Pero esa posibilidad todavía no está asegurada, en el actual contexto político inseguro de la mayor economía latinoamericana.

Aunque la batalla que libran los Mundurukú contra una alianza de agentes gubernamentales, legisladores y compañías multinacionales se concentra esencialmente en la cuenca del río Tapajós, podría tener implicaciones mucho más amplias remodelando el desarrollo energético de Brasil y obligando a iniciar un debate nacional respecto a la conservación de uno de los ecosistemas más ricos del mundo.

El gobierno brasileño ha venido afirmando que la construcción de presas hidroeléctricas en la vasta red hidrográfica del Amazonas resulta necesaria para cubrir las crecientes necesidades energéticas del país. Diversas administraciones han restado importancia al impacto ecológico de dichos planes, mientras que los ecologistas afirman que las presas resultan inaceptables, confrontando dos visiones incompatibles del Amazonas: una que lo ve como un recurso desaprovechado que debería servir a los intereses económicos del país; otra que lo considera como un auténtico tesoro de biodiversidad que desempeña un papel vital para mantener a raya el cambio climático.

Los Mundurukú simplemente lo ven como su hogar. “Cando Karosakaybu [Dios] creó el Tapajós, no fue para que el gobierno venga a destruirlo. Fue para que cuidemos de él”, afirma Juarez Saw Mundurukú, el cacique del poblado de Sawré Muybu. “Para nosotros sería la muerte. No sabríamos como seguir viviendo o cómo sobrevivir”.

La hija de Juarez, Lucineide, califica el proyecto SLT de “humillación”.

“Pienso que será realmente malo para nosotros, los Mundurukú, y los pobladores tradicionales ribereños… Combatiré junto a mis padres y a mis hijos para detener esta presa”, añade.

Unas 140 personas habitan en Sawré Muybu –un pacífico poblado de chozas con techo de paja a orillas del río Tapajós– sobreviviendo de la pesca, la caza y la agricultura a pequeña escala. Los niños juegan a perseguir gallinas mientras los ancianos se sientan en círculo para conversar. Al final del día, cuando bajan las temperaturas, los jóvenes entretienen a la comunidad jugando un partido de fútbol.

Pero el tiempo corre para los Mundurukú. La de SLT forma parte de una serie de presas hidroeléctricas previstas o ya construidas a lo largo del río Tapajós, que se han cobrado un elevado tributo de los pueblos indígenas. Las cascadas donde se encuentra actualmente la presa hidroeléctrica de 1.820-megavatios Teles Pires, por ejemplo, representaban un lugar sagrado equiparable al paraíso, donde los espíritus de los Mundurukú venían a descansar. Las cascadas prácticamente han desaparecido.

Con una anchura de 7,6 kilómetros y una generación de electricidad de 8.040 megavatios, SLT se convertiría en la tercera presa del país. Crearía un enorme embalse que inundaría lugares sagrados para los indígenas y aproximadamente siete por ciento del territorio de Sawré Muybu (en el que se enclava el poblado del mismo nombre). Especies endémicas están amenazadas por el proyecto, que supondría la tala de grandes extensiones de bosque prístino. Se calcula que unas 600 personas que viven en cuatro poblados diferentes en la cuenca del río Tapajós se serían forzadas a desplazarse.

Según los registros, los Mundurukú han vivido en Sawré Muybu al menos desde el Siglo XIV, pero el gobierno nunca ha reconocido su territorio como “tradicionalmente ocupado”. De haberlo hecho, sus tierras estarían protegidas en virtud del Artículo 231 de la Constitución brasileña, que prohíbe la expulsión de grupos indígenas de sus tierras excepto “en caso de catástrofe o una epidemia que represente un peligro para la población, o bien en interés de la soberanía nacional”.

La demarcación de las tierras se ha convertido por tanto en el punto focal de esta batalla.

 

“Hormigas rojas”

En abril, tras años de espera, la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), agencia nacional responsable de los asuntos indígenas, reconoció formalmente Sawré Muybu como territorio Mundurukú. Pero el gobierno federal todavía tiene que proceder a la demarcación oficial de los límites del territorio – proceso que los ecologistas afirman podría prolongarse eternamente.

