Puede que Taiwán esté en la recta final de su peor brote de covid desde que comenzó la pandemia, pero los trabajadores migrantes siguen sometidos a unas medidas de confinamiento draconianas que los defensores de los derechos califican de “discriminatorias”. Entre mediados de mayo y mediados de julio, más de 14.000 ciudadanos de Taiwán se contagiaron de coronavirus, una cifra considerable teniendo en cuenta que el número total de casos desde el comienzo de la pandemia en febrero de 2020 hasta mayo de 2021 ascendía a apenas 1.199. El brote afectó especialmente a varios de los edificios donde se alojan trabajadores del sudeste asiático de diversas empresas de tecnología con sede en el condado de Miaoli, y la respuesta del gobierno local fue prohibir a los trabajadores migrantes salir al exterior desde el 7 de junio hasta el 6 de julio, salvo para ir a trabajar.

Como las normas no se aplicaron a la población en general, los defensores han condenado estas medidas, las cuales, según ellos, dejan en evidencia que el gobierno taiwanés defrauda a los trabajadores migrantes de las fábricas y que, gracias al sistema de intermediación laboral del país, ha creado una sociedad a dos niveles, por mandato legal, durante tres décadas.

Para satisfacer la creciente demanda de productos electrónicos de consumo en tiempos de considerable escasez mundial de semiconductores, Taiwán, el mayor proveedor mundial de microchips para ordenadores, depende en gran medida de la mano de obra extranjera. Pero, si bien es cierto que estos trabajadores constituyen la columna vertebral de la economía taiwanesa, sus derechos y su dignidad suelen quedar en segundo plano frente a los beneficios de las empresas.

Desde principios de junio decenas de miles de trabajadores tuvieron que permanecer confinados durante casi un mes. Equal Times habló para este artículo con una docena de trabajadores del sector de la tecnología, algunos de los cuales siguen sometidos a estrictas medidas de restricción por la pandemia, pese a que los focos de contagio entre los trabajadores migrantes se han venido reduciendo desde principios de julio.

Regina*, trabajadora filipina en una fábrica de chips de ASE, el mayor segmento mundial de encapsulamiento de circuitos integrados y servicios de prueba, comparte con otras 11 trabajadoras de Zhongli (al noroeste de Taiwán) una habitación de seis literas abarrotada. Hay maletas y objetos personales amontonados y ropa tendida para que se seque dentro de la habitación. Nos cuenta que durante 30 días, del 7 de junio al 6 de julio, no se le permitió salir de su dormitorio salvo para ir a trabajar, y disponía de una hora para regresar al mismo después de terminar su turno.

“Nos sentimos prisioneros. Es como si la empresa controlara todos los aspectos de nuestra vida”, señala Regina, a quien entrevistamos cuando todavía estaba sometida a las restricciones que se acaban de levantar.

Su empresa, como muchas otras, ha colocado guardias de seguridad a las puertas de la fábrica y de los dormitorios, y para poder entrar o salir de ambos sitios los trabajadores tienen que pasar su tarjeta de identificación de la empresa.

Regina afirma que ASE no solo limitaba el movimiento de los trabajadores extranjeros de las fábricas, sino que también controlaba los alimentos que podían comer e incluso les obligaba a hacer la colada a horas determinadas. “Es muy agobiante”, se lamenta Regina. “Es injusto que los trabajadores taiwaneses no estén sometidos a todas estas normas”, afirma. De momento ningún trabajador migrante de ASE se ha contagiado de covid-19.

¿Acorde con la normativa sobre epidemias?

ASE, que tiene cerca de 6.000 empleados migrantes en todo Taiwán, anunció que el 7 de junio restringiría el movimiento de los trabajadores de las fábricas, supuestamente para protegerlos de la exposición al virus. Según un documento interno consultado por Equal Times, todo trabajador que infringiera las normas sería sancionado con un demérito importante (y a los tres deméritos sería penalizado con el despido). Antes de anunciarlo, la empresa había ordenado a cientos de trabajadores migrantes que abandonaran las viviendas de alquiler privado y se instalaran en alojamientos compartidos de la empresa, lo que supuso alojar a cerca de 3.000 residentes en dos edificios de dormitorios.

Un portavoz de ASE señaló a este medio que la empresa entendía que las medidas de seguridad podían haber provocado ansiedad a los trabajadores, pero que solo estaba cumpliendo la normativa sobre epidemias establecida por el Gobierno. “Reconocemos la importante contribución de nuestros empleados migrantes para el éxito de la empresa y de la economía taiwanesa”, declaró la empresa el 1 julio en un comunicado escrito en el que subrayaba que estaba tratando de tranquilizar a los trabajadores migrantes proporcionándoles ayuda económica.

Taiwán cuenta con más de 711.000 trabajadores migrantes, en su mayoría procedentes de Filipinas, Indonesia, Vietnam y Tailandia. Los trabajadores migrantes representan el 8% de la población activa del país, y más del 60% trabaja en el sector industrial, en particular la industria de microchips.

Durante el peor brote a escala comunitaria que se ha producido en Taiwán, e inmediatamente después, algunos empleadores recurrieron presuntamente a tácticas intimidatorias para que los trabajadores migrantes cumplieran las estrictas normas de la empresa. Les decían, por ejemplo, que si morían de coronavirus serían incinerados en Taiwán en lugar de ser repatriados a su país para darles sepultura, o que si se contagiaban del virus tendrían que asumir todos los gastos derivados.

