado que se contabilizaban en 2002. Pero este pequeño bache es solo transitorio, puesto que a la generación de los caóticos años 1990 se sumará pronto en el mercado de trabajo la generación, más numerosa, nacida en los años 2000, período de fuerte crecimiento económico y demográfico.
Segundo argumento demográfico: la edad inicial de jubilación no ha aumentado desde 1932, mientras que la esperanza de vida ha progresado considerablemente. Según las cifras de Rosstat citadas por el ministro Medvedev, la esperanza de vida a principios de los años 1930 era de 35 años, mientras que hoy en día se sitúa en los 72,7 años.
Tomar como referencia una época en la que la elevada mortalidad infantil reducía mucho la media, permite presentar una de las esperanzas de vida más bajas de Europa como un logro... Además, en 1932, solo una minoría de las personas mayores se beneficiaba de una pensión de jubilación. En 1956 se amplió a todos los ciudadanos urbanos, y, en 1967, a los campesinos y trabajadores de granjas colectivas. Por aquel año, un recién nacido podía esperar vivir hasta los 69,3 años, tres modestos años menos que actualmente. En 2018, los hombres en particular tienen de qué preocuparse: la edad a la que podrían empezar a recibir una pensión es solo un año y medio inferior a su esperanza de vida actual (66,5 años; y 77 años en el caso de las mujeres).
Los economistas liberales objetan: lo que cuenta no es la esperanza de vida en el momento de nacer, sino el número de años que vivirán los jubilados. Un estudio realizado por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Económicas, citado a menudo por periodistas y defensores de la reforma, insiste en que las personas que alcanzan la edad de jubilación, incluso aplazada, pueden esperar vivir otros 13,4 años (en el caso de los hombres) y 21,7 años (en el caso de las mujeres). Sin embargo el demógrafo Anatoli Vichnevski señala que, en realidad, este indicador apenas ha aumentado desde los años 1960, y que podría disminuir en caso de alargarse el período de actividad.
Otro problema planteado con frecuencia: la función social que desempeñan tradicionalmente las mujeres que dejan el mercado de trabajo a los 55 años. La socióloga Elena Zdravomyslova opina que las más jóvenes de ellas pertenecen a la generación “sandwich”, que asume una doble función crucial: ocuparse al mismo tiempo de sus nietos, para que los jóvenes puedan trabajar, y de los mayores, por quienes las estructuras del Estado no se preocupan. ¿Qué otras soluciones propone el Gobierno para facilitar la vida profesional de las madres que tienen niños pequeños, y, sobre todo, para cuidar de las personas mayores?
A continuación viene el argumento económico: trabajar durante más tiempo permite aumentar el nivel de las pensiones, que tanto los partidarios de la reforma como sus oponentes estiman insuficiente. Actualmente la pensión media es de 13.300 rublos al mes (cerca de 175 euros), es decir el 34% del salario medio. En consecuencia, el 40% de los hombres y el 66% de las mujeres desempeñan una actividad asalariada durante los cinco años posteriores a la liquidación de su pensión. La práctica existía en proporciones casi equivalente en la Unión Soviética, pero los jubilados disfrutaban entonces de una mejor cobertura social —en 1976, la media de las pensiones concedidas representaba el 52% del salario— y de un sistema de sanidad más accesible.
Las mujeres recientemente jubiladas siguen trabajando principalmente en sectores tradicionalmente “femeninos” y mal pagados, como las escuelas, los hospitales, los servicios sociales y la cultura. Los hombres aceptan “trabajillos” poco remunerativos.
En su discurso televisado, Putin prometió que, de aquí a 2024, la pensión media será de 20.000 rublos. Una promesa menos generosa de lo que parece, puesto que si la inflación se mantiene al ritmo observado durante los seis últimos años, el aumento solo permitirá compensar la pérdida del poder adquisitivo.
El presidente ruso goza de una imagen de dirigente estatista deseoso de restablecer la vertical del poder. Durante sus dos primeros mandatos (2000-2008), el Gobierno retomó el control de sectores económicos estratégicos acaparados por oligarcas, en particular el de los hidrocarburos; y la recuperación del crecimiento económico permitió que los salarios y las pensiones se volvieran a pagar con regularidad. Todo eso asentó la popularidad de Putin entre los ciudadanos de la clase obrera y la clase media, ese “pueblo llano” al que a él le gusta ensalzar. Sin embargo, muchos observadores pasan por alto el hecho de que, desde su instalación en el Kremlin, Putin ha procedido a “modernizar” el Estado social, a frenar el gasto público y a instaurar una fiscalidad favorable a las empresas y a las rentas altas. Ha establecido una tasa única del impuesto sobre la renta del 13% (2001), ha reformado los sistemas de sanidad y de educación sometiendo la financiación federal (amputada) a criterios de eficiencia y de rendimiento (2006-2012), y ha hecho adoptar un nuevo código laboral que se inclina a favor del empleador (2002).
