Julia Hall, an Amnesty International expert in counterterrorism and human rights, during a press conference at the Press Club in Brussels in January 2017.
La reciente publicación de Amnistía Internacional (AI) Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa, una investigación que indaga en el estado de los derechos humanos y la lucha antiterrorista, alerta a gobiernos y sociedad civil de las derivas legislativas que en los dos últimos años están observándose a lo largo y ancho del continente.
Una lucha antiterrorista que debería combatirse con herramientas ya existentes, insiste AI, y no a base de nueva legislación y medidas administrativas que laceran derechos humanos y libertades fundamentales (que son precisamente el sello de identidad de nuestras sociedades).
Para la estadounidense Julia Hall, autora del informe, es imprescindible sacudir la idea de “normalidad” que pudiera seguir al establecimiento y prorrogación de un estado de emergencia. Alerta asimismo de las medidas administrativas abusivas que, adoptadas a velocidad de vértigo, escapan al control judicial o de la sociedad civil, siendo ésta, en última instancia, la gran perdedora de esas medidas, empezando por algunos de sus elementos más expuestos: migrantes, extranjeros, defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros.
En una conversación con Equal Times, Hall aborda algunos de los puntos principales del estudio.
Varios gobiernos, ya sea el belga, francés, alemán o español, han anunciado en los últimos meses el desbaratamiento de planes terroristas de carácter más o menos inminente. ¿En esos casos diría que las nuevas medidas antiterroristas han valido o valen la pena?
Lo que realmente salva vidas es un buen trabajo policial y de los servicios de inteligencia. Si echas un vistazo a los ataques de París, lo que más nos preocupa es que prácticamente todos y cada uno de los individuos implicados habían estado bajo el radar de los servicios de inteligencia y de seguridad. Ya habían sido identificados como problemáticos.
Tras los ataques de París y Bruselas, responsables nacionales reconocieron que había habido ineficiencias y un cierto grado de ineficacia en relación a las operaciones policiales y, más concretamente, en lo que a compartir información se refiere. La incapacidad de los Estados miembros de la UE de comunicar información de forma efectiva es un problema serio.
El título del informe alude al carácter “desproporcionado”. Las medidas proporcionales son fantásticas, y si con ellas se salvan vidas, no podemos estar más de acuerdo. Pero rechazamos de plano la noción de que la inteligencia y el cumplimento de la ley han salvado vidas quitándonos derechos.
Lo que refleja este informe es cómo la aplicación incorrecta de medidas antiterroristas afecta a personas que no tienen ninguna relación con el terrorismo.
La pregunta es: ¿queremos vivir en una sociedad donde la respuesta al terrorismo pasa por tener cada vez menos derechos y una libertada más reducida, o bien vamos a por un modelo de cumplimiento de la ley e intercambio de información (con las salvaguardas necesarias, para que los derechos individuales no sean violados)?
El estudio de AI se centra en las medidas antiterroristas adoptadas por 14 Estados miembros de la UE y en el periodo pos-Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de NNUU, es decir, a partir de septiembre de 2014. Este texto solicitaba a todos los Estados legislar para hacer frente a los “combatientes terroristas extranjeros”. En este lapso, Francia, Bélgica y Alemania han vivido varios episodios terroristas y el nivel de alerta es general. En este marco, ¿cómo de factible ve una vuelta al periodo pre-2014 en lo que a producción de legislación –no desproporcionada– en materia de seguridad se refiere?
Primero voy a subrayar que AI en ningún momento dice que los gobiernos no deban combatir el terrorismo y otras formas de violencia.
Como mencionaba, el título del informe es sobre desproporcionalidad: ir más allá de donde es necesario, hacerlo de un modo abusivo y dirigido a personas sin relación alguna con el terrorismo (y testimonios al respecto no faltan en el informe). Sirva como ejemplo la ínfima fracción de procesamientos en Francia tras los 4.300 registros domiciliarios llevados a cabo en los dos últimos años, las 24 horas del día, siete días a la semana.
Los gobiernos europeos siempre han combatido el terrorismo, y lo han hecho empleando un enfoque jurídico penal. ¿Qué cambia ahora, que son redes internacionales –las que atentan–? Siendo así, entonces lo que es necesario es compartir inteligencia y una mejor coordinación entre los Estados miembros.
No nos queda clara la fórmula que dice que para combatir el terrorismo es necesario desposeernos de derechos.
¿Diría que es más barato y menos complejo recortar en derechos que mejorar en capacidades policiales y de inteligencia?
En tanto que activistas de derechos humanos nunca haríamos un análisis de coste-beneficio (que tal vez se haga a nivel político). No obstante, la realidad es que, si se hacen 4.300 registros domiciliarios, no en base a una sospecha razonable, o porque se tiene un dossier con información relevante sobre una persona, eso es, por definición, ineficiente. ¿Es esto más costoso? Pareciera que sí. Soltar una red de arrastre en la que se captura a todo tipo de gente, gente que no tendría por qué estar ahí, es muy pero que muy ineficiente, y consume muchos recursos.