“La política de confinamiento en los dormitorios es sumamente discriminatoria”, afirma Wu Jing-ru, directora ejecutiva de la Taiwan International Workers Association. “Los trabajadores migrantes, vitales para la economía de Taiwán, son considerados mera mano de obra, no seres humanos. Durante el período de mayor actividad de estas empresas de electrónica no se quiso detener su funcionamiento”.

La respuesta inicial del Ministerio de Trabajo a las medidas de confinamiento selectivo de los empleadores fue guardar silencio, hasta que a finales de junio anunció que todo empleador que privara a los trabajadores migrantes de su libertad de movimiento o amenazara con obstruir su capacidad para ejercer sus derechos estaría infringiendo la legislación penal del país. Sin embargo, todavía no se ha sancionado a ninguna empresa o autoridad por hacerlo.

Cabe señalar que no son solo las empresas de tecnología las que se han excedido con los trabajadores migrantes. El 7 de junio Hsu Yao-chang, magistrado de Miaoli, dictó una orden de “confinamiento en dormitorios” después de que se produjeran los primeros focos de contagios en varios dormitorios de trabajadores migrantes del Jhunan Science Park, en el condado de Miaoli, que cuenta con cerca de 15.000 trabajadores extranjeros del sector.

Cuando los trabajadores migrantes y los grupos de derechos humanos protestaron por el hecho de que las órdenes solo prohibían la libertad de movimiento a un grupo de trabajadores, Hsu declaró en rueda de prensa: “Ustedes han dado positivo e incluso han muerto a causa del virus. ¿Por qué hablar ahora de derechos humanos?”.

Cuarentena insegura y medidas de prevención de la covid-19

En KYEC, uno de los principales proveedores de semiconductores para empresas tecnológicas mundiales como Apple e Intel, se produjo el primer y mayor brote de covid entre trabajadores extranjeros, con más de 340 trabajadores contagiados. La empresa confinó en sus dormitorios a los trabajadores migrantes de su planta de Miaoli cuando no estuvieran de servicio e impuso métodos de cuarentena epidemiológicamente cuestionables.

Kathy*, trabajadora de KYEC, afirma que la pusieron en cuarentena a principios de junio en una habitación donde se habían alojado compañeros infectados de coronavirus justo antes de que ellas y sus otras compañeras se instalaran allí.

“Las habitaciones estaban sucias y no estaban bien desinfectadas, y mis compañeras llegaron a encontrar EPI usados en sus habitaciones”, declara. “Me sentía mental y físicamente agotada por la situación, porque no sabía lo que me iba a pasar después. Cuando alguien da positivo, todos los que están en la misma habitación tienen que abandonar el dormitorio [y hacer cuarentena]”, explica Kathy. “La política de la empresa es muy errónea”.

En declaraciones telefónicas a Equal Times un representante de KYEC admitió que, con la premura por reaccionar enseguida a la rápida propagación del virus, se cometieron errores. “Pero estos problemas se han solucionado. Los trabajadores en cuarentena están volviendo gradualmente al trabajo, y las medidas de la empresa se ajustan actualmente a las medidas de confinamiento suave a escala nacional”.

El padre Joy Tajonera, sacerdote que lleva más de 20 años trabajando como defensor de los derechos de los trabajadores migrantes, considera que la pandemia no ha hecho más que poner de manifiesto un problema preexistente. “El problema no es la covid-19. El problema es que el Gobierno permite que en Taiwán se mantenga el sistema de intermediarios”, señala.

Desde 1989, cuando Taiwán abrió su mercado laboral a los trabajadores extranjeros, el sistema de intermediarios de dos niveles del país ha permitido a los empleadores de las fábricas subcontratar a trabajadores migrantes y proporcionarles los servicios necesarios, como alojamiento y traductores. En la mayoría de los casos los intermediarios cobran a los empleadores honorarios muy bajos o nulos y, en cambio, a los trabajadores migrantes les cobran entre 1.500 y 1.800 dólares taiwaneses TWD (entre 53,40 y 64 dólares USD aproximadamente) en concepto de honorarios mensuales por servicio.

No obstante, cuando los trabajadores necesitan ayuda para mejorar su condiciones de vida o para defender sus derechos en el trabajo, los intermediarios suelen estar ausentes. “Es un verdadero sistema de control. El Gobierno debería asumir más responsabilidad para proteger los derechos humanos de los trabajadores migrantes”, comenta el padre Tajonera.

El centro de control de enfermedades Center for Disease Control (CDC) de Taiwán afirma que nunca ha prohibido a los migrantes salir y que ha hecho grandes esfuerzos para frenar la propagación del virus entre las comunidades migrantes. “Los trabajadores migrantes han dejado sus ciudades de origen para contribuir a la prosperidad económica de Taiwán. El pueblo de Taiwán siempre ha estado agradecido por ello y no discrimina a los trabajadores migrantes por sus contagios”, declaró el CDC en un comunicado a este medio.

A fecha del 29 de julio Taiwán ha registrado 15.637 casos confirmados de coronavirus y 787 muertes. El CDC ha señalado que los focos de contagio de los trabajadores migrantes están actualmente bajo control y prácticamente resueltos. Aunque el relativo éxito de Taiwán a la hora de frenar el coronavirus puede atribuirse a sus medidas rápidas y decisivas, los defensores de los derechos señalan que es ilegal e inmoral aplicar medidas tan estrictas únicamente a un segmento de la población. Aunque el gobierno niega haber dirigido las medidas de confinamiento a los trabajadores migrantes, no ha impedido que las autoridades y las empresas lo hagan.