Desde que la pandemia de COVID-19 paralizara la actividad en varios países europeos, las personas confinadas en sus casas salen a sus ventanas y balcones cada noche para vitorear y aplaudir a los trabajadores sanitarios que luchan contra el virus.

Los médicos, los enfermeros y otros profesionales sanitarios se encuentran en primera línea de la lucha contra una pandemia que ya se ha cobrado más de 64.000 vidas en todo el mundo (en el momento de la presente publicación). Y estos trabajadores pagan un precio muy alto. En Italia, donde se ha registrado el mayor número de muertes por coronavirus hasta la fecha, cerca de 90 trabajadores sanitarios (en el momento de la presente publicación) han fallecido desde el inicio del brote, mientras que en todo el mundo decenas de miles se han contagiado y han tenido que ponerse en cuarentena, lo cual ha supuesto una presión increíble para muchos sistemas de atención de salud.

Sin embargo, la contribución de muchas otras categorías de trabajadores también es esencial en la lucha mundial contra el virus. Se trata de trabajadores que no pueden desempeñar su trabajo con un ordenador portátil desde su salón y ahora realizan su trabajo diario con la preocupación añadida de contraer una enfermedad potencialmente mortal.

Camioneros de todo el mundo han publicado fotos de sí mismos en las redes sociales con el pie de foto: “No me puedo quedar en casa, soy camionero”. En Italia, un empleado de supermercado murió tras contraer el virus; en Sudáfrica, periodistas han dado positivo en las pruebas del coronavirus; trabajadores de la economía de plataforma en los Estados Unidos, que carecen de red de seguridad, continúan llevando a pasajeros y entregando comida y paquetes, aunque una sola interacción con un portador de coronavirus puede ser fatídica. Y en Bélgica, barrenderos como Ahmet Sener hacen su trabajo con una bufanda como único equipo de protección.

“Si no hago mi trabajo, las calles estarán llenas de basura, lo cual podría acelerar la propagación del virus”, dice Sener con un atisbo de desesperación en la voz.

Como Equal Times escribió recientemente en un artículo de opinión: “Cuando el mundo arde en llamas, son nuestros trabajadores sanitarios, el personal de emergencias, el personal de limpieza, los trabajadores del transporte, los cuidadores, los trabajadores de supermercados, los recolectores de residuos, los conductores de reparto a comisión de la economía de plataforma (gig economy), los docentes y los agentes de policía, que a menudo ganan salarios que apenas les permiten alimentar a sus familias, los que mantienen funcionando nuestras sociedades. Esto no debería olvidarse nunca”.

Sin embargo, con una recesión mundial acechando tras la pandemia, los trabajadores de todo el mundo se encuentran al principio de una crisis de dimensiones y repercusiones desconocidas. Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el brote podría cobrarse 25 millones de empleos en el mundo y provocar un importante aumento de la pobreza laboral, su director general, Guy Ryder, dice que estas cifras “pueden subestimar la magnitud del impacto”.

No queremos héroes muertos

Los sindicatos tienen motivos de sobra para estar preocupados. En lugares como Polonia, se está socavando el diálogo social, mientras que en Hungría se ha ido más lejos y el Parlamento ha concedido al poder ejecutivo amplias facultades para ejercer un poder autoritario bajo el pretexto de la lucha contra la COVID-19. La perspectiva de una crisis económica a gran escala podría llevar a los gobiernos y los empleadores a adoptar medidas que menoscaban los derechos de negociación colectiva, la afiliación sindical y las medidas de protección social y hacen retroceder aún más los derechos laborales.

Los representantes de los trabajadores ya se preparan para esta situación a nivel local, nacional, sectorial e internacional, y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC), el Instituto Sindical Europeo (ETUI) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) están recopilando las diferentes respuestas a la pandemia, así como las consecuencias de la misma. Todo parece indicar que los países con índices elevados de sindicación, buenas redes de seguridad social y derechos de negociación colectiva sólidos son los que han lidiado mejor con los efectos inmediatos de la pandemia para los trabajadores.

La prioridad más inmediata es la salud y la seguridad.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), la federación sindical internacional de trabajadores del sector público, incluidos los profesionales del sector de la atención y la salud, dice: “Las expresiones de solidaridad del público son alentadoras, pero no es suficiente”.

