Las trabajadoras de la sanidad estadounidense que no pueden permitirse un seguro médico

Las trabajadoras de la sanidad estadounidense que no pueden permitirse un seguro médico

Cummie Davis, a homecare worker and member of NC Raise Up – an organisation backed by the Service Employees International Union – denounces the low pay and ill treatment of healthcare staff.

(NC Raise Up)

Sandra J. W. Brown lleva poco más de un año empleada como enfermera de asistencia domiciliaria en Asheville (Carolina del Norte), pero trabaja en el ámbito sanitario desde 1993. Hasta la fecha ha trabajado como asistente de enfermería certificada en residencias de la tercera edad, en hospitales, en el consultorio de un médico y en el ámbito de la salud conductual. Sin embargo, a pesar de toda la experiencia que acumula, sigue percibiendo tan solo 10 dólares estadounidenses por hora.

“Este es el primer trabajo sanitario que he tenido en el que no me han ofrecido ningún tipo de prestación”, se lamenta Brown. “Mi sueldo es igual al que ganaba hace 15 o 20 años”. Y como sucede con muchos otros trabajadores en Estados Unidos, tampoco le pagan el seguro médico. “Así que estamos ahí prestando servicios de cuidados sanitarios y a cambio no recibimos asistencia médica ni tenemos una red de protección. No tiene ningún sentido”.

Brown es solo una de los millones de asistentes sanitarios mal remunerados de Estados Unidos que analizan los debates políticos y se organizan con otras trabajadoras como ella para cambiar las condiciones en las que están empleadas: principalmente están solas en las casas de sus pacientes, administrando medicinas, así como apoyo emocional y físico, a cambio de unos salarios ínfimos. Tras el cambio de gobierno en Washington y el brote de la pandemia de la covid-19, la prestación de servicios de cuidados vuelve a acaparar la atención pública, pero todavía no está claro si las trabajadoras realmente verán mejoras en sus condiciones laborales.

Brown empezó a trabajar en la asistencia sanitaria domiciliaria después de que a su marido le diagnosticaran un cáncer terminal. A un amigo suyo le habían otorgado la autorización para recibir asistencia sanitaria a domicilio –que se paga a través de Medicaid, el sistema público de sanidad para las personas de bajos ingresos y con discapacidades– y este le preguntó si ella podía ser su cuidadora. El trabajo le permitía la suficiente flexibilidad como para cuidar de su marido, y de sus dos hijas tras fallecer su esposo. Desde entonces, ha empezado a buscar otros trabajos de cuidados para complementar sus ingresos, pero ninguno de ellos le ofrece ningún tipo de prestación.

Cummie Davis también lleva décadas trabajando en la asistencia sanitaria. Empezó en una residencia de la tercera edad y luego se pasó a la asistencia sanitaria domiciliaria cuando su madre se puso enferma. Ahora lleva más de 13 años prestando servicios de enfermería a domicilio en Chapel Hill (Carolina del Norte), pero su salario no ha aumentado.

“No te ofrecen ningún incentivo para que quieras seguir trabajando en esto. Si echo la vista atrás, la única razón por la que sigo aquí es básicamente porque todavía tengo facturas que pagar todos los meses”.

En su trabajo de asistencia domiciliaria, que lleva a cabo simultáneamente con otro empleo en una residencia asistida, pasa la noche con su paciente, aunque no le pagan por el período de tiempo entre las diez de la noche y las seis de la mañana. “Creo que deberían pagarnos por dormir allí y no en nuestra propia cama por la noche”, asegura, aunque fuera una cantidad inferior a su salario normal por hora (tan solo 11 dólares la hora).

Según nos explican Davis y Brown, existen muchas formas en que la precariedad de las trabajadoras de la asistencia sanitaria domiciliaria también afecta a los pacientes. La falta de equipos de protección individual durante la pandemia –algo que ambas sufrieron en diferentes partes del estado y con diferentes empleadores– pusieron en riesgo tanto a las trabajadoras como a los pacientes. Cuando Brown tuvo que tomarse unos días para someterse a una cirugía, le preguntó a su agencia si ya tenían a alguien que cubriera las necesidades de su paciente. ¿La respuesta? “Tenemos clientes que se quedan sin asistencia todo el tiempo en esa zona”. Los amigos de su paciente tuvieron que intervenir y Brown se vio obligada a volver a trabajar antes de que le dieran el alta médica para asegurarse de que su paciente estaba recibiendo los cuidados que necesitaba.

