La represión contra la sociedad civil polaca que no cesa

La represión contra la sociedad civil polaca que no cesa

Graffiti on a wall outside the Palace of Culture in Warsaw says: “I, a common individual, I am calling to you! Wake up!” The quote comes from the manifesto of Piotr Szczęsny, a chemist who set himself on fire nearby on 19 October 2017, in protest against government policies. He died 10 days later from his injuries.

(Marta Kucharska)
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La pintada escrita con aerosol en la que puede leerse “Despierta. Aún no es demasiado tarde”, alerta a los pasajeros que se encuentran fuera de la estación de tren de Ochota, en el centro de Varsovia. Es una cita que figuraba en las hojas impresas esparcidas por Piotr Szczęsny antes de rociarse con un líquido inflamable y prenderse fuego frente al icónico Palacio de la Cultura, el pasado mes de octubre.

Szczęsny, que murió 10 días después en el hospital, acusaba en su escrito al Gobierno nacionalista de violar las reglas democráticas, crear divisiones entre los ciudadanos, destruir los bosques de Polonia y oprimir a la sociedad civil.

Describiéndose a sí mismo como “un hombre común y corriente”, también señaló estar luchando contra la depresión, asegurando que su visión de la realidad no estaba distorsionada, sino que era más aguda que la visión compartida por muchas otras personas, incluyendo muchas ONG.

“Las organizaciones no gubernamentales son blanco del Estado”, afirmó recientemente en Radio Tok FM Anita Kucharska-Dziedzic, miembro de Baba, una asociación local que ayuda a las víctimas de violencia doméstica. En octubre, un día después de que varias agrupaciones de mujeres marcharan para protestar contra la ley del aborto y la limitación del acceso a la anticoncepción de emergencia, la policía allanó las oficinas de Baba y otras agrupaciones de mujeres en Varsovia, Gdańsk y Łódź.

Incautaron documentos y ordenadores, alegando que estaban buscando pruebas para confirmar las sospechas de irregularidades en el Ministerio de Justicia bajo el Gobierno anterior (que había apoyado financieramente a estas organizaciones). Las autoridades afirmaron que el momento del allanamiento fue pura coincidencia. Sin embargo, las agrupaciones de mujeres denunciaron las incursiones y afirmaron sentirse blanco de intimidaciones.

Las políticas del Gobierno han recibido duras críticas de la Unión Europea y otras agrupaciones internacionales. “¡Señal de alarma!", envió por Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, antiguo primer ministro polaco, quien ha dicho que su pueblo no debía dormir tranquilo bajo la batuta del partido Ley y Justicia.

A lo cual, la primera ministra Beata Szydło respondió acusando a Tusk de atacar a su país de origen. Sin embargo, el Gobierno, ahora encabezado por Mateusz Morawiecki, antiguo ministro de Hacienda, también corre el riesgo de perder sus derechos de voto en el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo decidió recientemente preparar una solicitud formal para poner en marcha este proceso.

El jurado responsable de tomar esta decisión todavía está deliberando sobre si Morawiecki, un exbanquero internacional que juró el cargo como primer ministro el 11 de diciembre, modificará el trato que el Gobierno da a las ONG.

En octubre, Amnistía Internacional criticó a Polonia por socavar la libertad de reunión. Su informe Poland on the streets to defend human rights (Polonia sale a las calles para defender los derechos humanos) señala casos de acoso y vigilancia, así como el enjuiciamiento de los manifestantes antigubernamentales. El informe critica a las autoridades por tomar medidas innecesarias y desproporcionadas contra los adversarios políticos que expresan sus convicciones en protestas espontáneas.

“El Gobierno polaco está tratando de infundir miedo a aquellos que quieren protestar pacíficamente”, comenta la investigadora de Amnistía Polonia, Barbora Černušáková, en un comunicado de prensa que acompaña el informe, añadiendo que el espacio para la sociedad civil activa en Polonia es cada vez más reducido.

No obstante, pese a la controversia, el partido gobernante Ley y Justicia, dirigido por Jarosław Kaczynski, sigue siendo poderoso. Según la encuesta de CBOS, en noviembre, el apoyo al Gobierno ascendía al 45%, es decir, 11 puntos por encima de todos los partidos de la oposición reunidos.

