Los ayuntamientos contra la Casa Blanca. La creciente batalla jurídica por las deportaciones en Estados Unidos

Los ayuntamientos contra la Casa Blanca. La creciente batalla jurídica por las deportaciones en Estados Unidos

Supporters rally outside a Detroit federal courthouse on 21 June 2017 where a hearing began on a lawsuit that seeks to stop the government from deporting more than 100 Iraqi nationals.

(AP/Carlos Osorio)

El aspirante a empresario Kamal Abdiqadir, de nacionalidad somalí, huyó de los militantes de Al Shabab en su país. En Estados Unidos esperaba encontrar asilo y oportunidades, pero en cambio se encontró con los grilletes y el holgado uniforme de un centro de internamiento que en realidad es una prisión, sin saber cómo convencer de su inocencia a un juez estadounidense del tribunal de inmigración.

“No tenía abogado y no tenía ni idea”, explicó Abdiqadir a Equal Times después de que un juez le denegara la solicitud de asilo en diciembre de 2014. Más tarde, este joven de 24 años encontró un abogado para representarle y buscar un modo de reabrir su caso, aunque todavía podían deportarle en cualquier momento.

Según un reciente estudio a nivel nacional de más de un millón de causas judiciales de inmigración iniciadas entre 2007 y 2012, tan solo el 14% de los detenidos como Abdiqadir contaba con un abogado. Según otro estudio del American Immigration Council (Consejo de Inmigración de Estados Unidos), casi la mitad de los que contaban con representación judicial obtuvieron el asilo y otras ayudas, una cantidad claramente superior al 25% que lo obtuvieron sin abogados.

Por todo Estados Unidos, los activistas y políticos temen que con Donald Trump como presidente crezcan las demandas no atendidas, debido a sus enérgicas medidas contra la inmigración. Por tanto, están respondiendo dedicando dinero a la causa.

Un mes después de las elecciones republicanas de noviembre y a pesar de sus amenazas de aplicar medidas represivas contra las llamadas ‘ciudades santuario’, el ayuntamiento de Chicago votó a favor de aportar 1,3 millones USD para ayudar a las ONG a ampliar los esfuerzos con el objetivo de prestar asistencia jurídica a los inmigrantes.

Cuando Trump se preparaba para jurar el cargo de presidente en Washington, la alcaldesa de dicha ciudad, Muriel Bowser, anunció que su gobierno municipal asignaría 500.000 USD a organizaciones comunitarias y de otro tipo que ayudan a los inmigrantes en los tribunales. Asimismo, la ciudad de San Francisco aprobó un presupuesto esbozado en mayo para dos años que asciende a 10 millones USD e incluye más apoyo jurídico a los servicios para inmigrantes.

El presupuesto estatal de Nueva York para el año que viene, que se aprobó recientemente, incluye una subvención de 4 millones USD para ampliar un innovador proyecto que lleva tres años en marcha y proporciona abogados de oficio a los inmigrantes que se enfrentan a procesos de deportación.

En diciembre, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la creación de un fondo que se financiará con 5 millones USD del gobierno y otros 5 de organizaciones privadas y que ayudará a que los inmigrantes que se enfrentan a procesos de deportación tengan representación jurídica. Dicha medida se ha aprobado dos años después de que Abdiqadir tuviera que enfrentarse solo a un juez de inmigración en un tribunal de Los Ángeles.

La huída de Somalia

Podría decirse que el periplo de Abdiqadir empezó en los años posteriores al colapso del régimen militar en Somalia en 1991. Abdiqadir tenía seis años en 1998, cuando él, sus padres y sus tres hermanos huyeron a Etiopía. Sus padres fallecieron poco después de salir del país debido a una enfermedad. Los niños fueron criados por una abuela, un tío y una tía.

Abdiqadir recuerda que los somalíes trajeron consigo a Etiopía las violentas rivalidades de su tierra natal. Siendo un adolescente salió de Etiopía y obtuvo una licenciatura en administración de empresas en Uganda. Allí se le aproximaron miembros del grupo extremista somalí Al Shabab, vinculado a Al Qaeda e implicado en ataques terroristas en todo el este de África. Abdiqadir rechazó los intentos de Al Shabab de reclutarle y empezó a temer que siguieran intentándolo o que le asesinaran.

“Ahí es cuando decidí irme de África”, explica. Su objetivo era Estados Unidos, al que todavía considera como “el único país donde todo es posible”. Viajó a Cuba porque fue el único lugar que le concedió un visado. Al llegar al Caribe en 2014 recurrió a los traficantes de seres humanos para que le llevaran a México. Cruzó a Estados Unidos el 14 de octubre de 2014 y solicitó asilo en la misma frontera.

“Les dije que estaba aquí en busca de libertad”, asegura.

A Abdiqadir le llevaron directamente a un centro de internamiento. Para diciembre de 2014 ya había comparecido en dos audiencias ante el tribunal y le habían denegado el asilo. Además, perdió el recurso de apelación. Desde entonces le han liberado en base a la llamada orden de supervisión y le han otorgado un permiso de trabajo, aunque tiene que presentarse a intervalos regulares ante las autoridades de inmigración.

En todo este tiempo ha seguido luchando para cumplir su sueño. Abdiqadir trabajó en el departamento de recursos humanos de una empresa minorista nacional antes de iniciar su propio negocio de clases particulares a jóvenes somalíes-estadounidenses en Minnesota, donde se ha instalado en la gran comunidad somalí del área metropolitana de Minneapolis-St. Paul.

