Decenas de miles de migrantes y activistas de derechos de los migrantes, sindicatos, iglesias, universidades y comunidades de todo el país se manifestaron el 10 de abril en relación con la reforma de las leyes migratorias estadounidenses.

No obstante, el mismo día, un grupo de legisladores anunció en el Senado de EE.UU. propuestas de reforma que apenas satisfacían sus reivindicaciones, al tiempo que propusieron otras enmiendas que harían que la política migratoria de EE.UU. fuera mucho más severa para los migrantes y los trabajadores.

En San Diego, California, nueve activistas completaron seis días de huelga de hambre frente al Hotel Hilton Mission Valley para protestar por el despido de 14 trabajadoras del hotel.

En marzo, la empresa indicó a las trabajadoras que había utilizado la base de datos gubernamental E-Verify para determinar la legalidad de su situación migratoria, motivo por el cual las despedía.

“La empresa afirmó que E-Verify la obligaba a hacerlo, aun cuando muchas de las trabajadoras despedidas han estado trabajando aquí durante años”, señaló Sara García, activista y en huelga de hambre, miembro de la Casa de Vecinos Organizados, una organización de la comunidad local.

“Sin embargo, comenzaron a despedirlas cuando los trabajadores estaban organizando un sindicato.”

“Muchas empresas están haciendo lo mismo”, explicó Leticia Nava, una de las trabajadoras despedidas. “Me despidieron de la misma manera hace dos años.

Ahora mis hijos están todos asustados porque se dan cuenta de que para mí la situación es más difícil cada día.

Las repercusiones sobre nosotros no son solamente económicas, afecta a todos los aspectos de mi vida.”

Sara García y Leticia Nava acusan a la empresa de utilizar el sistema gubernamental para la aplicación de la ley migratoria en el lugar de trabajo, una base de datos denominada E-Verify, con el fin de tomar represalias contra las 14 trabajadoras por su apoyo al sindicato.

Sin embargo, también afirman que el sistema E-Verify se utiliza de forma mucho más extensa para despedir a los trabajadores, aun cuando éstos no intenten organizarse sindicalmente.

Ambas coincidieron en que la supresión de E-Verify debería formar parte de la reforma de la política migratoria.

Legalización
Las trabajadoras del Hilton y sus partidarios, así como el sindicato que las apoya, UniteHere, creen que la reforma migratoria debe incluir también un proceso de legalización que daría a los 11-12 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos un medio rápido y accesible para legalizar su situación.

Esta reivindicación estuvo presente en las manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país este 10 de abril.

Manifestaciones que reunieron desde 30.000 personas frente al edificio del Capitolio en Washington DC hasta los mil manifestantes de San Francisco.

En Silicon Valley se hizo oír la voz de conserjes y guardias de seguridad; y en Berkeley, California, la de los maestros y alumnos de la escuela primaria.

El Congreso, sin embargo, propone limitar el proceso de legalización que ha propuesto y exigir un precio por ello, incluida una mayor severidad de muchas de las medidas antimigratorias que ya forman parte de la legislación de EE.UU., tales como el sistema E-Verify.

El día después de las manifestaciones, la “Banda de los Ocho” senadores que redactó el proyecto de reforma anunció que el sistema iba a ampliarse y sería obligatorio para todos los empleadores.

El plan de legalización de los senadores requiere que las personas indocumentadas pasen una década con una situación provisional antes de poder solicitar la residencia legal permanente.

Al cabo de esta década tendrían que conservar esa situación otros tres años más antes de poder solicitar la ciudadanía y obtener los derechos políticos más elementales.

“Políticas disfuncionales”

La idea de imponer largos períodos de espera y otros obstáculos fue criticada por el Presidente de AFL-CIO Richard L. Trumka, quien advirtió: “Las familias, incluyendo hermanos e hijos, no deben pagar el precio de nuestras políticas disfuncionales.”

No obstante, se está gestando un cambio aún mayor en la política migratoria de EE.UU.

Los senadores erosionan el sistema de preferencia familiar propiamente dicho.

Anunciaron que ya no habría preferencia por los hermanos y hermanas, al tiempo que su proyecto de ley crearía un nuevo programa que concedería 138.000 visados al año para personas que posean las cualificaciones laborales exigidas por los empleadores de Estados Unidos.

Incluso los sistemas de suministro de mano de obra más directos formarán parte de las propuestas de los senadores.

Actualmente los tres principales programas oficiales de visado para trabajadores temporales (o “braceros”), H1B, H2A y H2B, permiten a los empleadores contratar fuera del país a cerca de 250.000 trabajadores cada año, y traerlos con visados que los obligan a trabajar para poder estar en el país.

Paralelamente a las deliberaciones de los senadores, la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de EE.UU. anunciaron un acuerdo sobre otro programa de este tipo, denominado visado W.

Este programa permitiría a los empleadores contratar trabajadores para satisfacer la escasez de mano de obra documentada por un nuevo organismo federal que les obliga a contratar primero a nivel local y fija los salarios de los trabajadores temporales de acuerdo con la escala salarial ya existente de un empleador, o con los salarios prevalecientes en el sector en el que se les contrata.

Los trabajadores y las trabajadoras podrían cambiar de trabajo y solicitar la residencia después de un año.

La oferta de mano de obra

Concluir un acuerdo sobre un nuevo programa para los trabajadores temporales como medio para convencer a los senadores y representantes favorables a los empleadores.

En sus esfuerzos de movilización en todo el país, la AFL-CIO y otros grupos de presión con sede en Washington DC han anunciado que su prioridad fundamental es un “camino hacia la ciudadanía”, es decir, un programa de legalización para las personas indocumentadas.

“No hay absolutamente ninguna diferencia”, señaló Trumka en un evento para dar la señal de salida a una manifestación del 10 de abril, “entre los trabajadores que nacieron en este país y los que vinieron aquí para construir una vida mejor. Todos estamos en el mismo barco, cada uno de nosotros trabaja para ganarse la vida. Nos levantamos o caemos juntos”.

Otras organizaciones, sin embargo, se han mostrado críticas en relación con los componentes del plan de los senadores que intensifican la observancia de la ley y amplían los programas de suministro de mano de obra.

El Presidente del sindicato Communications Workers of America, Larry Cohen, advirtió que “el CWA seguirá de cerca los cambios propuestos a los programas de visado como el H-1B, que buscan los empleadores, pero que han costado a los técnicos y otros trabajadores estadounidenses decenas de miles de puestos de trabajo”.

La profesora de la Universidad de Columbia y antigua sindicalista Mae Ngai señaló en el New York Times que “Desde el ‘Programa Bracero’ para la agricultura de las décadas de los años 1940 y 1950 hasta el actual visado H-2 para trabajadores temporales no cualificados, estos programas son conocidos por los abusos de los empleadores”.

La reverenda Deborah Lee, de la Coalición Interreligiosa para los Derechos de los Migrantes, en Oakland, California, ha señalado que los sindicatos y las organizaciones de derechos de los migrantes podrían dividirse con el tiempo para apoyar o no las propuestas de reforma del Congreso.

“Un gran número de familias está sufriendo ahora debido a acuerdos migratorios que exigían una observancia más estricta a cambio de la legalización. Tenemos que pensar a largo plazo, preguntarse si los acuerdos firmados hoy no podrían crear en el futuro más problemas para las familias”.