Las reformas impuestas por el Gobierno de Brasil son una amenaza para los trabajadores

A pesar del panorama político tan inestable, el Gobierno de Michel Temer y los diputados brasileños esperan que se apruebe a toda costa una serie de reformas de la protección social y del código de trabajo a través de procedimientos acelerados y, sobre todo, sin consultar a los interlocutores sociales.

Los sindicatos, excluidos del proceso de elaboración de estas futuras leyes, se movilizan desde el mes de marzo a través de manifestaciones y la organización de una huelga general que tuvo lugar el 28 de abril, en la cual participaron 40 millones de personas en todo el país.
A pesar de ello, la liberalización de la subcontratación ya ha sido aprobada por la cámara de los diputados, y la reforma de las jubilaciones y la del código del trabajo deben someterse a votación de los parlamentarios en las próximas semanas.

Sin embargo, la mayoría de los brasileños se opone a las reformas: el 71% rechaza las modalidades de la reforma anunciada para las jubilaciones, mientras que el 64% estima que la nueva ley del trabajo beneficiará más a las empresas que a los trabajadores.

Pero todo parece indicar que las reformas se aprobarán – pese a la crisis política que rodea al presidente –, como afirmó recientemente el ministro de economía, Henrique Meirelles, durante una entrevista con inversores extranjeros en mayo. Para tranquilizarlos, garantizó, con respecto a la reforma de las jubilaciones, que los “dirigentes de los grupos parlamentarios son conscientes de que las medidas fiscales deben ser aprobadas y continuar avanzando”. Añadió que un retraso de uno o dos meses no cambiará nada.

“La reforma de las jubilaciones es muy preocupante, ya que no permitirá a una parte de la población disfrutar de este derecho. No obstante, la reforma del código del trabajo es más grave, puesto que pone en tela de juicio, sin debate, casi un siglo de lucha social por los derechos de los trabajadores”, se inquieta Clemente Ganz Lúcio, director técnico del Departamento intersindical de estudios socioeconómicos y estadísticos (DIEESE), un organismo de investigación y formación especializada en el mundo del trabajo y asociado a las principales centrales sindicales brasileñas.

El proyecto, que se está examinando en el Senado, propone aportar más de una centena de modificaciones a las reglas que rigen el mundo del trabajo.

“En el texto, las reformas van desde cosas muy triviales, como el atuendo para el trabajo, hasta artículos que ponen en entredicho totalmente el papel de los sindicatos, los procesos de negociación y los derechos fundamentales de los trabajadores”, explica Clemente Ganz Lúcio a Equal Times.

Entre los puntos cruciales del proyecto figuran la modificación de la jerarquía de las normas sobre varios puntos de negociaciones, en los cuales los acuerdos de empresa prevalecerán sobre la ley, el fin de la obligación de la contribución sindical (que actualmente equivale al salario de una jornada de trabajo por año), o la limitación del abanico de decisiones que podrá tomar el tribunal superior del trabajo.

Según el Gobierno, las reformas impulsarán el empleo y potenciarán la actividad de las empresas en un contexto de recesión económica que empezó hace dos años y en el que el desempleo alcanza niveles sin precedentes en torno al 13,6% de la población activa (frente al 4,8% en 2014).

Las organizaciones patronales apoyan en su mayoría la reforma laboral. “Es urgente y necesario modernizar y ‘desburocratizar’ las relaciones de trabajo”, sostiene la Confederación nacional de industrias (CNI) en un comunicado.

El director de DIEESE no niega la necesidad: “Sí, es necesaria una reforma, ya que cerca del 40% de los trabajadores brasileños están poco o mal protegidos por los sindicatos o trabajan en la economía informal. Además, se debe adaptar del código del trabajo a la industria digital y a servicios que constituyen una nueva realidad. Para ello, es necesario reforzar los procesos de negociación y mejorar el funcionamiento de la justicia en cuestiones laborales, donde los procedimientos son muy largos. Ahora bien, es lo contrario de lo que se va a hacer con este proyecto”.

