Dentro de unos días comienza el vigésimo cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) en Katowice (Polonia), y garantizar la adopción de medidas colectivas cruciales y necesarias para evitar una catástrofe climática sigue siendo un reto de proporciones enormes. Asegurar un futuro más sostenible para todos –en el que la economía tenga un nivel bajo de emisiones de carbono, los empleos sean verdes y decentes, y la protección social sea la norma– es una gran tarea, incluso para las economías más avanzadas del mundo. Por lo tanto, ¿cómo será esta "transición justa" en los países del hemisferio sur, los cuales no solo padecen en primera línea los efectos del cambio climático, sino que también carecen a menudo de instituciones y mecanismos que garanticen políticas eficaces de mitigación y adaptación?

Esta pregunta constituyó la base de un seminario de cuatro días celebrado en agosto en Cotonú (Benín). El taller Transición justa hacia una sociedad social y ecológicamente sostenible para todos, organizado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la CSI-África, la ONG belga World Solidarity Movement (WSM), la central nacional belga CSC y su International Institute for Workers Education (IIWE), contó con la presencia de 46 participantes de sindicatos de África, Asia, el Caribe y América Latina. Este intercambio entre países del sur, que se articuló en torno a presentaciones, intervenciones de expertos, debates y visitas de campo, permitió a los participantes debatir ejemplos de mejores prácticas, así como formas de promover eficazmente la transición justa a nivel de empresa, sectorial y nacional, y de defender los intereses de los trabajadores durante la iniciativa del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa al futuro del trabajo.

“Cuando piensas en la magnitud del problema es fácil desanimarse”, dijo Ismail Bello, secretario general adjunto del National Union of Textile Garment and Tailoring Workers of Nigeria (NUTGTWN), un sindicato afiliado al Nigeria Labour Congress (NLC).

“En Nigeria, 87 millones de personas ganan menos de 1 dólar USD al día. El 75% de los trabajadores está subcontratado y no tiene derecho a prestaciones. Somos un país con 200 millones de personas, las cuales son víctimas de diferentes efectos del cambio climático”, dijo, mencionando como ejemplos las inundaciones anuales y la violencia en las comunidades por la escasez de recursos. “Y, sin embargo, deberíamos ver la oportunidad que presentan estas crisis”, señaló Bello durante una intervención. Es un sentimiento que sintetiza el espíritu del seminario de Cotonú.

Existen oportunidades. James Canonge, un funcionario de la OIT encargado de cuestiones relativas a la protección social, dijo a los participantes que la transición justa crearía 18 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030. Se estima que en los Estados Unidos ya trabajan más personas en el sector de la energía solar que en los sectores del petróleo, el carbón y el gas juntos. En Brasil, el programa Bolsa Verde ha efectuado pagos en efectivo a más de 54.000 familias pobres en zonas rurales a cambio de mantener los bosques desde 2011. Por otro lado, los sindicatos españoles firmaron en noviembre un acuerdo histórico para la minería del carbón que prevé 250 millones de euros para el cierre de la mayoría de minas de carbón y la puesta en marcha de medidas destinadas al desarrollo sostenible en las regiones mineras.

En términos generales, la transición justa se define por cinco principios: creación de empleo, protección social, diálogo social, inversión e investigación. La aplicación de estos principios varía en función del país y el contexto, pero como Rhoda Boateng, una especialista en cambio climático de la CSI-África, señaló: “La transición justa no es el objetivo final, es el proceso”.

Durante una serie de visitas de campo, los participantes en el taller vieron cómo se ponen en práctica estos principios. La primera parada fue Songhaï, un proyecto agrícola revolucionario a gran escala que se encuentra a las afueras de Porto Novo. Además de ofrecer formación a más de 5.000 estudiantes al año y emplear a unos 1.500 trabajadores, lleva a cabo una investigación, un desarrollo y una producción innovadores para una industria agroalimentaria sostenible y ecológica sobre la base del principio de Lavoisier de “nada se pierde, nada se crea, todo se transforma”.
La siguiente visita fue a un proyecto de agricultura sostenible a menor escala a las afueras de Cotonú, financiado por el movimiento local de trabajadores cristianos (MTC) y WSM, que ejemplifica el primer principio: creación de empleo.

