Único departamento francés de ultramar situado en Suramérica, la Guayana atraviesa desde hace varias semanas la crisis social más grave de su historia: bloqueo de carreteras, cierre de escuelas, huelgas en numerosos sectores de la economía, concentraciones históricas en las principales ciudades… El descontento es profundo y el Gobierno francés no lograr responder a las demandas de los manifestantes, que amenazan con recrudecer el tono.

Para numerosos franceses, este gigantesco territorio (segunda región de Francia en superficie) pero muy poco poblado (250.000 habitantes) es conocido sobre todo porque se encuentra allí la base de lanzamiento del cohete espacial Ariane, buque insignia de la industria espacial europea, y de momento perturbada también por el movimiento de contestación social.

Ariane no despegará hasta que la Guayana no despegue también, corean los guayaneses. Pou Lagwiyann dékolé (Para que la Guayana despegue, en creole guayanés) es justamente el nombre del colectivo bajo el cual se han agrupado los movimientos de protesta, y encargado de hacer llegar el saturado pliego de demandas al Gobierno.

La exasperación de los guayaneses se debe a multitud de problemas sanitarios, educativos, económicos y medioambientales a los cuales Francia no ha prestado la debida atención, según los manifestantes. Denuncian asimismo la inseguridad y la violencia. A finales de 2016, la Guayana batió un triste récord, situándose como el territorio más violento de Francia, con 42 homicidios por 250.000 habitantes, varios de los cuales marcaron profundamente a la opinión pública.

“¡Basta de asesinatos, de agresiones, de que nuestras mujeres y nuestros hijos tengan miedo! ¡El miedo tendrá que cambiar de bando!”, insiste Mikaël, uno de los portavoces del nuevo colectivo Les 500 Frères contre la délinquance (500 hermanos contra la delincuencia).

La indignación y la ira de la población volvieron a manifestarse cuando, en agosto de 2016, un anciano falleció al declararse un incendio en su habitación de la sección geriátrica del hospital de Cayena. La investigación del incidente revelaría que, entre junio y agosto, cuatro bebés prematuros murieron en ese mismo hospital, por una infección de estafilococo. Y no fueron los primeros casos. Desde hace ya años, este centro hospitalario ha venido siendo señalado por los sindicatos y la opinión pública a causa de la falta de seguridad, la escasez de personal y material, así como un déficit considerable estimado en alrededor de 40 millones de euros (unos 42 millones de dólares USD).

La crisis de la sanidad pública y la falta de centros hospitalarios que afectan a Cayena se extienden también al resto de la Guayana, lo que supone problemas de acceso a los servicios de salud.

Los habitantes del interior, en particular, pueden tardar varios días en llegar al hospital. “Para venir a dar a luz, una mujer de Camopi (comunidad amerindia al sudeste del país) está obligada a viajar en piragua y luego por carretera hasta llegar a Cayena. Así que tienen que llegar al menos un mes antes del nacimiento del bebé y, una vez en la capital, están solas durante todo ese tiempo”, señala Jean-Philippe Chambrier, presidente de la Fédération des organisations autochtones de Guyane (Foag).

La educación es otro aspecto con graves deficiencias. “La situación es catastrófica, ¡se necesita un plan de urgencia!”, afirma Vincent Touchaleaume, secretario de la organización sindical Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Union des travailleurs guyanais (Steg-UTG).

“Nos hacen falta imperativamente cinco liceos, diez colegios de secundaria y 500 clases de primaria” completa el docente y miembro del mismo sindicato, Bruno Niederkorn. Reclaman una mejor política educativa y una escuela más cercana a los niños guayaneses, que no se identifican con el programa de la República Francesa, donde se les enseña historia europea y prácticamente deja de lado el empleo de las lenguas locales. La escuela es además la causante de una profunda crisis de identidad entre los amerindios, descendientes directos de los primeros pobladores de la Guayana.

Según Anne-Marie Chambrier, de la Foag: “Es necesario que nos reapropiemos de nuestra propia historia y la transmitamos a las nuevas generaciones. Una historia que no empieza con la colonización. Antes de la llegada de los europeos, ya estábamos presentes en todo el territorio, organizados a nivel social, político y cultural”.

Los pueblos autóctonos sufren tres veces más las consecuencias de los retrasos infraestructurales que el resto de la población, que vive mayoritariamente a lo largo de la costa atlántica, al norte.

El resto del país prácticamente no es más que selva. En las regiones apartadas del sur y del interior, las raras escuelas existentes se encuentran en un estado de abandono mucho mayor que las de las localidades costeras, y los docentes no disponen de los medios esenciales para garantizar la educación. A fin de continuar la escolarización, los estudiantes se ven obligados a desplazarse al litoral, donde las condiciones de acogida resultan muchas veces lamentables, además de tener que separarse de sus familias y de su cultura. Un problema que empuja a algunos a abandonar los estudios, a la prostitución, al tráfico de drogas o incluso al suicidio.

“Guayana registra 30 años de retraso respecto al resto de Francia! ¡Ya está bien! La implosión social anunciada desde hace décadas está teniendo lugar en este preciso momento”, exclama Lydia, joven de 31 años que acudió con su bebé a manifestarse el 28 de marzo por las calles de Cayena, junto con otros 15.000 manifestantes.

“Ya no podemos más”

Toda la economía de la Guayana está asfixiada y no se facilita la coexistencia de las normas europeas con la realidad de un territorio situado en Suramérica. Por ejemplo, resulta imposible importar directamente materia prima de su gran vecino, Brasil. Otro tanto ocurre con la gasolina, cuando el vecino Surinam dispone de carburante a precios dos veces menos elevados.

Agricultores y pescadores son los primeros en sufrir las consecuencias. “Nos están matando, ¡ya no podemos más!”, declara a Equal Times Jean-Hubert François, presidente de un grupo de jóvenes agricultores, que recurrieron a la medida extrema de protesta de cubrir con estiércol la fachada de la prefectura durante una manifestación.

Prácticamente la mitad de los productos de consumo se importan hoy en día de Europa, y la política nacional apenas apoya el desarrollo de la producción local.

Todos estos elementos hacen que el coste de la vida sea extremadamente elevado para los guayaneses. Mientras que la mitad de la región sobrevive por debajo del umbral de la pobreza, el precio de la cesta básica de alimentos es hasta un 45% más elevado que en Francia metropolitana.

Paralelamente, la tasa de paro es una de las más elevadas de Francia. “Con un 23% de la población en paro, incluyendo el 44% de los menores de 24 años, ¿Cómo quieren que la crisis no sea monumental?”, exclama Jean-Marc Chemin, secretario general de la central sindical Union des travailleurs guyanais (UTG).

En este contexto, la llegada de numerosos inmigrantes procedentes de todos los rincones del continente es muy mal percibida, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de esa migración es clandestina y termina siendo explotada ilegalmente en los sectores pesquero y aurífero. Se tiene conocimiento desde hace tiempo de estas actividades ilícitas de extracción, pero las autoridades no consiguen encontrar soluciones adecuadas.

Según la ONG WWF, únicamente para el oro “el volumen de extracción ilegal se eleva a entre 10 y 12 toneladas de oro al año, mientras que la producción anual declarada oscila entre una y dos toneladas”.

A la fuga de capitales que supone este flagelo se suma una grave crisis medioambiental, que viene a reforzar un poco más el sentimiento de abandono de los guayaneses y su voluntad de seguir manteniéndole un pulso al Gobierno francés.