“Macky Sall se ha olvidado de nosotros”, aseguran las víctimas senegalesas de las minas antipersonales

“Macky Sall se ha olvidado de nosotros”, aseguran las víctimas senegalesas de las minas antipersonales

Abdou Touré and his sister Fatou, with a photo of her son Cheick. In 2013 Cheick was killed at the age of 25 by an exploding landmine.

(Stefano Fasano)

El 24 de febrero, Macky Sall logró una contundente victoria en las elecciones presidenciales de Senegal. Fue reelegido para un segundo mandato con el 58% de los votos gracias a una campaña electoral en la que hizo hincapié en los enormes proyectos de infraestructura concluidos durante su primer mandato: los 212 kilómetros de autopistas construidas y el nuevo estadio de lucha tradicional senegalesa; así como el nuevo aeropuerto internacional Blaise Diagne y la línea ferroviaria que lo une con Dakar, la capital.

El lema principal de las elecciones, repetido hasta la saciedad en las asambleas locales, fue “dejemos al presidente completar su proyecto [de desarrollo de Senegal]” otorgándole un segundo mandato. Claramente, se trata de un mensaje que tocó la fibra sensible de los votantes senegaleses, muchos de los cuales asocian dichos grandes proyectos de infraestructura con los países desarrollados de Occidente a los que emigran sus vástagos.

Sin embargo, la victoria electoral del presidente Sall no fue total. En la región meridional de Casamance, donde existe un conflicto separatista de baja intensidad desde 1982, el apoyo al presidente se encuentra en su nivel más bajo. En esta región, Sall no logró vencer a su principal adversario, Ousmane Sonko, quien consiguió más del 50% de los votos resaltando su capacidad para generar cambios por ser ‘la nueva cara de la política’.

Casamance está separada geográficamente del norte de Senegal por Gambia. Las diferencias étnicas, religiosas y culturales que la distinguen del resto del país se ven acentuadas por un sentimiento de marginación política y económica.

Los 35 años de conflicto de baja intensidad (derivado de estas reivindicaciones y que finalmente fue interrumpido en 2014 por una frágil tregua) han dejado un número indeterminado de minas antipersonales en sus tierras. Sall prometió una intensa campaña de localización y desactivación de minas para lograr el ambicioso objetivo de que todo el país esté limpio de estos mortíferos dispositivos para 2021. Sin embargo, después de que las labores de desactivación se paralizaran en julio de 2017 al irse agotando los fondos procedentes del extranjero, dicho objetivo parece ahora más lejos que nunca.

Mientras tanto, las minas antipersonales siguen matando a gente: la última víctima civil fue un niño de 13 años que falleció en septiembre de 2018 cuando jugaba en un campo cerca de su escuela en el pueblo de Sindian, situado en el norte de Casamance. Se trata de una realidad muy diferente a la que presentan las omnipresentes vallas publicitarias situadas a 450 km de distancia, en Dakar, donde Casamance se muestra como un paraíso seguro, verde, exuberante y libre de impuestos que está esperando a los turistas e inversores extranjeros para recibirles con los brazos abiertos.

“La historia es siempre la misma”

“Nunca más volví a pasar por ese sendero. Nunca, desde que los soldados me trajeron su cuerpo en un ataúd para el funeral”, nos cuenta Abdou Touré, mientras mira al vacío al recordar la muerte de su sobrino Cheick, fallecido en 2013 con 25 años cuando una mina antipersonal explotó mientras conducía su moto-taxi por un sendero cerca del pueblo de Sindian. “Ni siquiera me dejaron verle”, añade Fatou Badji, la madre de Cheick. En su voz se puede percibir claramente un trasfondo de rabia: la explosión dejó irreconocible el cuerpo de su hijo.

Los Touré son solo una de las numerosas familias de la zona cuyas vidas han cambiado irrevocablemente debido a la presencia común y destructiva de minas antipersonales en su entorno. Famara Badji nos cuenta una historia parecida sobre la muerte de su hijo Ibrahima en 2014. “Estaba conduciendo su taxi de camino a la frontera con Gambia”. Su risa ronca y jovial desaparece en cuanto recuerda los detalles: “La explosión hizo que el vehículo se diera la vuelta y así es cómo murió”, declara mientras mira fijamente la descolorida fotografía de su hijo que sostiene entre las manos.

“Lo único que cambia es el nombre de la víctima”, asegura Yankhoba Sagna, el alcalde de Sindian. “Pero la historia es siempre la misma”. Y concluye: “Después de un accidente, lo único que puedes esperar del Estado es que entregue el cuerpo a su familia. Y no siempre lo hacen”.

