Volunteers from the Vandœuvre-lès-Nancy Food Bank in eastern France take delivery of organic eggs that a local breeder brings them every Tuesday. These fresh products are destined for poor families, more and more of whom have sought food aid since the start of the pandemic.
En las estanterías del Banco de Alimentos del mercado mayorista de Vandœuvre-lès-Nancy, al este de Francia, es habitual encontrar los huevos ecológicos de producción local en las estanterías de artículos no vendidos en los supermercados. En los últimos seis meses, los voluntarios de logística han recibido una tonelada de huevos frescos directamente de la granja Picorette et compagnie, a unos diez kilómetros al sur de Nancy. En Meurthe-et-Moselle, entre otros lugares, la crisis sanitaria ha empujado a la precariedad a un número cada vez mayor de franceses: la necesidad de ayuda alimentaria se disparó un 45% durante el primer confinamiento y las asociaciones vieron desaparecer sus existencias en un abrir y cerrar de ojos. En Francia, la red de bancos de alimentos ha recibido cerca de 100.000 nuevos beneficiarios durante el año 2020.
Debido a la situación de emergencia, las autoridades locales decidieron conceder a las asociaciones de este departamento de 731.000 habitantes, una subvención de 300.000 euros, con la condición de que compraran a productores locales –un compromiso asumido durante la firma, el pasado mes de diciembre, de una carta de suministro entre cuatro entidades de ayuda alimentaria (Secours populaire, Restos du cœur, Banque alimentaire, la Soupe des sans-abris) y la Cámara de Agricultura–.
“Los pobres también tienen derecho a comer bien. Productos frescos y no sólo conservas o platos preparados”, trona Philippe Julien, director del Banco de Alimentos 54, que gestiona un almacén de 2.000 m² en Vandoeuvre-lès-Nancy, al que cada día llegan toneladas de alimentos, que luego son transportados por los camiones de la asociación a la veintena de centros de distribución del departamento.
“Esta carta nos permite conseguir huevos fácilmente, porque normalmente tenemos dificultades para conseguirlos en los supermercados. Proporcionar proteínas a nuestros beneficiarios supone un verdadero reto para nosotros”, continúa Philippe Julien, mientras pasa delante de la cámara frigorífica donde almacenan los alimentos congelados y la carne que el Banco de Alimentos recoge cada semana de los artículos no vendidos en los supermercados de la región.
La precariedad alimentaria galopante desde el inicio de la pandemia ha hecho reflexionar a las autoridades locales sobre “la mejor manera de apoyar a los agricultores en dificultades por el cierre de los comedores colectivos y a las familias pobres, más precarizadas aún debido al cierre de los comedores escolares”, recuerda Audrey Bardot Normand, vicepresidenta socialista del departamento, responsable de Agricultura y Medio ambiente. Desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021, las cuatro organizaciones benéficas que firmaron la carta compraron 4.800 kilos de carne, 4.000 kilos de productos lácteos y casi 400.000 huevos a productores locales, gracias a las subvenciones públicas. Lamentablemente, debido a la falta de fondos, el programa no se renovará el próximo año. “El aumento de la precariedad y de las prestaciones sociales otorgadas lastra sobremanera nuestro presupuesto”, lamenta.
¿Hacia una “seguridad social de la alimentación”?
Sin embargo, la filosofía del programa podría encontrar una nueva fórmula con la ayuda de subvenciones, esta vez no locales, sino nacionales. El Gobierno ha anunciado su intención de comprometerse con la ayuda alimentaria local. A través de la financiación del plan de recuperación “pospandemia”, el Ministerio de Agricultura empezó a otorgar, a principios de mayo, 6 millones de euros en subvenciones a proyectos asociativos, como la apertura de puntos de distribución móviles de productos frescos y locales en los barrios populares, la creación de huertos reservados a los más vulnerables o talleres de formación para promover el consumo de frutas y verduras de temporada, etc.
Pero también existe la posibilidad de ir más allá, como proponen los agrónomos del grupo Agricultura y Soberanía Alimentaria, de la ONG Ingénieurs sans frontières (ISF-AgriSTA), que imaginan una “Seguridad Social de la Alimentación”, que garantice “el acceso universal y la contratación de profesionales mediante fondos gestionados democráticamente”. Estos fondos, basados en el modelo de las cajas de pensiones o del seguro de enfermedad, cubrirían la compra de alimentos de todas la ciudadanía, independientemente de su situación profesional, hasta un máximo de 150 euros al mes, gracias a una “tarjeta vital alimentaria” (en referencia a la tarjeta inteligente que posee todo residente francés afiliado al sistema de seguridad social).
La única condición es que se compre a productores y distribuidores locales, a quienes se paga con estos fondos. Serían organismos públicos independientes gestionados por los sindicatos y la sociedad civil.
Exactamente igual que el actual sistema francés de Seguridad Social, que gestiona el reembolso de los gastos médicos de todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos.