Robin Chandler Carr, una abogada de inmigración que, a petición de Abdiqadir, empezó a revisar su caso este año, explica a Equal Times que el joven somalí tenía argumentos de peso para obtener el asilo en base a su temor a la organización Al Shabab. Probablemente Abdiqadir no entendió que los abogados del gobierno pretendían restarle credibilidad al mostrar al juez que poseía documentos de identidad de Uganda y Etiopía, así como de Somalia.

Según asegura Chandler Carr, un abogado experimentado podría haber rebatido con fallos de otros casos para demostrar que la elegibilidad del solicitante de asilo no debe verse afectada si dicha persona utilizó documentos falsos para huir de la persecución.

Asimismo, nos explicó que, además de enfrentarse a la complicada situación de tener que presentar su caso sin un abogado, a Abdiqadir le tocó un juez famoso por su dureza. Y como todos saben, la Junta de Apelaciones de Inmigración suele denegar el asilo.

Chandler Carr ha representado a numerosos somalíes desde que empezó a ejercer de abogada en el ámbito de la inmigración en el año 2000. A diferencia de Abdiqadir que quiere seguir intentando permanecer en Estados Unidos, varios clientes suyos con casos pendientes acaban mudándose a Canadá, donde los solicitantes de asilo pueden obtener ayuda del mismo Programa de Asistencia Jurídicasubvencionado por el gobierno al que recurren los acusados de delitos penales sin recursos.

“Sin duda entiendo por qué se fueron [de Estados Unidos]”, afirma. “Nunca he visto nada como lo que está sucediendo ahora”.

El impacto de Trump

En mayo, el departamento federal de Inmigración y Aduanas explicó a los periodistas que, como sus agentes se habían aplicado más enérgicamente, desde poco antes de que Trump jurara su cargo como presidente a finales de enero hasta abril las detenciones superaron en un tercio a las del mismo periodo del año pasado: 41.300 comparadas con 30.000.

En el periodo de Barack Obama, el predecesor de Trump, la administración se centró en los inmigrantes condenados por delitos graves. En el periodo actual, la mayoría de los detenidos también habían cometido algún delito. Sin embargo, 10.800 (más del 25%) no habían sido condenados por delito alguno, comparados con los 4.200 (el 14%) del año anterior.

En enero, Trump impuso la prohibición de entrar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes, alegando que era necesaria una pausa con el objetivo de asegurarse de que las normas de inmigración fueran suficientes para que los terroristas no ingresaran al país.

La orden fue enmendada y se restringió a seis países, entre los que se incluyó a Somalia en marzo después de enfrentarse a cuestionamientos jurídicos. Tanto la prohibición original como la orden de marzo suspendieron el programa estadounidense de reasentamiento de refugiados y redujeron el número de refugiados que acogería el país.

Después de que los tribunales de instancias inferiores dieran la razón a los grupos que habían impugnado la prohibición por ser inconstitucional al estar motivada por cuestiones religiosas, el 26 de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó revisar el caso.

Se espera que se celebren las vistas en octubre, poco después de que empiece la próxima sesión del tribunal. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha permitido a la administración de Trump seguir adelante con la prohibición de entrada a cualquier inmigrante de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen si no tiene un “vínculo de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos”.

Avideh Moussavian, abogada principal de políticas de la organización activista National Immigration Law Center, destacó que la administración de Trump ha anunciado que quiere contratar a varios cientos más de agentes de inmigración.

“Muchas más personas van a tener que pasar por nuestro sistema de inmigración sin ningún tipo de apoyo”, explica Moussavian a Equal Times.

“Lo que olvidan los que promueven la línea dura… es que aplicar la ley no solo es penalizar a las personas. También consiste en asegurarse de que se cumple la ley y en poder asegurar que no estamos privando a alguien de la oportunidad de hacer valer sus derechos”.

Los Ángeles y otras jurisdicciones que han tomado medidas para ampliar la defensa pública de los inmigrantes están gobernadas por demócratas. Pero el American Immigration Council, que es apolítico y por tanto imparcial, señala beneficios derivados de la defensa de los inmigrantes que podrían resultar atractivos para los republicanos, siempre con una tendencia conservadora en el ámbito de lo fiscal.

Según los investigadores, el gobierno federal destinó dos mil millones USD para detener a inmigrantes en el año fiscal de 2016, pero “un sistema de defensa pública para los inmigrantes subvencionado por el gobierno podría amortizarse, ayudando a reducir los gastos derivados de los juicios y las detenciones”.

Los investigadores del consejo descubrieron que los inmigrantes detenidos que cuentan con un abogado tienen más probabilidades de ser liberados hasta que se resuelva su caso y siempre se personan en las audiencias posteriores.

The Executive Office for Immigration Review (EOIR; Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que supervisa la función de todos los tribunales de inmigración estadounidenses, “ha reconocido desde hace tiempo que la defensa pública de los inmigrantes aumenta la eficiencia en los procesos de los tribunales de inmigración”, explica a Equal Times su portavoz Kathryn Mattingly.

Los jueces de la EOIR informan a los inmigrantes de que tienen derecho a solicitar asesoramiento jurídico y se encargan de entregarles listas de abogados que están dispuestos a trabajar gratuitamente o a muy bajo costo. Asimismo, la EOIR tiene contratos con abogados externos que en algunos ámbitos ofrecen a los inmigrantes información sobre sus derechos y sobre el proceso al que se enfrentan.

Moussavian, de la organización National Immigration Law Center, asegura que, al igual que Abdiqadir, mucha gente cree que solo tiene que contarle su historia a un juez.

“Eso demuestra que mucha gente de todo el mundo tiene su fe puesta en Estados Unidos como un símbolo de esperanza”, concluye. “Sin embargo, la dolorosa realidad es que dicha esperanza está ahora en entredicho”.