El lunes 24 de de julio de 2017 estalló una rebelión en el Centro de Detención Provisional de Pinheiros, en la ciudad de Sao Paulo. Los presos, ya sometidos a una situación de hacinamiento, se rebelaron en el momento de la llegada de dos nuevos grupos de detenidos prendiendo fuego a sus colchones. El incidente duró sólo unas pocas horas, y esta imagen fue captada por un “dron” teledirigido.
Las imágenes de enfrentamientos y de matanzas en las cárceles brasileñas que llegaron hasta Europa hace unos meses conmocionaron a la opinión pública. Sin embargo, los ajustes de cuentas sangrientos entre los miembros de bandas mafiosas, los motines y las fugas son solamente la punta del iceberg.
Imagínese vivir confinado en un espacio de unos pocos metros cuadrados con otras 25 personas, y que algunos de sus compañeros de prisión hayan estado allí durante varios meses sin haber visto nunca a un juez. Otros, en teoría, ya han cumplido su condena, pero aún no han salido debido a la lentitud de la administración.
La promiscuidad, la violencia, la injusticia son realidades que Emerson Ferreira ha vivido durante cuatro años y medio. Compartió su historia con el público mediante la Rede Justiça Criminal (Red de Justicia Criminal) a través de una experiencia de inmersión.
El pasado mes de abril, en Sao Paulo, los transeúntes curiosos y valientes podían ponerse detrás de las rejas y, gracias a un casco de realidad virtual, entrar con un visión de 360° en una celda típica de una cárcel brasileña, al tiempo que escuchaban testimonios escalofriantes.
“Un perro callejero tendría más espacio en la calle que nosotros”, dice un preso. “Meta usted un caballo en un lugar así y se vuelve loco, se deja morir, sólo los seres humanos pueden soportar una situación semejante”, remacha otro.
“Queremos acabar con el encarcelamiento masivo”, afirma la campaña Realidade visceral (Realidad visceral), puesta en marcha por la red que reagrupa a unas ocho organizaciones de derechos humanos.
A través de este dispositivo y el encuentro con Emerson, estas organizaciones desean que las personas “vivan” estas condiciones inhumanas. Los participantes salen de la experiencia conmovidos, afectados. El mensaje aparece así más convincente que los números.
Sin embargo, las cifras ya resultan bastante preocupantes. En Brasil se cuentan casi 667.000 reclusos, de los cuales 24.000 son niños y adolescentes. Este número representa la cuarta población carcelaria en el mundo.
Los establecimientos penitenciarios brasileños se caracterizan por un hacinamiento que se agrava año tras año hasta alcanzar una tasa de ocupación media del 167% en 2017.
Según la organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch, entre 2004 y 2014 se registró un aumento del 85% de reclusos.
Este encarcelamiento intensivo se observó, principalmente, tras la aprobación de una ley de 2006 promulgada por Luiz Inácio Lula da Silva. Dicha ley ha endurecido las penas por posesión de drogas, lo que convierte en traficante a todo consumidor o simple poseedor de estupefacientes.
“Semejante explosión no deja de ser una vulneración a los derechos fundamentales de los reclusos”, subraya el padre Valdir João Silveira, coordinador nacional de la Pastoral Carcerária (Pastoral carcelaria).
Esta organización de acción social, relacionada con la Iglesia Católica brasileña, acompaña a los presos que carecen de medios de subsistencia y les proporciona medicamentos o ropa. Autorizados a entrar en las prisiones, los capellanes constatan todos los días la falta de espacio así como las malas condiciones de higiene y de alimentación.
Recientemente, la ONU calificó incluso algunos establecimientos penitenciarios brasileños de “medievales”.
Represión en lugar de prevención
Tampoco los derechos jurídicos se respetan siempre, puesto que cuatro de cada diez delincuentes se encuentran actualmente en detención preventiva, es decir, están detenidos sin juicio. Algunos esperan meses o años antes de conocer los delitos que se les imputan y ser condenados definitivamente.
