La esclavitud moderna está muy extendida. La encontramos en la construcción de los estadios para la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar, en las plantaciones de algodón en Uzbekistán, en los ranchos ganaderos en Paraguay y en la agricultura en Italia. Pero también en los talleres de explotación en Brasil y Argentina, así como en la recolección de bayas en Suecia. Las cadenas de producción de ropa, alimentación y servicios consumidos en el mundo entero están manchadas por el trabajo forzoso.

El número de trabajadores y trabajadoras en condiciones de trabajo forzoso está en aumento. El reciente informe Estimación mundial sobre la esclavitud moderna 2017, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la fundación Walk Free Foundation en asociación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indica que en los últimos cinco años 89 millones de personas llegaron a experimentar alguna forma de esclavitud moderna.

Ninguna compañía digna de respeto quiere que el flagelo del trabajo forzoso esté presente en su cadena de suministro. Ningún gobierno digno de respeto quiere tener en su territorio a criminales que se dedican a la trata de trabajadores en condiciones inhumanas. Todo trabajador y trabajadora aspira a vivir con dignidad, respeto y libertad.

Sin embargo, el problema de la esclavitud moderna va en aumento. No sólo en países donde normalmente se piensa que la esclavitud moderna es habitual, como aquellos con una débil aplicación de las leyes o una alta incidencia de corrupción.

El Índice sobre Esclavitud Moderna 2017 compilado por la consultoría Verisk Maplecroft, revela que el riesgo de esclavitud moderna ha aumentado en 20 Estados miembros de la Unión Europea. Ni los países ni las compañías pueden permitirse permanecer pasivas ante este problema generalizado.

El mes pasado, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Business & Human Rights Resource Centre (BHRCC) publicaron un informe titulado Esclavitud moderna en las operaciones y cadenas de suministros de las empresas: obligatoriedad de transparencia, diligencia debida y diligencia en la contratación pública. El informe pone de relieve toda la legislación sobre la transparencia obligatoria, la diligencia debida obligatoria y los incentivos en la contratación pública destinados a empujar a las empresas a tomar medidas respecto a la esclavitud moderna en las cadenas de suministro.

Algunos gobiernos están elaborando poderosas herramientas para erradicar la esclavitud moderna, pero sin coordinación con otros. Así que de momento cada ley nacional puede ser muy firme sólo en ciertas partes, y las principales empresas tienen miedo de terminar en una especie de ‘papilla’ de incoherentes leyes nacionales, cada una con sus requisitos de presentación de informes particular. La suerte de las víctimas de la trata de personas y de la esclavitud cambiaría si gobiernos con ideas afines se juntaran e intercambiaran lo mejor de sus respectivas legislaciones e incentivos con el objeto de crear leyes nacionales armonizadas con elevados estándares.

Tomemos la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido y la Ley sobre Trabajo Infantil en los Países Bajos como ejemplos de cuán diversas pueden ser las leyes sobre esta cuestión a la hora de aplicar un enfoque de transparencia obligatoria frente a la diligencia debida. La transparencia en las cadenas de suministro, según la disposición de la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido, requiere que las compañías publiquen declaraciones anuales sobre las medidas tomadas para hacer frente a los riesgos de esclavitud moderna, pero no exige a las compañías a emprender ninguna acción.

El requisito se aplica a cualquier empresa que opere dentro del Reino Unido, independientemente de dónde tenga su sede, por lo que tiene también un alcance global. La Ley sobre Trabajo Infantil de los Países Bajos, en cambio, se aplica sólo a las empresas registradas en el país y requiere que desarrollen y apliquen proactivamente un plan de diligencia debida para combatir el recurso al trabajo infantil. Las compañías deben asimismo publicar una declaración sobre diligencia debida, pero únicamente han de hacerlo una vez, no anualmente.

Las compañías necesitan directrices claras y comunes sobre lo que las legislaciones nacionales requieren de ellas. Si no hay una armonización perderán gran parte de su poder para excluir a los traficantes de personas. Por su parte, las compañías se quejarán de tener que elaborar informes interminables para responder a distingas exigencias gubernamentales.

Nuestro informe traza una vía clara para que los gobiernos elaboren legislaciones nacionales armonizadas, así como regulación e incentivos corporativos. El Protocolo de la OIT sobre Trabajo Forzoso aporta un firme marco legal sobre el que pueden apoyar sus esfuerzos. Juntos se conseguiría un terreno internacional en igualdad de condiciones para todas las empresas, facilitando sus esfuerzos para erradicar la esclavitud moderna de sus operaciones y cadenas de suministro.