Las portadas de los periódicos egipcios se parecen cada vez más. En la foto, un vendedor ambulante de El Cairo, en diciembre de 2018. La prensa escrita, al igual que los programas de debate, se ha convertido en un canal de propaganda del régimen militar.
En Egipto, los medios de comunicación están en estado de shock. El último canal privado de noticias que había en el país acaba de pasar a estar bajo el contro del Servicio General de Inteligencia egipcio: el "Mujabarat", en árabe. En septiembre, Elam al-Masryien (Grupo de Medios Egipcios), una de las principales empresas de comunicación propiedad de los Mujabarats, adquirió todas las acciones de CBC TV, una de las mayores cadenas de televisión de Egipto.
Apenas unos días más tarde, CBC TV, dirigida en la actualidad por Yasser Selim, antiguo oficial del Mujabarat, decidió cancelar el programa de opinión política Hona al-Assema ("Aquí la capital"), presentado por de Lamis al-Hadidi, la "Oprah Winfrey egipcia". La presentadora se había negado a convertir su programa de opinión en un programa de entretenimiento. Elam al-Masryein despidió, además, a la mitad del personal de Extra News, el último canal de noticias privado de Egipto. Paralelamente, el servicio de inteligencia militar sigue preparando sigilosamente el lanzamiento del canal informativo DMC News, que competirá con Al-Jazeera y Sky News en Oriente Medio, para situar a El Cairo en el centro del panorama mediático de la región.
Estas decisiones recientes de los servicios de inteligencia egipcios indican que el Estado, además de amordazar a los medios de comunicación, quiere convertirse en la única fuente de información que llegue a los hogares egipcios. Egipto ocupó el puesto 161 del índice de libertad de prensa publicado por Reporteros sin Fronteras en 2018.
Nacionalizaciones encubiertas
En agosto de 2018, el presentador estrella de la red al-Assema, Tamer Abdel Moneim, acusó abiertamente a los Mujabarats de arruinar a los medios de comunicación egipcios y de ordenar el despido de los moderadores de los programas de tertulia política, en un vídeo publicado en su página de Facebook. Tamer Abdel Moneim, al igual que otros moderadores políticos, acababa de ser despedido pocos días después de que las dos cadenas de televisión al-Assema y al-Hayat pasaran a manos del grupo Elam al-Masryian. Su error: haber hablado en directo de política por televisión, a pesar de ser antirrevolucionario y de apoyar abiertamente al presidente Abdel Fattah al-Sissi, reelegido el pasado marzo con el 97% de los votos.
La expansión fulgurante del grupo Elam al Masriyen se remonta a mayo de 2016. su primer objetivo fue comprar la red ON, el último altavoz de los revolucionarios herederos del movimiento de la Plaza Tahrir. Al día siguiente de la adquisición, despidieron a los presentadores. En julio de 2018, el canal informativo ON LIVE cerro sus puertas definitivamente.
"Los Mujabarats egipcios siguen utilizando compañías interpuestas, a menudo dirigidas por civiles o exoficiales, para apoderarse sigilosamente de los medios de comunicación", explica a Equal Times Said Sadek, profesor de Medios de Comunicación de la Universidad Americana de El Cairo.
Para ampliar cada vez más su influencia, el conglomerado mediático fue adquiriendo sitios de noticias independientes, como Dotmasr, al-Ayen ("el ojo"), Enfrad, Egypt Today y Business Today. Según el sitio web del conglomerado, también ha tomado el control de Youm al-Sabe ("Séptimo día"), la web de noticias más visitada de Egipto.
Para dirigir este imperio mediático, el Departamento de Inteligencia General fundó en diciembre de 2017 un gran fondo soberano de inversiones llamado Eagle Capital, del que forma parte Elam al-Masryein. Bajo la dirección de Dalia Khorshid —exministra de Inversiones y próxima a al-Sissi—, Eagle Capital controla hoy más del 65% de los medios de comunicación egipcios (periódicos, cadenas de televisión y webs de noticias).
El servicio de inteligencia militar, conocido como "Mujabarat Harbeya", no se queda atrás en esta carrera por el control mediático. En 2015, este aparato creó el grupo mediático D-Media, que ahora controla la red de televisión DMC y otras tres cadenas.
"Los generales egipcios están convencidos de que los medios de comunicación desempeñaron un papel de peso durante la Primavera Árabe y en la caída del Gobierno de los Hermanos Musulmanes, en 2013", señala a Equal Times Hicham Qassem, editor del diario Al-Masry Alyoum. Hubo un acuerdo tácito entre los periódicos —dirigidos en su mayoría por empresarios interesados colaborar con el régimen— y las autoridades para que los medios de comunicación hicieran caso omiso de las violaciones de los derechos humanos en Egipto, como las perpetradas contra los partidarios del expresidente de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi.