En este entorno, ¿qué ocurre con la sociedad civil, tiene un papel cada vez más desdibujado?
Buena parte de la legislación (de reciente creación) genera estereotipos y miedo, hace a la gente más vulnerable y crea incertidumbre. Eso, por definición, es una situación de inseguridad. De ahí que en muchas ocasiones la gente esté dispuesta a ceder sus derechos –lo que da al gobierno más poder–.
El informe trata de mostrar a la gente lo poco que su opinión es considerada en estos asuntos (seguridad), y cuán discriminatorias son buena parte de las practicas policiales. Una discriminación que rompe la cohesión social y genera miedo.
En algún momento la sociedad europea tiene que preguntarse: ¿Es así como queremos vivir, queremos vivir en el miedo permanente, no sólo al terrorismo, también a nuestros gobiernos? ¿No queremos tener relaciones sólidas con nuestros vecinos musulmanes, queremos sentir siempre sospecha…? En el informe, los testimonios van en la dirección de que lo que la gente quiere es vivir en una sociedad libre, que no discrimina a su gente, que se basa en el imperio de la ley.
Ante este panorama orwelliano que AI denuncia en el informe, ¿por qué las protestas de la sociedad no están a la altura?
No estoy segura de que sea correcto decir que el público ha sido neutralizado. Sólo hay que mirar lo que ocurre en Polonia (gente protestando en las calles contra las leyes antiterroristas, o contra los intentos de socavar el Tribunal Constitucional), en Francia (contra el estado de emergencia), o Reino Unido.
Creo que los gobiernos han puesto obstáculos en su camino, como el uso de leyes antiterroristas para prohibir protestas o frenar a activistas, como ocurrió durante la COP21, o con David Miranda, con Ahmed H. [que aparece en el informe y cuyo nombre completo no puede publicarse].
Un uso que, además de desproporcionado, a veces se ha dirigido a oponentes políticos, a defensores de derechos humanos, a activistas laborales y medioambientales, a refugiados y migrantes.
Si la tendencia continúa, si el mensaje de la Administración Trump destiñe sobre Europa o parte del continente, ¿qué es lo peor o lo mejor que puede ocurrir en materia de derechos humanos y libertades fundamentales?
Observamos mucha actividad en Europa sobre propuestas de detención administrativa, que podría equipararse funcionalmente a lo que ocurre en Guantánamo, donde los sujetos son detenidos sin cargos o juicio, en base a sospechas de comisión o posible comisión de crimen.
Si vamos en esa dirección, el retroceso es considerable. Y tenemos constancia de que esto está en el tintero en muchos países europeos.
Respecto a la tortura y detenciones secretas ocurridas durante la ‘era Bush’, Europa, cómplice en un momento, ha desaprobado tales prácticas, y es necesario que mantenga su palabra al respecto y que aglutine a todo el mundo para decir ‘no’ al Gobierno norteamericano, si es que efectivamente la Administración Trump pone en práctica políticas y prácticas semejantes.
Lo mejor que puede ocurrir es que todas las prácticas abusivas (que violan el derecho a la privacidad y a la integridad física), todas las leyes que violan derechos humanos en base a la menor de las sospechas, sean derogadas.
Nos oponemos a las leyes que criminalizan la libertad expresión. Es necesario volver a una definición precisa y lógica de lo que es “incitación al terrorismo”. Pedimos, también, que los agentes del orden reciban formación en cumplimiento de derechos humanos.
Nada que, en definitiva, los gobiernos no sepan que no deberían estar haciendo.
En un contexto de elecciones como el que afronta Europa este año (Alemania, Países Bajos, Francia), ¿cuál es el mensaje de AI?
Los Gobiernos deberían respirar profundamente y recordar que tienen herramientas en su poder y que no necesitan, por tanto, violar los derechos de la gente. Tras los atentados terroristas de 2005 en España esperábamos una respuesta represiva del Gobierno español, y no fue así, como tampoco ocurrió en Noruega, tras el atentado de (Anders Behring) Breivik. Ambos Gobiernos emplearon herramientas a su disposición en lugar de girar hacia un tipo de ley de emergencia o implementar nuevas prácticas.
En la Bélgica ‘pos-París’ el Gobierno tuvo un debate rico y enérgico sobre el establecimiento del estado de emergencia, que finalmente desestimó a pesar de que mucha gente era favorable al mismo.
En resumen, vemos en la región Gobiernos que han realizado buenos debates sobre las respuestas a dar y que entienden que para responder al problema del terrorismo ya cuentan con las herramientas necesarias, lo que hace fútil crear una pila de legislación adicional toda vez más represiva.
