Las trabajadoras merecen justicia fiscal

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La contribución de las mujeres a la economía no solo no se reconoce adecuadamente sino que está tremendamente subvalorada. La discriminación que continúa sufriendo la mujer atestigua lo arraigados y extendidos que siguen estando los prejuicios de género.

La fiscalidad forma parte de la arquitectura que perpetúa esta injusticia, sin embargo, es posible controlar quién y cómo se han de pagar impuestos, y la manera en que se gasta el dinero público. Es necesario introducir una fiscalidad progresiva para contribuir a que las mujeres puedan participar plenamente y de forma igualitaria en el mercado de trabajo.

Aunque las mujeres realizan el trabajo, un sistema amañado implica que no se llevan los beneficios. La brecha salarial de género supone que las mujeres cobran un 24% menos que los hombres por un trabajo de igual valor.

Las mujeres están además sobrerepresentadas en la economía informal. Lo que supone no contar con un salario mínimo, quedar fuera de la cobertura legal y no tener acceso a la protección social. Es más, las mujeres realizan hasta 10 veces más trabajo no remunerado en cuidados que los hombres, una labor esencial para el tejido mismo de las comunidades, pero que no tiene recompensa alguna. Sin mencionar la discriminación que sufre la mujer en la contratación, así como la violencia de género que afecta a muchas mujeres en el lugar de trabajo.

Incentivar la inclusión

El resultado de todo ello es que las mujeres son más pobres que los hombres. Están asimismo penalizadas de manera desproporcionada por impuestos regresivos como un tipo único de IVA y otros impuestos al consumo. Esfuerzos orientados a revertir esta tendencia y a un reconocimiento apropiado del trabajo de las mujeres resultan esenciales. Para empezar, los Gobiernos pueden introducir prácticas fiscales innovadoras dirigidas a donde tiene lugar este trabajo.

El empleo de cheques-servicio para el trabajo doméstico es un posible ejemplo. Los trabajadores y trabajadoras del hogar están entre los más explotados y las mujeres representan el 80% de esta mano de obra a escala mundial.

Esta vulnerabilidad está ocasionada en gran parte por la prevalencia del trabajo informal en el sector. Los sindicatos han estado implicados en el diseño y la aplicación de sistemas de cheques-servicio que incentivan la formalización ofreciendo beneficios, incluyendo ventajas fiscales. Incentivos fiscales similares existen también para el cuidado infantil. Todo ello deriva en tiempo libre que de otro modo habría que destinar a responsabilidades generalmente asumidas por la mujer.

Incluso con las deducciones fiscales que incluyen estos sistemas han demostrado tener una contribución neta a las arcas del Estado. Aportan soluciones beneficiosas para ambas partes, facilitando a las mujeres el acceso al mercado de trabajo y proporcionando a estas trabajadoras acceso a la seguridad social, protección social, vacaciones remuneradas y cobertura legal.

Invertir en la economía de cuidados

La otra cara de la moneda es dónde va el dinero de nuestros impuestos. Un reciente estudio de la CSI, titulado Invertir en la economía de cuidados: Una vía para el crecimiento demuestra que invirtiendo en la economía de cuidados apenas el 2% del PIB, en tan solo siete países, podrían crearse más de 21 millones de puestos de trabajo.

Pero en realidad, los presupuestos públicos en protección social y cuidados no hacen sino reducirse, lo que tiene una doble repercusión sobre las mujeres: tienen más dificultades para encontrar un trabajo decente en sectores que emplean mayoritariamente mujeres, y suelen ser las primeras a las que se recurre para cubrir la carencia de esos servicios en el hogar, en tanto que cuidadoras no remuneradas.

Lograr progresos dependerá, evidentemente, de los recursos disponibles. Entre tanto, el agujero en los bolsillos estatales está aumentando: flujos financieros ilícitos, sumados a un sistema impositivo global que facilita la elusión fiscal y permite que los ricos no realicen la contribución que les correspondería.

La consecuencia directa es un nivel cada vez mayor de desigualdad. El movimiento sindical suma su voz al llamamiento a Gobiernos e instituciones internacionales para hacer frente con toda urgencia a estas graves deficiencias.

La CSI es socia de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, organizadora de la primera edición de la acción Días globales de acción #JusticiaFiscal por los derechos de las mujeres, celebrada entre el 8 y el 24 de marzo de 2017.