Algunos pensaron que se trataba del primer paso hacia una transición energética, pero para los miles de “caras negras” que trabajan en las minas de carbón de Serbia, y para sus familias, la carta enviada la pasada primavera por la ministra de Minas y Energía, Zorana Mihajlovic, supuso un jarro de agua fría. En la carta, la ministra pedía a la dirección de la empresa estatal Elektroprivreda Srbije (EPS) que interrumpiera las actividades ligadas a la construcción de la central termoeléctrica de carbón Kolubara B, de 350 MW. Este proyecto, que se presentó hace ya 40 años, ha sido abandonado y relanzado varias veces. Un mes antes, en abril, el Parlamento serbio había aprobado una innovadora ley sobre fuentes de energía renovables que allanaba el camino hacia la descarbonización del sector energético. El texto prevé un aumento de la cuota de las energías renovables en el mix energético serbio –dominado en un 70% por el carbón y en algo menos del 30% por la hidroelectricidad–.

La misiva de la ministra desencadenó de inmediato las protestas de los trabajadores de Kolubara, un complejo minero situado a unos 50 kilómetros al suroeste de la capital, Belgrado. Varios miles de trabajadores se manifestaron a pie de obra convocados por Miodrag Rankovic, presidente de RB Kolubara, el principal sindicato de la cuenca minera de Kolubara. “No nos oponemos a una transición energética lenta, pero no pueden cerrar nuestras centrales eléctricas de la noche a la mañana”, afirma este hijo y nieto de mineros que empezó a trabajar en la mina de carbón en 1981. “La mayoría de la gente de nuestra región depende de la minería del carbón. La energía solar o la eólica no crean muchos puestos de trabajo. Si cerramos las centrales eléctricas, ¿qué pasará con los trabajadores? Habrá pérdidas de empleos, pero también recortes salariales”.

En Serbia, “Kolubara” es un nombre indisolublemente ligado a la electricidad. Desde los tiempos de la planificación económica yugoslava, a principios de los años cincuenta, la cuenca de este río que recorre el centro del país ha sido el corazón de la producción energética nacional. Las enormes reservas de lignito de la región proporcionan el 75% de la producción de carbón y las diversas centrales eléctricas del complejo aportan más de la mitad de la producción de electricidad a este país de siete millones de habitantes, el mayor de los Balcanes Occidentales. Aunque su plantilla viene disminuyendo como consecuencia de las privatizaciones y las reestructuraciones de la década del 2000, EPS sigue siendo uno de los mayores empleadores de Serbia, con casi 30.000 trabajadores. Esta poderosa empresa pública ha definido durante mucho tiempo la estrategia energética del país. En Kolubara, 18.000 empleados trabajan para EPS y sus subcontratistas; 16.000 de ellos están afiliados al sindicato presidido por Miodrag Rankovic.

Alta dependencia económica del carbón

“Tener tantas reservas es un regalo de la naturaleza y una inmensa riqueza para un país pequeño como el nuestro: nos garantiza la independencia energética”, nos explica Rankovic desde sus oficinas, justo detrás de la plaza de la iglesia, en Lazarevac. “Pero los grandes países de la Unión Europea nos tienen hoy sometidos a enormes presiones [Serbia es candidata oficial a la adhesión a la UE desde 2012], quieren hacernos dependientes a través de las energías verdes. En el pasado reciente hemos soportado muchas cosas: la inflación, la falta de productos de primera necesidad, los bombardeos [de la OTAN en 1999], pero siempre hemos podido contar con nuestros propios alimentos y, sobre todo, con nuestra energía, y eso nos ha permitido sobrevivir”. La noción de independencia resuena con fuerza en la sociedad serbia: el país quedó profundamente marcado por su aislamiento de la escena internacional hace veinte años, y una gran parte de la población es sensible a los discursos patrióticos.

El olor acre del carbón y el paisaje devastado de las minas a cielo abierto son el día a día de los habitantes de los alrededores de Lazarevac, la mayor ciudad de la cuenca del Kolubara. A lo largo del río, las minas no han dejado de expandirse, fagocitando casas y campos. Las chimeneas de las centrales eléctricas expulsan su humo gris a unos metros de las casas y los cultivos agrícolas, pero pocos aquí se ofuscan por el impacto que pueda tener sobre su salud o reclaman otro medio ambiente.

A pesar de su calidad mediocre y su alto contenido en azufre, que lo hace especialmente contaminante, el lignito ha enriquecido esta región. Su extracción a gran escala ha atraído a trabajadores de todo el país y sigue constituyendo un pilar de la economía nacional.

