“Ciudad del cabo, al igual que tantas otras ciudades del mundo, ha terminado convirtiéndose en la hucha para el capital global excedente que intenta invertir en bienes inmuebles. Hemos visto cómo sucesivas oleadas de construcción de urbanizaciones exclusivas destinadas a los súper ricos terminan provocando un encarecimiento de los precios y despojando a nuestras casas de su función básica: alojar familias. Esto ha tenido un efecto devastador en las últimas comunidades pobres y de clase trabajadora que quedan en las zonas bien situadas, a quienes ahora les resulta imposible pagar el alquiler y los impuestos inmobiliarios”, explica a Equal Times Jared Rossouw, miembro del comité de coordinación del movimiento Reclaim the City.

A través de intervenciones directas, acciones legales y cabildeo, el movimiento participativo de arrendatarios y trabajadores ha presionado al Gobierno provincial de Cabo Occidental para que dé un giro de 180 grados en su política de la vivienda. El año pasado la Administración anunció el desarrollo de otras diez urbanizaciones de viviendas sociales en el centro de la ciudad.

Con ocasión del Día Mundial de Concienciación sobre las Personas sin Hogar, celebrado el 10 de octubre de 2018, el Gobierno de Cabo Occidental estableció una zona segura para distribuir agua y alimentos y brindar apoyo. La Administración ha prometido establecer un nuevo censo de las cifras de personas sin hogar. El último se realizó en 2015, cuando se calculó que había 7.000 personas sin hogar viviendo en la calle.

Ciudad del Cabo no es la única ciudad donde resulta complicado determinar las cifras de personas sin hogar. Hay muchas personas sin hogar invisibles, como por ejemplo las que ocupan un sofá en casa de familiares o amigos. En 2005, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas calculó que en el mundo había 100 millones de personas sin hogar, lo que representa el 2% de la humanidad. Pero teniendo en cuenta las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y el crecimiento global de la población, es probable que la cifra actual sea mucho más alta. Se calcula que otros 1.600 millones de personas carecen de acceso a una vivienda adecuada.

En el África subsahariana, el 60% de la población urbana vive en chabolas, y esta cifra está condenada a seguir aumentando debido a la creciente urbanización del continente.

El problema también existe en el Norte global. Un estudio reciente llevado a cabo por la organización informativa Bureau for Investigative Journalism concluyó que en los últimos 12 meses han muerto en Gran Bretaña más de 449 personas sin hogar.

“Hay muchas más personas durmiendo en la calle, pero el considerable aumento de muertes de personas sin techo es solo una de las consecuencias de la crisis de la vivienda”, señala Katya Nasim, una de las cofundadoras del sindicato de arrendatarios de Londres, London Renters’ Union, que se estableció este año. Este sindicato, dirigido por sus propios miembros, cuenta ya con más de 600 afiliados que se apoyan mutuamente para luchar contra los desahucios y para presionar a los propietarios que se niegan a hacer reparaciones necesarias en sus viviendas. El London Renters’ Union también hace campaña en favor de la seguridad de la tenencia.

“En Londres el alquiler privado es espantoso: los precios son muy altos y los inquilinos tienen muy pocos derechos. Ser propietario de una vivienda está fuera del alcance de la mayoría de las personas, y la vivienda social brilla por su ausencia”, explica Nasim. “La situación ha empeorado gravemente desde que se produjo la crisis financiera y se aplicaron las medidas de austeridad”.

The Shift: una campaña de la ONU en favor de los derechos de vivienda

La ONU también reconoce la incipiente crisis mundial de la vivienda. En junio de 2017 se convocó la primera reunión para llevar a cabo una campaña denominada The Shift (El Cambio) que reclama un cambio de paradigma en la forma de concebir la vivienda: no como una mercancía, sino que la vivienda decente figure en el marco internacional de los derechos humanos. La campaña está dirigida por Leilani Farha, Relatora Especial de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada.

“Estamos ante una tormenta perfecta. Para empezar, una manifestación de políticas de la vivienda que empezó en los años 1980, con la desregularización neoliberal y la reducción del número de viviendas sociales. La desregularización ha provocado un aumento del coste de la vivienda y un deterioro de los derechos de las personas. Globalmente, también se ha producido una rápida urbanización”, expone Farha a Equal Times.

“La crisis financiera debería haberse denominado crisis inmobiliaria mundial”, añade. “No solo porque fue provocada por los impagos de hipotecas, como consecuencia de lo cual muchas personas perdieran sus casas, sino que, a raíz de dicha crisis, las firmas de capital privado, los fondos buitres y numerosas instituciones financieras pudieron tener a su disposición mucha liquidez –en comparación con los bancos y los gobiernos carentes de fondos suficientes–, lo que les permitió acceder a este ámbito no regulado y empezar a comprar de forma contraproducente”.

Farha quiere que la vivienda se considere un bien social. De este modo se reducirá el sufrimiento real, como es la problemática de los sin techo que priva a las personas de dignidad personal. No obstante, los Gobiernos y las instituciones están tratando de solucionar los problemas de la vivienda “utilizando el mismo marco que provocó el problema”.

