Los trabajadores de Camboya que se organizan por un futuro mejor

Los trabajadores de Camboya que se organizan por un futuro mejor
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Srun Sokthy se sintió sola y desanimada cuando fue elegida para representar la sección local del sindicato de trabajadores de la confección Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (CCADWU) en 2007. Su empleador, Chu Hsing Garment Co. Ltd, entre cuyos clientes se encuentra la marca mundial de vaqueros Levi Strauss, no le estaba pagando las horas extras, y ella no se veía capaz de presionar a su jefe para obtener mejores condiciones de trabajo. Doce años y decenas de sesiones de negociación después, esta trabajadora de 39 años está recibiendo por fin las prestaciones y la remuneración por las horas extraordinarias que le corresponden. Pero ahora vuelve a sentir aquella ansiedad. “Hay mucho miedo a las situaciones que se produjeron en el pasado, en las que los trabajadores eran detenidos [por las autoridades]”, explica Sokthy a Equal Times. “Eso nos pone muy nerviosos, de modo que no podemos llevar a cabo todas las actividades que querríamos como sindicato”.

En los últimos años, la economía de Camboya y los ingresos de sus trabajadores han avanzado: según datos del Banco Mundial, el PIB del país ha pasado de 14.900 millones de dólares estadounidenses en 2014 a 19.600 millones de dólares en 2018 (13.500 y 17.800 millones de euros, respectivamente), mientras que el salario mínimo de los trabajadores del textil ha aumentado de 100 dólares al mes en 2014 a los cerca de 190 dólares que se proyectan 2020 (de 91 a 173 euros). No obstante, esto no ha impedido que líderes sindicales de todos los sectores informen sobre el aumento de la represión a raíz de las continuas restricciones contra toda actividad de oposición. Los camboyanos han perdido importantes libertades personales desde las elecciones municipales de 2017, en las que el partido de la oposición, el Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP, por sus siglas en inglés), estuvo a punto de eclipsar al partido mayoritario, el Partido Popular de Camboya, en el poder desde 1979. Desde entonces, el Gobierno dirigido por el primer ministro que más tiempo lleva en su cargo en el mundo, Hun Sen, ha reprimido todas las formas de oposición, prohibiendo el CNPR y encarcelando posteriormente a antiguos militantes del partido, cerrando los medios de comunicación independientes a finales de 2017 y destruyendo la libertad de asociación.

Los dirigentes sindicales también están preocupados por las enmiendas a 10 artículos de la Ley de Sindicatos de Camboya –en particular por las nuevas restricciones a las actividades sindicales– que se promulgaron en noviembre de 2019.

Sokthy nos cuenta que en el pasado había obtenido beneficios a través de la negociación colectiva con sindicatos independientes, pero la nueva Ley de Sindicatos exige “la mayor representatividad”, lo que contempla la negociación colectiva realizada por el sindicato que mayor número de afiliados tenga en una empresa o sector determinado (en detrimento de los trabajadores).

Aún más perjudicial para los trabajadores camboyanos es una enmienda que ha despojado funcionalmente a los sindicatos de su derecho a convocar huelgas legales, señala William Conklin, director del Solidarity Center de Camboya, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores, asociada a la AFL-CIO de Estados Unidos. “[Llevar a cabo] una huelga legal siempre es difícil, y creo que los obstáculos de la Ley de Sindicatos en realidad lo dificultan aún más”, declara. “La cuestión es si un sindicato se embarcaría en una huelga ilegal, y normalmente, cuando eso sucede, son uno o dos días y después vuelven a trabajar”.

En vista de la incapacidad del Gobierno para frenar las violaciones de los derechos humanos y laborales, estos están siendo sometidos a un intenso escrutinio mientras la Unión Europea decide si suspende el acceso preferencial del país asiático al mercado de la UE en el marco del régimen comercial “Todo menos armas” (TMA, o EBA, en inglés; que concede a las exportaciones camboyanas el acceso libre de impuestos a los mercados de la UE a medida que el país desarrolla su economía). La decisión no se tomará hasta febrero, pero la UE ha enviado sus conclusiones al Gobierno camboyano este mes, y la represión sindical se ha catalogado como una de las violaciones de los derechos más “graves y sistemáticas”.

Para Vorn Pao (o, como le llaman a veces, Vorn Pov), un activista sindical veterano y líder de la asociación Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA), la amenaza de sanciones es probablemente la última línea defensiva para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en Camboya. El propio Pao ha sido imputado por el gobierno en varias causas judiciales y encarcelado por su participación en las protestas laborales generalizadas que tuvieron lugar en 2014. Hoy afirma que IDEA ha dejado de organizar huelgas por miedo a los arrestos, coincidiendo con otros sindicalistas entrevistados por Equal Times. “Cuando hay presión internacional, el Gobierno se vuelve más respetuoso con los derechos de los trabajadores, y también disminuye la discriminación contra los sindicatos”, afirma Pao. “Pero solo cuando hay presión internacional”.