En 2019, Serbia produjo 39 millones de toneladas de lignito, lo que sitúa al país entre los 15 principales productores del mundo. Aunque una cuarta parte de la población se debate hoy en la pobreza económica, la calidad de las infraestructuras y los servicios locales de la región de Kolubara dan fe de una cierta calidad de vida, basada en la explotación del lignito. Según el sindicato local, el salario de un trabajador en Kolubara alcanza los 800 euros, una suma considerable teniendo en cuenta que el salario medio en Serbia es de 460 euros y el desempleo afecta a casi el 15% de la población activa.

Las imágenes de la movilización de los mineros en mayo tuvieron cierta repercusión en el país. Para los sindicalistas, despertaron el recuerdo de luchas míticas. La huelga de los mineros de Kolubara jugó un papel fundamental en la revolución del año 2000, que condujo al derrocamiento del régimen belicista del presidente ultranacionalista Slobodan Milosevic, que acabó siendo juzgado por el Tribunal de La Haya y muriendo en prisión. “Se me sigue poniendo la piel de gallina cuando los mineros de Kolubara se ponen en huelga”, sonríe Dragana Petkovic-Gajic, que lleva 30 años colaborando con la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS), la principal confederación sindical del país. “Sus movilizaciones siempre tienen un componente muy simbólico. Sus huelgas son escasas y tienen un carácter emocional muy fuerte, porque hacen un trabajo muy duro. Si se deciden a protestar es porque tienen buenas razones para estar preocupados”, añade.

Se calcula que el subsuelo serbio contiene más de 4.000 millones de toneladas de lignito. Con estas reservas que parecen inagotables y garantizan una electricidad asequible al consumidor, aunque esté fuertemente subvencionada por el Estado, pocos se preocupan aún en Serbia por la urgencia del cambio climático o de avanzar hacia un futuro descarbonizado. Los partidarios del lignito aducen como prueba la actual escalada de los precios del gas y la inestabilidad de la producción eólica: advierten que los precios de la energía se dispararán si se elimina el carbón. Pero el número cada vez mayor de estudios que advierten sobre su alarmante impacto en la salud, unido a las consecuencias cada vez más obvias del cambio climático, han empujado a muchos a adaptar su discurso, en particular a los sindicatos.

Concienciarse sobre la necesidad de una transición

En 2014, Serbia, como el resto de los Balcanes, sufrió unas inundaciones de una magnitud sin precedentes que provocaron la muerte de 33 personas y daños materiales de más de 1.500 millones de euros. La crecida del río Kolubara paralizó la producción de carbón durante más de una semana. “Hace unos años, el cambio climático y la transición justa eran cuestiones que no interesaban a los sindicatos de la región”, reconoce Enisa Salimovic, coordinadora del Equipo de la Oficina de la CSI para Europa Oriental y Meridional de la Confederación Sindical Internacional (CSI). “Los temas importantes eran los salarios, el diálogo social, las reformas de las pensiones y fiscales... Pero desde hace unos cuatro años todo el mundo ha entendido por qué es importante una transición justa. El cambio climático, la contaminación, etcétera, nos afectan a todos, y todos sufrimos las consecuencias de las opciones y decisiones adoptadas en el pasado”, enfatiza.

Según un informe dirigido por la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL), la contaminación atmosférica de las centrales eléctricas de carbón en los Balcanes Occidentales es responsable de unas 3.900 muertes prematuras en Europa, así como de 8.500 casos de bronquitis en niños y de muchas otras enfermedades crónicas. Serbia tiene el mayor número de muertes relacionadas con la contaminación en Europa, con el triste récord de 175 por cada 100.000 habitantes. El dramático impacto del carbón en la salud humana, empezando por la de los trabajadores y sus familias, se ha impuesto en la agenda de los sindicatos de estos países, candidatos todos a la integración en la UE. No hay que olvidar que las centrales eléctricas construidas en la época yugoslava suelen ser vetustas y de las más contaminantes del continente europeo. Según un estudio publicado a finales de 2019 por la ONG Bankwatch CEE, 16 centrales eléctricas de los Balcanes emiten tanto dióxido de azufre como el conjunto de las 250 centrales de carbón de la UE. De las diez plantas más contaminantes, cuatro se encuentran en Serbia. Sus nubes mortales no se detienen en la frontera Serbia y esta contaminación afecta también a los ciudadanos de la UE.