Este es el caso del hijo de Dona Lídia, Rogério (nombre ficticio), recluido desde hace más de un año en el centro de detención preventiva Pinheiros en Sao Paulo. Detenido por el consumo de drogas, el joven todavía no ha sido presentado ante el juez.
“Me desespera este sistema, nuestra justicia. Sin embargo, tiene buenos abogados que militan en las organizaciones de derechos humanos. Realmente, no sé a quién recurrir”, se lamenta su madre en una entrevista con Equal Times.
Dona Lídia va a ver a su hijo todos los sábados y una vez por semana le lleva un “jumbo”, una especie de kit básico, con productos de higiene, comestibles y algo de ropa, que no proporciona el establecimiento penitenciario.
El centro de detención preventiva Pinheiros es uno de los más sobrepoblados de Brasil. En 2016 alcanzó una tasa de ocupación del 250%. Está situado en el estado que encarcela al mayor número de delincuentes, el de Sao Paulo.
Con una población de 42 millones, hay 230.000 presos. En comparación, en Argentina, donde la población es más o menos equivalente, el número de reclusos asciende “solamente” a 70.000.
Para los observadores, esta política de encarcelamiento no ayuda en nada a reducir la violencia y la criminalidad en la sociedad, ya que Brasil detenta el récord mundial de homicidios, es decir, casi 60.000 muertes violentas al año. Por otra parte, la tasa de resolución de asesinatos es extremadamente baja. Sólo se encontró y condenó al 8% de homicidas.
“En lugar de concentrar sus esfuerzos en prevenir, investigar y sancionar a los responsables de homicidios, se llenan las cárceles con pequeños delincuentes”, afirma Rafael Custódio, abogado de derechos humanos de la organización no gubernamental Conectas.
Son delincuentes de poca monta que luego son reclutados por el crimen organizado, ya que, actualmente, la mayoría de las cárceles se encuentran en manos de las bandas. “Para sobrevivir en el interior en tales condiciones, es necesario que los reclusos recurran a las redes y al dinero de las bandas armadas”, explica el padre Valdir.
Es así como nos hallamos ante catástrofes anunciadas, como las matanzas de enero entre bandas rivales en las cárceles de la Amazonía y del nordeste del país, que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos en pocos días, donde los detenidos fueron torturados, mutilados y decapitados.
La respuesta del Gobierno de Michel Temer fue proponer una inversión adicional en el sistema penitenciario por un importe de 1.800 millones de reales (59 millones USD) y la construcción de cinco nuevos centros penitenciarios de alta seguridad.
Se prefiere construir prisiones, que son también oportunidades para la corrupción, ya que parte del dinero público desaparece en el camino, porque los políticos persisten en aplicar una política sistemática de encarcelamiento. Sin embargo, existen alternativas que se dejan de lado, explica Henrique Apolinário, también abogado de Conectas.
De hecho, el Depen, es decir, el Departamento Penitenciario Nacional, ha invertido en la compra de 30.000 pulseras electrónicas que no se utilizan actualmente. “Los gobernadores se guían por objetivos electoralistas que supuestamente agradan a la población. Se carece de voluntad para promover substitutivos penales”.
“Nuestras cárceles son bombas de tiempo. Ya sabemos que pronto habrá una nueva matanza”, reitera Henrique Apolinário.
Sin embargo, no hay que olvidar que no todas las mortandades son sangrientas. “También hay hecatombes invisibles. Este año, en una prisión de Río, cerca de 40 reclusos murieron por falta de atención médica”, añade.
Desde hace ya varios años, las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos piden una revisión de la ley sobre las drogas, que encarcela sobre todo a los pequeños intermediarios, entre los que se cuentan numerosas mujeres, y favorece a las organizaciones del crimen organizado.
Por ahora, sin embargo, los dirigentes políticos no parecen dar prioridad a este problema.