Ambas mujeres se sienten muy frustradas por el marcado contraste que existe entre el carácter esencial de su trabajo –algo que se ha subrayado una y otra vez durante la pandemia, en que las residencias de la tercera edad se convirtieron en epicentros del virus y la asistencia sanitaria domiciliaria se volvió incluso más necesaria– y sus ínfimos salarios y el maltrato que reciben. “Si no lo vemos en nuestro sueldo, demuéstrame que soy una trabajadora esencial”, alega Davis. “Si analizo por qué estamos tan mal pagadas, creo que se debe al racismo. Y también creo que eso es lo que hace que la gente nos infravalore a las cuidadoras”.

Casi el 90% de los trabajadores de la asistencia sanitaria domiciliaria son mujeres

Las trabajadoras como Brown y Davis se encuentran en el epicentro de un enorme debate en curso sobre políticas públicas que se está llevando a cabo en las salas del Congreso. El presidente estadounidense Joe Biden propuso en un principio una cuantiosa inversión en el ámbito de la asistencia sanitaria domiciliaria, que se hubiera traducido en un mayor acceso a estos servicios (y, por tanto, en la creación de puestos de trabajo) y en un aumento de los salarios de las cuidadoras, pero todavía están negociando los detalles entre los conservadores demócratas –ningún republicano está dispuesto a apoyar esta medida, aunque algunos respaldan únicamente de boquilla la necesidad de este tipo de asistencia sanitaria– y el presidente y los miembros más progresistas de la Cámara de Representantes y el Senado.

En el Plan de Empleo Estadounidense, Biden había asignado 400.000 millones de dólares a los servicios de asistencia sanitaria domiciliaria, pero dicha cifra se recortó tras las quejas de demócratas conservadores como Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona. Las negociaciones siguen en curso y hace poco Biden recalcó su compromiso de financiar la asistencia domiciliaria. Sin embargo, todavía no hay ningún plazo para la aprobación de un proyecto de ley de este tipo y los activistas advierten que la escasa cantidad de dinero asignado –150.000 millones de dólares– no se acerca ni de lejos a lo que sería necesario.

El dinero para la asistencia sanitaria domiciliaria se incluyó en un principio en el proyecto de ley de infraestructuras de Biden, que fue aprobado por el Senado con el apoyo de ambos partidos, aunque los republicanos alegaron que los cuidados domiciliarios no se podían considerar infraestructuras.

Sin embargo, la economista Kate Bahn del Centro para el Crecimiento Equitativo en Washington D. C. destaca que los servicios de cuidados, como la mayor parte de los empleos relacionados con el papel histórico que desempeña la mujer en el hogar, se pagan menos debido a los prejuicios. “No refleja el valor económico de estos trabajos”.

Según resalta, el personal de los servicios de asistencia domiciliaria es un sector muy amplio y de rápido crecimiento. Se duplicó en tamaño entre 2008 y 2018 y, antes de que la pandemia de la covid-19 acentuara la necesidad de trabajadoras como Brown y Davis, se calculó que era la profesión de mayor crecimiento en Estados Unidos. Alrededor del 87% de los trabajadores de la asistencia sanitaria domiciliaria son mujeres y la mayoría mujeres de color como Davis. Los migrantes constituyen el 31% de la fuerza laboral de sanitarios domiciliarios. “Es un sector que se ha visto gravemente afectado por la pandemia, por lo que respaldarlo constituye un modo muy apropiado y focalizado de abordar el hecho de que las mujeres negras y latinas hayan perdido la mayor cantidad de puestos de trabajo durante la pandemia”, afirma Kate.

Asimismo, destacó que la calidad de los puestos de trabajo y los objetivos de salud y seguridad están directamente relacionados en este tipo de empleos. “La permanencia laboral y la calidad del puesto de trabajo están directamente relacionados con la seguridad. La gente hace mejor su trabajo cuando puede llevarlo a cabo durante más tiempo y especialmente cuando se trata exactamente del mismo puesto; y es mucho más probable que sigan en el mismo trabajo si les pagan mejor y sus empleos son de mejor calidad”.