En 2020 Serbia emitió 333.602 toneladas de dióxido de azufre, es decir, tanto como el conjunto de los Estados miembros de la UE. Este país está obligado por sus compromisos internacionales a reducir drásticamente sus emisiones: como candidato a la UE, como firmante del Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global y como miembro de la Comunidad Europea de la Energía, creada en 2006. “De acuerdo con las obligaciones contraídas en el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía, Serbia debía aplicar nuevas normas el 1 de enero de 2018, pero, a pesar de ello, continúa emitiendo seis veces más Co₂ de lo que permiten estas normas”, explica Hristina Vojvodic, del Instituto de Regulación de Energías Renovables y Medio Ambiente (RERI).

“Lamentablemente no hay ningún plan para reducir estas emisiones. Nos hemos dirigido repetidas veces a la inspección, pero nos han contestado que no podían hacer nada. La Comunidad de la Energía ha iniciado un procedimiento contra Serbia por incumplimiento de sus compromisos”.

El incumplimiento de los compromisos por parte de Serbia tiene un coste, tanto sanitario como económico. Según la ONG Bankwatch, la contaminación por las emisiones de carbón en 2020 supuso la pérdida de más de 600.000 días de trabajo y una factura total de unos 5.000 millones de euros. Estas cifras no dejan completamente indiferente al Gobierno del conservador y autoritario presidente serbio Aleksandar Vucic. Serbia, por ejemplo, ha firmado la Declaración de Sofía de 2020 sobre la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales que supone el compromiso de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Sin embargo, hay actores que lamentan el doble discurso del Gobierno serbio y la falta de transparencia en los procesos decisorios. El proyecto gubernamental de ordenación territorial para 2021-2035, por ejemplo, prevé la construcción de seis nuevas centrales eléctricas de carbón.

“Conocemos las implicaciones de la transición justa desde 2006, pero nadie ha hecho nada”, lamenta Hristina Vojvodic, de la ONG RERI. “En 2015 firmamos el Acuerdo de París y... nada. Las autoridades pronuncian discursos esporádicos sobre la necesidad de un cambio, pero no hacen nada. Ahora las autoridades se ven obligadas a actuar, porque la mayoría de los países se han puesto manos a la obra, pero ya es muy tarde. Y, si esperamos más, será imposible que la transición sea justa”. Este verano, al tiempo que pregonaba el lanzamiento de proyectos de energía solar e hidroeléctrica de bajas emisiones de carbono, el presidente serbio reiteró su apoyo a la industria del carbón como garantía de independencia y seguridad nacional.

La presión de la sociedad civil

Si el Gobierno serbio parece hoy verse obligado a posicionarse sobre las cuestiones energéticas es sólo gracias a la creciente presión a la que le está sometiendo la sociedad civil. En los últimos meses el país ha sido testigo de manifestaciones multitudinarias que reclaman un cambio en la política medioambiental. Los belgradenses se sienten cada vez más exasperados por los humos tóxicos que emanan de las centrales eléctricas del complejo Nikola Tesla que cada invierno sume en un esmog irrespirable a esta ciudad de dos millones de habitantes, y la sitúan entre las diez capitales más contaminadas del mundo. Estas movilizaciones han metido las cuestiones medioambientales en el debate político y han dado lugar a una coalición inédita de actores políticos, que están elaborando sus propias estrategias para una transición verde sin olvidar al mundo del trabajo. Predrag Momcilovic es especialista en cuestiones energéticas en el seno del movimiento social Ne Davimo Beograd.

“Recientemente, a petición de algunos sindicatos, ofrecí tres presentaciones sobre el papel de los sindicatos en la transición justa. Adoptaron varias decisiones como: ‘No hay trabajo en un planeta muerto’. Para mi gusto siguen avanzando con demasiada lentitud, pero están empezando a pensar en estos problemas”, expone.

Los sindicatos prestan atención a estas nuevas demandas ciudadanas, aunque les preocupen las desastrosas consecuencias sociales de una transición precipitada. La anterior transición del socialismo a la economía de mercado, aún en curso, ha dejado huellas y un profundo resentimiento entre los trabajadores serbios. La palabra “transición” suele ser, para ellos, sinónimo de privatizaciones, empobrecimiento y de pérdida de derechos sociales. “Cuando enchufan sus teléfonos, a la gente no le importa el origen de la electricidad que consumen, les da igual, pero hay personas detrás de los enchufes”, dice Enisa Salimovic.

