El debate sobre la emigración a la UE se ha venido centrando en gran medida en las muertes en el mar, principalmente el Mediterráneo, mientras Europa delibera sobre cómo controlar la migración al tiempo que se garanticen los derechos.

No obstante, la crisis a la que se enfrenta el régimen migratorio de la UE no se circunscribe a sus fronteras.

En los informes de prensa y las declaraciones políticas de solidaridad muchas veces se olvida el hecho de que la UE está reclamando mano de obra barata, temporera y flexible; que los canales para permitir la entrada de esa mano de obra son limitados; y que nuestras políticas deniegan derechos y protección a aquellos que consiguen entrar.

Los consumidores más concienciados nos preocupamos por la explotación de los trabajadores/as temporeros.

Hemos visto informes sobre las condiciones de vida deplorables de aquellos que se ocupan de los invernaderos en el sur de Europa, y nos sentimos indignados cuando se disparó contra los recolectores de fresas de Bangladesh en una granja griega.

Aunque estos casos a menudo provocan desconfianza hacia las fresas de Manolada, los tomates de Almería o las naranjas de Calabria, la explotación de los trabajadores migrantes no se limita a una región o a un producto.

El logo ‘Fair Trade’ (comercio justo) resulta fácilmente identificable en los pasillos del supermercado, pero únicamente se aplica a los productos importados.

Se da por hecho que los derechos laborales se respetan en la UE. Que los trabajadores y trabajadoras están defendidos. Que el comercio es justo.

Pero la realidad es que, aunque la UE sea uno de los principales importadores de productos de comercio justo, también figuramos entre los líderes del comercio injusto de mano de obra.

¿Qué es lo que permite que una explotación tan masiva tenga lugar entre países y comunidades donde se da por sentado el cumplimiento de los derechos laborales?

Tomemos Suecia, por ejemplo. Notoria por sus admirables protecciones laborales y el equilibrio entre trabajo y vida personal, sin embargo figura como número dos en la lista negra de la campaña ‘Thai Labour’, justo por delante de Libia.

Este verano, cerca de 6.000 trabajadores/as tailandeses, principalmente agricultores de subsistencia que se dedican al cultivo de arroz, fueron reclutados por agencias suecas, ofreciéndoles empleos bien remunerados como recolectores de bayas. Teniendo en cuenta que las agencias les cobraban €800, y tras aplicárseles otras deducciones por alojamiento, transporte y comida, únicamente cuatro de cada diez de estos recolectores consiguieron el más mínimo beneficio tras meses de duro trabajo. En su mayoría terminaron endeudados.

Las condiciones que rigen la entrada y el empleo de trabajadores temporeros que no sean ciudadanos de la UE permiten que prospere tal explotación.

Las políticas están diseñadas generalmente para controlar a los migrantes, más que para proteger sus derechos en el lugar de trabajo.

Despojar de derechos y discriminar a trabajadores/as extranjeros mal pagados podría suponer beneficios a corto plazo para los proveedores y consumidores, pero resulta muy perjudicial para el mercado laboral en su conjunto.

Directiva europea sobre trabajo temporero

Garantizar un salario igual por trabajo de igual valor resulta más importante que nunca. A este respecto, la Directiva de la UE sobre Trabajo Temporero supone un triunfo.

Reconoce que la protección acordada a los trabajadores y trabajadoras europeos no significa nada si permitimos que exista discriminación salarial, bajos salarios y condiciones insalubres para los trabajadores inmigrantes.

No obstante, asegurarse de que todos los trabajadores/as no europeos puedan beneficiarse de mejores condiciones ha resultado más difícil a la hora de alcanzar un acuerdo a nivel político.

La naturaleza altamente politizada del debate sobre inmigración actualmente ha implicado que, a pesar de los mejores esfuerzos de los dedicados parlamentarios europeos que están detrás de esta directiva, el texto no garantice protección y derechos a los incontables trabajadores migrantes indocumentados contratados en el empleo temporero por toda la Unión Europea.

