En los últimos meses he constatado un tema recurrente en las redes sociales, donde se pregunta a la gente que indique un beneficio del Brexit.

Tras una cuidadosa consideración, he conseguido pensar en unos cuantos. En el futuro tendremos acceso a artículos de duty free en el aeropuerto de Dublín para los vuelos a Londres. Y cuando el Gobierno del Reino Unido inevitablemente traicione al DUP y establezca la frontera entre el Reino Unido e Irlanda en medio del mar de Irlanda, el precio desesperado a pagar para obtener un acuerdo comercial con la Unión Europea, supondrá un paso significativo hacia la reunificación de Irlanda. No obstante, teniendo en cuenta que la vía hacia dicha reconciliación entre irlandeses fue ya abierta con el Acuerdo del Viernes Santo, podríamos decir que este beneficio, propiamente hablando, no se debería al Brexit.

Pero aparte de estos ejemplos, la búsqueda de beneficios del Brexit ha resultado totalmente vana. Sus partidarios hace ya tiempo que se muestran imprecisos cuando se les exhorta a indicar cuáles son concretamente las leyes europeas a las que se oponían. Y hasta el más bobo se habrá dado cuenta finalmente de que las historias sobre la curva de las bananas no eran sino mitos descabellados y que las promesas de £350 millones semanales para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido eran cínicas mentiras.

Por supuesto que el Brexit aportará enormes beneficios a algunos, aunque no a la gran mayoría de aquellos que fueron engañados para votar a favor, ni siquiera a los racistas y xenófobos para quienes las preocupaciones económicas no eran tan importantes como el odio.

No, los que se beneficiarán siguen una línea ideológica totalmente distinta. Pertenecen a una élite política y social que hizo campaña contra la UE para concentrar el poder más firmemente en sus manos, independientemente del coste social y económico que tuviera para la mayoría.

En cuanto a todo su discurso sobre la soberanía del Parlamento, los primeros frutos de su trabajo los obtendrían si los proyectos de ley de derogación (Repeal Bills) actualmente en el Parlamento fuesen incorporados sin enmiendas en la legislación nacional, concediendo a los ministros los plenos poderes estilo Enrique VIII que establecen dichos proyectos. Tales poderes permitirían a los ministros, en años venideros, aprobar leyes sin la intervención parlamentaria.

Estos poderes podrían entonces utilizarse para permitir a la élite política recompensar a algunos de sus partidarios más cínicos: aquellos que cargaron contra las regulaciones de la UE que protegían los derechos de los trabajadores, las normas medioambientales o la salud alimentaria. Obtendrán la hoguera regulatoria a la que aspiran desde hace tiempo y que los principales promotores del Brexit han venido prometiendo.

Cuando las proporciones y los horrores concretos de la catástrofe que representará el Brexit resultan más patentes cada día, parece totalmente irracional que el Gobierno del Reino Unido y gran parte de la oposición continúen empeñados en poner en marcha el desastre. Pero para algunos que ocupan los cargos más altos del Gobierno parece ser un precio que vale la pena pagar a cambio de contar con el poder supremo tras la devastación.

El hecho de que el Partido Laborista, en la oposición, incluso con sus más recientes declaraciones, esté facilitando de manera tan pusilánime este escoramiento hacia el desastre, resulta aún más extraño. Es tal el daño que pueden provocar las ilusiones de que un místico “Brexit del pueblo” pudiera brindar “el socialismo a un país”.

Pero para entonces todos aquellos, de izquierdas como de derechas, que están facilitando este desaguisado, naturalmente habrán llegado al final de sus carreras justo cuando haya que hacer frente a la cruda realidad. Ellos estarán disfrutando de una confortable jubilación mientras que la próxima generación tendrá que luchar para reparar los daños.