“En 2014, seleccionamos a algunos jóvenes que habían terminado su formación agrícola en Songhaï y estaban en casa sin tierra para cultivar ni trabajo”, explicó el coordinador de proyectos del MTC, Emile Ahissou. “Como tratamos de promover el trabajo decente, decidimos formarles en iniciativas empresariales agrícolas colaborativas y establecer una cooperativa”. Desde entonces, el proyecto ha crecido y ahora cuenta con 40 agricultores de todas las edades que tienen ingresos superiores al salario mínimo y acceso a la microfinanciación y un centro de salud, gracias al apoyo de los sindicatos.

La última parada fue Ciment Bouclier, uno de los principales fabricantes de cemento del país. La empresa, descrita por los sindicalistas locales como uno de los agentes principales del diálogo social, ha sido elogiada por situar el trabajo decente, la salud y la seguridad, la gestión ambiental y la responsabilidad social empresarial en el centro de su actividad.

Protección social, diálogo social, inversión e investigación

A lo largo de la semana, los sindicalistas compartieron sus propias experiencias en relación con los cinco principios. Asegurarse de que los trabajadores que podrían verse más afectados por la transición justa (como los trabajadores en situación precaria, migrantes y/o de la economía informal) estén protegidos y extender una protección social segura a los miembros más vulnerables de la sociedad constituyen la base del segundo principio. Sid’Ahmed Kaabach, de la Confederación libre de trabajadores mauritanos (CLTM), contó a Equal Times que la organización está contribuyendo a la aplicación de este principio en Mauritania: “Junto con otras confederaciones, destinamos el dinero que recibimos de nuestras organizaciones afiliadas a construir el mayor mercado de la capital, Nuakchot. Ahora alquilamos esos espacios a comerciantes y también a venededoras para que dispongan de un lugar seguro y limpio para vender sus productos. Después utilizamos parte del dinero que generan para crear una caja de seguro de enfermedad”, explicó.

El tercer principio es el diálogo social incluyente y participativo. “El diálogo social es fundamental, ya que los trabajadores merecen estar representados en la toma de decisiones sobre su futuro”, dijo Bert De Wel, responsable de políticas climáticas de la CSI, a los participantes.

Podemos encontrar un buen ejemplo de diálogo social a nivel nacional en Indonesia, donde los sindicatos y la sociedad civil contribuyen a la aplicación del Plan nacional de acción para la adaptación al cambio climático. “Tenemos una coalición, la Indonesia People’s Alliance, donde tratamos de influir en las políticas nacionales sobre acuerdos comerciales y el medio ambiente”, dijo Maria Emeninta, coordinadora de programas para IIWE en Indonesia y la Confederación de Sindicatos Indonesios para la Prosperidad (KSBSI, por sus siglas en bahasa indonesia). El Gobierno de Indonesia, el quinto país del mundo que más gases de efecto invernadero emite, está bajo presión para dar ejemplo: “Indonesia está muy comprometida con el objetivo de reducir sus emisiones en 25% de aquí a 2020, y hasta 40% si los países desarrollados proporcionan financiación y apoyo. Contamos con un Consejo nacional sobre cambio climático y durante los últimos años la coalición ha contribuido al programa”. KSBSI también ha formado a sus afiliados para negociar cláusulas sobre medidas de lucha contra el cambio climático en sus convenios colectivos. “Se trata de reforzar el compromiso de los empleadores para apoyar a los trabajadores en estas cuestiones, como garantizar el presupuesto del programa de responsabilidad social empresarial de la empresa para financiar las actividades sindicales, como la plantación de árboles”.

El cuarto principio es la inversión. Para todo, desde invertir en energías renovables y normas de construcción ecológica hasta garantizar las pensiones y mejorar las competencias de los trabajadores, se necesitará dinero (y mucho). Según un estudio reciente del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment y la Initiative for Responsible Investment, “2.000 instituciones que gestionan activos de más de 70 billones de dólares estadounidenses han suscrito los Principios de inversión responsable, comprometiéndose a integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza en sus operaciones”. Sin embargo, los sindicatos quieren inversiones sólidas impulsadas por el público para que beneficien a la población, no solo a los inversores.