 

Chhim Sithar is the branch president for the Khmer Employees’ Labour Rights Support Union of NagaWorld, a five-hotel resort and casino in Phnom Penh. Sithar has been suspended for several months due to a dispute about NagaWorld prohibiting union members from wearing t-shirts calling for higher wages.

Photo: Enric Català Contreras

Aunque fue suspendida de su trabajo sin justificación alguna, Chhim Sithar, supervisora de planta en el NagaWorld Casino and Resort, insta a sus compañeros de trabajo a ser pacientes. Ella y los 4.000 afiliados al sindicato Khmer Employees’ Labour Rights Support Union of NagaWorld estaban cada vez más preocupados en su lucha por conseguir un salario básico más alto: en 2018 las ganancias de la empresa ascendieron a 1.470 millones de dólares (1.336 millones de euros), pero el personal de limpieza ganaba un salario mínimo de apenas 191 dólares mensuales (173,5 euros).

El 20 de septiembre de 2019, cuando Sithar, presidenta sindical de 30 años, fue detenida y posteriormente suspendida por cuestionar que la empresa hubiese prohibido una camiseta con mensajes para reclamar salarios más altos, los miembros del sindicato dejaron de trabajar en señal de protesta. “Es un mensaje muy enérgico para la empresa: los trabajadores protegen a sus líderes y saben lo importante que es la representación sindical”, señala. Sithar explica que, desde el primer día de su suspensión, instó a sus compañeros a que siguieran trabajando como de costumbre, mientras organizaban acciones de protesta sutiles. En las últimas semanas, por ejemplo, todos los miembros del sindicato han llevado máscaras rosas, brazaletes negros y otras señales de solidaridad al pasar por los puestos de control -fuertemente vigilados- de acceso y salida del complejo.

 

Tuk-tuk driver Pov Soeurn has been a member of the informal workers’ association IDEA since 2007. The 38-year-old says he works “almost 24 hours a day” for an average income of US$10 daily.

Photo: Enric Català Contreras

Soeurn empezó a conducir por el distrito central de Daun Penh en la capital Nom Pen hace 11 años, en una época en la que reinaba el caos. Los conductores se peleaban con regularidad por los clientes o por los puntos de estacionamiento, y no tenían ningún poder frente a la policía o los residentes pudientes que iban en coche y podían golpear impunemente un tuk-tuk. Cuando Soeurn y algunos de sus compañeros se afiliaron a IDEA, consiguieron cierto control para afrontar algunos de aquellos conflictos: podían negociar con la policía para poder estacionarse frente a los centros comerciales o a las atracciones turísticas; y si se veían involucrados en un accidente de tráfico, podían exigir una indemnización económica a los conductores que habían cometido la infracción.

Pero la industria ha cambiado, y Soeurn siente que está luchando más que nunca. Últimamente hay pocos clientes. La empresa de servicio de taxis Grab, con sede en Singapur, junto con otras aplicaciones móviles de la competencia, han bajado sus precios para conseguir más usuarios, pero los conductores de tuk-tuk siguen teniendo salarios bajos. Soeurn se ha descargado todas las aplicaciones de servicios de taxis que ha podido encontrar, e incluso se ha comprado un tuk-tuk blanco nuevo, que ha adornado con pegatinas de IDEA en azul y blanco. Sin embargo, está muy preocupado porque no sabe si conseguirá devolver el microcrédito de 5.000 dólares (4.543 euros) que obtuvo para comprar el nuevo vehículo. “Aunque expresara mis inquietudes, no conseguiría una solución, porque esto es Camboya”, subraya. “Simplemente sigo la corriente: si la gente utiliza ahora una aplicación, pues me tendré que adaptar a los cambios, porque no puedo hacer otra cosa”.

 

Vorn Pao, president of the Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA), photographed in Phnom Penh on 15 November 2019.

Photo: Enric Català Contreras

Como líder de IDEA, no es raro que el trabajo de Vorn Pao se vea torpedeado por la convulsión política de Camboya. Fue detenido y acusado de participar en las protestas salariales de enero de 2014, en las que las autoridades dispararon y mataron a cinco manifestantes. Las manifestaciones de este calibre han disminuido debido a una regulación gubernamental más estricta y al temor a la violencia, pero el activista indica que eso no significa que los trabajadores, en particular los de la economía informal, estén recibiendo un trato justo. “En Camboya hay políticas y leyes bastante buenas, pero no se aplican, y la población sigue sufriendo”, concluye.

 

Srun Sokthy, wearing a blue shirt, is the president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (CCADWU). In this photo, taken in Phnom Penh on 16 November 2019, Srun shares lunch with her vice-president Eam Chanbuny.

Photo: Enric Català Contreras

Entre su trabajo en una fábrica de confección y el cuidado de sus dos hijos pequeños, el único respiro que tiene Sokthy es a la hora del almuerzo, que la pasa en una cantina o en la habitación de su familia, que se encuentra a pocos minutos andando de la fábrica, a las afueras de Nom Pen. No obstante, afirma que su vida ha mejorado desde que se afilió al sindicato independiente CCADWU.

