Los flujos financieros ilícitos socavan el desarrollo en África, un desafío al que Naciones Unidas puede poner fin

Los flujos financieros ilícitos socavan el desarrollo en África, un desafío al que Naciones Unidas puede poner fin

Como señala Jolie de Poukn, militante de ATTAC: “eliminar los flujos financieros ilícitos no es, como muchos piensan, algo imposible. En primer lugar, todos tenemos que tomar conciencia de que constituyen una verdadera violación de los derechos humanos”. Foto tomada cerca del aeropuerto de Jartum (Sudán) en marzo de 2020.

(Mohammed Abdelmoneim Hashim Mohammed)

Según el informe publicado en 2020 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), titulado Luchar contra los flujos financieros ilícitos por el desarrollo sostenible en África, 88.600 millones de dólares (72.144 millones de euros) salen cada año de África en forma de fuga ilícita de capitales. África es el continente más afectado. Esto lo convierte en un acreedor neto frente al resto del mundo, contrariamente a la creencia generalizada de que se trata de un continente asistido por los países del norte.

Los flujos financieros ilícitos (o FFI) son un fenómeno grave (anclado en parte en las prácticas históricas de la economía de explotación colonialista) que priva a los países africanos de recursos esenciales que necesitan para financiar sus servicios públicos (que a menudo son deficientes por la falta de inversión). En concreto, los FFI pueden ser tanto “una transferencia efectuada por un particular a sus cuentas privadas en el extranjero sin pagar impuestos”, como “sistemas muy complicados que se basan en la utilización de redes criminales que establecen estructuras de varias capas en diferentes jurisdicciones para ocultar la identidad del verdadero propietario”.

Los FFI están estrechamente relacionados con la corrupción, que puede estar coordinada por los propios dirigentes. Un ejemplo señalado por Ben Dickinson, experto de la OCDE, en un artículo de la Revue d’économie du développement de 2014, es el del dictador Sani Abacha (que gobernó Nigeria de 1993 a 1998). El autócrata robó el dinero de su país a través de “transferencias por medio de bancos cómplices o el transporte transfronterizo de efectivo en billetes de alta denominación”, explica. “Los FFI también pueden ser el resultado de transferencias bancarias en cuentas extraterritoriales, evasión fiscal y corrupción por parte de las empresas multinacionales”, añade Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la Global Alliance for Tax Justice (una ONG dedicada a promover la justicia fiscal), consultado por Equal Times.

Es necesario un compromiso de todos los actores a nivel mundial

La comunidad internacional, consciente del problema, ha puesto en marcha varias iniciativas, como el “Foro mundial por la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales” de la OCDE, creado en 2000, y en particular su Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Sin embargo, este texto, adoptado en 1988 y enmendado en 2010, sigue sin dar resultados concretos.

Las Naciones Unidas son la institución idónea para actuar. Según Dereje Alemayehu, “hay que hacer frente a este fenómeno a nivel mundial por lo que solo la comunidad internacional puede actuar. Las Naciones Unidas son la única organización donde los países gozan de derechos que son universales e iguales para todos. Ahora bien, aunque existen tratados de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, el patrimonio o el medio ambiente, no hay tratados sobre los flujos financieros ilícitos; no existe una convención internacional sobre la imposición sobre las ganancias”.

Solo existe un instrumento de las Naciones Unidas que aborda la cuestión de los FFI: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003 y ratificada por 187 países.

En 2014, las Naciones Unidas, que crearon un grupo de alto nivel, publicaron un informe sobre los FFI procedentes de África. El presidente del grupo era Thabo Mbeki, el antiguo presidente de Sudáfrica. El denominado “informe Mbeki”, contenía, por ejemplo, datos sobre Kenia, que mostraban que “la pérdida de ingresos fiscales en Kenia a través de la falsificación de facturas de transacciones comerciales por las empresas multinacionales y otros actores podría representar hasta el 8,3% de los ingresos públicos kenianos, lo que retrasa el crecimiento económico y genera miles de millones de pérdidas de fondos públicos”.

