Los profesionales de los medios de comunicación en Camerún, víctimas de una represión y violencia creciente

Los profesionales de los medios de comunicación en Camerún, víctimas de una represión y violencia creciente

Editorial staff of The Guardian Post, Cameroon’s leading English-language daily, work on the next day’s newspaper at the head office in Yaounde, on 30 March 2023. The Guardian Post has suffered at least two separate months-long suspensions by the National Communication Council whose members are all appointed by President Paul Biya.

(Amindeh Blaise Atabong)

En 2019, Paul Chouta permaneció los dos años que duró su juicio por difamación recluido en la prisión central de Kondengui, en Yaundé, la capital camerunesa, una cárcel de máxima seguridad tristemente célebre por el hacinamiento y malas condiciones sanitarias de su población reclusa. Acabó siendo condenado a 23 meses de cárcel tras un procedimiento judicial sin las suficientes garantías procesales, según denuncian los grupos de derechos humanos.

Chouta, de 31 años, un periodista crítico con el Gobierno de Paul Biya y administrador de la plataforma de noticias e información de Facebook Le TGV de l’info, vive hoy sumido en un miedo perpetuo. El trastorno de estrés postraumático que le provocó su encarcelamiento no es la única causa del pánico que le invade. Chouta no sabe si volverá a ser secuestrado, ni qué va a ser de él, tras los cuatro incidentes perpetrados por desconocidos de los que ha sido víctima desde 2017.

La última vez que fue atacado, sus secuestradores le encerraron en una camioneta negra y le condujeron hasta un lugar aislado a las afueras de Yaoundé, mientras le golpeaban repetidamente durante los 12 kilómetros que duró el trayecto. Los secuestradores desfiguraron horriblemente su rostro, le torturaron con piedras y barras, y luego le abandonaron, desnudo, dándolo por muerto. Tuvo suerte de sobrevivir a esa violencia gratuita.

Lamentablemente, otros periodistas no lograron escapar de sus secuestradores. En enero, el cuerpo mutilado del locutor de radio Martinez Zogo, desaparecido desde hacía cinco días, fue encontrado en las afueras de Yaoundé. Zogo había criticado abiertamente la corrupción institucionalizada y, antes de su desaparición, denunció en antena un presunto caso de malversación de fondos públicos que implicaba a Jean-Pierre Amougou Belinga, un magnate de los negocios y los medios de comunicación con fuertes conexiones con el Gobierno.

Antes de que se resolviera el secuestro y posterior asesinato de Zogo, un segundo locutor de radio, Jean-Jacques Ola Bébé, fue hallado muerto cerca de su casa en Yaoundé, con varias heridas de bala. Bébé era un estrecho colaborador de Zogo y había encabezado las peticiones de justicia para su colega asesinado.

Estos dos asesinatos otorgan a Camerún el triste honor de ser el país del mundo con el mayor número de muertes de profesionales de los medios de comunicación en lo que va de 2023. En los últimos 15 años, otros dos periodistas perdieron la vida en acto de servicio en Camerún.

“Estamos profundamente preocupados por la seguridad de los periodistas en Camerún”, declara el portavoz de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Seif Magango. Solo en enero, al menos otros tres periodistas cameruneses denunciaron haber recibido amenazas anónimas verosímiles.

La represión ejercida contra los periodistas en Camerún en los últimos tiempos ha dado un peligroso giro. Chouta, que las experimentó en primera persona, explica a Equal Times: “Se trata de un entorno de terror en el que han decidido matar a los periodistas y denunciantes que se atreven a decir la verdad y en el que la depravación se ha impuesto a los valores sociales”.

Uno de los entornos mediáticos más peligrosos de África

Camerún posee un panorama mediático muy diverso. Cuenta con más de 650 periódicos registrados, unas 200 emisoras de radio comunitarias y comerciales y unos cien canales de televisión, para una población de 26 millones de habitantes.

Lamentablemente, la libertad de expresión en los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas en Camerún llevan una década en declive, bajo el asedio de los diversos frentes abiertos en el país, como la lucha del Gobierno contra los insurgentes islamistas de Boko Haram, en el norte, y el prolongado conflicto entre las fuerzas gubernamentales, de mayoría francófona, y los separatistas anglófonos, en las regiones del suroeste y el noroeste.

Reporteros sin Fronteras clasifica el panorama mediático de Camerún como uno de los más peligrosos del continente africano, donde los periodistas se mueven en un entorno hostil y precario. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluye a este país centroafricano, gobernado desde 1982 por el presidente Paul Biya, de 90 años, entre los peores carceleros de periodistas de África.

Los profesionales de los medios de comunicación son sistemáticamente blanco de ataques, amenazas, censura y encarcelamientos –acusados de cometer delitos contra el Estado, por difamación, de difundir noticias falsas o como represalias–, según documenta el CPJ. Varios periodistas se han visto obligados a exiliarse.

En la actualidad hay cinco periodistas encarcelados en la temida Prisión Central de Kondengui, de los cuales cuatro –Tsi Conrad, Mancho Bibixy, Thomas Awah Junior y Kingsley Njoka– están acusados de atentar contra el Estado por motivos relacionados con el conflicto anglófono abierto.

