Un proyecto de desarrollo turístico en Indonesia financiado por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII, o AIIB, por sus siglas en inglés), con sede en Pekín, está recibiendo duras críticas por haber creado un entorno propicio a la violación de los derechos humanos de los lugareños y los pueblos indígenas y por no adoptar, hasta la fecha, medidas reales en respuesta a las inquietudes de la sociedad civil y la comunidad local.

“Resulta significativo que el primer proyecto independiente del BAII en Indonesia tuviera que convertirse en un escándalo público para que el banco se involucrara en una respuesta aparentemente sólida, pero insuficiente”, explica Wawa Wang, asesora principal de VedvarendeEnergi, una ONG danesa que trabaja con temas urbanísticos y medioambientales.

El proyecto Mandalika, ubicado en la isla de Lombok, es uno de los ‘10 nuevos Balis’, una iniciativa que anunció el presidente indonesio Joko Widodo en 2017 y que consiste en la construcción de centros turísticos por todo el país para atraer tanto las inversiones extranjeras como el turismo. El BAII es uno de los principales financiadores de este proyecto de 3.000 millones de dólares USD (2.542 millones de euros).

A medida que el BAII aumenta las inversiones en la región en países como Birmania (Myanmar), donde en febrero los militares arrebataron el poder a un gobierno elegido democráticamente y en los meses posteriores llevaron a cabo una campaña de represión de la oposición con más de 1.000 personas asesinadas hasta la fecha, el proyecto Mandalika puede ser el precursor de inquietudes más profundas sobre los derechos humanos y el ámbito laboral relacionadas con las inversiones chinas en el sudeste asiático.

“Debido al pésimo historial de las multinacionales chinas en materia del respeto a los derechos sindicales y de los trabajadores, lo que resulta preocupante es que es posible que los trabajadores se vean sometidos a unas normativas y condiciones laborales muy deficientes, a pesar de las políticas de salvaguarda del BAII”, asegura Maung Maung, presidente de la Confederación de Sindicatos de Birmania (CTUM).

Faltan el consentimiento informado y las consultas pertinentes

Lombok, situada al este de Bali, forma parte de Nusa Tenggara Occidental, una de las provincias más pobres de Indonesia. El plan de desarrollo de la zona alrededor de Mandalika incluye la construcción de un complejo turístico integral de 1.175 hectáreas, con hoteles y un circuito de motociclismo GP que actualmente se encuentra en obras. El BAII es uno de los principales financiadores, junto con el grupo francés VINCI Construction Grands Projets.

A principios de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un comunicado en el que manifestaba su preocupación por la usurpación de tierras, los desalojos forzosos de los pueblos indígenas sasak y la intimidación y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos.

“Ante la oscura historia de violaciones de los derechos humanos y usurpación de tierras en la región, el BAII y las empresas no pueden ignorar la situación y seguir adelante como si no pasara nada”, declaró Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en el comunicado de marzo de 2021.

“No hacer nada para evitar y abordar los riesgos de violación de los derechos humanos equivale a ser cómplice de dichos abusos”, añadió.

Según el ACNUDH, existen informes verosímiles de usurpación de tierras y destrucción de hogares, campos, recursos hídricos y centros culturales y religiosos, así como de intimidación y amenazas a los lugareños que se oponen al proyecto. Todos estos asuntos, explica Wang, se podían haber evitado.

“El banco no exigió a su cliente que llevara a cabo una evaluación minuciosa del impacto social y ambiental... y rechazó la recomendación que le hizo una coalición de supervisión de infraestructuras con sede en Indonesia de que publicara su propia auditoría de los catastros, aunque ya existían informes de conflictos relacionados con la tierra, reasentamientos forzosos e involuntarios y expropiación de tierras en condiciones peligrosas para las personas afectadas por el proyecto”, denuncia.

Desalojos forzosos

Según los miembros de la comunidad que hablaron con Equal Times, todavía quedan personas viviendo dentro de la zona del proyecto turístico, incluida una comunidad de pescadores. Según nos informan, se han llevado a cabo un mínimo de cinco oleadas de desalojos forzosos desde 2019.

“Estas comunidades vulnerables, incluidos los indígenas de Mandalika, perdieron su derecho a participar en la toma pública de decisiones en un ambiente exento de intimidación”, asegura Wang. “Además de haber perdido sus medios de subsistencia, desde que se aprobó el proyecto muchos viven ahora en una pobreza extrema”.