También se revelaba que la República Democrática del Congo (RDC), el segundo productor mundial de diamantes y el primer exportador mundial de cobalto, es el país más afectado por la explotación ilegal de sus recursos naturales, en particular “la explotación y la exportación ilegales de productos minerales”. Lo que es más grave aún: el dinero generado por este tráfico se utiliza para financiar a grupos armados.

Los flujos financieros ilícitos también pueden ser el resultado de la falsificación de los precios comerciales por las multinacionales, mediante la sobrefacturación de las importaciones y la infrafacturación de las exportaciones. En Mozambique, por ejemplo, se declara que las gambas exportadas son de calidad inferior a la calidad real; en Nigeria, se declara que el petróleo bruto es de calidad menor y lo mismo ocurre con la madera de Mozambique, la RDC y Liberia. Otro fenómeno observado es el robo a gran escala del petróleo de Nigeria (mediante corrupción o apropiación indebida por la mafia y por los rebeldes), lo que da lugar a la pérdida del equivalente a 100.000 barriles al día. No obstante, los países afectados intentan reaccionar. Liberia ha introducido el marcado de la madera exportada, lo que ha resultado ser una medida eficaz. El informe Mbeki preconiza que la RDC siga este ejemplo. Por desgracia, las Naciones Unidas constatan que la mayoría de los países africanos “no disponen de medios para verificar las cantidades de recursos naturales que producen y dependen de las declaraciones de los exportadores”.

El blanqueo de dinero está vinculado a los miembros de las élites políticas o económicas. El Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI), un grupo intergubernamental creado en 1989, trata de luchar contra este fenómeno mediante la publicación de recomendaciones. Sin embargo, estas recomendaciones apelan simplemente a la ética y no son vinculantes.

Disminución del gasto en salud y educación

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) muestra en su informe que el total de capitales ilícitos que salieron de África entre 2000 y 2015 ascendió a 836.000 millones de dólares (680.726 millones de euros). Una pérdida neta para el continente, y que supone no solo un freno a la hora de lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, sino que puede además hacer que estos objetivos sean aún más difíciles de conseguir.

Asimismo, en el informe se constata que en los países donde los FFI son elevados (Sudáfrica, RDC, Etiopía, Nigeria), los gobiernos gastan un 25% menos en salud y un 58% menos en educación que los países donde los flujos financieros ilícitos son escasos. También se señala que los FFI en África se concentran en los productos de poco peso y de gran valor comercial, como las actividades extractivas.

En el informe se formulan recomendaciones como la de recopilar un mayor número de datos comerciales de mejor calidad.

Para ello, las Naciones Unidas constituyeron en enero de 2020 un grupo de expertos de alto nivel sobre la responsabilidad, la transparencia y la integridad financieras (FACTI). Un ejemplo de éxito, en Zambia, es el sistema de trazabilidad de los minerales concebido por la UNCTAD y la autoridad tributaria de Zambia. Dicho sistema facilita la detección de prácticas comerciales ilícitas. Ha permitido a Zambia recuperar en un año un millón de dólares en concepto de derechos de exportación no pagados por las empresas mineras.

Actualmente, hay varias señales alentadoras, como la adopción en 2016 de la Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), impulsada por la OCDE y el G20, firmada por 87 países y en vigor desde 2018; los avances de varios países africanos como Nigeria, y las recomendaciones del informe de 2020 de la UNCTAD, que promueven la intensificación de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, la recopilación de datos comerciales y el apoyo a los denunciantes y los periodistas de investigación.

El activismo de varias ONG en pro de la eliminación de los FFI

Varias ONG también abordan este problema, como la CSI-África, ATTAC-África, la red Tax Justice Network Africa (TJNA) y la Global Alliance for Tax Justice. Esta última ha desarrollado el lema “Make multinationals pay their share!” (¡Que las multinacionales paguen lo que les corresponde!).

