Las movilizaciones populares cuestionan el modelo neoliberal en América Latina

“No son 30 pesos: son 30 años”. Esta consigna, una de las más repetidas en las masivas movilizaciones en Chile, explica en siete palabras qué es lo que ha desatado las manifestaciones más masivas que se recuerdan en el país andino desde la dictadura de Augusto Pinochet: no ha sido la subida del pasaje de metro de 30 pesos chilenos (0,037 euros, 0,041 dólares USD) sino el acumulado de décadas de aplicación de recetas neoliberales, a resultas de lo cual Chile es hoy uno de los países más desiguales de América Latina.

El aumento del metro, cuya tarifa es una de las más elevadas de la región, desató, en palabras de la socióloga argentina Maristella Svampa, “un inédito ensayo generalizado de desobediencia civil” que comenzó el 7 de octubre, cuando un grupo de estudiantes de secundaria convocó una evasión masiva del pago del boleto. Cinco días después, el levantamiento popular pasó a las calles. “Es lógico el estallido violento porque es la única salida que nos dejaron. Por ejemplo, cuando se discutió en el Congreso el TPP [siglas en inglés del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica], hicimos marchas, pedimos reuniones y consultas, y se nos ninguneó: el sistema sigue avanzando en la dirección de la injusticia social”, apunta Alejandra Parra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, que poco antes del estallido social había descrito su país como “un oasis de estabilidad” en medio de la convulsión regional, declaró el estado de emergencia y llegó a imponer el toque de queda. En plena crisis, el mandatario se comparó con Ulises: si el mítico héroe de Homero no sucumbió al canto de las sirenas, él no cedería ante los reclamos de su pueblo (equiparando los cantos de sirena con populismo –y populismo con reclamos populares–).

Poco después, sin embargo, dio marcha atrás al aumento de la tarifa del metro, ofreció un paquete de medidas sociales y anunció cambios en su gabinete; modificaciones éstas que sus críticos consideran cosméticas. Porque el movimiento ciudadano que vive Chile apunta más lejos: quiere desmantelar un orden económico y social neoliberal que se impuso en el país a sangre y fuego, con el golpe a Salvador Allende en 1973, y que permanece instalado gracias a una Constitución que, como explica Parra, “fue formulada en plena dictadura, diseñada para entregar a manos privadas servicios públicos como la salud, la educación y las pensiones, y derechos básicos como el agua”.

El levantamiento en Chile se superpuso en el tiempo a las movilizaciones en Ecuador y Haití, donde también el detonante fue el aumento del precio del transporte, pero las causas venían de muy atrás. El martes 1 de octubre, el Gobierno ecuatoriano anunció un paquete de medidas económicas (el “paquetazo”) entre las que estaba el retiro del subsidio a la gasolina (a través del decreto 883), la reducción del 20% del salario de empleados públicos ocasionales y otras reformas impuestas por el FMI.

El pueblo respondió con masivas movilizaciones que iban mucho más allá de la derogación del decreto; se cuestionaban “las políticas neoliberales que van contra el pueblo con las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscan reactivar la economía empresarial pero no la economía de la gente, del pueblo, de los campesinos”, concluye desde la Amazonía Katy Machoa, de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN).

Las protestas lograron que el presidente Lenín Moreno echase marcha atrás con el aumento del combustible, pero parece menos probable que haya un giro en la dirección de su política económica. “Ecuador se encuentra en una encerrona: dolarizado, no puede devaluar, no controla su propia moneda y está muy atado a la exportación de materias primas, que hoy están en baja”, apunta Svampa, quien se muestra preocupada por la fortaleza de la derecha en un momento de “zozobra del sistema de partidos”.

En Haití, donde, según un informe del Instituto Tricontinental de Investigación Social, la inflación (del 18%) y la congelación de los salarios convive con la paramilitarización de la vida cotidiana, el gobierno de Jovenel Moïse, lastrado por la corrupción y el despilfarro, y siguiendo las recomendaciones del FMI, decidió aumentar el precio del combustible. Esto provocó una situación de desabastecimiento, lo que, a su vez, generó movilizaciones masivas en las que, según el balance que publicó Naciones Unidas el 25 de octubre, se registraron 30 muertos, la mitad de ellos a manos de las fuerzas policiales. Llueve sobre mojado: el ciclo de protesta ciudadana se había iniciado ya en julio de 2018. El pueblo haitiano exige la renuncia de Moïse y el fin de la injerencia extranjera en su economía.

