Las cárceles del Líbano, a la sombra del Derecho

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Regreso a una escena tristemente célebre en Oriente Medio: viernes 16 de octubre, un joven trata de inmolarse con fuego. Pero – detalle imprevisto – este gesto radical se produce frente a la sede del tribunal militar de Beirut, capital de uno de los únicos países árabes que no ha vivido su primavera.

El joven es hospitalizado, pero su vida no corre peligro. Con este acto pretendía denunciar el mantenimiento en prisión preventiva de Warif Sleiman y de Pierre Hashash, dos activistas del movimiento ciudadano “Ustedes apestan” que ha conseguido que miles de libaneses y libanesas se manifiesten contra la mala gestión de la crisis de la basura en el país del cedro.

Desde el comienzo de las protestas el pasado mes de agosto, “más de 100 manifestantes han sido arrestados y posteriormente puestos en libertad tras haber sido víctimas de humillaciones y malos tratos”, afirma Wadi el-Asmar, Secretario General del Centre libanais des droits humains (CLDH). Según él, “aparte de que, para empezar, Warif y Pierre no deberían haber sido arrestados, el hecho de que sean juzgados por el tribunal militar hace que la situación resulte más ridícula todavía. Se les acusa de deterioro de material militar... por haber retirado las alambradas de espino que impedían avanzar a los manifestantes”.

El colectivo “Ustedes apestan”, establecido a partir de una toma de conciencia ecológica, se convirtió rápidamente en el catalizador de la reacción de la ciudadanía, harta de la corrupción y la parálisis de un sistema político convaleciente.

No obstante, los síntomas más peligrosos son las deficiencias del sistema judicial y la vetustez de la política penitenciaria libanesa.

Warif Sleiman y Pierre Hashash, que se encuentran en prisión preventiva desde hace varias semanas, están esperando a ser juzgados por el tribunal militar.

Hace mucho tiempo que se debería haber reevaluado en el Líbano tanto el recurso abusivo a la detención como el de la justicia militar. Raja Abi Nader, responsable de la reforma del sistema penitenciario en el seno del Ministerio de Justicia, reconoce en una entrevista concedida a Equal Times que “las competencias del tribunal militar son a día de hoy muy amplias. Fue creado en 1958, en período de guerra, y es preciso que se contemple una reforma del mismo”.

Abi Nader añade que en el Líbano se recurre de manera abusiva a la detención: “No hay alternativa a la prisión. La preventiva se utiliza de manera excepcional, y la prestación de servicios comunitarios sólo se aplica a los menores de edad. El Ministerio de Justicia presentó hace más de dos años un proyecto de ley para el desarrollo de estas alternativas. ¿Por qué se tarda tanto? ¡Porque el país está paralizado! El Líbano ha pasado más tiempo sin Parlamento y sin Gobierno que con ellos. ¡Y ya hace más de un año que estamos sin presidente!”, se lamenta Nader.

Así que, mientras tanto, la justicia se demora, las cárceles están abarrotadas y la corrupción sigue prosperando.

Más del 60% de los presos en el Líbano están en régimen de prisión preventiva. A la espera de un juicio “que puede retrasarse hasta dos o tres años en determinadas Cámaras Correccionales”, según Ziad Achour, abogado para la Association justice et miséricorde (AJEM), los presos se pudren en una de las 23 cárceles del país. Una sola de estas, la cárcel de Roumieh, fue concebida para acoger a presos. Se construyó en los años 1960 para acoger a 1.050 detenidos, cifra que actualmente asciende a 3.151.

Las otras “cárceles” son pisos de cuarteles militares a cuyas ventanas se les ha puesto barrotes.

 

Denegación de derechos fundamentales

Cofundadora de la AJEM, la única asociación autorizada a intervenir de rejas para adentro, Hana Nassif da testimonio de numerosas violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el interior de las cárceles libanesas:

“La AJEM fue creada en 1996. La cárcel de Roumieh vivía entonces su primera revuelta después de que el director general le quemara los genitales a un detenido a quien acusaba de homosexualidad. Así que, para calmar los ánimos, el Ministro del Interior autorizó nuestra presencia en el interior de la cárcel. Pero simplemente se nos tolera, puesto que la legislación carcelaria, que data de 1943, únicamente permite que accedan a las cárceles personas religiosas. Los detenidos no tienen derecho a un psiquiatra, ni a un asistente social o a un educador”, afirma Nassif desde el centro de acojida de antiguos detenidos de la AJEM.