A pesar de ello, el presidente actual "no ha logrado silenciar del todo a los medios de comunicación sobre algunas cuestiones delicadas", añade Qasem.
En noviembre de 2016, Al-Sissi no ocultó su enojo por la cobertura mediática de la transferencia de las islas Tiran y Sanafir a Arabia Saudita. En un discurso televisado, rogó a los medios de comunicación que no escribieran ni una palabra sobre este tema. Ante la imperfecta docilidad de los medios de comunicación egipcios, el régimen ha encontrado como solución plausible nacionalizarlos discretamente, explica Qasem.
"El jefe del Estado quiere medios de comunicación al servicio de su visión, que alaben sus logros y hagan la vista gorda ante las violaciones cometidas por su aparato de seguridad", comenta a este medio Gamal Eid, presidente de la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos (ANHRI). "Como pueden comprobar, estos medios no escriben ahora ni una palabra sobre los arrestos diarios de disidentes, las desapariciones forzosas o el fracaso de los megaproyectos por los que el régimen apuesta como solución económica”, añade. En un informe publicado en septiembre de 2017, la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ya había expresado su preocupación por la toma de control de varios medios de comunicación por parte de empresarios cercanos al Gobierno y a los servicios de inteligencia.
"Al Sissi dirige como un cuartel los medios de comunicación, y el país"
Este control sobre los medios de comunicación se complementa con una ola de despidos. Según Mohamed Saad Abdel Hafiz, miembro de la junta directiva del Sindicato de Periodistas, en 2017 fueron despedidos 300 periodistas por medios de comunicación privados y estatales. "Lamentablemente, el sindicato nada puede hacer por defender a los periodistas contra los empresarios que poseen entidades privadas o contra las empresas estatales que han adquirido las empresas de comunicación", apuntó durante el Foro de Medios de Comunicación de Egipto, organizado el 29 de octubre por el canal DMC.
Qué hay detrás de esta toma de control de los medios de comunicación, ¿codicia? En absoluto, responde una fuente que trabajaba en la cadena DMC de Mulabarats Harbeya, y prefiere permanecer en el anonimato; para añadir: "El presidente y exmariscal al-Sissi dirige el país como cuartel. Para él, ninguna voz crítica debe ser tolerada". Pero a los periodistas no sólo les preocupa ser despedidos. Según RSF, 32 periodistas permanecen hoy en prisión.
Pretextos no le faltan al régimen para encarcelar a los periodistas. Por ejemplo la publicación de "informaciones falsas". Una ley considera ahora que publicar cifras o informaciones no oficiales ¡equivale a publicar una información falsa!
Durante las elecciones presidenciales de abril de 2018, al-Masry al-Yum, considerado el mayor periódico independiente de Egipto, provocó la cólera abierta de los medios de comunicación estatales y favorables al régimen por publicar un artículo en primera página detallando las amenazas de multas que la Comisión Electoral Nacional lanzó contra los votantes que boicoteaban las elecciones presidenciales y las promesas hechas por sus responsables de proporcionar a los votantes regalos y entradas. El Estado bloqueó el acceso al sitio web del periódico. Al-Masry al-Yum se vio obligado a despedir a su director y a aceptar a un sucesor afín al Estado, como compromiso para desbloquear la web. El nuevo editor, Hamdi Rezeq, ha impuesto severas restricciones a los temas que pueden abordar los periodistas. A pesar de esta nueva autocensura, Rezeq cometió un error a ojos del régimen. El 5 de septiembre de 2018, escribió un editorial criticando la inacción de la policía ante la violencia sectaria contra los cristianos en el Alto Egipto. Presionado por el aparato del Estado, tuvo que dimitir.
"El aparato de seguridad nombra y despide entre bastidores a los editores de periódicos privados y públicos", explica a Equal Times un exeditor de la web independiente de noticias al-Badil (la alternativa, en árabe), que prefiere permanecer en el anonimato. Hoy sin trabajo, fue director de la web que desempeñó un papel destacado durante la Revolución de 2011 y los años posteriores. En abril de 2018 y tras diez meses de bloqueo estatal, su equipo decidió cerrar la web.
"El aparato estatal da órdenes a los periódicos sobre lo que deben cubrir y lo que no", añade el exeditor. Cada día, un supervisor de seguridad debe releer los borradores de los periódicos antes de llevarlos a imprenta, revela. A varios periódicos se les prohibió publicar artículos o reportajes que no agradaban a este supervisor.