En septiembre de 2018, tras la enésima muerte de un niño en el pueblo debido a una mina antipersonal, Sagna se enfrentó al Gobierno de Sall y acusó a su gabinete de no ser capaz de abordar el problema.

Sindian, ubicado al norte de Casamance, no solo se encuentra en una de las zonas más ‘contaminadas’ por las minas antipersonales, sino que también cuenta con una de las mayores presencias militares. Aquí son frecuentes los puestos de control patrullados por rudos soldados con ametralladoras pesadas y vehículos blindados. Parte de esta zona, y sobre todo la cercana selva en la frontera con Gambia, sigue estando bajo el control del MFDC, el movimiento separatista de Casamance. Se trata de una organización acusada en el pasado de haber utilizado armas para defender sus posiciones contra el ejército senegalés.

“En esta zona nunca se ha realizado ninguna tarea de localización ni de desactivación de minas”, confirma Sagna. En su opinión, la desactivación definitiva de las minas no constituye una prioridad para el Estado. “Las prioridades del gobierno parecen ser el ejército y reprimir a los combatientes”. Conviene destacar que Sagna utiliza el término más neutral ‘combatientes’ en lugar de ‘rebeldes’, “porque ser alcalde aquí es como estar entre la espada y la pared”.

Sin fondos, sin campañas de desactivación y sin soluciones

Según Sagna, la corrupción probablemente sea el principal motivo por el que los fondos relacionados con la seguridad para la región de Casamance se asignan a organismos controlados por el Estado, como el ejército. Sin embargo, los lugareños aseguran que las fuerzas armadas suelen utilizar dichos fondos para consolidar su control del territorio y tomar medidas represivas contra el MFDC.

En cuanto al origen de las minas antipersonales, Sagna señala que el ejército mantiene numerosas bases militares en la zona, aunque no dispone de suficientes soldados para controlarlas por completo: “Es inconcebible poner a un soldado de guardia cada 100 metros alrededor del perímetro de cada una de esas bases, sobre todo de noche”, explica el alcalde Sagna. “Me pregunto cómo protege el ejército esos perímetros, especialmente los de las bases más pequeñas con poco personal”, especula.

De demostrarse el uso de dispositivos explosivos antipersonales por parte del ejército, esto supondría una grave violación del Tratado de Ottawa (ratificado por Senegal en 1997) que prohíbe el empleo, el almacenamiento, la producción y el traslado de minas antipersonales. Según el alcalde y lo que nos confirmaron numerosos lugareños, el pasado septiembre la reacción del mando militar de la región tras la muerte más reciente provocada por una mina consistió en una campaña de ‘sensibilización’ puerta a puerta para educar a los niños con el objetivo de que no se acercaran demasiado a las fronteras militares en la selva.

Humanité & Inclusion es una ONG internacional que realizó campañas de desactivación de minas en la región de Casamance entre 2007 y 2017. “[Lo dejamos] no porque hubiéramos completado nuestro trabajo”, asegura Faly Keita, coordinador regional de la organización. La ONG suspendió sus tareas de desactivación de minas cuando dejó de recibir fondos. “No cuestionamos qué bando ha plantado las minas. Tan solo intervenimos cuando el Estado da el visto bueno”, explica.

Más de 1.200.000 m² de tierra todavía tienen que sondearse y limpiarse y hay zonas enteras que ni siquiera se han inspeccionado, como la de Sindian. “Es imposible que nosotros podamos acceder a estas zonas. Cuando lo intentamos, por ejemplo en 2013, secuestraron a nuestros operarios”. Según Keita, la población no acepta la presencia de los equipos de desactivación de minas, ya que para los rebeldes que viven en estos ‘focos de resistencia’ retirar las minas significaría renunciar al poco control que tienen sobre el territorio. La única alternativa consiste en que los combatientes se rindan al ejército, pero el gobierno no parece estar dando pasos hacia la paz.

“Conozco a decenas de jóvenes combatientes que quieren cambiar sus vidas”, afirma el alcalde Sagna. “Una política seria de reinserción para estos chavales sería ideal. Pero ahora mismo la represión parece ser la prioridad. Y yo diría que con resultados muy cuestionables”.

