Lucha por la justicia: cómo los sindicatos holandeses defendieron a las víctimas afectadas por el cromo hexavalente

Lucha por la justicia: cómo los sindicatos holandeses defendieron a las víctimas afectadas por el cromo hexavalente

Kees van Es (mechanic naval air station Valkenburg) and André Vinke (painter for various Royal Air Force bases) in The Hague, June 2021, during a roundtable discussion in the House of Representatives about the use of Chrome-6 paint by the Ministry of Defense.

(Bart Maat/ANP MAG/ANP via AFP)
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Un escándalo más del ministerio de Defensa, pensó Anne-Marie Snels, presidenta del sindicato de personal militar AFMP (Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel). Corría el año 2014. La opinión pública acababa de enterarse de que el personal del ministerio de Defensa había estado expuesto al cromo hexavalente cancerígeno durante su jornada laboral en las instalaciones de mantenimiento de la OTAN. Las tareas de lijado, pulido y soldadura en equipos estadounidenses provocaron la liberación del metal tóxico, que lleva décadas utilizándose en las industrias siderúrgica y de la pintura por sus propiedades anticorrosivas. Una cantidad importante de estos trabajadores habían enfermado e incluso fallecido.

“Exigimos inmediatamente una comisión de investigación conjunta e independiente al ministro [de Defensa], revisiones médicas independientes para las víctimas y una compensación por daños y perjuicios para los trabajadores que habían caído enfermos”, explica Anne-Marie. “No escatimamos ni el más mínimo esfuerzo”. Bajo presión tanto de la opinión pública como del Comité de Defensa de la Cámara de Representantes (la cámara baja del parlamento bicameral de los Países Bajos), el ministro aceptó, bajo la reserva de que el ministerio de Defensa pudiera negar cualquier responsabilidad. En pocos meses se pactó un ‘acuerdo de buena voluntad’ (una indemnización parcial sin admisión formal de culpabilidad u obligación) que ofrecía un sistema provisional de anticipos de entre 3.000 y 15.000 euros, al que podían acceder todos los exmiembros del personal (incluidos los trabajadores temporales y los subcontratados) si habían trabajado un mínimo de un año en determinados puestos de trabajo y habían desarrollado problemas de salud específicos. Después de publicar los resultados de la investigación se otorgaría una indemnización definitiva.

La investigación duró alrededor de tres años. La comisión conjunta colaboró estrechamente en la investigación con el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) y con varios expertos. Según Anne-Marie, que también formaba parte de la comisión: “La investigación fue exhaustiva. Tuvimos que localizar a personas que habían dejado su puesto de trabajo hacía mucho tiempo. Organizamos reuniones para recopilar las preguntas de los antiguos trabajadores y, basándonos en las mismas, creamos todo tipo de subcomisiones. Además, tuvimos que establecer la relación causa y efecto entre determinadas enfermedades y la exposición al cromo. Había muy poca información al respecto. Ni en los Países Bajos, ni en Europa. Por tanto, la investigación fue sumamente valiosa”.

En junio de 2018, la comisión de investigación publicó una lista de enfermedades que se demostró podían ser causadas por el cromo hexavalente: el cáncer de pulmón, el cáncer de nariz, la dermatitis por contacto, el asma alérgica, la rinitis y afecciones del pulmón como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El cáncer de la laringe se añadió a la lista más tarde.

La comisión recomendó que se indemnizara a los antiguos trabajadores o a sus familiares con entre 5.000 y 40.000 euros (más para las comorbilidades), se realizara un seguimiento de todo el personal afectado, se mejoraran las medidas de salud y seguridad y se llevaran a cabo dos investigaciones de seguimiento, una de ellas sobre la exposición al cromo hexavalente en todas las fuerzas armadas que debería estar terminada para diciembre de 2020. Entretanto ya había quedado claro que alrededor de 2.400 trabajadores podían haber estado expuestos al cromo hexavalente en el periodo que abarca desde 1984 hasta 2006.

Anne-Marie se alegra de que la comisión independiente de investigación haya podido penetrar en el bastión de los asuntos del ministerio de Defensa. “No pudieron ocultar este enorme escándalo. Es terrible e indignante que los trabajadores se hayan visto expuestos a una sustancia cancerígena. El ministerio de Defensa conocía los riesgos. Las indemnizaciones nunca podrán reparar el daño que han supuesto para la salud de los afectados. Y hay gente que ni siquiera está incluida en la indemnización definitiva. Eso es muy duro. Mucha gente les ha demandado”.

Una indemnización rápida

Mientras se realizaba esta investigación a gran escala, ya se estaba generando otro escándalo. En 2016 se reveló que en Tilburg, una ciudad situada en la región meridional de los Países Bajos, alrededor de 800 personas con prestaciones de desempleo habían sido expuestas al cromo hexavalente entre 2004 y 2011 mientras trabajaban en un proyecto con el objetivo de volver a ingresar al mercado laboral. Tras amenazarles con retirarles sus prestaciones, les habían empleado en una nave donde tuvieron que renovar material rodante de Ferrocarriles Holandeses (NS) y el Museo del Ferrocarril –sin equipos de protección y bajo condiciones sumamente estrictas e intimidantes–.