Farha realizó una visita a Egipto a finales de septiembre. “El FMI (Fondo Monetario Internacional) sigue afirmando que tiene que liberalizar su mercado del alquiler. En un momento dado el FMI señaló que el neoliberalismo del ‘goteo’ no funcionaba. Y sin embargo han vuelto a adoptar este modelo”.

Los Gobiernos de todo el mundo ya se han suscrito en principio al derecho a la vivienda, que aparece consagrado en numerosas declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos. La campaña The Shift está presionando a ciudades y Gobiernos para que reconozcan este punto. Muchas ciudades, entre ellas Ámsterdam, Barcelona, Berlín, París, Montreal, Seúl, Montevideo y Nueva York, ya se han suscrito a la campaña.

En Montevideo, capital de Uruguay, esto significa apoyar a las cooperativas de viviendas. La ciudad pone terreno urbano a disposición de las cooperativas, a través de bancos hipotecarios. Así pues, 25.000 familias están organizadas en 560 cooperativas a través de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). En 2017, el Gobierno concedió a la FUCVAM ayudas para construir más de 400 viviendas para 11 cooperativas de Uruguay.

En Barcelona (España), el Gobierno municipal ha multado a varios bancos por mantener viviendas vacías. El año pasado empezó a regular el turismo reduciendo las licencias para hoteles y viviendas destinadas al turismo en la zona centro de la ciudad.

Farha percibe la campaña The Shift como un marco para ideas y actividades.

“Por ejemplo, Barcelona está abordando la cuestión de Airbnb de manera distinta que Toronto. Los derechos humanos ofrecen un marco donde introducir después el contenido culturalmente adecuado. Medidas como la promoción de la igualdad y la protección de los grupos más vulnerables entran dentro de los derechos humanos, y el Estado o ciudad puede determinar la manera de aplicarlas de acuerdo a su contexto específico”.

Problemas diversos, soluciones compartidas

En la mayoría de las zonas urbanas, los centros de la ciudad son para los ricos. Pero las desigualdades económicas no son las únicas que se ven exacerbadas por la distribución espacial.

En Sudáfrica, la situación en este sentido es extrema: durante la era del apartheid, la política oficial era alojar a las personas de color en municipios alejados de los servicios públicos y de los trabajos, mientras que los centros urbanos eran mayoritariamente solo para blancos. Casi 25 años más tarde, gran parte de esta división todavía persiste.

Rossouw, de Reclaim the City, explica: “Se han construido muchas viviendas públicas nuevas, pero estas tienden a reproducir el apartheid espacial. En un momento en que deberíamos estar restructurando la ciudad y promoviendo el derecho a la vivienda y el acceso equitativo a las tierras, está sucediendo lo contrario. Las zonas más pudientes se han vuelto más exclusivas y las zonas más pobres permanecen bloqueadas en un limbo”.

Actualmente, el grupo está ocupando edificios vacíos, entre ellos una antigua residencia de ancianos situada en el corazón del exclusivo paseo marítimo de la ciudad. Los activistas apuntan alto, haciendo campaña por el mejor terreno en los mejores lugares para las personas que más necesitan las viviendas: “Para conseguir cambiar la ciudad en su conjunto y acabar con el sistema que reproduce el apartheid espacial, tenemos que llevar la lucha al corazón de la ciudad, a la sede del Gobierno y a las personas que viven allí. Para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad que permanecen ocultas en la periferia de nuestra ciudad, tenemos que ser visibles en los espacios donde los que tienen el poder y la riqueza toman las decisiones”.

El London Renters’ Union también participa en acciones directas, como por ejemplo protestar frente a las agencias inmobiliarias y tratar de evitar los desahucios.

Ambos movimientos hacen hincapié en la educación y en la participación. Reclaim the City de Ciudad del Cabo organiza semanalmente asambleas locales de asesoramiento, y en Londres, el Renters’ Union insiste en el desarrollo del liderazgo y el intercambio de competencias.

“Las secciones del sindicato funcionan con arreglo a un modelo horizontal, de manera que no solo se trata de obtener asesoramiento sino que también hablamos colectivamente y colaboramos en un plan de acción. Al igual que otros sindicatos, trabajamos sobre la base de que, colectivamente, somo más fuertes”, explica Nasim.

La cofundadora del sindicato reflexiona sobre anteriores campañas de la vivienda en las que ella ha participado: “A menudo son cortas. La gente viene durante el tiempo que dura su problema y se marcha cuando está resuelto”. La educación y el poder de análisis, así como el poder colectivo, permiten cultivar la continuidad y el liderazgo.

Farha se hace eco de este enfoque: “El dinero y el poder [en el mercado de la vivienda] son mucho más influyentes que un relator especial o que cualquier organización o ciudad. Tenemos que movilizarnos juntos para hacer realidad el derecho a la vivienda y renovar nuestro compromiso con la idea de que las personas pueden vivir una vida digna en una vivienda decente”.