Presión y contrapresión

Aun cuando la oposición parlamentaria al Gobierno sigue siendo débil, los activistas no dejan de ejercer presión. Movilizadas por la huelga nacional de las mujeres, decenas de miles de mujeres tomaron las calles y lograron evitar la prohibición total del aborto en octubre de 2016. En el verano de 2017, el presidente Andrzej Duda vetó, bajo la presión de las protestas en todo el país, dos controvertidas disposiciones de legislación judicial que le hubieran concedido mayores poderes para contratar y despedir jueces.

“Me siento amenazada, pero no tengo miedo”, aseguró Joanna Pawluśkiewicz a Equal Times. Pawluśkiewicz es una activista de Obóz dla Puszczy (Campamento por el bosque), una agrupación que se opone a la política de tala del Gobierno en el bosque primitivo de Bialowieza. Una política que, por demás, desafìa la orden del Tribunal Europeo de Justicia.

“Hay algunas medidas represivas en nuestra contra; nuestro campamento está siendo vigilado, por ejemplo. Pero no me dan miedo, por el contrario, me mueven a actuar”, afirma. “No me importa el acoso de la policía. La única víctima aquí es el bosque de Białowieża”.

El 9 de noviembre, Obóz dla Puszczy bloqueó la oficina forestal en Varsovia. Al final del día, la policía sacó a los activistas por la fuerza, los arrastraron, los esposaron, los desnudaron y 22 manifestantes fueron inculpados por violación de la paz.

Una de las activistas detenidas, Kasia, que ha ocultado su apellido por temor a las represalias, relató a Equal Times: “Nos esposaron con las manos en la espalda, lo que es ilegal ya que no somos peligrosos y no oponíamos resistencia violenta. [...] Aplicaron un procedimiento de vía rápida que suele utilizarse para resolver casos de vandalismo”.

Las operaciones policiales contra los activistas fueron elogiadas por un diputado del partido Ley y Justicia, Wojciech Skurkiewicz, miembro del Comité de Protección Ambiental en la cámara baja del parlamento. En una entrevista a la emisora conservadora religiosa Radio Maryja afirmó que estos “ecoterroristas” se habían comportado de una manera ilegal y escandalosa, y advirtió que de repetirse en el futuro acciones como esta, la policía se vería obligada a tomar las medidas correspondientes.

Dos días después de esta protesta, unas 60.000 personas se manifestaron en las calles de Varsovia para conmemorar el 99º aniversario de la independencia de Polonia el 11 de noviembre. Este evento es organizado por nacionalistas de extrema derecha desde 2009 y atrae a un amplio espectro de participantes, incluyendo personas mayores y familias con niños. Pero algunos participantes provocaron críticas internacionales por portar pancartas con símbolos neonazis y lemas de supremacía blanca como “Sangre pura, mente clara” y “Todos iguales, todos blancos”.

Los principales representantes del partido Ley y Justicia, como el ministro del Interior Mariusz Błaszczak y Ryszard Czarnecki, vicepresidente del Parlamento Europeo, refutaron las críticas, describiendo el evento como una “marcha de patriotas”. Blaszczak añadió posteriormente que el Estado polaco no tolera consignas antisemitas o racistas, pero que el uso de dicho lenguaje por parte de los participantes de extrema derecha estaba “al límite de lo permitido”.

"Efecto de congelamiento" para la disidencia

En diciembre de 2016, el parlamento polaco adoptó una ley que limita efectivamente el derecho a la libertad de reunión. Según observadores de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, esta ley viola las normas internacionales.

El grupo opositor Ciudadanos de la República de Polonia asegura que durante el desfile del Día de la Independencia del mes de noviembre, la policía aplicó un doble rasero al expulsar a los manifestantes antifascistas pacíficos mientras permitía seguir la marcha a los participantes de extrema derecha.

“Su deber, Sr. Błaszczak, el 11 de noviembre, era disolver esta marcha fascista... la policía no debió esconderse en puertas y calles laterales; debió intervenir”, señaló Wojciech Kinasiewicz, del colectivo Ciudadanos, durante una protesta callejera frente al ministerio del Interior a finales de ese mes.

También acusó a la policía de hostigar a su organización porque sus miembros se oponen al Gobierno.

Según un reciente informe, la policía, la fiscalía y los tribunales han interpuesto más de 600 denuncias contra ciudadanos polacos por participar en protestas antigubernamentales.

La oficina del Defensor del Pueblo de Polonia indicó que las sanciones aplicadas por las autoridades pueden causar “un efecto de congelamiento” en la sociedad y desalentar a los ciudadanos para que no participen en asambleas públicas y otras protestas.

Por ahora, sin embargo, el Gobierno sigue mostrándose desafiante. Al igual que muchos de sus críticos.