“En este caso también se creó de inmediato una comisión de investigación independiente”, nos cuenta Marian Schaapman, que entonces formó parte de la comisión en su condición de directora de la Oficina de Enfermedades Laborales de la Federación de Sindicatos Holandeses (FNV) y que desde 2017 preside la Unidad de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo del Instituto Sindical Europeo (ETUI). “Gracias a mi experiencia en la Oficina de Enfermedades Laborales, ya sabía lo que era importante: las revisiones médicas independientes, un acceso gratuito a la sanidad y, en última instancia, no escatimar ni el más mínimo esfuerzo para garantizar las indemnizaciones por enfermedad y daños morales. Fue vergonzoso ver cómo la ciudad de Tilburg y Ferrocarriles Holandeses habían obligado a personas vulnerables –normalmente refugiados y personas poco cualificadas– a soportar el peor tipo de condiciones laborales, mientras su empleador, la empresa ferroviaria, era plenamente consciente de los riesgos que corrían”.

Durante la investigación, todos los antiguos trabajadores fueron sometidos rápidamente a revisiones médicas y recibieron el pago parcial del coste de sus seguros médicos. En 2019, la comisión independiente de investigación dictaminó que la ciudad de Tilburg no había cumplido con su deber de cuidado y que Ferrocarriles Holandeses conocía los riesgos que corrían los trabajadores.

La recomendación fue que todos los antiguos trabajadores debían percibir un pago de 7.000 euros, tanto si estaban enfermos como si no. Eso era para indemnizarles por los daños morales que habían tenido que soportar hasta la fecha en que se completó la investigación.

Asimismo, la comisión dictaminó que había que pagar una indemnización (de entre 5.000 y 40.000 euros) a todos aquellos que, durante su jornada laboral en la nave, hubieran desarrollado una de las enfermedades que, según pruebas científicas, estén vinculadas al cromo hexavalente (en la lista del RIVM).

Parece que en esta cuestión de la exposición a sustancias peligrosas, los Países Bajos encadenan un accidente con otro. Debido a esto, en parte, los últimos escándalos han abierto horizontes más amplios para proponer un sistema general de indemnizaciones, gracias al cual los trabajadores que demuestren haber estado expuestos a sustancias peligrosas recibirían indemnizaciones del gobierno. Ya existe un acuerdo de este tipo (en forma de un pago único de 21.000 euros) para las víctimas del amianto y los trabajadores que enfermaron a causa de disolventes orgánicos.

En la Cámara de Representantes ya se ha leído un dictamen titulado Una cuestión de sustancias. “Es difícil para las víctimas holandesas obtener el reconocimiento de que se han enfermado debido a su trabajo”, explica Schaapman. Como directora de la Oficina de Enfermedades Laborales de la FNV, que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los miembros del sindicato, ha llevado innumerables procesos judiciales. “Un sistema general de indemnizaciones ahorraría a mucha gente todo ese dolor y mantendría abierta la posibilidad de la responsabilidad jurídica. Los procedimientos de este tipo crean precedentes jurídicos, que son imprescindibles para mejorar la posición de los trabajadores, por un lado, y concienciar a los empleadores de los riesgos a los que exponen a sus trabajadores, por el otro”.

En Europa, cada día un millón de trabajadores están expuestos al cromo hexavalente

En parte debido a los escándalos del cromo hexavalente, en 2017 el valor máximo permitido en los Países Bajos se fijó en 1 μg/m3 (microgramo por metro cúbico de aire). Dicha cifra es estricta si se compara con el valor europeo de 10 μg/m3, que en 2025 se reducirá hasta 5 μg/m3. En 2014, Francia también aprobó un valor máximo de exposición en el trabajo de 1 µg/m3 para el cromo hexavalente.

En Europa, cada día alrededor de un millón de trabajadores están expuestos al cromo hexavalente. “Hay que obligar a los empleadores a declarar sus sustancias peligrosas y cuando se superen los valores máximos deben aplicarse las normas pertinentes”, asegura Wim van Veelen, encargado de las políticas relacionadas con las normas laborales de la FNV y miembro de las comisiones sobre el cromo hexavalente.

La ley holandesa obliga a los empleadores a declarar sus sustancias cancerígenas cada 10 años y a elaborar una lista de los empleos que podrían poner a los trabajadores en peligro, pero solo el 7% lo cumplen. Para Van Veelen, la solución está clara: “Los empleadores saben que, debido a la ingente profusión de reducciones de gastos, la Inspección de Trabajo apenas controla. Se ríen de esos valores máximos tan estrictos. Deberíamos hacer que se cumpla el requisito de declaración, so pena de una multa fija, y obligar a las empresas a que publiquen en línea sus evaluaciones e inventario de riesgos con la Inspección de Trabajo. La Inspección solo puede tener una imagen imprecisa de las prácticas actuales y únicamente puede comprobar la situación adecuadamente si tiene una base de datos con la información específica del sector en cuestión. Debería crearse un recurso en línea de este tipo para toda Europa. Con un solo clic, se podría descubrir si alguien estuvo puliendo un avión o un tanque en un momento dado y pudo haber estado expuesto a sustancias cancerígenas”.

This article has been translated from French by Iñigo Rodríguez-Villa

Este artículo se publicó por primera vez en el número 22 de la revista HesaMag de ETUI (en septiembre de 2020) con varios testimonios más. Está disponible en inglés, francés y neerlandés (versión original).