En definitiva, se trata de pasar de la lógica de la caridad privada actual al establecimiento de un “derecho universal a la alimentación”, garantizado por un sistema de protección social, “como debe ser en toda democracia”, escribe ISF-AgriSTA en un artículo publicado en el medio Reporterre, junto a la Confédération paysanne y la asociación Réseau-Salariat. La idea de la seguridad social de los alimentos, que también aspira a garantizar una remuneración justa a una parte del mundo agrícola protegiéndola de las fluctuaciones del mercado, mediante la concertación pública, se ha convertido también en un argumento de campaña de los candidatos del partido ecologista EELV en las elecciones regionales francesas de junio de 2021. “Lo que se está haciendo en Meurthe-et-Moselle demuestra que algunas autoridades locales de izquierda se están ocupando de conciliar la justicia social, la remuneración justa del mundo agrícola y la transición ecológica”, apunta Eliane Romani, candidata regional de EELV.
Al abrigo de las fluctuaciones de los mercados agrícolas
Thomas Simonin, un hombre alto y fornido de unos treinta años, entrega su mercancía en el Banco de Alimentos todos los martes. El granjero cría 4.000 gallinas ponedoras al aire libre, en la hondonada de una de las colinas que atraviesan el sur de Nancy. Las organizaciones benéficas son buenos clientes, ya que le garantizan pedidos fijos y regulares. “El confinamiento ha potenciado lo local. Pero no toqué mis precios”, dice el criador, accionando la palanca que abre las compuertas del gallinero industrial, donde pasan la noche las gallinas. Al final de la granja, una mujer sale de su coche para comprar huevos en una máquina expendedora. La venta directa a las asociaciones o a los particulares permite a Thomas Simonin, como a los demás agricultores firmantes de la carta, rentabilizar mejor su trabajo gracias a la eliminación de los intermediarios y a la estabilidad de la demanda, apoyada por los poderes públicos.
“La agricultura local, muy dependiente de las fluctuaciones de los precios mundiales de la leche y la carne de vacuno, no puede permitirse el lujo de rechazar una iniciativa nueva y segura como las cartas públicas sobre el suministro local de las asociaciones benéficas o los comedores escolares”, afirma Nicole Lebrun, responsable de la misión “restauración fuera del domicilio” de la Cámara de Agricultura de Meurthe-et-Moselle, que ha seleccionado a los tres agricultores y las cuatro cooperativas locales que participarán en el suministro de productos frescos a la ayuda alimentaria privada.
Antes de la firma de la carta, las negociaciones entre la Cámara de Agricultura y las asociaciones de ayuda alimentaria tropezaban sobre todo en el precio pagado a los productores: la ayuda alimentaria privada pretendía obtener los precios más bajos posibles para sus beneficiarios, mientras que los agricultores defendían unos precios más altos que les permitieran obtener unos ingresos dignos.
“Recibimos donaciones de patatas de agricultores del norte de Francia que no saben qué hacer con ellas, especialmente porque los restaurantes están cerrados. ¿Por qué tengo que comprar patatas a 40 céntimos el kilo a un productor local?”, señala Robert Larose, presidente de los Restos du Cœur 54. Ante esta situación, las subvenciones públicas han permitido a los productores locales luchar en igualdad de condiciones contra la competencia de la industria alimentaria y sus excedentes.
Para las asociaciones, la intervención de los poderes públicos compensa el sobrecoste que supone comprar productos frescos y locales, en lugar de limitarse a recuperar los alimentos no vendidos de los supermercados, lo que al final les permite distribuir a los hogares en situación precaria verduras y carne de productores locales, en lugar de comidas preparadas y alimentos industriales.
Con su proyecto de “Seguridad Social de la Alimentación”, Ingenieros sin Fronteras pretende perpetuar el acceso de los más pobres a una alimentación de calidad y salir de la lógica de la caridad, del “engranaje poco conocido de la economía, a través del cual el sector agroalimentario recicla sus excedentes y bienes no vendidos, que de otro modo consideraría como residuos”, critican severamente el periodista Fréderic Denhez y el escritor Alexis Jenni, en su libro Ensemble pour mieux se nourrir (Unidos para alimentarse mejor), publicado el pasado abril. Los límites de este sistema se evidenciaron lamentablemente en 2019, cuando la oficina de desarrollo agrícola francesa FranceAgriMer utilizó subvenciones del Fondo Europeo de Ayuda a los Más Pobres (FEAD) para comprar 1.400 toneladas de filetes picados polacos de muy mala calidad, que contenían trazas de pollo, de despojos e incluso proteínas vegetales, que luego se entregaron sobre todo a los Restos du Cœur.
Queda mucho por hacer para mejorar la calidad nutricional y ecológica de la dieta de los más pobres y para conseguir que la alimentación se considere un bien común, como aspiran los candidatos verdes a las elecciones regionales. “Aún hay que lograr todo un cambio de mentalidad dentro del mundo de la ayuda alimentaria, en lo que respecta a los canales de suministro. A los consumidores nos pasa lo mismo: nos resulta más fácil ir al supermercado que comprar a los productores locales”, resume Audrey Bardot-Normand.
La siguiente etapa de los ecologistas, si se hacen con las regiones francesas en las elecciones del 27 de junio, consiste en establecer la alimentación como un derecho universal y sentar las bases de una nueva rama de la Seguridad Social que permita a la ayuda alimentaria dejar de depender de los reveses electorales o de las limitaciones presupuestarias locales.