El Estado ejerce presión sobre los responsables de los medios de comunicación y también sobre los periodistas de a pie. Una periodista del diario estatal al-Ahram nos explica que hay editores "mediocres" que están ascendiendo gracias a su lealtad al régimen, sin importar sus escasas habilidades. Los periodistas profesionales se abstienen de publicar informaciones críticas al régimen por intimidación o por miedo. Como resultado, "los periodistas no son más que los editores de los comunicados de prensa del Gobierno", asegura esta periodista que prefiere permanecer en el anonimato.
¿Las autoridades regulan o controlan los medios de comunicación?
Como si no fuera suficiente este control sobre los medios de comunicación, el régimen creó en 2016 tres nuevos órganos estatales encargados, teóricamente, de supervisar a los medios de comunicación, pero que implícitamente "vigilan los periódicos y castigan a cualquier periodista que se atreva a criticar al régimen", revela Ashraf Qasem, del diario al-Masry al-Yum. En la cúspide de estos órganos se encuentra el Consejo Superior de Regulación de los Medios de Comunicación.
Este consejo lo preside, por decisión de al-Sissi, Makram Mohamed Ahmed, un experiodista conocido por sus vínculos con el aparato de seguridad, que actúa como gendarme de la prensa egipcia. Este "multiplica las advertencias, las amenazas y las sanciones contra los medios de comunicación. Estamos ante un intervencionismo inédito", señala otro periodista de la revista al-Helal, medio que también está en manos del Estado.
El pasado mes de marzo, Makram Mohamed Ahmed dirigió una ofensiva mediática contra la cadena británica BBC y amenazó con cerrar su oficina en El Cairo a raíz de un reportaje que denunciaba la tortura.
El otro organismo, la Autoridad Nacional de Prensa, se reúne mensualmente con los editores de los periódicos públicos, "para darles orientaciones sobre los temas que deben debatirse y las posiciones que deben adoptarse", dice el periodista de Al Helal. La Autoridad Nacional de Medios de Comunicación es responsable de supervisar el contenido de las series y los programas de opinión política.
Y cuando el control de los medios de comunicación y la represión no son suficientes, el Estado emplea otra carta: bloquear las páginas web que considera demasiado críticas. El 21 de octubre de 2018, la web independiente Mada Masr publicó un reportaje sobre la participación de los Mujabarats en un mercado de compra de gas israelí. Para escapar del bloqueo impuesto por el Estado desde mayo de 2017, Mada Masr creó cuatro URLs separadas en una semana, según el periodista que escribió el reportaje. Estas cuatro URLs fueron bloqueadas, una por una, al igual que la web. Mada Masr es una de las 496 webs de noticias, organizaciones de derechos humanos y RPV bloqueados en Egipto, según un informe publicado por la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión (AFTE).
Las críticas prohibidas, en nombre de la seguridad
Además, el Gobierno egipcio ha aprobado un arsenal de leyes para reprimir a cualquier periodista, bloguero o simple usuario de las redes sociales que le critique. La ley antiterrorista, adoptada en agosto de 2015, exige que los periodistas respeten la versión oficial cuando cubran los atentados, en nombre de la seguridad nacional. El sindicato de periodistas ha criticado abiertamente esta ley, que "no respeta la Constitución y atesta un golpe mortal a la libertad de prensa".
Desde el verano pasado, dos leyes sobre la regulación de los medios de comunicación permiten procesar a cualquiera que "atente contra los valores familiares, la seguridad nacional o la economía", una definición tan amplia que da cabida a cualquier detención. Los blogueros y periodistas son un blanco especialmente vulnerable. La primera es la Ley de Ciberdelincuencia, que legaliza el bloqueo de webs y blogs en nombre de la protección de la seguridad nacional.
Según esta ley, las cuentas que en las redes sociales tienen más de 5.000 seguidores se consideran un sitio de información. Por lo tanto, las autoridades tienen derecho a bloquear el acceso y a detener a los usuarios si consideran que el contenido constituye una "amenaza para la seguridad del Estado".
La ley también prevé penas de prisión y multas de hasta 300.000 libras egipcias (unos 15.000 euros) para cualquiera que intente acceder, intencionada o involuntariamente, a sitios bloqueados por el Estado. RSF ha acusado a Egipto de legalizar la censura con el pretexto de combatir la ciberdelincuencia.
La segunda ley, la de regulación de los medios de comunicación, también ha asestado un golpe mortal a lo que quedaba de libertad de expresión: prohíbe los "directos" en Facebook y las noticias en directo en Internet o en la televisión. En caso de nuevas manifestaciones, no se permitirá que ninguna cadena filme en directo o tome fotos desde la plaza Tahrir u otros lugares. No es de extrañar que los periódicos egipcios no publicaran ninguna foto o información, aparte de las declaraciones oficiales, durante el último atentado contra los cristianos perpetrado el 2 de noviembre de 2018 por el Estado islámico (IE) en el Alto Egipto.
