La vía hacia una producción de azúcar más ética en Camboya continúa estancada

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Durante más de 30 años, Chhim Phay, una madre de nueve hijos, había estado cultivando junto con su familia una modesta parcela de ocho hectáreas en la provincia de Kompong Speu, Camboya.

Sin embargo aquella tranquilidad les fue arrebatada a principios de 2011 cuando el Senador Ly se apropió de cinco de esas hectáreas. La empresa de este poderoso Senador, la Phnom Penh Sugar Company – una filial propiedad íntegra del LYP Group – hacía tiempo que se dedicaba de sus tierras, a expulsar a los campesinosen ocasiones de manera violenta.

Aunque la denominada “crisis del azúcar de sangre” se haya terminado, la familia de Phay es una de las miles de familias que trabajan para plantaciones de azúcar en tierras que anteriormente habían sido suyas. Este trabajo se ha convertido en la única fuente de ingresos, y sus reclamaciones para la obtención de una indemnización adecuada siguen cayendo en saco roto.

Representantes de la campaña “Clean Sugar”, que defiende a las personas a quienes los concesionarios les han expropiado las tierras, sostienen que desde el comienzo de la crisis no sólo no se han logrado mejoras sino que parece que no se va a encontrar solución para la difícil situación en la que viven.

“La mayoría de las familias afectadas se encuentran desde hace años en una situación económica desesperada”, afirma David Pred, director gerente de Inclusive Development International (IDI), una de las ONG que están llevando a cabo la campaña.

“Las empresas azucareras que se apropiaron de sus tierras y destruyeron sus medios de vida todavía no han hecho nada para indemnizarles convenientemente por las perdidas que les han ocasionado”, afirma.

Bajo la presión de las ONG, algunas empresas que compran azúcar camboyana, entre ellas los gigantes de refrescos Coca-Cola y Pepsi, han expresado sus preocupaciones.

No es difícil darse cuenta de cómo y por qué las empresas azucareras se han beneficiado a expensas de otros: por 10 horas de trabajo al día, Phay y cuatro de sus hijos con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años que trabajan en la plantación, no ganan más que 13.000 rieles (3,20 USD) cada uno.

“No soy la única familia que lleva niños pequeños a trabajar a la plantación”, dice Phay. “La mayoría de los trabajadores hacen lo mismo, porque somos pobres y necesitamos ganarnos la vida después de que la empresa nos quitara nuestras tierras”.

En la vecina provincia de Koh Kong, Chea Sok, de 37 años, junto con sus hijos de 13 y 17, trabajan en otra plantación para el mismo senador.

“Hay muchos niños pequeños trabajando en la plantación de azúcar. Esos niños – los míos incluidos – van con la familia a trabajar a la plantación de azúcar a cambio de un pequeño salario que contribuye a mantener a la familia”, explica a Equal Times.

En pocas palabras, la vida sigue siendo una lucha constante para los miles de campesinos de todo el país que se han quedado sin sus tierras, con un hogar destrozado y sin una indemnización adecuada.

 
Grandes empresas

Detrás de todo esto, algunas de las mayores empresas y bancos del mundo han jugado un papel importante. El año pasado salió a la luz que el ANZ Royal Bank (una empresa conjunta formada por la firma australiana ANZ y la Cambodian Royal Group Company) había estado financiando a la empresa azucarera de Yong Phat.

En un correo electrónico enviado a Equal Times, Seng Nhak, yerno de Ly Yong Phat y director de Phnom Penh Sugar, niega rotundamente ser propietario de ninguna plantación en la provincia de Koh Kong.

Además escribió que “el LYP Group tiene una política de tolerancia cero en lo que respecta al trabajo infantil. La empresa nunca ha consentido ni consentirá que nadie traiga niños al lugar de trabajo. La empresa ha establecido una serie de medidas para evitar que las familias traigan niños al trabajo, entre ellas un riguroso control en el lugar de trabajo, campañas educativas y reuniones anuales con los proveedores para reforzar las políticas de la empresa”.

El gigante azucarero Tate&Lyle también ha sido demandado por 200 familias campesinas camboyanas que trabajaron en la plantación de azúcar de propiedad tailandesa KSL, una de las proveedoras de la empresa, donde los abusos de los derechos y el recurso al trabajo infantil eran prácticas habituales.

Como parte de la iniciativa europea “Todo salvo armas”, la mayoría del azúcar producido en Camboya es exportado a la UE libre de impuestos. No obstante, este acuerdo ha demostrado ser problemático a lo largo de los últimos años.