“No queremos que los trabajadores de la salud se conviertan en héroes muertos. Necesitamos que el mayor número posible de sanitarios estén vivos y sanos para continuar el buen trabajo que están haciendo”, añade en una declaración la secretaria general de la ISP, Rosa Pavanelli.

La ISP ha expresado su preocupación por la escasez mundial de equipos de protección personal (EPI) para los trabajadores y pide a los gobiernos que adopten las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de los tan necesarios equipos y suministros médicos, aunque esto exija tomar el control de fábricas para producirlos.

Esta solicitud ha sido atendida parcialmente. Algunas fábricas ya han reorientado sus cadenas de montaje hacia la producción de artículos para la atención sanitaria: Armani, la marca italiana de artículos de lujo, ahora produce batas médicas de un solo uso, mientras que Ford y General Electric colaboran en EEUU en la producción de los muy necesarios respiradores. Las cadenas de suministro también se están adaptando rápidamente a este paradigma y los sindicatos apoyan esta transición.

“Tenemos ejemplos de empresas que transforman temporalmente su producción para fabricar respiradores, desinfectantes, productos de higiene o equipos de protección en EEUU, Italia o Brasil”, dice Valter Sanches, secretario general de IndustriALL, el sindicato mundial que representa a 50 millones de trabajadores industriales. “Es algo que respaldamos. Apoyaremos los esfuerzos mundiales para ayudar a las personas afectadas por el virus”.

Desde que los trabajadores se movilizaron en torno a la consigna “¡Trabajadores del mundo, uníos!”, la cooperación internacional es uno de los pilares del movimiento sindical. Hoy existe el sentimiento real de que la crisis provocada por el coronavirus podría revitalizar un movimiento que se ha debilitado considerablemente tras cuatro décadas de neoliberalismo.

“Ahora tenemos una oportunidad, siempre y cuando mantengamos la ofensiva en cuanto al discurso: necesitamos más asistencia del Estado, más asistencia para los trabajadores precarios y cobertura sanitaria universal”, sostiene Sanches.

¿Un nuevo modelo de economía mundial?

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, también piensa que “el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud y la economía ha puesto de relieve las deficiencias de las relaciones laborales en materia de bajas remuneradas por enfermedad, horas de trabajo garantizadas o incluso un contrato básico”.
“El mundo después de la pandemia podría propiciar un nuevo modelo de economía mundial, un nuevo compromiso para repartir la riqueza del mundo y una inversión renovada en el cumplimiento y el Estado de derecho”, escribe.

Sin embargo, por ahora, los trabajadores más vulnerables están en el ojo del huracán. En los países del hemisferio sur, donde se concentra la mayor parte de la producción de bajo costo de la fabricación mundial, la escasa protección social y las débiles normas laborales hacen que estos trabajadores ya sean los más afectados por la desaceleración económica. La industria de la confección se está viendo particularmente perjudicada por la crisis, ya que las fábricas están cerrando a un “ritmo preocupante”, dejando potencialmente a millones de trabajadores sin salario, indemnización por despido o prestaciones de asistencia sanitaria.

Según IndustriaLL, “se espera que los trabajadores paguen el precio por la ropa que ya han fabricado”.

“Las marcas y minoristas principales no solo están cancelando futuros pedidos, sino que se niegan a asumir la responsabilidad por las prendas que ya se han fabricado. Para ello, se valen de las disposiciones de emergencia de los contratos para detener los envíos y evitar pagar los productos encargados. Esto provoca que las fábricas queden en posesión de los productos y sean incapaces de venderlos al cliente que los encargó y, en muchos casos, de pagar los salarios de los trabajadores que los fabricaron”, explica esta organización.

El movimiento sindical sigue de cerca la reacción pública y de las empresas al brote. El mes pasado, en la primera Encuesta Mundial de la CSI sobre la COVID-19, la CSI analizó las medidas urgentes de apoyo introducidas por gobiernos del G20 y concluyó que “las mejores respuestas han aportado de inmediato apoyo a los trabajadores y la economía real, garantizando bajas remuneradas por enfermedad, apoyo a los salarios o ayudas financieras y otras medidas”.

