Los crímenes de lesa humanidad no prescriben: el presidente de Chile y otros cargos podrían verse en la Corte Penal Internacional

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben: el presidente de Chile y otros cargos podrían verse en la Corte Penal Internacional

In this picture taken on 3 January 2020 in the Chilean capital city of Santiago de Chile, a protester carries an effigy of the Chilean president Sebastián Piñera in prison garb with bloody hands, while another protester chants “Chile woke up!”

(AFP/Claudio Reyes)

A 3 de diciembre de 2019, en el marco de las movilizaciones masivas por un Chile más justo, la cifra de ciudadanos que reportó daños graves en los globos oculares ascendía a 345. Los disparos al rostro con perdigones, que se hicieron de forma premeditada y repetida, procedían de agentes de Carabineros (la policía nacional de Chile). Esa cifra, ofrecida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no dejó de aumentar en el tiempo dado el entrenamiento “militar” y la instrucción que ha recibido la policía chilena, una entidad que debe ser “reformada profundamente”, según piden diversas instituciones de derechos humanos.

Los reportes de organizaciones nacionales e internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) son decidores y demoledores respecto a las violaciones a los derechos humanos en Chile. El uso de la fuerza contra la población civil por parte de Carabineros de Chile y fuerzas militares —en medio de un “estado de emergencia” que se decretó a partir del estallido social—, con conocimiento de las máximas autoridades del país en el año 2019, fue desproporcionada y está impune.

Según los datos de organizaciones de derechos humanos, son miles las personas afectadas por una violencia generalizada. Más de 15.000 detenidos y 11.000 heridos en las primeras tres semanas tras el estallido; testimonios de violaciones, secuestros y torturas, además de víctimas mortales.

A pesar de las cifras y de la gravedad de los hechos denunciados, el cierre de miles de causas hace que no se vislumbre un proceso de justicia en el país para los responsables de los crímenes, ni de reparación para los afectados.

Se habla en círculos del presidente, a los que hemos tenido acceso, que a Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique uno de los temas que más preocupa es ser juzgado ante un tribunal internacional por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo su mandato.

Delito que no prescribe: de lesa humanidad

“Piñera es una persona que ha estado involucrado en muchos procesos judiciales, relacionados más bien con ilícitos del ámbito económico. Sin embargo, estamos ahora frente a una imputación que es muy distinta y que él no podrá desarticular de la manera como habitualmente lo hace el poder económico en un país como Chile (que es a partir del telefonazo, la red de influencias que se pueda tener —por parte del propio imputado o de las personas que lo defienden, o del grupo empresarial o de carácter político en el cual él tenga algún liderazgo—)”, señala el abogado querellante Mauricio Daza, quien junto al senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, y otros actores (todos ellos unidos por “el nunca más”), han iniciado el camino para llevar a Piñera a juicio.

Durante el “estallido social”, y según analiza Daza: “las fuerzas policiales realizaron una represión que claramente configuraba no solamente delitos aislados en contra de la población civil, sino que concretaba un crimen de lesa humanidad —a nuestro juicio—, ya que estamos frente a un ataque generalizado, sistemático, cometido precisamente por las fuerzas policiales en contra de una población civil, y esto además en un contexto donde la autoridad política a sabiendas de estas circunstancias no ejecutó ninguna acción eficaz para detener esta represión. Estamos frente a una situación mucho más grave que los atentados individuales, [pues] había un verdadero patrón de conducta detrás de lo que estaba siendo la acción policial”, explica el abogado.

El proceder de Carabineros, apuntando y disparando al rostro de las personas, no solo ocurrió en Santiago de Chile, sino que se repitió en otras capitales regionales como Valparaíso donde las fuerzas policiales actuaron de manera similar y con excesiva violencia contra la población.

A las denuncias de tortura y violaciones se añade la muerte de personas en situaciones que no han sido esclarecidas.

“Por lo que yo he visto hasta ahora, pareciera haber mucha posibilidad de aproximarse a la realidad de una acción sistemática preestablecida por parte de algún estamento del Estado. Entonces, esto podría llegar a considerarse catalogable como crimen de lesa humanidad”, señaló el juez Baltasar Garzón a una consulta de este periodista.

Ciudadanos enfrentados al terror

El 19 de octubre, cuando en Iquique (la capital norteña) aún no se decretaba toque de queda, el manifestante Juan Francisco Alarcón fue torturado por civiles y efectivos del ejército de la VI división de Iquique, a un costado de la conocida como ‘casa Pinochet’.

El joven, entrevistado para Equal Times, relata que fue “tacleado [bloqueado], reducido e introducido al interior del recinto militar mediante una vía de acceso del Hotel Granaderos”.

“Durante la detención, me aplicaron distintos tipos de torturas. Asfixias, golpes con armamento de guerra, ensayos de fusilamiento, ‘ruleta rusa’, corriente en mis piernas, golpes en genitales, desnudamiento, mi cuerpo fue fotografiado desnudo y golpeado, además querían tener registros de mis tatuajes, me amenazaron constantemente de matarme a mí y mi familia, diciéndome en todo momento que eso me pasaba por ‘andar metido en weas’ [tonterías]”. Humillación y golpes hasta que perdió la consciencia, recuerda.

Al 19 de noviembre el Ministerio Público reportaba 26 investigaciones por “personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales”. Alarcón sobrevivió. Durante la investigación —de su caso, en curso—, se identificó a las siguientes personas dentro del personal militar de turno ese 19 de Octubre en el recinto: los cabos segundos Samuel Valenzuela Garrido y Carlos Ernesto Barraza Tapia; además de Jorge Luis Bascuñan Molina y José Manuel Díaz Grandón, quienes podrían resultar responsables de los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos según el desenlace de la investigación.