Y añade: “Yo he visto presos que estaban siendo torturados ante mis propios ojos. La mayoría de los detenidos, incluso los que están encarcelados por “terrorismo”, son personas marginadas, incapacitadas o pobres, que lo que necesitan es una segunda oportunidad”.

Recluidos por infracciones tan leves como el consumo de drogas blandas, y privados de un abogado y de un juicio, muchos detenidos entran en Roumieh siendo inocentes y salen de allí convertidos en expertos en tráfico de todo tipo.

Eso es lo que le sucedió a Fadi (pseudónimo), que pasó nueve años en las cárceles libanesas, de reincidencia en reincidencia.

“Aquí le meten a uno en la cárcel y se olvidan de él. Yo personalmente tenía un problema con la droga – estaba enfermo. Pero en lugar de internarme en un centro médico me recluyeron durante un año en medio de un montón de criminales, sin saber de qué se me acusaba. ¡Dentro de Roumieh hay más droga que fuera! Los vigilantes dejan que la droga entre, y algunos de ellos también la consumen”, declara Fadi desde el centro de rehabilitación de la AJEM, donde ahora está intentando comenzar una nueva vida.

La falta de medios y el no intervencionismo en el interior de las cárceles libanesas ha creado una bomba de relojería que el actual Ministro del Interior, Nouhad Machnouk, ha decidido desactivar el pasado mes de febrero con el lanzamiento de una operación militar en Roumieh.

Se ha demostrado efectivamente que desde el bloque B de la cárcel, donde están detenidos los presos islamistas, se había estado preparando un atentado contra Trípoli.

“Como consecuencia de la corrupción de la Administración y del Gobierno, los presos habían asumido poco a poco el poder de decisión. Durante aquella operación arrestamos incluso a varios guardias de la prisión”, afirma el General Mounir Chaaban, responsable de la reforma penitenciaria en el seno del Ministerio del Interior.

Desde entonces se ha puesto en marcha un amplio plan de reforma de las cárceles.

A parte de la construcción de una cárcel en el interior de un cuartel del ejército, se está edificando también una cárcel de alta seguridad.

Ziad Achour, abogado de la AJEM, se muestra escéptico: “La política del Ministerio del Interior es construir cárceles... para llenarlas después. Eso no es una política carcelaria. La cuestión es cómo reintegrar a los presos, cómo hacerse cargo de sus necesidades específicas y cómo separarlos en función de sus perfiles”, subraya.

“El índice de reincidencia en el Líbano nos revela también que, una vez se sale de la cárcel, no se dispone de ningún tipo de programa de rehabilitación”. Actualmente sólo el 4% de los detenidos tienen acceso a talleres de rehabilitación dentro de las cárceles.

La reforma del sistema penitenciario que se está llevando a cabo viene garantizada por el Ministerio del Interior. Los fondos llegan a través de una asociación creada por el propio Ministro, lo que ha provocado las críticas de determinados activistas que consideran que existe un riesgo de conflicto de intereses.

Sin embargo, en 2012, el Gobierno libanés había decidido trasladar la administración de las cárceles a una nueva administración penitenciaria, bajo la tutela del Ministerio de Justicia. Pero el traslado sigue sin haberse materializado.

“Hoy por hoy, un miembro de las fuerzas del orden puede estar encargado del tráfico viario y dos días después ser trasladado a Roumieh para vigilar un edificio con 1.400 detenidos, sin que le hayan proporcionado ningún tipo de formación previa”, se lamenta Raja Abi Nader.

Es una situación que puede dar lugar a abusos. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio circuló por las redes sociales un vídeo que mostraba a varios guardias de seguridad torturando a detenidos islamistas, algo que ha suscitado muchísima indignación.

 

Este artículo ha sido traducido del francés.