Sin embargo, según denuncia Kate, en el caso de los empleos en el ámbito de la asistencia sanitaria domiciliaria, el mercado simplemente no provee: “La gente que más la necesita es la que menos puede pagársela”. En Estados Unidos, la asistencia domiciliaria no es del todo pública ni privada, sino una mezcla entre ambas; una combinación entre la contratación privada y el reembolso a través de Medicare (para personas de la tercera edad) y Medicaid (para los que están por debajo de cierto umbral de ingresos). Ambos programas son estatales, por lo que su calidad varía considerablemente. Un estudio reciente catalogó a Carolina del Norte, donde trabajan Davis y Brown, como el peor estado de todo el país para los trabajadores. Según Kate, para resolver este problema se necesitan unas prestaciones públicas de mejor calidad que aumenten los salarios y las ventajas para los trabajadores de todo el país.

Como nos explica, dicha inversión sería “uno de los avances económicos más importantes que podríamos promover, porque aumentaría los puestos de trabajo y los salarios para una fuerza laboral muy mal remunerada que es la que más se ha visto afectada por la pandemia; y así se abriría el espacio para que otras familias se pudieran integrar en la economía del modo que quieran”.

“Hablar es fácil”

Sin embargo, Davis no se ha quedado sentada esperando a que el Congreso se decida. “Hablar es fácil. Lo que necesitamos es ver que se toman medidas al respecto”, aclara. “Resulta muy difícil salir de este umbral de la pobreza. No nos están valorando por el trabajo que hacemos”.

Tanto Davis como Brown son miembros de NC Raise Up, una organización respaldada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios como parte de su campaña Fight for $15 (lucha por los 15 dólares), que se inició con los trabajadores de los restaurantes de comida rápida en 2012 y desde entonces se ha extendido a muchos sectores con bajos salarios. Davis recuerda la primera manifestación a la que acudió: “¡Fue tan emocionante! Y muy potente ver cómo nos manifestábamos juntas. Fue lo mejor que podía haber hecho. Cuando puedes hablar con alguien que está pasando por lo mismo que tú, te hace sentir mucho mejor, pues te das cuenta de que no estás luchando sola”.

Davis ya ha tenido un empleo sindicalizado antes. Las prestaciones en aquel, comparadas con las de su actual trabajo en el ámbito de la asistencia sanitaria domiciliaria, eran mucho mejores. Pero muchos trabajadores de Carolina del Norte ni siquiera saben que la sindicalización constituye una posibilidad en su estado.

Cuando Brown oyó hablar de una campaña sindical en un hospital local, le sorprendió e impulsó a implicarse en el ámbito sindical. Desde entonces, se ha apuntado al equipo de trabajadoras sanitarias domiciliarias del oeste de Carolina del Norte de la organización Raise Up y ha participado en juntas de ayuntamientos y jornadas de acción. Además, ha ayudado a recoger firmas para una petición y una declaración de las trabajadoras sanitarias de Carolina del Norte en las que exigen unas condiciones laborales más seguras, aumentos salariales y más prestaciones, así como la aprobación de la propuesta de plan de Biden de 400.000 millones de dólares para las cuidadoras.

Davis y Brown esperan que su sindicalización, junto a la de otros trabajadores que mantuvieron el estado en funcionamiento durante la pandemia, cambie el modo en que se percibe su trabajo y el pago que reciben a cambio. “Ofrecemos servicios de cocina, industriales, de hostelería –todos ellos empleos con bajos salarios, básicamente–, así como servicios de compra en supermercados”, explica Brown. “Todos los trabajos que la gente ha estado tildando de esenciales o heroicos. Y sin embargo, aquí estamos, sin nada y sin ningún tipo de protección”.

“La sociedad evita analizar los servicios que ofrecen las cuidadoras para ayudar a la gente a sostener sus vidas cotidianas. Sienten que está bien pagarnos solo 10 dólares cuando deberían pagarnos más de 15 a la hora. Pero 15 dólares es un excelente punto de partida”, concluye Davis.

Esta es una versión actualizada de un artículo publicado originalmente por la revista HesaMag (n. 24, 2021) del Instituto Sindical Europeo (ETUI).