Los Mundurukú han empezado por tanto a hacerlo ellos mismos, colocando señales idénticas a las del gobierno en el perímetro de un área de 178.000 hectáreas. Un intento importante – aunque sea exclusivamente simbólico – de proteger sus tierras.

Y por si no fuera suficiente, dicen estar dispuestos a llevar su lucha al siguiente nivel – aunque suponga ocupaciones, protestas y violencia.

“No tenemos miedo del gobierno”, afirma Raimundo Saw Mundurukú, jefe guerrero del medio Tapajós, mostrando las flechas que los Mundurukú utilizarían en caso de tener que enfrentarse a la guardia nacional brasileña. “Si el gobierno se mete con nosotros, nosotros nos meteremos con el gobierno”.

No son sólo palabras. Desde la época de la colonia portuguesa, los Mundurukú han resistido con éxito distintos intentos de fuerzas exteriores para conquistar su territorio. El nombre de su tribu, “hormigas rojas”, les sería dado por sus enemigos que temían su ferocidad en la batalla. Los Mundurukú, que representan en total unas 15.000 personas distribuidas en varios poblados a lo largo de la cuenca del medio y alto Tapajós, son conocidos también por su inquebrantable unidad, y esta lucha no será diferente.

No obstante, los líderes Mundurukú se dieron cuenta de que la buena voluntad y las flechas no serán suficientes, así que recurrieron a organizaciones internacionales como Greenpeace para ganarse el apoyo de la opinión pública y distribuir su mensaje a nivel global.

“Greenpeace ha venido trabajando contra la deforestación del Amazonas desde hace dos décadas, ya sea por la ganadería intensiva, la tala ilegal o las plantaciones de soja que han invadido la selva. La última amenaza son estos enormes proyectos hidrológicos”, comentó Bunny McDiarmid, co-directora ejecutiva de Greenpeace International en declaraciones a Equal Times durante su visita a un campamento establecido en el poblado Sawré Muybu de mediados de junio a mediados de julio.

Un informe de la organización ecologista indica: “Como ya se ha comprobado con proyectos de energía hidroeléctrica en el pasado y en el presente, las presas pueden destruir áreas enteras de hábitats como el bosque aluvial, que depende de las inundaciones estacionales, y tienen efectos devastadores sobre las poblaciones de peces y reptiles acuáticos, así como sobre los ciclos de vida de tortugas, caimanes, nutrias y delfines de río… las presas emiten una cantidad considerable de gases de efecto invernadero (tanto dióxido de carbono como metano, este último mucho más potente) como resultado de la descomposición de la vegetación y la tierra inundada”.

Otro importante estudio realizado por un equipo internacional de biólogos llegó a la conclusión de que: “El ritmo de construcción de nuevas presas en el Amazonas amenaza con catalizar una mayor pérdida de selva y amenaza de extinción, directa o indirectamente, a numerosas especies endémicas”.

Los ecologistas hacen hincapié además en que las presas no representan una solución para cubrir las necesidades energéticas del país, puesto que el río podría experimentar una drástica reducción de su caudal como consecuencia del calentamiento global. Promulgan, en cambio, una combinación de energía solar, eólica y de biomasa.

Este objetivo resulta además coherente con el compromiso de Brasil respecto al clima durante la COP21 en París, donde prometió “ampliar el uso de fuentes de energía renovable aparte de la hidroeléctrica, en el conjunto de fuentes energéticas, entre el 28 por ciento y el 33 por ciento para 2030”

 

“Ganancias políticas y económicas”

Los Mundurukú y quienes les apoyan están ante todo determinados a evitar “otro Belo Monte” –una gigantesca presa hidroeléctrica en el río Xingú promovida por la ex presidenta Dilma Rousseff.

El impacto medioambiental y social negativo de Belo Monte está ampliamente documentado. La presa estuvo también en el centro de un enorme escándalo de corrupción, en el que se vieron implicados Rousseff y su predecesor, Luiz Inácio ’Lula’ da Silva, acusados de desviar millones provenientes de la concesión de contratos sobrevalorados para financiar las campañas electorales.

