Aparentemente, nada diferencia a Elma Softic-Kaunitz, Dervo Sejdic, o Jovan Divjak de la mayoría de ciudadanos de Bosnia Herzegovina. Todos ellos hablan perfectamente la lengua del país y sus ancestros yacen enterrados en esta tierra. Tampoco su color de piel o su vestimenta les separa de sus compatriotas. No obstante, ninguno de los tres es un ciudadano de pleno derecho en Bosnia Herzegovina, un país que todavía lucha por curar las profundas heridas y traumas provocados por la sangrienta guerra civil de los años noventa. En un país de minorías, la Constitución, redactada hace casi un cuarto de siglo por expertos occidentales, define vagamente a las etnias más minoritarias como “los otros”.

Los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en 1995, otorgan una posición privilegiada a los tres mayores grupos étnicos del país —bosníacos, de religión musulmana; serbios (de mayoría ortodoxa) y croatas (de mayoría católica)—, a los que describe como “pueblos constituyentes”. El resto, un total de hasta 17 minorías, están incluidos dentro de la categoría “otros”, y se ven privados de la posibilidad de ocupar diversos cargos políticos. En concreto, no pueden detentar la Presidencia del país, un cargo que rota cada ocho meses entre un serbio, un bosníaco y un croata, ni tampoco ejercer de diputados en la Cámara Alta. Algunos cálculos apuntan a que hasta unas 400.000 personas, un 12% de la población son víctimas de esta privación. “Es muy difícil hacer una estimación precisa, en parte, por la discriminación hacia los otros”, advierte Clive Baldwin, un abogado de Human Rights Watch que ha trabajado en este tema.

Sin voz para influir desde cargos políticos en las políticas públicas

Dervo Sejdic, un destacado líder de la minoría romaní —también conocida como gitana—, fue desde el inicio uno de los más firmes críticos de la Constitución, incluida en los Acuerdos de Dayton. “En diversas ocasiones presenté mis quejas a los partidos, pero no hicieron caso. Así que decidí presentar una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, explica Sejdic, un hombre maneras suaves y verbo pausado. En 2009, la Corte falló en su favor y estableció que la Carta Magna discriminaba a “los otros” ciudadanos. “Han pasado ya más de diez años, y la sentencia no se ha aplicado”, comenta con amargura. Ni tan siquiera las presiones de la Unión Europea, que llegó a recortar su ayuda financiera al país, han surtido efecto.

Para la comunidad romaní de Bosnia, la mayor de las minorías incluidas en la categoría “otros” con hasta 75.000 miembros, ocupar altos cargos en las instituciones públicas sería una herramienta muy útil para luchar contra el estigma social que lleva incrustado desde hace siglos.

“El estereotipo es que somos ladrones o mendigos, pero hay muchos romaníes con buenos trabajos. Tenemos médicos, arquitectos, etc. Por desgracia, muchos de ellos esconden su origen por miedo a ser marginados. Faltan ejemplos positivos”, lamenta Sejdic, que preside el Consejo Asesor Romaní. Este activista denuncia que, de manera informal, incluso los puestos de funcionario en la administración pública se distribuyen en función de cuotas étnicas que discriminan a su minoría.

Según el informe Roma Regional Survey, tan solo un 26% de los romaníes bosnios posee un empleo, mientras que hasta un 80% de los niños romaní vive bajo el umbral de la pobreza. “En Bosnia, no suele haber agresiones, pero sí son normales los discursos de odio. Después de la guerra, se ha normalizado el racismo hacia los romaní, ya nadie lo esconde”, espeta Sejdic, mientras recuerda que en algunas escuelas públicas se han negado a escolarizar a niños romaní o en algunos hospitales a atenderlos instándoles a “lavarse primero”. Aunque existe una ley que castiga toda expresión de racismo, a diferencia de lo que pasaba en la Yugoslavia comunista, ahora apenas se aplica.