Cuando empezó a trabajar en Chu Hsing Garment Co. Ltd en 2007, su salario básico era de 35 dólares mensuales (32 euros). Mediante las negociaciones sindicales y tras décadas de trabajo, ahora gana 210 dólares (191 euros) al mes de sueldo básico, más otros 100 dólares (91 euros) por las horas extras, un total que supera el salario mínimo nacional de 182 dólares mensuales (165 euros) de los trabajadores de la confección.

CCADWU y otros sindicatos locales representados en la fábrica se reunieron para intentar conseguir beneficios adicionales: un abono de 10 dólares (9 euros) al mes para el transporte, una licencia anticipada para las trabajadoras embarazadas, y el establecimiento de un fondo de 20.000 dólares (18.170 euros) para accidentes y emergencias cubierto por la empresa. “Obtuvimos mejores beneficios que los previstos por la ley. Todo ello mediante las negociaciones con el sindicato”, señala Sokthy.

 

On 18 November 2019, IDEA and Oxfam organised a workshop for IDEA’s street vendor members in Phnom Penh to educate them about their healthcare entitlements.

Photo: Enric Català Contreras

Los trabajadores de la economía informal realizan los trabajos que sustentan Nom Pen: transportando turistas y trabajadores, limpiando casas y sirviendo almuerzos en la calle. Sin embargo, pierden los beneficios que reciben los empleados de una empresa pública o privada, y se enfrentan a mayores riesgos al carecer de un contrato definido y un salario fijo.

Pao dice que los trabajadores de la economía informal han logrado cierto reconocimiento a medida que el Gobierno reforma las protecciones de los trabajadores, pero esto no se ha traducido en cambios concretos en la vida de los trabajadores. Aunque los trabajadores de la economía informal fueron reconocidos en la última actualización de la Ley Nacional de la Seguridad Social, suscrita por el rey de Camboya en noviembre, será necesario un decreto secundario específico por parte del primer ministro para que los trabajadores tengan acceso a la seguridad social. “El Gobierno solo está haciendo esto para demostrar a la UE, por el bien del TMA, que está respetando los derechos laborales”, concluye Pao.

IDEA invierte mucho tiempo en organizar campañas de sensibilización con su red de aproximadamente 12.000 miembros. Durante un taller de un día que tuvo lugar en noviembre, los participantes aprendieron sobre la posible inclusión de los trabajadores del sector de la economía informal en el programa de seguridad social del país, así como métodos para explicar a los líderes de las aldeas y municipios los problemas que afrontan.

 

Oeum Nhanh is a construction worker at the Mekong Royal development complex just outside of Phnom Penh.

Photo: Enric Català Contreras

Durante los últimos cinco años, el trabajo de Nhahn ha consistido en barrer y transportar sacos de cemento en la obra de construcción de la nueva y lujosa urbanización privada de Mekong Royal. Comenta que sus compañeros de trabajo han dudado en afiliarse, como ella, al sindicato Building and Woodworkers Trade Union of Cambodia (BWTUC) porque temen molestar a sus empleadores. No obstante, apunta que se sentía motivada a afiliarse al sindicato porque quería estar más protegida y tener un mejor salario para mantener a su familia.

“Es por mi trabajo, no estoy preocupada por mí misma. Estoy preocupada por mi marido, porque trabaja a alturas muy elevadas [en los edificios]”. En su día libre, Nhanh se queda en su húmeda habitación con paredes de chapa, preparando como plato especial para el fin de semana los caracoles que recoge del estanque que hay detrás de las viviendas temporales donde se alojan los trabajadores de la construcción. Otro promotor acaba de empezar a llenar el estanque para conseguir más terreno, y ella augura que Mekong Royal los despedirá y desmantelará las viviendas en cuestión de un año, conforme el proyecto se vaya finalizando.

 

Chhim Vy, 52, is originally from the central Cambodian province of Kampong Cham. He is member of Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia (BWTUC) and works on a construction site, where he also lives with his wife and two children. He is fearful about what will happen if his employer finds out that he is a member of a union.

Photo: Enric Català Contreras

Vy se siente aliviado de no haberse lesionado nunca desde que comenzó a trabajar en la construcción, pues sabe que no recibiría gran cosa en concepto de indemnización. Definitivamente no sería suficiente para un funeral tradicional jemer. No existen datos oficiales sobre el número de trabajadores de la construcción que han muerto en los edificios que se están levantando por toda la capital camboyana, pero, anecdóticamente, hay historias de muertes no registradas en muchos proyectos. “Ocultan los accidentes y las lesiones”, afirma Nhahn. “Si lo pienso, debe haber por lo menos diez personas que han muerto [en esta obra de construcción]. Pero las empresas no nos dicen nada”.