En su declaración de fin de misión, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, criticó duramente a la élite política y económica de Brasil, afirmando que “mega proyectos como Belo Monte fueron significantemente impulsados por ganancias económicas y políticas individuales. Dichas ganancias individuales se obtendrían en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y potencialmente de su supervivencia cultural y física”.

Con un presupuesto de 9.200 millones de USD para su construcción, SLT ha atraído considerable atención de compañías nacionales e internacionales en busca de contratos lucrativos. Las empresas constructoras formaron dos consorcios: el Grupo de Estudos Tapajós, integrado por la empresa estatal brasileña Eletrobras y otras compañías incluyendo a los gigantes franceses Engie y EDF; y China Three Gorges and Furnas, una alianza entre la principal corporación eléctrica china y un subsidiario de Eletrobras.

Renombrados proveedores como Siemens y General Electric han manifestado estar interesados en participar en el proyecto SLT. Teniendo en cuenta que el proceso de concesión de licencias está actualmente paralizado, los grupos ecologistas han lanzado campañas mundiales para convencer a estas empresas de retirarse antes de que sea demasiado tarde. En palabras de un activista: “Una vez que se invierte dinero, resulta difícil dar marcha atrás. Es por ello que nos centramos en las empresas ahora, antes de que comprometan sus recursos”.

Un portavoz de Siemens indicó a Equal Times que su compañía podría “ser un proveedor potencial” pero no pudo confirmar la posición de Siemens en caso de revocarse la suspensión de concesión de licencias. “Como una cuestión de principio no podemos especular o entrar en ninguna suposición sobre qué pasa si ocurre esto o lo otro”, añadió.

Lo mismo dijeron en General Electric. Un representante añadiría: “No esperamos que el proyecto salga a licitación hasta 2017 como muy pronto”.

Los Mundurukú también han organizado protestas en la capital federal, Brasilia, para hacer llegar sus preocupaciones a los políticos, y afirman que continuarán haciéndolo con el nuevo gabinete del presidente Michel Temer, integrado en su totalidad por hombres blancos. Sus detractores, no obstante, se temen que este gobierno esté aún menos interesado en la conservación de la selva amazónica que sus predecesores.

El Ministro de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, de 32 años, en una de sus primeras comparecencias públicas como ministro declaró que: “el país volverá a crecer y necesitará energía. Tenemos que sentar las bases para que los inversores, nacionales o extranjeros, puedan tener la tranquilidad de volver a invertir en Brasil”.

Pero el último giro en esta continua lucha proviene directamente del senado nacional. En medio de la confusión provocada por el proceso de destitución de la presidenta, una comisión especial aprobaría discretamente una enmienda constitucional, PEC65/2012, que estipula que la ejecución de una obra pública no podrá ser suspendida o cancelada tras la presentación de un estudio de impacto ambiental.

Los responsables del gobierno Temer afirman que la enmienda pretende defender a las compañías frente a posibles querellas una vez hayan recibido el visto bueno por parte de los reguladores. Pero según un analista, de ratificarse la enmienda “haría que resulten prácticamente imposibles futuras acciones por parte de IBAMA similares a la suspensión de la presa hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós”.

El senador que promovió la enmienda no es otro que Blairo Maggi, multimillonario magnate de la agroindustria conocido en Brasil como el “rey de la soja”.

“Para mí, un aumento del 40 por ciento de la desforestación no significa nada en absoluto y no tengo el menor sentimiento de culpa por lo que estamos haciendo aquí”, declaró en una ocasión Maggi a la prensa. “Estamos hablando de un área más grande que Europa que apenas ha sido tocada, así que no hay nada en absoluto por lo que preocuparse”.

Maggi es el actual Ministro de Agricultura.

Tras haber resistido a los invasores durante siglos a orillas de su reverenciado río Tapajós, los Mundurukú saben que, esta vez, su lucha por la supervivencia deberá desplegarse en la selva, en las sedes de las multinacionales, y en la arena política de Brasil.

 

Para saber más sobre los Mundurukú, vea nuestro vídeo.