Bright Adu Larbi, guardia de seguridad de 38 años que gana 500 cedis ghaneses (45 dólares USD) al mes, no necesitaba la actual crisis económica para sentirse abrumado por el costo de la vida en Accra, la capital de Ghana. Para Larbi, las tensiones económicas derivadas del crecimiento de su familia ya lo habían llevado al límite.

En 2021, el estancamiento de los salarios y el aumento de los gastos familiares le impidieron pagar el alquiler mensual de 180 GHS (16 dólares) de su pequeño apartamento en Adabraka, un suburbio de Accra. Ante la dificultad de encontrar trabajo tras la pandemia de covid-19, Larbi tampoco podía permitirse mudarse fuera de Accra y sacrificar su trabajo como guardia de seguridad en la ciudad.

La única vivienda que resultó asequible para él y su familia de cuatro miembros era una pequeña caseta de madera, enclavada en un asentamiento informal llamado Ayigbe Town, construido alrededor de torres eléctricas de alta tensión. Estas casetas, construidas específicamente como viviendas, tienen un tamaño de entre cinco y siete metros cuadrados y cuentan al menos con una ventana para la ventilación. Dependen de conexiones rudimentarias para la electricidad, algunas de ellas ilegales, y como las instalaciones sanitarias son limitadas, los residentes utilizan baños y retretes improvisados.

“No teníamos otro remedio. No podemos permitirnos alquilar una vivienda”, explica Larbi a Equal Times. Sin embargo, por 1.000 cedis (90 USD), pudo comprar una pequeña caseta para vivir.

Hablando para este medio mientras se recupera de una operación de apendicitis, Larbi lamenta el elevado costo de la vida en Accra, lo que le obliga a vivir al día. Aun cuando su empresa paga el seguro médico que cubre su operación, no puede quitarse de la cabeza el temor a que le despidan mientras se recupera. “No sabría qué hacer con mi mujer y mis dos niñas [si perdiera el trabajo]. Sería difícil”.

Su prioridad siguen siendo sus hijas, de dos y cinco años. Están matriculadas en una guardería de bajo costo por la que paga 300 cedis (24,78 USD) al trimestre para que tanto él como su mujer puedan trabajar. Sin embargo, a final de mes no les queda nada. “No puedo comprarme ropa. No puedo comprarme zapatos... ¿cómo voy a poder ahorrar?”, comenta el guardia de seguridad. “Cuando llega la paga a final de mes, pago los gastos de la escuela y se acabó. Volvemos al punto de partida y empezamos el mes otra vez sin nada”.

Los altos precios de los alquileres en Accra también obligaron a Innocent Tsey, carpintero, a trasladar a su familia a una caseta situada a un kilómetro de donde vive Larbi. Relata que perdió sin previo aviso su vivienda anterior, un alojamiento independiente (en el terreno de una casa más grande, normalmente utilizado para el personal de servicio doméstico) en una propiedad residencial dentro de Accra. “Un día vino nuestro casero y nos dijo que había vendido la casa, así que tuvimos que mudarnos”, recuerda Tsey.

El alojamiento barato en la urbanización de la caseta resultó interesante en un principio. Para alguien que podía ganar hasta 1.000 GHS (90 USD) al mes, los 600 GHS (54 USD) que paga al año por su caseta eran asequibles. Pero pronto se dio cuenta de que este no es un lugar para criar a dos hijas.

“Es como una jungla. Aquí no hay autoridad. No hay seguridad”, cuenta Tsey. “Me arrepiento mucho de haber trasladado a mi familia aquí. Si pudiera irme de aquí hoy mismo, lo haría”.

La caseta de Tsey está situada en un terreno que pertenece al Departamento de Vivienda Rural de Ghana, y el canon anual que paga por el terreno va a parar al Estado. Esto significa que no pesa sobre él la amenaza de que el gobierno local derribe su caseta. Por su parte, la familia de Larbi es uno de los cientos de hogares de bajos ingresos de Ayigbe Town que ocupan el terreno ilegalmente, y a él ya le han demolido su caseta antes.