Potencia social y represión estatal

Si algo es característico de este ciclo de protestas es el carácter multitudinario, heterogéneo y horizontal de la movilización. “En Ecuador, la revuelta popular ha servido para volver a colocar en la agenda no sólo [la tesis] antineoliberal sino la cuestión de la plurinacionalidad, con fuerte protagonismo de la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador], y [clara] visibilidad de las mujeres, en clave también multicultural”, explica Svampa. Junto a ellas se movilizaron estudiantes, sindicatos, movimientos campesinos y la ciudadanía en general.

En Chile, donde las masivas manifestaciones de 2005 y 2011 habían sido protagonizadas por estudiantes, esta vez se sumaron otros actores sociales, inclusive unas clases medias desencantadas con una propuesta neoliberal que no cumple sus promesas. Alejandra Parra destaca la horizontalidad del movimiento:

“La organización ha sido espontánea, y a la vez ha sido producto del fortalecimiento de las organizaciones sociales diversas –estudiantes, sindicatos, organizaciones comunitarias y socioambientales, feminismos, pueblos originarios–, que venían caminando por carriles paralelos y en los últimos años se están coordinando para generar propuestas transversales”.

“Van a tener cada vez más importancia en las movilizaciones las mujeres –en las diferentes vertientes: feminismos comunitarios, populares, urbanos–, los pueblos originarios y los colectivos de carácter socioecológico”, analiza Svampa. Esta socióloga argentina observa asimismo una reacción común por parte de los Estados: “Va a ser habitual que esas multitudes se enfrenten a una respuesta represiva del Estado, en el marco de un estado de excepción”.

Lo hemos visto ya en Ecuador, donde la Defensoría del Pueblo contabilizó ocho muertos, cerca de 1.200 detenciones y 13.400 heridos; el presidente, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción e impuso el toque de queda. En Chile, el balance es aún más alarmante: 20 fallecidos, 3.193 detenidos y más de 1.000 heridos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se ha hecho eco además de las denuncias por violaciones y torturas. Varios testimonios apuntan a que se instaló, al menos una noche, un centro de tortura en la estación de Metro Baquedano, lo que trae al pueblo chileno oscuras reminiscencias de la dictadura. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, envió una misión para que investigue lo sucedido; los movimientos sociales demandan que a esa misión se sume una investigación independiente que se coordine con las organizaciones sociales.

Un escenario de incertidumbre

¿Qué podemos esperar que dejen estas movilizaciones en el escenario político latinoamericano? Alejandra Parra se muestra optimista: “Tengo esperanzas de que haya un cambio verdadero: lo que hemos vivido quedará en la memoria y en el cuerpo, ese ‘aprender haciendo’ no se borra de la cultura de los pueblos y se ve hoy en forma de asambleas que están sistematizando las propuestas que salen en las calles para lanzar una demanda ciudadana que genere cambios estructurales en el país; y eso pasa por una asamblea constituyente que permita reformular la Constitución”. Según una encuesta realizada en octubre, un 80% de la ciudadanía chilena aprueba la idea de una nueva Constitución y un 85% se muestra “de acuerdo” con el movimiento social de las últimas semanas.

“Se abre en Chile un escenario que es radical en sus cuestionamientos, pero no existen partidos de izquierda o centro-izquierda capaces de articular esas demandas”, argumenta Svampa. Lo que sí se ha puesto sobre la mesa es que ese “oasis” de estabilidad que era Chile, durante años presentado como prueba de éxito del modelo liberal, tenía los pies de barro. Será, a partir de ahora, más difícil utilizar las cifras macroeconómicas de Chile como argumento para legitimar las políticas de ajuste en la región. Y falta por ver qué sucederá con Piñera, que ya tuvo que suspender las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25), previstas para noviembre y diciembre, respectivamente.

Otro elemento que han evidenciado estos levantamientos populares es que “la repercusión de las movilizaciones es mucho mayor cuando logran romper el esquema polarizador que plantea el problema en términos de gobierno-oposición”, explica Svampa.

Es decir, estas movilizaciones no cuestionan al gobierno de turno, sino al propio modelo económico: en Ecuador, los movimientos que ahora se alzan contra Moreno también se han desmarcado del expresidente Rafael Correa; también en Chile y en Haití, las movilizaciones no son contra un gobierno en concreto y a favor de otro, sino en contra del neoliberalismo y sus políticas de ajuste. En Argentina, por el contrario, si bien las movilizaciones antineoliberales son frecuentes, no han logrado “esa capacidad de irrumpir en la escena pública y romper con la visión simplificada de neoliberalismo versus populismo”, sintetiza Svampa.