El TEDH fusionó la demanda de Sejdic a la de Jakob Finci, uno de los representantes de la comunidad judía bosnia, por lo que su caso es conocido como Sejdic and Finci vs. Bosnia Herzegovina]. La comunidad judía de Bosnia hunde sus raíces en la historia de la región, pues buena parte de sus miembros son descendientes de los sefardíes expulsados en 1492 de la Península Ibérica. “Nosotros ahora somos una comunidad más pequeña. Hay alrededor de 1.000 judíos en todo el país, y 650 en Sarajevo. Pero se dice que antes de la II Guerra Mundial éramos el mayor grupo étnico en la capital, constituyendo alrededor del 20% de la población”, observa Elma Softic-Kaunitz, secretaria general de la comunidad judía de Bosnia. Se estima que unos 14.000 judíos de Bosnia fallecieron en los campos de concentración nazis durante el Holocausto.

A diferencia de los romaníes, los judíos no padecen un grave problema de racismo y exclusión social. “Este es ahora uno de los países europeos con un menor grado de antisemitismo. No sufrimos ningún ataque ni agresión. Sarajevo tiene una larga historia de tolerancia. Aquí nunca hubo un gueto”, asevera Softic-Kaunitz en la única sinagoga operativa en Sarajevo —la otra, es un museo—, un precioso edificio de finales del siglo XIX. “Los judíos tienen los mismos problemas que el resto de ciudadanos, concretamente un alto desempleo. La única discriminación real es no tener los mismos derechos políticos, que es nuestra demanda principal”, añade.

La lista de las otras minorías excluidas de la esfera política es larga: albaneses, húngaros, macedonios, etc. Sin embargo, existen ciudadanos que étnicamente pertenecen alguno de los tres llamados “pueblos constituyentes”, pero sufren las mismas restricciones que los “otros”.

Este es el caso de Jovan Divjak, un militar serbobosnio considerado un héroe nacional por haber integrado el Estado Mayor que logró evitar la toma de Sarajevo por las tropas serbias durante un larguísimo asedio de 1.425 días. “Yo me defino como ciudadano de Bosnia. Nada más. No me identifico con ningún grupo, incluso si mis padres eran serbios” declara Divjak, al que muchos compatriotas aún apodan con devoción el general.

Según la ley, si un ciudadano bosnio no se registra como bosníaco, serbio o croata, no podrá aspirar a los cargos repartidos bajo cuotas étnicas. Este es el caso Azra Zornic, una funcionaria jubilada que se niega a definirse en base a su filiación étnica y que también presentó una querella ante el TEDH. En 2014, también ella recibió una sentencia favorable]. “La Constitución actual no tiene sentido. Solo está bien para los partidos nacionalistas. Lo que necesitamos es un Estado con los mismos derechos para todos los ciudadanos”, opina Divjak, que a sus 83 años todavía dirige la ONG Education Builds B&H, dedicada a financiar los estudios de jóvenes de familias desfavorecidas y a promover el encuentro de niños de diferentes comunidades étnicas.

Incluso miles de serbios, croatas y bosníacos que sí se identifican en base su pertenencia étnica se ven privados de ocupar determinados cargos políticos. Se trata de los grupos que son minoría en una las entidades descentralizadas que componen el complejo mapa político-administrativo del país balcánico. Por ejemplo, los 150.000 bosníacos que viven en la República Serbia de Bosnia, o los 50.000 serbios que viven en la entidad croato-musulmana.

“Dayton fue útil para poner fin a la guerra, pero no para construir un Estado”, admite Halid Genjac, secretario general del Partido de Acción Democrática (SDA), el principal partido bosníaco. “Nosotros estamos a favor de enmendar la Constitución en línea con el fallo del TEDH [en el caso de Sejdic y Finci], pero los representantes croatas y serbios lo bloquean”, asegura Genjac, que formó parte del equipo negociador bosníaco en Dayton. Serbios y croatas ven el sistema de cuotas como un freno a una posible dominación de la escena política por parte de los musulmanes, que representan más del 50% de la población del país.

Las agrias discrepancias entre los partidos nacionalistas de los diversos grupos étnicos impide la toma de decisiones importantes, ya que para todas ellas el sistema obliga a un consenso. Por ejemplo, casi un año y medio después de las últimas elecciones, aún no se ha podido formar Gobierno. Esta situación de bloqueo perjudica la economía del país balcánico, que registra una elevada tasa de paro (20%), y se cuenta entre los países más pobres de Europa. Y sus consecuencias tanto las padecen los unos, como los “otros”.