Estas demoliciones son la única ocasión en que Larbi siente la presencia del Estado en su vida. Nunca se ha beneficiado de ninguna ayuda social a pesar de su pobreza. “Aquí nadie viene a ayudar a nadie, pero cada cuatro años nos traen urnas para que votemos”, reniega Larbi.

En busca de reformas sostenibles en materia de vivienda

La población urbana de Ghana aumentó del 50% en 2010 al 56% en 2021, y las regiones del Gran Accra y Ashanti representaron el 47% de este crecimiento. Las investigaciones han demostrado que el aumento de la migración del campo a la ciudad, causado por la falta de trabajo decente en las zonas rurales y la demanda de salarios más altos, está ejerciendo presión sobre servicios básicos como la educación, la sanidad, el transporte y la vivienda.

Se calcula que el déficit en este ámbito ronda los 1,8 millones de viviendas, lo que se traduce en unos seis millones de personas, de una población de aproximadamente 33 millones, que necesitan una vivienda. Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta la calidad de las viviendas disponibles. En su presentación nacional de carácter voluntario de 2022 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Ghana señaló que a partir de 2020 el número de ghaneses viviendo en barrios marginales era de 8,8 millones, un aumento con respecto a los 5,5 millones de 2017.

Los sucesivos gobiernos han intentado poner en marcha planes de vivienda asequible para contrarrestar el déficit de vivienda digna que existe en el país y ayudar a aliviar las limitaciones financieras a las que se enfrentan aquellos que buscan una vivienda. Sin embargo, la credibilidad del Gobierno se ha visto afectada recientemente por la mala gestión de un prominente proyecto de vivienda asequible en Saglemi, en las afueras de la región del Gran Accra, que actualmente es objeto de un juicio por corrupción.

Divine Aggor, director general del Rent Chamber Group, que promueve soluciones innovadoras en materia de vivienda, desea que el Gobierno deje de lado los proyectos de vivienda asequible a causa de esa mala gestión y se concentre en la opción “más sencilla” de reequilibrar el régimen de alquiler, el cual contribuye a que parte de la población se vea expulsada de las ciudades del país.

En las zonas urbanas de Ghana, el 46% de los hogares ocupan viviendas de alquiler, según un informe de 2021 del Servicio Estadístico de Ghana. “Desarrollar soluciones basadas en el alquiler podría acabar inmediatamente con el 90% de los problemas que tenemos en este sector”, afirma Aggor.

“Los proyectos [estatales] de vivienda asequible son una completa pérdida de tiempo y recursos”, añade, sobre todo porque la mayoría de la población no puede permitirse comprar debido a los elevados tipos de interés de las hipotecas y al escaso número de personas que pueden acceder a ellas.

En enero, el Gobierno introdujo un Plan Nacional de Ayuda al Alquiler, en virtud del cual el Estado concederá préstamos a los ghaneses que reúnan los requisitos necesarios con el fin de que cubran los anticipos de alquiler. No obstante, esta medida no hace nada para resolver los problemas estructurales que afectan al mercado de la vivienda de Accra, sobre todo para los trabajadores con rentas bajas: una enorme escasez de oferta de vivienda y unos salarios bajos que no están a la altura del costo de la vida.

Aggor afirma que la solución más sencilla es que el Gobierno haga cumplir las leyes vigentes sobre terrenos y alquileres, lo que facilitaría a los futuros propietarios la compra de terrenos sin la amenaza de que se hagan varios pagos por el mismo terreno, o de extorsión, cuyo costo repercute en los inquilinos.

Sin embargo, afirma que hay muy pocos incentivos para ello. “En Ghana, no hacemos cumplir las leyes porque las personas que deberían [hacerlo] son cómplices de las mismas actividades que las leyes pretenden regular”, explica Aggor.

Las intervenciones en materia de alquiler no son nuevas en Ghana. En las décadas de los años 1970 y hasta principios de los años 1980 se aplicaron controles de alquiler con el fin de que la vivienda fuera asequible. Sin embargo, tuvo consecuencias no deseadas, ya que se convirtió en un desincentivo para que el sector privado ofreciera viviendas de alquiler.