“Los países del G20 se están tomando la situación muy en serio”, dice Tim Noonan, director de campañas de la CSI, haciendo referencia al compromiso de grupo de inyectar 5 billones de dólares estadounidenses en la economía mundial para hacer frente a las consecuencias del brote. “Ahora tenemos que movilizarnos para asegurarnos de que [el dinero] llega a la economía real. La forma de lograr que los fondos disponibles se destinan a los trabajadores y sus familias y no terminan en paraísos fiscales es el diálogo social entre los sindicatos y las empresas”, continúa.

Detener el retroceso de los derechos

Los sindicatos mundiales se centran especialmente en frenar a “las empresas depredadoras como Amazon, pero también a figuras políticas autoritarias como el presidente Bolsonaro [en Brasil], que intentan aprovechar la crisis para afianzar su poder”, indica Noonan.

En Italia, Tania Scacchetti, secretaria confederal de la confederación sindical CGIL, acusó a Amazon de anteponer la “productividad y los beneficios a la protección de la seguridad personal de sus empleados”. Explicaba que el gigante del comercio electrónico no cumplía adecuadamente las reglas de seguridad establecidas por el Gobierno en un momento en el que la demanda de entregas a domicilio está en auge debido al confinamiento. En Nueva York, los trabajadores del almacén de Amazon se declararon en huelga el lunes pasado después de que un compañero contrajera la enfermedad del coronavirus.

Amazon niega haber obrado mal e insiste en que “prioriza la salud y la seguridad y da al mismo tiempo servicio a los clientes”.

En Brasil, Jair Bolsonaro, negacionista del coronavirus, ha aprovechado la crisis para impulsar reformas laborales que debilitan directamente a los sindicatos mediante la reducción significativa de sus derechos de negociación colectiva.

En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron aprobó apresuradamente una reforma laboral que aumenta las horas que los trabajadores pueden trabajar. La reforma debería aplicarse solamente hasta finales de año, pero algunos temen que Macron lo utilice para promover el plan que desea implantar desde hace tiempo para reducir los derechos de los trabajadores y, de este modo, hacer su país más atractivo para los inversores.

En EEUU, Uber y Lyft, empresas de transporte de pasajeros que han creado polémica al sostener que sus conductores son contratistas independientes, han bloqueado los intentos por parte de los trabajadores de la economía de plataforma de recibir prestaciones por desempleo.

En el sector de los servicios en general, representado a nivel internacional por UNI Global Union, se exige una protección urgente y adecuada, en particular para el personal de aeropuertos, seguridad, limpieza y servicios postales.

“Los trabajadores de servicios postales y logística también se encuentran en primera línea y prestan un servicio esencial, aunque no sea de urgencia”, sostiene Cornelia Berger, jefa de UNI Postal y Logística. En España, un empleado ha fallecido supuestamente por coronavirus, mientras que otros 200 se han contagiado.

El concepto de “servicios esenciales” ha sido objeto de intensos debates en varios países. Esta clasificación implica que una empresa puede continuar su actividad, lo que ha alertado a varios sindicatos, que consideran que no se les ha consultado adecuadamente.

La construcción es un sector que se encuentra en una zona gris en lo que a la clasificación como “servicio esencial” se refiere. En Irlanda, por ejemplo, los sindicatos han pedido que se cierren todas las obras de construcción no esenciales y que se identifiquen rápidamente las obras clasificadas como “servicios esenciales” para proporcionar una protección adecuada a sus trabajadores.

Ambet Yuson, secretario general de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), hace hincapié en que “si bien el diálogo social y la colaboración adecuada y eficaz de los gobiernos con los sindicatos siempre son importantes, estas prácticas todavía son más necesarias en situaciones de crisis”.

“Instamos a los gobiernos y los empleadores a colaborar estrechamente con las organizaciones miembro de la ICM a fin de poner en marcha medidas, programas y servicios que amplíen los derechos, en lugar de limitarlos, y protejan y garanticen la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores”.

El coronavirus plantea una serie de desafíos que aún son difíciles de entender. Sin embargo, para el movimiento sindical el objetivo parece más claro que nunca. El objetivo a corto plazo es proteger las vidas de los trabajadores, en particular de aquellos en primera línea de batalla contra la pandemia.

A largo plazo, los sindicatos dicen que tendrán que organizarse colectivamente en el marco de una recesión, a fin de garantizar que no se reducen más los derechos laborales bajo el pretexto de reanimar un modelo económico que, a menudo, ha fallado a los trabajadores.