El último principio de la transición justa es la investigación. “¿Hacia dónde va la transición?” preguntó Boateng, de la CSI-África. “¿Qué aptitudes profesionales se necesitarán y qué trabajos se ofercerán?”. En la República Dominicana, Esperidon Villa Paredes, director general del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, dijo que su sindicato ofrece formación para que los agricultores a pequeña escala se dediquen a la agricultura adaptada al cambio climático, como la producción de cacao orgánico, proyectos de reforestación y la creación de productos con valor añadido: “No cultivamos trigo en la República Dominicana, así que hemos formado a nuestros miembros para hacer pan con un 40% de fruto del árbol del pan, cultivado localmente, y un 60% de trigo importado. Esto reduce los costos y contribuye a la economía local. ¡Además es muy sano!”.

Superar los obstáculos y configurar el futuro del trabajo

Además de las buenas prácticas, los participantes compartieron algunos de los numerosos obstáculos a los que se enfrentan al apoyar una transición justa y un desarrollo sostenible. Un problema que se planteó es el hecho de que no puede haber una transición justa sin sindicatos fuertes y un canal abierto de comunicación con los gobiernos y empleadores. Este diálogo no existe en muchos países. Marc Dorvil, responsable de programas en la Confederación de trabajadores de los sectores público y privado (CTSP) en Haití, describió la situación en su país como “extremadamente difícil”. “Los distintos gobiernos que han estado en el poder desde que se creó nuestra organización en 2008 no han querido reconocer la labor de los sindicatos ni los derechos de los trabajadores. Aunque Haití ha ratificado ocho convenios fundamentales de la OIT, cada vez que los trabajadores se organizan, el Gobierno los oprime inmediatamente”. Por eso, Dorvil se muestra muy cauto respecto de una transición justa en Haití. “No tenemos diálogo social ni protección social. Ahora mismo estamos negociando simplemente para entablar un diálogo”.

Según Emeninta, de KSBSI/IIWE Indonesia, lograr que los sindicalistas entiendan que el cambio climático es una cuestión laboral sigue siendo un problema. “En Indonesia siguen existiendo muchos problemas relacionados con la violación de los derechos laborales básicos, como la falta de protección social, los despidos improcedentes y los salarios bajos. La gente ve el cambio climático como un problema que incumbe a las altas instancias y debe ser resuelto por el Gobierno, así que tenemos que trabajar para dejar claro el vínculo entre el problema del cambio climático y los sindicatos”, dijo. Sin embargo, para De Wel, de la CSI, la integración de las medidas de lucha contra el cambio climático no tiene por qué ser difícil. “Necesitamos que el 99% de los sindicalistas hable del cambio climático en sus actividades sobre sindicación o protección social, o cualquier otro tipo de actividad”, dijo. “Necesitamos que todos los sindicalistas incorporen el mensaje de acción climática, pero no todo el mundo tiene que convertirse en un activista ambiental a tiempo completo”.

Por otra parte, los buenos empleos no siempre son empleos verdes. En Filipinas, por ejemplo, Vicente Posada Unay Jr, coordinador de proyectos para el programa energético de SENTRO, dijo que los sindicatos de la industria del carbón han conseguido convenios colectivos sólidos con salarios superiores a la media.

“Así que ahora el reto es convencer a nuestros sindicatos de la industria del carbón de que el interés nacional debería primar sobre sus convenios colectivos”. Posada también se mostró preocupado por el hecho de que, a pesar de contar con una de las legislaciones más progresistas en cuanto al cambio climático, todavía existen disparidades entre la teoría y la práctica en Filipinas. Cita el ejemplo de la Ley sobre energía renovable de 2008, que dice que se centra más en la inversión que en crear empleos verdes de calidad. “Después, el Congreso aprobó en 2016 la Ley sobre empleos verdes, pero nunca se nos consultó [a los sindicatos] acerca de ella”.

El taller terminó con la formulación de planes de acción nacionales y una lista de recomendaciones sobre el papel que los sindicatos deberían desempeñar en la promoción de la transición justa y el desarrollo sostenible. Los signatarios de la declaración se comprometieron a cumplir 33 puntos que se presentarán en el cuarto Congreso Mundial de la CSI en Copenhague la semana que viene. Entre los puntos cabe señalar: sindicar de forma prioritaria a los trabajadores vulnerables a los efectos del cambio climático, establecer fondos solidarios para apoyar a los trabajadores de la economía informal, y adoptar medidas en materia de políticas para formular un marco, políticas y programas ambientales normativos centrados en las personas. Para Dorvil, de la CTSP de Haití, el seminario fue “inspirador”. Añade: “Me llevo tantos ejemplos a casa… Pero antes que nada hay que sensibilizar a las personas y cambiar su mentalidad, es el primer paso”.