Explicaciones contradictorias

El coronel Khar Diouf, comandante de la sede regional del ejército, no respondió a Equal Times cuando le solicitamos una entrevista. Sin embargo, el coronel Abdou Thiam, director de la oficina de relaciones públicas del Alto Mando de las fuerzas armadas en Dakar, sí nos explicó el papel que desempeña el ejército en el uso de las minas antipersonales en Casamance. “El ejército no lleva a cabo ninguna tarea humanitaria de desactivación de minas”, declara. “No realizamos campañas amplias de localización y desactivación. Si durante nuestras operaciones encontramos un campo de minas, abrimos un pasillo para cruzar e informamos inmediatamente a las autoridades civiles competentes sobre la presencia de los dispositivos”.

Esta explicación fue desmentida por dos suboficiales destacados bajo el mando del coronel Diouf, que solicitaron permanecer en el anonimato. Según contaron a Equal Times, en las zonas problemáticas la actitud general consiste en despejar un camino sin informar a las ‘autoridades competentes’ de la presencia del campo de minas. “Por supuesto, resulta muy útil saber que [los rebeldes] están ahí. Así sabemos dónde encontrarles”, explicó uno de los soldados. Pero cuando este medio sugirió que los civiles de la zona también tienen que saber si hay campos de minas, el segundo soldado contestó: “Bueno, de todas maneras les ayudan. A los rebeldes. La gente ahí les apoya”.

Las ‘autoridades civiles competentes’ están representadas por el Centre National d’Action Antimines au Sénégal (Centro Nacional de Acción Antiminas de Senegal o CNAMS), un organismo controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal. El CNAMS se encarga formalmente de coordinar las campañas de desactivación de minas, así como las actividades de apoyo a las víctimas. Sin embargo, casi cualquier acción está sujeta al suministro de fondos del extranjero, que normalmente se obtienen mediante la labor de promoción de ONG extranjeras que trabajan sobre el terreno en Casamance. “Solicitamos al Estado 700 millones de francos CFA en 2017 (aproximadamente 1,2 millones de dólares USD) para nuestras operaciones y 500 millones (aproximadamente 857.000 USD) en 2018. En Dakar nos respondieron que no había fondos disponibles”, explica el coronel jubilado Barham Thiam, director del CNAMS.

Desde que se agotó el último tramo de fondos de USAID y ante la falta de cualquier otra fuente de financiación externa, las operaciones de desactivación de minas y apoyo a las víctimas se han paralizado desde julio de 2017. El Estado senegalés no ha gastado ni un solo franco en actividades relacionadas con la desactivación de minas, aparte de los 300 millones de francos CFA (aproximadamente 514.000 USD) que la Asamblea Nacional asigna cada año a las funciones administrativas del CNAMS.

Sin embargo, los analistas señalan que se trata de una suma desproporcionadamente elevada de dinero para una oficina en Ziguinchor (la ciudad más grande de Casamance), un par de vehículos y menos de 10 empleados administrativos.

En abril de 2019 debería iniciarse una nueva campaña de desactivación de minas. “Hemos recibido 450.000 USD de USAID para 10 meses en concepto de financiación”, asegura el coronel Thiam.

En teoría, el CNAMS también debería proporcionar asistencia médica y financiera a las víctimas de las minas antipersonales. Pero eso es más fácil en la teoría que en la práctica y, por supuesto, también depende de los fondos del extranjero.

“En Dakar, el presidente se ha olvidado de nosotros”, afirma Ibrahima Sacko, un carpintero de 35 años que vive en las afueras de Ziguinchor y perdió la pierna izquierda hace 16 años después de pisar una mina. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) financió completamente su negocio de carpintería y su prótesis. Al hablar hace muchas pausas para profundizar en sus dificultades: “Después del accidente no eres ni la mitad de lo que eras”, explica. “La prioridad de este país debería ser la desactivación de minas. No me importa quién haya plantado las minas ahí. Se han olvidado de nosotros”, repite antes de volver a perderse en sus pensamientos.

Stephanie Malack, que tiene un pequeño negocio de costura en Ziguinchor y ha sobrevivido 20 años sin su pierna izquierda, opina lo mismo. El CICR también le ayudó a establecer su negocio y a conseguir una prótesis, pero hace tiempo que esta última le está causando problemas; ya no puede usarla cómodamente, pero tampoco tiene dinero para comprarse una nueva. “El gobierno no ha hecho nada por nosotros. Macky Sall se ha olvidado de nosotros”, grita llena de rabia mientras agita su muleta en el aire. “El conflicto tenía que abordarse a nivel nacional y contra el gobierno. No contra la gente que vive aquí”, denuncia. “Los lugareños somos los únicos que sufrimos las consecuencias del conflicto. Solo les vemos aquí [al gobierno] cuando hay elecciones. No les importa un bledo Casamance. No les importamos para nada”.