El llamamiento de organizaciones de la sociedad civil pidiendo un ‘puente’ a fin de regularizar a los trabajadores de fuera de la UE que se han convertido en indocumentados por culpa de la explotación en el sector no ha sido retenido en las últimas etapas de las negociaciones.

La preocupación respecto a la inmigración han hecho sombra una vez más una cuestión más importante. La inquietud por la escasez de mano de obra en los sectores de trabajo temporero. Los propios productores han identificado sentimientos anti-inmigrantes y el discurso populista que convierte a los migrantes en chivos expiatorios como la mayor amenaza a la productividad en los campos en Europa.

Uno de los mayores reproches al mito de que los trabajadores migrantes recortan los salarios y las condiciones proviene de los propios trabajadores. Take Our Jobs! Fue una campaña a nivel nacional lanzada por la Unión de campesinos de América en 2010.

Invitando a los ciudadanos y residentes legales a reemplazarlos en el campo, estos trabajadores/as agrícolas ofrecían apoyo y asistencia para conectar a los desempleados con empleadores agrícolas.

El sitio web www.takeourjobs.org incluye incluso un formulario de solicitud para los candidatos interesados. Como no es de extrañar, la respuesta fue bastante limitada. Apenas se presentaron tres candidaturas.

 
Derechos para todos los trabajadores y trabajadoras

Informes esporádicos sobre inmigrantes muertos en Lampedusa o sobre la explotación laboral en Manolada muchas veces son el único atisbo que nos llega sobre el mundo de todas esas personas que vienen a Europa en busca de mejores oportunidades.

Aunque se registra un creciente apoyo entre los líderes de la UE hacia un “cambio de enfoque de la migración”, tal como indicó la Comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmström, durante una conferencia de prensa en relación con la reciente tragedia en Lampedusa, la necesidad de apertura y solidaridad se extiende mucho más allá de las salas de reuniones de Bruselas, o de las operaciones de búsqueda y rescate llevadas a cabo en el Mediterráneo.

Los sindicatos son esenciales para garantizar derechos y protecciones a todos los trabajadores y trabajadoras en la práctica, tanto si son nacionales, extranjeros, temporeros o indocumentados.

Aunque la directiva otorga a los trabajadores/as temporeros el derecho a afiliarse a un sindicato, dicho derecho sólo será efectivo si los sindicatos llegan activamente a esos trabajadores.

Si queremos que los derechos contenidos en la directiva se realicen, los sindicatos deben entablar contacto con los trabajadores de fuera de la UE; informarles sobre sus derechos y las obligaciones de sus empleadores y educar a sus afiliadas respecto a la importancia de apoyar a estos trabajadores.

Para avanzar, los sindicatos deben desempeñar un papel vital identificando las lagunas, los resultados no deseados de las políticas y las áreas de preocupación emergentes.

Un informe sobre la situación de los recolectores de bayas en Suecia señala que “el modelo de relaciones laborales sueco tiene algunos puntos débiles quizás sorprendentes, especialmente en lo concerniente a la protección de los derechos de una mano de obra migrante transnacional frente a los intentos de explotación en condiciones prácticamente de trabajo forzoso”.

El hecho de que esta explotación haya tenido lugar en uno de los mercados de trabajo mejor organizados de la UE plantea una alarmante interrogante: “Si Suecia no puede impedir que formas tan extremas de abusos laborales tengan lugar en su propio mercado laboral, altamente regulado, bien sea mediante la proscripción legal o a través de las acciones compensatorias de una sociedad civil y un movimiento sindical activos, ¿qué posibilidades existen para prevenir la deriva hacia un trabajo forzoso para los trabajadores migrantes vulnerables en el resto del espacio europeo?”

La batalla a favor de los derechos de los trabajadores migrantes es una batalla por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.

Es precisamente porque a menudo son impopulares y se ven sometidos a condiciones deplorables que los sindicatos necesitan acoger a estos trabajadores, incorporarlos a sus filas y realmente detener la ‘carrera hacia el fondo’ en lo que respecta a los derechos laborales y las normas en toda la región.

Resulta esencial para lograr que las protecciones y los derechos prometidos por la nueva directiva se trasladen del papel a la práctica.