Un año después de que el huracán María devastara el territorio estadounidense de Puerto Rico dejando más de 3.000 víctimas mortales y, en su apogeo, a toda la isla de 3,5 millones de habitantes sin electricidad, los activistas sindicales y juveniles están exigiendo que se lleve a cabo una transición energética justa que proteja mejor el sistema económico y energético de la isla en las futuras catástrofes climáticas.

“La transición a energías limpias es muy importante porque en Puerto Rico sufrimos el embate del huracán María y la mayoría de las muertes fue de personas con problemas de salud que dependían de máquinas eléctricas para sobrevivir”, explica Rosalina Alvarado, una profesora de ciencias y líder de la organización ecologista local PANAS.

María tocó tierra como huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 250 km/h, por lo que se convirtió en el décimo huracán más intenso registrado en el Atlántico y en el ciclón tropical más fuerte de todo el mundo en 2017. Debido a su tamaño, golpeó a toda la isla de Puerto Rico y destruyó barrios enteros. Según se calcula, afectó negativamente al 80% de las explotaciones agrícolas de la isla.

Inmediatamente después del huracán, la comunicación entre varias regiones estuvo cortada durante varios días y tuvieron que pasar 11 meses para restablecer totalmente el suministro de energía eléctrica.

Muchas personas aseguran que la respuesta del gobierno federal de Estados Unidos fue muy deficiente y que, en parte, este fue el motivo por el que el huracán se convirtió en el desastre natural más mortífero del país desde el terremoto de San Francisco de 1906.

“Como muchas otras comunidades de Puerto Rico, la de Los Naranjos en Vega Baja [en el centro norte de la isla] estuvo seis meses sin acceso al suministro eléctrico después del paso del huracán María”, nos explica Koralis Reyes, líder del proyecto Naranjo Watt, una iniciativa juvenil para instalar energía solar en su comunidad. “Una transición justa hacia las energías renovables no solo tiene que ver con minimizar las secuelas del cambio climático, sino también con garantizar el acceso de todos a las fuentes de energía”.

Cada vez existen más indicios de que debido al cambio climático, las tormentas como el huracán María serán cada año más frecuentes y pondrán en alto riesgo a los pequeños Estados insulares y regiones costeras de todo el mundo. Por tanto, Amira Odeh, una organizadora del movimiento ecologista internacional 350.org con sede en Puerto Rico, cree que hay que prestar más atención a las voces locales en los frentes de las batallas relacionadas con el clima y la justicia social.

“Es muy importante escuchar la voz del pueblo de Puerto Rico”, asegura Odeh. “Este es un país que va a sufrir constantemente las repercusiones derivadas del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, de las temperaturas y de las sequías. Asimismo, ya estamos viviendo las secuelas de un fuerte huracán que se cobró miles de vidas”.

“La electricidad es un derecho humano, no un producto”

Además del terrible costo en términos de vidas humanas, uno de los impactos más duraderos del huracán María se está sufriendo en el sistema de energía de Puerto Rico. Este se vio muy dañado y tardaron meses en restablecer el suministro eléctrico. Incluso hoy en día, la red eléctrica sería muy vulnerable si se diera otro desastre natural. Sin embargo, los planes actuales para reconstruir el sistema eléctrico del país plantean multitud de inquietudes, especialmente por el plan de privatización del gobernador Ricardo Rosselló. Según temen muchas personas, dicho plan pondría las necesidades y deseos de los inversores estadounidenses y extranjeros por delante de las de los lugareños.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego denunció dicha propuesta. Asimismo, su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, declaró que “la electricidad es un derecho humano y no un producto”.

De hecho, numerosos sindicatos y activistas están pidiendo que se amplíe el control público de la red y que se aumenten las inversiones en los proyectos locales de energía limpia que son propiedad de las comunidades y están gestionados por las mismas.

Además de mantener la red eléctrica bajo el control público, habría que reestructurar la empresa pública PREPA (la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico), aumentando el control de los trabajadores y estableciendo la transición energética como una prioridad. Sus defensores creen que la PREPA debería trabajar con las comunidades para ampliar las opciones de energías renovables para todos y no solo para los que se lo puedan permitir, como muchos temen que ocurrirá con la privatización.

“Es posible crear un nuevo modelo energético en Puerto Rico en el que los servicios sigan siendo un bien público y se lleven a cabo inversiones públicas para reparar y actualizar la infraestructura antigua y deficiente, mientras se construyen nuevas infraestructuras para un futuro en el que primen las energías renovables. Todo esto lo pueden hacer y mantener los trabajadores del sector público”, explica Irene Shen de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED), una iniciativa mundial y multisectorial para fomentar la dirección democrática y el control de la energía.

La organización TUED y otras están preocupadas por el enorme número de empresas privadas estadounidenses y mundiales dedicadas a la ‘energía limpia’ que están llegando a la isla, a la que consideran lista para las energías renovables. Sin embargo, dichas empresas no están teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, las aportaciones locales.

Estas iniciativas a favor de la energía limpia son deficientes, pues dependen de los inversores externos tanto para desarrollar, como para implementar y, en última instancia, controlar los sistemas de energía, algo que muchos analistas llegan a tildar de “colonialismo mediante las energías renovables”. Además del plan de privatización del gobernador, también se teme que la pérdida del control de la red eléctrica del territorio pudiera provocar un aumento de los costes energéticos en el futuro.

“La reparación de la red ya nos ha costado 4.000 millones de dólares USD de dinero público”, asegura Shen. “Este es otro motivo por el que la privatización sería como una ganga para las empresas privadas”. TUED y otros grupos de la sociedad civil vigilarán de cerca el Plan Integrado de Recursos de la Comisión de Energía de Puerto Rico. Está previsto que se inicie a finales de octubre y expondrá un plan detallado y concreto para el futuro del sistema del suministro eléctrico en Puerto Rico. Los observadores están muy interesados en saber si incluirá disposiciones para la producción energética basada en la comunidad y si cuenta con un objetivo ambicioso en relación con las energías renovables.

Muchos territorios y naciones insulares se encuentran en situaciones parecidas a la de Puerto Rico: son excesivamente dependientes de los combustibles fósiles importados y de las empresas lejanas para su suministro de energía y su infraestructura. Al cambiar a las energías renovables producidas a nivel local, la oportunidad de controlar la producción y distribución de energía podría ayudar a revitalizar la economía de la isla y a establecer un modelo para el resto del mundo.

“La transición hacia una energía justa es fundamental no solo para resolver la crisis climática, sino también para empoderar a las comunidades para que gestionen sus propios sistemas de energía, creen sus propias oportunidades de empleo y garanticen el acceso de todos a una energía limpia”, concluye Odeh.