En un estudio encargado por la Internacional de la Educación, el investigador Curtis Riep demuestra cómo se está vendiendo el derecho a la educación, dejando las esperanzas de los adolescentes filipinos a merced del mercado.

En las naciones más pobres del mundo la educación llamada ‘de bajo coste’ cada vez es más cara para los que carecen de recursos para pagarla. Las autoridades filipinas afirman que las arcas del Estado no disponen de los fondos necesarios para financiar un sistema de educación secundaria gratuita y de calidad. Según el estudio, dicho argumento no tiene ninguna validez.

En Filipinas, el 40% de las escuelas de secundaria (es decir, 5.130 institutos) son privadas. Dichas escuelas cobran unas tasas de matrícula que se anuncian a bombo y platillo como ‘de bajo coste’. Sin embargo, dichas tasas están fuera del alcance de la mayoría de los estudiantes que viven en hogares de bajos ingresos. Como las tasas anuales suelen superar los 500 USD, estas escuelas son inaccesibles para la mayoría de las familias en situación de pobreza y para sus hijos, muchas de las cuales se ven obligadas a vivir con tan solo un dólar al día.

En su estudio, Riep deja claro que la decisión del gobierno de entregar la educación secundaria al mejor postor es una medida estratégica y no una a la que se vea obligado por dificultades financieras. La medida que fomenta las escuelas “de bajo coste” con ánimo de lucro parece un plan económico diseñado para crear consumidores y no ciudadanos y garantizar una futura fuerza laboral lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades que tiene el mercado de mano de obra barata.

Desde 2009, la asignación de fondos gubernamentales a las cadenas de escuelas privadas ha aumentado hasta alcanzar una cantidad superior a los 31 mil millones de pesos filipinos (casi 700 millones USD), los cuales, según Riep, podrían haberse utilizado para crear 60.000 aulas más y atender a aproximadamente tres millones de estudiantes.

Entre los beneficiarios de los fondos del gobierno que aparecen en la investigación se encuentran Pearson Plc y el Grupo Ayala, los cuales apoyan los Centros Educativos Privados y Asequibles, más conocidos como APEC.

Ayala, que gestiona innumerables empresas en Filipinas y en todo el mundo, ya diseña los planes de estudios de las escuelas “de bajo coste” con ánimo de lucro para producir trabajadores con las capacidades adaptadas a sus necesidades laborales.

Mediante sus planes de estudios, diseñados con la llamada “ingeniería inversa”, los APEC pretenden crear una generación programada “con capacidades, valores y conocimientos específicos que puedan emplearse en el mercado laboral mundial”. Los librepensadores no tienen cabida en el mundo de los APEC.

Incremento del gasto

Para finales de 2016 y durante los siguientes tres años, los APEC tienen como objetivo ofrecer sus servicios a 4.000 estudiantes (o clientes, como los llaman) en al menos 50 escuelas. Para finales de este año, tan solo en Manila el número de escuelas de bajo coste con ánimo de lucro se habrá duplicado hasta alcanzar los 24 centros.

El gobierno filipino anunció recientemente que al menos 5.800 escuelas del país empezarán a ofrecer clases para los cursos 11 y 12 (educación secundaria superior o preparatoria). Se trata de un importante avance para el país y sus jóvenes. Sin embargo, para que estos dos años de formación aporten los beneficios adecuados, el gobierno filipino debe asignar más recursos financieros al sistema educativo.

A nivel mundial se recomienda que los gobiernos inviertan en educación el 6% del PIB y el 20% del presupuesto nacional. Filipinas sigue lejos de cumplir dicho objetivo, pues invierte menos del 3%.

El gobierno alega que no dispone de la capacidad financiera para costear la educación secundaria. Entonces, ¿cómo pretende pagar otros dos años de educación obligatoria? El estudio de Riep revela exactamente cómo se puede lograr: involucrando al sector privado.

Asimismo, aunque el presidente filipino Benigno S. Aquino III asegura que se necesitan otros dos años de escolarización para preparar a más jóvenes para puestos de trabajo de rango superior, solo hay que mirar cuántos empleadores se conectan a la red de las empresas del Grupo Ayala.

Existe un consenso internacional: la educación con ánimo de lucro no es la vía. “Que todas las niñas y niños tengan una educación primaria y secundaria completa, gratuita y de calidad” es uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en septiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, en lugar de ofrecerles una educación gratuita de calidad, a los jóvenes filipinos les hacen pagar la versión barata de la misma.

La educación privada de bajo coste tiene unas consecuencias que Filipinas, sus jóvenes y su futuro no se pueden permitir. Ya es hora de que el gobierno filipino recupere el sentido común.