En respuesta al ACNUDH, el gobierno indonesio negó que la Corporación para el Desarrollo Turístico en Indonesia, el socio ejecutor local, no indemnizara adecuadamente a los habitantes y afirmó que no se habían llevado a cabo usurpaciones de tierras ni reasentamientos forzosos.

Cuando contactamos con el BAII para recabar sus observaciones al respecto, este nos remitió a su Marco Ambiental y Social (ESF) recientemente actualizado, al que tildó de adecuado para abordar la debida diligencia en materia de derechos humanos; asimismo, declaró que ha tenido en cuenta las inquietudes y ha mejorado el proceso de aquí en adelante.

“Entre las diversas lecciones que hemos aprendido del proyecto Mandalika se encuentran llevar a cabo una mejor evaluación de la capacidad que tiene el cliente para aplicar los instrumentos ambientales y sociales en la fase del proyecto, garantizando que haya un número adecuado de personal cualificado como condición para liberar los fondos, así como mejorar la evaluación de las cuestiones relacionadas con la sucesión y el uso de consultores que residan en la zona”, declaró un portavoz del BAII, que se negó a que citáramos su nombre, en un correo electrónico a Equal Times.

Sin embargo, los grupos de la sociedad civil aseguran que esto no es suficiente ni de lejos y que los impactos generados por cualquier cambio en el BAII todavía no se han sentido en las comunidades afectadas. Además, en el ESF actualizado no se incluyeron la mayoría de las recomendaciones de la sociedad civil, a pesar de sus continuos intentos por participar en dicho marco.

Carmina Flores-Obanil, la coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, sostiene que la mayor preocupación reside en que “en realidad en el marco no hay espacio para los interlocutores locales... [.] Hay espacio para los clientes y el banco, pero las comunidades afectadas por el proyecto no están incluidas en el proceso”.

Inquietudes más generales en torno al BAII en la región

El BAII se fundó en 2016 como una alternativa a los bancos prestamistas multilaterales ya consolidados, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB). En aquella época, muchos manifestaron su preocupación por el papel que desempeñaría China. El presidente del banco, Jin Liqun, es chino y Pekín controla alrededor del 26% de las acciones con derecho a voto e influye claramente en el modo en que opera el banco.

“El sector chino se centra en lo que han hecho a nivel nacional, sin ningún tipo de protección de los derechos humanos ni consultas a nivel local, y considera las políticas económicas y sociales como un obstáculo para obtener resultados”, explica Joshua Rosenzweig, subdirector regional del este de Asia en la oficina de Amnistía Internacional de Hong Kong.

Por tanto, no es de sorprender que el BAII haya presentado deficiencias a la hora de implicar a los grupos de la sociedad civil a nivel internacional. “Hubo un momento, hace un par de años, en que parecía que estaban haciendo un esfuerzo para acercarse a las organizaciones de la sociedad civil y luego todo cambió. Ahora sentimos que han empezado a levantar muros de nuevo”, advierte Petra Kjell, directora de campañas de Recourse, una ONG con sede en los Países Bajos que hace un seguimiento de la financiación mundial para el desarrollo. Kjell destaca el papel que desempeñan los grupos de la sociedad civil en la junta anual del BAII, sumamente limitado si se compara con el de la junta del Banco Mundial, donde se les permite invitar a oradores de forma independiente y organizar paneles.

Otro país que le preocupa es Birmania, donde, según un informe de la organización Justicia para Birmania, el BAII financió indirectamente a una empresa de infraestructuras de telecomunicaciones que hace negocios con los militares, así como a una cementera que está utilizando carbón. También resulta preocupante que, a finales de mayo, el vicepresidente del banco pronunciara un discurso en el que dejaba la puerta abierta a la concesión de préstamos al gobierno controlado por la junta militar.

“El hecho de que el BAII sea el único banco multilateral de desarrollo que no haya hecho público cómo interactúa con Birmania [es muy preocupante]”, afirma Kjell. “El BAII tiene que sacar a la luz su relación con Birmania y adoptar una posición abierta y firme. Como se trata de un banco creado por China, envía ciertas señales que podrían resultar problemáticas debido a la postura china con respecto a Birmania”.

A medida que las empresas occidentales se enfrentan a una mayor presión para que rompan sus vínculos con el gobierno de la junta militar debido a sus violaciones de los derechos humanos, el papel que desempeña China no hace más que crecer, asegura Maung, lo cual resulta muy inquietante. “Por lo que respecta a la CTUM, ahora nadie tiene nada”, concluye Maung. “Todos los recursos y negocios son propiedad y están controlados por la junta militar y sus compinches, incluida China”.