Además de Egipto y Eritrea, el CPJ pone al descubierto que Camerún es en estos momentos el país que más tiempo mantiene en prisión a los periodistas: les impone detenciones excesivas y arbitrarias mientras se encuentran a la espera de juicio, en régimen de incomunicación, y les juzga a través de tribunales militares, entre otras graves violaciones del derecho a un juicio justo y a garantías procesales.

En uno de estos casos, Samuel Wazizi, presentador de la emisora local Chillen Muzik and TV, fue detenido en la turbulenta ciudad de Buea y recluido incomunicado hasta su muerte en prisión, en agosto de 2019 –muerte que el Gobierno camerunés no reconoció hasta junio de 2020–. A pesar de que el presidente Biya se comprometió personalmente a investigar el fallecimiento de Wazizi, su asesinato sigue sin resolverse y el cadáver del periodista aún no ha sido entregado a su familia para su entierro.

Ya en 2010, el redactor jefe del Cameroun Express, Bibi Ngota, murió en circunstancias sospechosas en Kondengui, donde fue detenido mientras investigaba un supuesto caso de corrupción gubernamental.

Angela Quintal, coordinadora del programa de África del CPJ, responsabiliza en parte a las leyes sobre medios de comunicación camerunesas del entorno punitivo en el que trabajan estos profesionales. Según explica a Equal Times, la vaguedad con las que se han definido las nuevas leyes da pie a que las puedan utilizar con el fin de reprimir las críticas y la disidencia y, en última instancia, para encarcelar a periodistas.

“Cuatro de los cinco periodistas encarcelados en Kondengui en estos momentos están allí porque se les ha aplicado la ley antiterrorista promulgada en 2014”. El CPJ ha documentado un aumento del número de periodistas encarcelados o agredidos desde finales de 2016 acusados de actividades antiestatales”, afirma.

El CPJ defiende la abolición del delito de difamación y la reforma de la excesivamente genérica Ley antiterrorista camerunesa, que se está esgrimiendo para reprimir a la disidencia y silenciar las críticas. Además, menciona la censura y la autocensura como obstáculos, especialmente en las regiones anglófonas donde los periodistas se encuentran atrapados entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes separatistas.

“El problema de la vigilancia, tanto física como digital, contribuye al deterioro de las condiciones en las que trabaja la prensa, al igual que los problemas económicos, la viabilidad financiera de los medios de comunicación cameruneses y las terribles condiciones en las que tienen que trabajar los periodistas”, explica Quintal a este medio.

Para Quintal, las horribles torturas y el asesinato de Martinez Zogo han llevado la violencia contra los periodistas al corazón político del país. “Sin embargo, la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad contra los periodistas, y de hecho contra la población civil en general, así como la depravación y la crueldad que se han condonado hasta ahora, llevan siendo motivo de preocupación en las regiones del noroeste y suroeste desde finales de 2016, pero se están recrudeciendo a medida que las actitudes en ambos bandos se endurecen... La falta de rendición de cuentas y la impunidad de la violencia contra los periodistas son algunas de las razones por las que esta persiste hasta hoy”, dice Quintal.

Sin salida fácil

Un portavoz del Ministerio de Comunicación camerunés no respondió a nuestra petición de comentarios, pero el Gobierno mantiene que Camerún es un Estado de derecho donde están garantizadas las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de prensa, y cita como muestra de ello la gran cantidad de medios de comunicación impresos, audiovisuales y en línea que existen en el país.

Sin embargo, el Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC), el mayor sindicato de periodistas del país, afiliado a la Federación Internacional de Periodistas, no está de acuerdo. El sindicato se está esforzando por mejorar el entorno de los profesionales de la comunicación. Tras el asesinato de Martínez Zogo, el SNJC declaró el “Miércoles Negro”, una campaña semanal de alcance nacional que exige justicia para el locutor de radio asesinado y reclama un entorno mejor para los trabajadores de los medios de comunicación.

Marion Obam, presidenta nacional del SNJC, explica a Equal Times que los ataques contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación son tan recurrentes que precisan la adopción de medidas de urgencia.

“A pesar de que la Constitución de nuestro país contempla la libertad de expresión de forma ecuánime, sigue reinando una atmósfera generalizada de miedo, teniendo en cuenta que una infracción básica como la difamación se castiga como un delito penal, que conlleva la posibilidad de penas de prisión de larga duración y sanciones enormes”, explica Obam.

El SNJC reivindica la reforma de las leyes sobre los medios de comunicación. También reclama una ley de acceso a la información que facilite la labor de los periodistas para obtener la información en poder de funcionarios públicos, la despenalización de los delitos de los medios de comunicación y el establecimiento de un órgano regulador de los medios de comunicación genuinamente independiente y una comisión nacional que expida carnés de prensa a los periodistas.

En 2012 hubo un atisbo de esperanza, cuando el Gobierno organizó el Foro Nacional de la Comunicación, con el fin de revisar el panorama mediático del país, y manifestó su deseo de reformar la legislación sobre los medios de comunicación y de crear un fondo especial para los medios, entre otras medidas. Pero esos compromisos aún no se han materializado.

Al contrario, los actos de represión violenta contra los periodistas siguen aumentando. Jude Viban, presidente nacional de la Asociación Camerunesa de Periodistas de Habla Inglesa (CAMASEJ), afirma: “La impunidad de los crímenes contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación en Camerún es una provocación inaceptable. Se le debe poner fin”.