El sistema de jubilación tampoco se ha librado. El Gobierno instaura en 2002 un baremo de cotizaciones decreciente particularmente injusto, que sigue estando en vigor: la inmensa mayoría de los asalariados pagan el 22% de su salario bruto a la caja estatal de las pensiones, pero los que ganan más de 67.900 rublos (900 euros) en 2018 —es decir, aproximadamente el 15% de los asalariados mejor remunerados— solo cotizan el 10% por encima de dicho umbral. Ese mismo año, las autoridades añaden a la arquitectura existente un sistema de jubilación por capitalización obligatoria. A partir de entonces, el 6% de las cotizaciones de jubilación deja de destinarse a la caja de las pensiones y a la financiación de las jubilaciones en curso, y pasa a intermediarios financieros o a fondos de pensión privados.
En 2005, un primer grano de arena se interpone en la marcha de las reformas. Un movimiento de protesta sin precedente en la Rusia postsoviética manifiesta su oposición a la “monetización de las ventajas sociales”, que trata de reducir las ayudas sociales en especie (transporte, sanidad, etc.) concedidas a amplias categorías de la población. El Gobierno tiene que rectificar su estrategia. Determinadas medidas facilitadas por la subida de los precios de los hidrocarburos, y anunciadas a bombo y platillo, introducen ciertas mejoras; en particular, el establecimiento del capital maternal —una prestación sustancial que reciben las madres a partir de su segundo hijo— y el lanzamiento de programas federales en los sectores de la educación, la sanidad y la vivienda, acompañados, al menos durante un tiempo, de una mejor remuneración para los docentes y el personal sanitario, así como de una mayor financiación del Estado para la restauración de inmuebles.
La crisis económica mundial de 2008 acaba definitivamente con esta política. Después, la recesión que se instala en Rusia en 2014, tras la caída de los precios del petróleo y de las sanciones occidentales vinculadas a la anexión de Crimea, lleva al Gobierno a relanzar su política de austeridad presupuestaria sacrificando con carácter prioritario los gastos sociales así como los gastos en educación y sanidad.
Se conceden multitud de ayudas y desgravaciones fiscales a las grandes empresas, en particular a las compañías petroleras, a pesar de ser de las más rentables, mientras que las sanciones suponen una reducción fiscal para los millonarios sin permiso de residencia en Occidente —es decir, pertenecientes al círculo cercano de Putin—.
Según el Tribunal de Cuentas, esas ventajas fiscales se traducirán en una pérdida de ingresos de 11 billones de rublos (145.000 millones de euros) en el presupuesto federal, cuyos ingresos para el año 2018 se limitarán en consecuencia a 15 billones de rublos (200.000 millones de euros).
Velando por las grandes fortunas
Aumento del 18% al 20% del impuesto sobre el valor añadido (IVA), aumento anunciado del tipo (que sigue siendo único) del impuesto sobre la renta: las reformas en curso refuerzan aún más la tendencia general a reducir las cotizaciones y los tipos impositivos sobre el capital, aumentando al mismo tiempo la imposición fiscal sobre el trabajo, en particular de los asalariados modestos. El poder ordena a la población hacer sacrificios en nombre del prestigio internacional de Rusia. Sin embargo, existen otras fuentes de financiación que permitirían mantener la edad inicial de jubilación y revalorizar las pensiones, sobre todo en un país donde estas no representan más que el 7% del producto interior bruto (PIB), frente al 14% en Francia, Portugal y Austria.
El Tribunal de Cuentas recomienda limitar las derogaciones concedidas a las grandes empresas públicas que deseen reducir el volumen de dividendos que reembolsan al presupuesto del Estado accionista. En efecto: este tipo de ingresos se dividió por cuatro en 2017, año en que representaba 667.600 millones de rublos (9.500 millones de euros). Principal portavoz de las causas sociales en la Duma Estatal, el diputado Oleg Chéine (más a la izquierda que el partido de centroderecha Rusia Justa, que le invistió) reclama luchar contra las lagunas fiscales, así como un baremo único de cotizaciones y medidas de represalia contra las empresas que defraudan o que ocultan al fisco el número de asalariados que realmente tienen empleados —según sus estimaciones, cerca de 35 millones de personas están supuestamente contratadas en negro—.
A pesar de que los ingresos reales de la población se han desplomado cerca de un 10% desde 2014, el Gobierno prefiere preservar la buena salud de las grandes fortunas.
Si bien la promulgación de la ley ha tenido un efecto disuasorio en los manifestantes, el poder no va a salir indemne. “La mención de los ‘valores tradicionales de la mayoría’ y de la ‘unión espiritual’ con el fin de cohesionar la sociedad en torno a su dirigente nacional no sirven para nada al tratarse de una medida tan impopular”, observa Ilya Boudraïtskis, historiador y militante político de izquierdas.
Para muchos partidarios de Putin, seducidos hasta ahora por su imagen de protector del pueblo, la evidencia ya es clara: los intereses de las clases obreras y medias son insignificantes frente a los de las élites económicas y financieras. En ese sentido, el verano de 2018 marca el final de la euforia posterior a la anexión de Crimea.
