En respuesta al problema, un comité interministerial –integrado por los ministerios de Salud y Cuidados Infantiles; Medio Ambiente y Turismo; el Ministerio de Gobierno Local y el de Pequeñas y Medianas Empresas– prohibió el 10 de enero la venta ambulante de alimentos, con objeto de controlar una posible epidemia.

“Somos conscientes de las duras críticas que recibiremos de los vendedores ambulantes, pero actuamos en bien del interés público”, comentó la secretaria municipal en funciones del Consejo de la ciudad de Harare, Josephine Ncube, en declaraciones al canal de noticias sudafricano eNCA.

En un país donde sigue creciendo la tasa de desempleo, ya de por sí elevadísima, la prohibición de la venta ambulante es considerada por quienes critican esta política como una medida antipopular, destinada a castigar a la población de Harare por apoyar al partido de la oposición –el Movimiento para el Cambio Democrático en Zimbabwe– en las elecciones locales.

Se estima que hay unos 10.000 vendedores ambulantes tan solo en las calles de Harare. A pesar de la prohibición, muchos de ellos han continuado la venta, pese al riesgo de que su mercancía les sea confiscada y destruida. Los vendedores evitan ahora el centro de la ciudad, con fuerte presencia policial, o se limitan a operar fuera del horario habitual.

El 19 de enero, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation (VISET), una ONG que se dedica a defender los derechos de los vendedores ambulantes, impugnó la prohibición ante el Tribunal Supremo del país.

Los vendedores piden al Gobierno la creación de trabajo decente para los vendedores informales de la ciudad, antes de sacarlos de las calles. Han acusado además a las autoridades de no abordar las causas profundas del reciente brote, como por ejemplo el alcantarillado bloqueado, las aguas residuales que fluyen por las calles y las basuras sin recoger.

Garikai Zvasara, un vendedor del distrito central de Harare, dijo a Equal Times que seguirá vendiendo comida en la calle hasta que el Gobierno le ofrezca una alternativa viable.

“Preferiría morir antes de ver a mi familia consumirse en la pobreza por culpa de un Gobierno insensible que hace que sea la población quien pague por sus errores. Estoy dispuesto a luchar hasta el final, porque no nos ofrecen otro medio de subsistencia alternativo”, declaró Zvasara.

Crear más puestos de trabajo en lugar de destruir nuestros medios de subsistencia

La presidenta de la Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations (ZCIEA), la cámara de asociaciones de la economía informal, Lorraine Sibanda, dijo a Equal Times que el Gobierno debería evitar politizar lo que, esencialmente, es una crisis que ha provocado él mismo.

“No se puede erradicar a los vendedores. Seguirán ganándose la vida en las calles porque el Gobierno estaba allí cuando las compañías empezaron a cerrar y fue quien estableció las políticas que han hecho que se vayan los inversores”, afirmó.

Describió al grupo de trabajo ministerial como “ciego” ante la inadecuada prestación de servicios y la negligencia medioambiental que ha conducido al reciente brote de fiebre tifoidea.

“Lo único que ven es a los vendedores ambulantes como elementos negativos para la salud y tienen una representación elitista de la vida en Zimbabwe. Pero los vendedores ambulantes y todos los trabajadores de la economía informal no son criminales; son ciudadanos zimbabuenses de pleno derecho, que se ganan la vida honestamente en una economía deteriorada donde no hay empleo”, añadió.

La asociación de residentes Combined Harare Residents Association (CHRA) se hizo eco de sentimientos similares en una declaración donde pedía a las autoridades locales hacer frente a las principales causas del brote de fiebre tifoidea, en lugar de concentrarse en medidas destinadas puramente a cubrir las apariencias, como echar de la ciudad a los vendedores ambulantes.

“La falta de agua potable y unos servicios de saneamiento e higiene inadecuados figuran entre los factores clave que desencadenan las fiebres tifoideas y requieren una atención urgente si se quiere contener la epidemia. La situación en Harare se ve agravada por el hecho de que, desde hace años, los residentes han debido hacer frente a un suministro de agua irregular, al tiempo que la recogida de basuras es generalmente deficiente”, afirma la asociación.

El comité coordinador de la respuesta de la sociedad civil ante emergencias sanitarias, Civil Society Health Emergency Response Coordinating Committee (CSHERCC) indicó que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para parar la propagación de la fiebre tifoidea desde que se comunicara el primer caso en diciembre.

El Dr. Evans Masitara, portavoz del CSHERCC y presidente de la asociación de médicos Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, dijo que, aunque desde una perspectiva sanitaria no fomentaría la venta de comida en la calle, los vendedores ambulantes no eran responsables del brote de fiebre tifoidea.

“No hay que mezclar unas cosas con otras. La venta ambulante de carne y otros productos alimenticios plantea en efecto problemas sanitarios, pero definitivamente no ha sido causante del brote de fiebre tifoidea”, afirmó.

“El problema ha de enfocarse en términos de un fallo sistemático del Estado a través del Gobierno central, incapaz de hacer frente a un problema bien conocido. La naturaleza repetitiva de los brotes de fiebre tifoidea y otras enfermedades transmitidas por el agua es la consecuencia de la incapacidad por parte del Estado, por medio del Gobierno central y las autoridades locales, a planificar adecuadamente y anticipar las epidemias antes del inicio de cada estación”, concluyó.