“Es común por estos días ver que en la justicia chilena existen dos versiones [o velocidades]: una para criminalizar la pobreza y a quienes luchamos por un país más justo y equitativo, siendo [en este caso] sumamente expedita —pese a la ausencia de pruebas contundentes, muchas veces realizando montajes— para entregar una sensación de ‘orden y control’ a la población, una falsa y nefasta sensación forzada de gobernabilidad; y otro tipo de justicia, muy lenta, ineficiente, inoperante, clasista, cuando se trata de juzgar a agentes del Estado violadores de derechos humanos”, señala Alarcón, reflexivo.

“Al igual que en la dictadura de Pinochet, dependemos del apoyo y gran trayectoria del juez Garzón y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos para poder denunciar internacionalmente la violencia política de Estado y el daño sistemático ejercido a la población chilena”, concluye el joven.

Levantamiento popular

El despertar de la ciudadanía chilena tomó forma de levantamiento popular contra el sistema en curso, contra el régimen establecido y de herencia dictatorial, pues a juicio de los chilenos éste mantenía las desigualdades y vulneraba sus derechos en diferentes aspectos de la vida diaria, desde vivienda a salud y educación (en un país en el que más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 500 dólares —412 euros— mensuales).

Las protestas en Chile fueron por dignidad y tuvieron un alto componente de civilidad política. En ellas, el pueblo dejó de manifiesto mediante el arte, medios de comunicación, carteles y proclamas, que estaban en las calles para un cambio profundo.

Mientras Piñera declaraba “estamos en guerra”, el pueblo hacía sonar sus cacerolas en señal de descontento en cada atardecer.

En respuesta a Equal Times, el vocero de la Agrupación de Familiares y Amigos de personas asesinadas en el marco del estallido, Juan Rocco, señala que “el levantamiento popular que ocurrió en Chile vino a desnudar las instituciones y a agudizar contradicciones en el seno de estas; particularmente en el poder judicial, en el que se han visto los grados de impunidad en crímenes de agentes del Estado, torturas, violaciones, etc. Existe efectivamente, un blindaje institucional a los criminales, incluso en aquellos casos más emblemáticos durante la revuelta, como el de Gustavo Gatica, Jorge Mora, o Fabiola Campillai”.

Juicio y castigo, para que “nunca más”…

“Sin duda, Sebastián Piñera es un criminal, y no se esfuerza por demostrar lo contrario. A la mañana siguiente del asesinato de Jorge Mora, Piñera salía en televisión felicitando la labor de Carabineros en plena revuelta. Existen responsabilidades políticas, orientaciones emanadas desde el poder ejecutivo y deben pagar por eso. Piñera, [Andrés] Chadwick, [Gonzalo] Blumel debiesen ser enjuiciados”, señaló Juan Rocco.

La acción judicial que se lleva adelante en Chile con el abogado Mauricio Daza va dirigida no solo contra Sebastián Piñera, sino contra sus ahora exministros Blumel y Chadwick, y contra del exdirector de Carabineros, el general Mario Rozas, entre otros.

Daza aclara para Equal Times el asidero del proceso: “El Estatuto de Roma define una responsabilidad directa respecto de lo que es el mando civil, estableciendo entonces que son autores de este tipo de delitos, precisamente lo que es la autoridad civil, los jefes militares, o quienes actúen efectivamente como tales, y esto a partir de que hayan tenido conocimiento de que se estaban cometiendo estos atentados y no hubiesen realizado nada eficaz para poder impedirlo, eso es lo que genera la responsabilidad criminal”.

“Los mecanismos de protección a los asesinos provienen desde la Institucionalidad y es evidente que éstas, con la connotación que tienen hoy por hoy, sirven de aval para la ejecución impune de la violación de derechos humanos en nuestro país”, agrega Rocco.

La cifra de daños oculares por perdigones, pues los procedimientos inescrupulosos de los Carabineros se mantuvieron en el tiempo, llegó a febrero de 2020 a 445 casos. Y si bien la tasa de incidentes se ha reducido en el tiempo producto de la pandemia de covid-19 y la “desmovilización” de la ciudadanía mediante un estado de excepción, las violaciones a los derechos humanos no se han detenido.

La decisión de llevar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales a la Corte Penal Internacional, comenzó a gestarse en enero de 2020, durante la visita de Baltasar Garzón a Chile como invitado del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos.

Para justificar la intervención del Tribunal de La Haya, uno de los principales argumentos es el cierre de unas 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones sucedidas desde octubre de 2019.

Asimismo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto al juez Baltasar Garzón, han decidido iniciar el camino de trámite ante la CPI para evitar la impunidad, argumentando que: “Cabe tener presente que los hechos ilícitos mencionados, previstos y sancionados por el artículo 7º del Estatuto de Roma, ratificado por el Estado Chileno el 29 de junio del año 2009, son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

El recurso fue finalmente enviado a La Haya (Países Bajos) el pasado 29 de abril por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED). Se prevé que el proceso se alargue en el tiempo, ya que la CPI deberá primero declarar la admisibilidad del recurso.

La iniciativa, que busca justicia y un “nunca más”, también podría ser un precedente para la violencia policial que se reporta desde inicios de mayo en Colombia (bajo el mandato de Iván Duque Márquez) contra cientos de ciudadanos, siguiendo un patrón similar al de Chile en cuanto a desproporción y violación de derechos humanos.

This article has been translated from Spanish.