La mayoría de las centrales sindicales y el ministerio público de trabajo dicen estar preocupados por el futuro de los derechos de los trabajadores, Para ellos, la reforma conlleva el riesgo de debilitar la correlación de fuerzas en las empresas. Por ejemplo, el trabajador podrá negociar individualmente con el empleador su salario o definir sus horas de trabajo, sin poder beneficiarse de las garantías de la ley porque en ciertos puntos prevalecerá el acuerdo de empresa.

En un contexto económico desfavorable con un nivel de desempleo elevado, los sindicatos aseguran que los trabajadores se verán obligados a aceptar condiciones menos favorables para mantener su trabajo.

Con la exclusión de los sindicatos de las negociaciones, esta reforma pretende socavar la fuerza colectiva de negociación, según afirma Beatriz Cerqueira, presidenta de la Central única de trabajadores (CUT) del estado de Minas Gerais, quien pregunta en una tribuna del periódico Brasil de Fato: “¿Se ha pedido a los trabajadores su opinión? Por el momento, se escucha solamente a los empleadores, los diputados que están a favor y los comentaristas de televisión bien pagados para defender esta reforma. Pero, ¿se ha preguntado a los que se van a ver afectados directamente? No”.

Según el presidente de la central Força Sindical, el diputado Paulo Perreira da Silva: “El objetivo es socavar los derechos de los trabajadores para que las empresas obtengan todavía más beneficios, ahorrando en los costes de la mano de obra”.

“Riesgo de precarización” votado a toda prisa

Todos los que se oponen a la reforma denuncian que el Gobierno y los diputados la han “impuesto”. La reforma se votó en primera lectura en menos de dos semanas, a pesar de su gran complejidad y el número importante de artículos añadidos o modificados. Se aprobó mediante un procedimiento de urgencia solicitado por el Gobierno bajo el pretexto de que la buena salud económica del país dependía de ello.

“¿Cómo se puede aprobar un proyecto como este sin debatirlo con la sociedad?”, pregunta Clemente Ganz Lúcio. “Al principio, el Gobierno proponía un texto con una docena de modificaciones, el cual integraba además propuestas hechas por los sindicatos. Posteriormente, el diputado portavoz de la ley cogió el proyecto y lo modificó totalmente para someter a votación de sus colegas un texto ¡que modifica unos 200 artículos del código del trabajo!”.

Unas semanas antes, la cámara de los diputados ya había hecho que se aprobara, en muy poco tiempo y casi por sorpresa, un texto que permite a las empresas subcontratar todas sus actividades, en lugar de solamente las secundarias. Por otro lado, los trabajadores empleados por las empresas contratistas tienen en general condiciones de trabajo y una protección sindical menos fuerte que los trabajadores empleados directamente.

Las estadísticas de DIEESE muestran que los trabajadores subcontratados trabajan de media tres horas más a la semana que los otros y reciben un salario 25% más bajo. Además, están más expuestos a los accidentes de trabajo y no disfrutan de la protección y los acuerdos negociados por los sindicatos del sector.

Así, al autorizar la generalización, la ley reciente puede incitar a las empresas a utilizar más este tipo de mano de obra. Por lo tanto, para los trabajadores existe un gran riesgo de precarización.

El conjunto de los trabajadores brasileños también se verá afectado por el endurecimiento de las normas relativas a las condiciones de acceso a la jubilación, con una edad de jubilación legal de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, una duración de la cotización de 49 años para obtener la pensión máxima y un mínimo obligatorio de 25 anualidades.

Son condiciones que los sindicatos consideran muy difíciles, en un país en el que la esperanza de vida es muy variable según las regiones (de 67 a 80 años) y donde un porcentaje importante de la población trabaja todavía de forma informal.

Para Clemente Ganz Lúcio, la expulsión de la presidenta Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer es una oportunidad inesperada para los partidarios del neoliberalismo y los que desean terminar con el poder de los sindicatos en la sociedad: “Nadie habría votado a favor de este programa de reformas si se hubiera presentado así a la población. Se están realizando modificaciones profundas en nuestra sociedad y nuestra economía que tendrán consecuencias durante varias décadas”.

This story has been translated from French.