Los fallos de la normativa no ayudan a mejorar la situación

En la actualidad, el Departamento Nacional de Control de Alquileres, supuestamente el regulador del régimen de alquileres, se encuentra maniatado por una grave falta de recursos a la hora de supervisar adecuadamente el mercado de alquileres de Ghana. Una de las infracciones más vigiladas es la relativa a ley que limita a seis meses la demanda de anticipos de alquiler. Sin embargo, debido a la limitada oferta de viviendas, esta norma se incumple abiertamente y suelen exigirse de dos a tres años de alquiler como anticipo. Los comités de alquiler y vivienda tampoco son capaces de evaluar y valorar correctamente las propiedades para garantizar que se cobren alquileres justos.

“Experimentamos dificultades. Debo ser franco. Tenemos problemas logísticos", declaró el jefe de prensa del Departamento de Control de Alquileres, Emmanuel Kporsu, durante un foro en línea, revelando que las 58 oficinas nacionales del departamento solo tienen acceso a cuatro vehículos para realizar evaluaciones e inspecciones.

Es difícil obtener datos exhaustivos actualizados sobre los alquileres. La última encuesta general sobre vivienda en Ghana se realizó tras el censo de 2010. Ahora bien, los datos de 2014, vistos desde el prisma de la realidad económica actual, con más de un 50% de inflación y una de las monedas con peor desempeño del mundo en 2022, muestra que el costo de la vivienda supera los ingresos familiares y está contribuyendo a que el ghanés medio tenga que abandonar Accra, al igual que otras grandes ciudades como Kumasi y Takoradi.

En su informe de 2014 sobre la vivienda en Ghana, Housing in Ghana, el Servicio de Estadística de Ghana observó una “dolarización” de la superficie de alquiler de clase media en Accra, en parte debido a los ghaneses que retornaban de la diáspora. En ese momento, los profesionales de clase media podían esperar pagar entre 80 dólares (880 GHS) y 450 dólares (4.950 GHS) al mes de alquiler, con inquilinos que a veces debían pagar anticipos de hasta dos años.

Una Encuesta sobre el Nivel de Vida en Ghana de 2019 indicó que los ingresos medios anuales de los hogares en Accra se situaban en 63.027 GHS (5.729 USD), con una media nacional de 33.937 GHS (3.084 USD).

Las zonas periurbanas han experimentado un desarrollo inmobiliario cada vez más importante debido al costo de la vivienda en las grandes ciudades. Según el consorcio African Cities Research, el patrón de crecimiento físico urbano refleja el rápido desplazamiento de las ciudades costeras, como Accra, hacia las zonas periurbanas del interior debido al precio más barato del suelo y, por ende, del alquiler. Solo en la última década, se calcula que el 89% del nuevo desarrollo físico urbano de la región del Gran Accra se ha producido fuera del área metropolitana de Accra.

El Dr. Kwabena Nyarko Otoo, economista jefe de la central sindical de Ghana, GTUC, es uno de los muchos trabajadores ghaneses que dedican hasta cuatro horas diarias al trayecto de ida y vuelta al trabajo porque optaron por viviendas más asequibles fuera de la ciudad. Vive en las afueras de Tema, ciudad hermana de Accra. “Vivir en la misma ciudad de Tema resulta realmente caro”, señala a Equal Times.

Las luchas por el costo de la vida en Ghana han sido motivo de preocupación para la central sindical. Aparte de su labor de promoción y defensa, la GTUC ha intentado poner en marcha intervenciones para sus miembros, tales como subsidios de alquiler para ayudar a los afiliados que experimentan dificultades en este sentido. La central sindical también está trabajando en la creación de lo que denomina un Banco Laboral para atender a sus afiliados ofreciéndoles préstamos e hipotecas.

No obstante, Otoo reconoce que estas intervenciones solo pueden llegar hasta cierto punto para resolver un problema de vivienda que “abruma a todo el mundo”. Existen “graves problemas de gobernanza” que limitan la eficacia del Estado en este sentido, señala. Aun así, el Estado no puede eludir la responsabilidad última de facilitar a todos los ghaneses el acceso a una vivienda digna.

“Haremos la parte que nos corresponde. Pero es posible que lo que hagamos no resuelva totalmente el problema”, reconoce Otoo. “El problema de la vivienda es tan enorme que necesitamos una intervención gubernamental de gran envergadura, y nosotros seguiremos ejerciendo presión para conseguirla”.