Alvin Mosioma, entrevistado por Equal Times, es el fundador de TJNA, una red panafricana integrada por 35 organizaciones de 18 países africanos que promueve la justicia fiscal. Considera que la lucha contra los flujos financieros ilícitos “requiere un enfoque desde varios frentes, con diferentes socios”, que consiste en “concienciar”, hacer comprender este reto a la población (trabajadores, periodistas, parlamentarios africanos, etc.). Por este motivo, la TJNA creó la International Tax Justice Academy (Academia internacional de justicia fiscal), que ha puesto en marcha la campaña Stop The Bleeding (paremos la hemorragia).

Alvin Mosioma considera que “deben hallarse soluciones para eliminar los FFI a nivel nacional, regional e internacional”.

En el plano nacional, “los gobiernos deben adoptar medidas para aumentar la transparencia de las empresas, revisar sus tratados de doble imposición, en particular los negociados con los paraísos fiscales, revisar sus regímenes de incentivos fiscales y reforzar las capacidades institucionales para la recaudación de impuestos”.

A nivel regional es necesario elaborar un tratado regional sobre la fiscalidad y crear redes de intercambio voluntario de datos fiscales –quizá más viable en el seno de la nueva Zona de Libre Comercio Continental Africana que acaba de entrar en vigor (1º de enero de 2021)–. A nivel mundial, hay que “eliminar los paraísos fiscales, establecer una nueva gobernanza fiscal mundial bajo la égida de las Naciones Unidas mediante la creación de un órgano fiscal multilateral, hacer una transición hacia un modelo único de imposición y aplicar medidas mundiales en favor de la transparencia fiscal como el intercambio automático de datos fiscales”.

Jolie de Poukn es una jurista especializada en la gestión y adjudicación de contratos públicos y la persona de contacto de ATTAC en África. Cree que “cada año, África pierde de media 50.000 millones de dólares (40.713 millones de euros) como consecuencia de la elusión fiscal”. Según ella, los FFI más frecuentes en África son “los precios de transferencia abusivos o la falsificación de los precios de transferencia”.

De Poukn participó en la sexta edición de la Academia internacional sobre la justicia fiscal en junio en Dakar y en la séptima edición de la Conferencia panafricana sobre los flujos financieros ilícitos y los impuestos, celebrada en Nairobi en octubre de 2019. En la primera de estas reuniones, “los debates se centraron en la fiscalidad de las empresas digitales”, es decir, reflexiones sobre la manera de gravar a los gigantes digitales estadounidenses (GAFAM). “Los únicos compromisos alcanzados fueron impulsar la reflexión e influir las políticas en África relativas a la fiscalidad de las empresas digitales. No se adoptó ninguna resolución, sino comunicados finales”, cuenta a Equal Times. Sin embargo, dice estar muy satisfecha con los resultados de esta sesión, que permitió a los participantes intercambiar análisis y fijar objetivos. Explica: “los resultados son lentos porque no ha habido una gran involucración de las organizaciones de la sociedad civil en este ámbito”.

En cuanto a la Conferencia de Nairobi, “reflexionamos sobre los medios para reforzar e influir en la red de parlamentarios africanos sobre los FFI y la imposición”. De Poukn también es activista de ATTAC-Togo, una sección que forma parte de la red “Publiez ce que vous payez” (Publiquen únicamente lo que paguen), que promueve un sector extractivo abierto y responsable para que los ingresos procedentes del petróleo, el gas y las industrias mineras sean sometidos a impuestos. Sin embargo, “ATTAC-Togo carece de socios y recursos financieros, tiene dificultades para acceder a los documentos de las empresas y adolece de una falta de sinergia entre los agentes de la sociedad civil togolesa. Además, el equipo está integrado en su mayor parte por voluntarios y falta capacidad”.

Sin embargo, según ella: “eliminar los flujos financieros ilícitos no es, como muchos piensan, algo imposible. En primer lugar, todos tenemos que tomar conciencia de que constituyen una verdadera violación de los derechos humanos. Eliminar los FFI debe ser una lucha de todos. Hay que promover la transparencia y la recopilación de datos a todos los niveles de toma de decisiones de nuestros países, promover la justicia fiscal a nivel nacional a través de políticas fiscales progresistas y, sobre todo, poner fin a las actividades delictivas vinculadas a los FFI que se llevan a cabo con total impunidad”.

Este artículo ha sido traducido del francés.