De un tiempo a esta parte se han publicado diversos artículos sobre prácticas de trabajo infantil – que, según las declaraciones de Phay y Sok, sigue siendo un problema– y desalojos forzosos de personas que viven en tierras que han sido designadas para las plantaciones.

La UE contrató en enero a dos consultores con el fin de llevar a cabo una investigación sobre los desalojos forzosos efectuados por las plantaciones azucareras y garantizar que los afectados reciban una indemnización adecuada.

Eang Vuthy, Director ejecutivo de Equitable Cambodia, una ONG que trabaja con IDI en la campaña Clean Sugar, afirma que todavía no se ha publicado la versión final de las evaluaciones iniciales y que “los progresos han sido extremadamente lentos”.

“El proyecto comenzó a principios de este año y ya se tendría que haber publicado el informe, pero nos han dicho que todo ha sido muy lento en términos de las discusiones entre la UE, los consultores y el Gobierno, y todavía estamos esperando recibirlo”, explicó.

Según Pred, Tate&Lyle y ANZ Royal Bank “no han asumido todavía sus responsabilidades” por sus actuaciones en unas “violaciones masivas de los derechos humanos”.

El director de IDI afirma que le preocupa que el proceso de reclamaciones entre la UE y Camboya “no sea justo en términos de procedimiento, y que no resulte en una reparación significativa para las miles de familias cuyas vidas se han visto devastadas por esta industria”.

La Embajada de la UE en Phnom Penh no se ha prestado a hacer ningún comentario al respecto.

 
Presión y acción

En ciertos aspectos las cosas han cambiado: a principios de este año, el mayor productor de azúcar de Asia, el Mitr Phol Group de Tailandia, se retiró de la provincia de Oddar Meanchey, al norte de Camboya, donde había estado operando con tres concesiones azucareras que sumaban un total de 20.000 hectáreas.

La decisión fue tomada después de que Coca-Cola, que había llevado a cabo una auditoría de los proveedores de azúcar en 2014, prometiera romper relaciones con todas las subsidiarias que estuvieran implicadas en la expropiación de tierras.

Pred piensa que es probable que el caso contra Tate&Lyle siga su curso este año, a menos que se produzca algún avance en lo que se refiere a las garantías de pago de indemnizaciones adecuadas, y “seguramente veremos a las comunidades desplazadas emprendiendo acciones legales contra algunas de las grandes empresas”.

An Haya, representante de unas 200 familias en la provincia de Koh Kong, y que había interpuesto una demanda contra el gigante azucarero, dice que Tate&Lyle está tratando de arreglar la cuestión extrajudicialmente.

“Nos han ofrecido dinero a cambio de retirar la denuncia, y estamos planteándonos si pactar un acuerdo extrajudicial o no – dependiendo de si la firma accede a pagar una indemnización suficiente a las personas a quienes la empresa azucarera de Koh Kong ha robado sus tierras”, explica.

Pred dice que la campaña Clean Sugar también planea seguir presionando para que se suspenda el acuerdo “Todo salvo armas”, además de organizar un boicot contra las marcas que hayan hecho negocio con empresas que supuestamente se apropiaron de tierras.

Thun Sarath, portavoz del Ministro de Agricultura, comenta a Equal Times que los campesinos que se hayan visto perjudicados por las concesiones de tierras pueden presentar una queja formal.

“La gente pueden acudir a las autoridades locales para que se mida el área y se evalúen las repercusiones en las parcelas. La indemnización dependerá de las consecuencias que las apropiaciones hayan supuesto para los afectados. Depende de quién informe a las autoridades, con testigos, y las empresas indemnizarían automáticamente a las personas”, dice.

Pero para Phay y para Sok, el trabajo mal pagado – y la espera – continúa.

El marido de Phay, Chheng Sopheap, de 50 años de edad, ha viajado a Phnom Penh en varias ocasiones para protestar frente al ANZ Royal Bank, pero los resultados han sido limitados.

La ironía de la situación en que él y otras 500 familias de su provincia se encuentran no le pasa desapercibida, y eso duele. Y la ironía de que, 40 años después de la toma del poder brutal por Pol Pot y los Khmer Rouge, injusticias continúan por un gobierno que lo sustituyó.

“Siempre hemos dependido del cultivo de arroz para mantener a nuestras familias”, dice. “Si no trabajamos para la empresa que ha ocupado nuestras tierras, no podremos tener dinero suficiente para mantener a nuestros hijos”.