“Ya hemos vivido varias transiciones: tras la disolución de la Yugoslavia socialista salimos de una economía planificada y mucha gente sigue pensando que el Estado tiene la responsabilidad de responder a los problemas de empleo. La población continúa esperando mucho del Estado y, probablemente, esta es la transición más difícil de lograr: la de las mentalidades”.

Para cambiar esta forma de pensar, los sindicatos están situando el concepto de “transición justa” en el centro de sus programas. Han comenzado por incidir en la labor de sensibilización y la educación, organizando seminarios y mesas redondas sobre el tema. Se trata de un paso esencial en un país en el que, por falta de voluntad política real para contrarrestarlo, las pruebas científicas del cambio climático se siguen poniendo en cuestión y las teorías conspirativas son especialmente populares. “Hay que ir paso a paso, porque la transición justa es un tema muy inflamable”, advierte Dragana Petkovic-Gajic. “Pero como organización sindical, siempre hemos tenido que lidiar con temas complicados: el diálogo social, el trabajo informal... Ahora se trata de la transición justa y debemos abordarla, pero necesitamos tiempo para prepararnos. Esta es una cuestión que se plantea más en los países de Europa oriental que occidental. Cada país y cada sindicato tiene sus propios problemas: los países occidentales tienen que entender que necesitamos una actitud equilibrada con respecto a la transición justa”.

Una preocupación justificada: según numerosos actores, a pesar de haberse comprometido a descarbonizar la economía de aquí a 2050, el Gobierno serbio aún carece de una estrategia social para salir del carbón. Los sindicatos temen por el futuro de las regiones mineras que ahora dependen totalmente de la extracción de lignito. Las escuelas de formación profesional de la región de Kolubara, por ejemplo, siguen formando a las nuevas generaciones como mineros, sin adaptar sus planes de estudio a los nuevos retos climático y energético. “Podemos aprender de las antiguas regiones carboníferas de Europa que ya están poniendo en marcha esta transición justa”, asegura Predrag Momcilovic. “Pero para que esto ocurra es necesario un fuerte apoyo estatal, una inversión sustanciosa en otras industrias renovables que facilite una reconversión de los empleados del carbón. Pero también es importante que estos empleos verdes ofrezcan salarios decentes y buenas condiciones laborales. Cada vez son más los trabajadores del carbón con contratos temporales y sin derecho a sindicarse”.

Financiar la transición, el verdadero reto

Reconversión industrial, formación, medidas de acompañamiento y jubilaciones anticipadas, etc., todo el mundo está de acuerdo: la transición energética conlleva un coste y una inversión considerables que Serbia no podrá asumir sin la ayuda de socios externos. “El sector energético necesita con urgencia dinero para realizar esta transición justa”, resume Dragana Petkovic-Gajic. “Los países europeos deben ayudar a Serbia. Los trabajadores piensan que la transición dejará ‘seco’ al país, como le sucedió en la anterior transición y con las privatizaciones. Están convencidos de que se quedarán sin dinero”.

La financiación de la transición energética dependerá también de la evolución del posicionamiento geopolítico de los dirigentes serbios. Algunas de sus recientes decisiones económicas hacen temer una posible renuncia a algunos de sus compromisos internacionales. “Por un lado se nos repite que algún día seremos miembros de la UE”, explica Hristina Vojvodic. “Pero, por otro lado, se toman decisiones contrarias a los compromisos europeos. Se utiliza un doble discurso, uno dirigido a la sociedad serbia y otro a los actores extranjeros. Pero esto no es sostenible a largo plazo. China, especialmente activa en el país, ha multiplicado sus inversiones en Serbia en los últimos años y está financiando, sobre todo, actividades industriales contaminantes que no respetan las normas medioambientales de la UE, como la central eléctrica de carbón Kostulac B3. Queda por ver qué impacto tendrá en Serbia el reciente compromiso del presidente chino Xi Jinping de no construir nuevas centrales eléctricas de carbón en el extranjero. Por parte de los financieros europeos, el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) a los proyectos de energía eólica y su abandono del carbón son los primeros pasos concretos hacia la diversificación energética.

La transición energética en Serbia apenas está dando sus primeros pasos por falta de una voluntad política clara, pero su impacto en los miles de trabajadores del carbón dependerá del apoyo financiero indispensable del exterior y de la capacidad de los sindicatos y de la sociedad civil para asumir estos desafíos e influir en los responsables políticos.