“Yo no vine aquí para ser rico o tener dinero... porque cuando estás en un lugar seguro, lo importante es que tu vida no corre peligro”, explica Sarjo Cham, de 24 años, mientras reflexiona sobre su largo viaje desde África occidental hasta Malta durante el breve descanso que tiene entre el trabajo y sus clases a tiempo parcial en un centro local de formación profesional. Sarjo domina el inglés y está estudiando la carrera de Marketing. Es más afortunado que la mayoría de los solicitantes de asilo rechazados en Malta, y sin embargo la incertidumbre jurídica en la que se encuentra, junto con el trato discriminatorio y las leves agresiones que tiene que aguantar, le impiden seguir adelante con su vida.
Malta, un caso único en la Unión Europea, permite que una persona que ha pasado por el proceso de solicitud de asilo pueda trabajar, incluso si su solicitud ha sido rechazada. El acceso a la sanidad pública y a la educación pública gratuita hasta los 16 años de edad contribuyen a paliar algunos de los problemas a los que se enfrentan los solicitantes de asilo en otros lugares. Los solicitantes de asilo pueden vivir en alojamientos oficiales durante un año, un período por lo general suficiente para procesar sus casos. Después están obligados a embarcarse solos por el complicado mercado de alquiler de Malta, y únicamente aquellos con estatus de refugiado tienen derecho a recibir ayudas para el alquiler o a una vivienda social.
Buscar trabajo también es difícil, y muchos aceptan ofertas de empleos informales. En el caso de Sarjo, por ejemplo, a pesar de que su solicitud de asilo ha sido rechazada, puede trabajar en Malta siempre y cuando tenga un empleador que esté dispuesto a solicitar un visado de trabajo en su nombre. El problema es que este proceso tiene que repetirse cada tres meses hasta que, supuestamente, el migrante se marche voluntariamente o sea deportado.
La segunda opción es bastante improbable para los cientos de solicitantes de asilo rechazados, lo cual se debe a la falta de relaciones diplomáticas de Malta en el África Subsahariana y a la no cooperación por parte de las burocracias locales. Si bien la mayoría de las solicitudes de asilo en Malta son de ciudadanos de Siria, Libia, Somalia, Eritrea e Irak, hay muchos solicitantes de asilo procedentes de países cuyos ciudadanos no se considera que necesiten protección, en particular en el África Subsahariana.
Según los datos más recientes de 2016, Malta recibió 1.928 solicitantes de protección internacional, y 243 solicitudes de asilo previas acabaron siendo rechazadas. No obstante solo 14 personas fueron deportadas. En 2008 un total de 1.281 solicitantes vieron sus solicitudes denegadas, lo que significa que tienen una orden pendiente de repatriación y que en cualquier momento podrían ser enviados de vuelta a su país de origen. Existe la posibilidad de recurrir la decisión, pero una vez agotada esta opción, como es el caso de Sarjo, la decisión es definitiva. Los solicitantes de asilo rechazados están obligados a pagar tasas de matriculación no europeas para su educación, y tienen pocas posibilidades de conseguir regularizar su situación aunque lleven muchos años viviendo, trabajando y pagando impuestos en Malta. Según la oficina nacional de empleo JobsPlus, a fecha de diciembre de 2016 había 173 refugiados, 1.020 beneficiarios de otras formas de protección y 638 solicitantes de asilo trabajando legalmente en el país.
La sensación que Sarjo tiene sobre su vida en el archipiélago mediterráneo es tan tibia como la brisa invernal que sopla en el complejo marítimo donde vive y trabaja. En 2012 huyó de su Guinea Bissau natal, un país con uno de los PIB y de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo. Por aquel entonces el país se encontraba sumido en un golpe de Estado militar, como consecuencia del cual se suspendió la Constitución, y poderosos traficantes de drogas latinoamericanos gozaban de impunidad. Sarjo partió rumbo a Europa a través de Libia, devastada por la guerra, y en 2013 consiguió llegar finalmente a Malta.
Sin embargo, a pesar de trabajar y pagar impuestos en Malta, Sarjo no podrá acumular derechos de pensión ni prestaciones por desempleo. Sin documentos oficiales no puede abrirse una cuenta bancaria, de manera que, tras las deducciones impositivas, recibe su sueldo en efectivo. Y a pesar de tener suficiente dinero para mantenerse, Sarjo no consigue disfrutar de una vida social plena. Este chef y estudiante de Marketing muestra su única pieza de identidad: una ficha policial en un papel amarillo que recibió cuando se registró por primera vez como solicitante de asilo a su llegada a Malta. Este es el documento que utiliza cuando tiene que tratar con las autoridades maltesas. “Sin la tarjeta de identidad maltesa no se puede entrar en las discotecas. Cuando me ven, se percatan en primer lugar del color de mi piel, y dicen: ‘Podría ser un migrante, podría ser esto, podría ser aquello... ¿Dónde está su tarjeta de identidad?’. Así que es mejor que me mantenga alejado de todo eso”.
Detención automática
Cuando Sarjo llegó por primera vez a Malta hace cinco años, todavía estaba vigente la política de detención automática para solicitantes de asilo y migrantes irregulares, como consecuencia de lo cual Sarjo tuvo que pasar nueve meses en la cárcel. Tras los diversos cambios de políticas que se produjeron en 2014, la detención automática se abandonó por completo en el año 2016, dando cumplimiento a las directivas europeas. Ahora los solicitantes de asilo son alojados en viviendas oficiales y pueden moverse libremente en el interior del país.
“Es bueno persuadir a los migrantes de que tienen que volver a su país... Es bueno que se pongan en contacto con sus familiares y les digan que no vengan a Malta porque es un lugar terrible”, declaró en el año 2009 un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores a Cetta Mainwaring, un investigador de la Universidad de Oxford. Este tipo de actitud ha contribuido a conformar la opinión popular sobre los migrantes y los solicitantes de asilo, considerados entre el público en general como una amenaza para la seguridad. Esto ha quedado claramente reflejado en los recientes intentos del actual Gobierno de permitir los retrocesos forzados en el mar.
Mainwaring y otros investigadores han señalado que la mayoría de los migrantes no tienen el lujo de poder planificar y elegir la trayectoria de su viaje a Europa. Si bien Malta cuenta actualmente con una política de integración para los migrantes, los organismos de igualdad advierten de que los obstáculos socioeconómicos y la escasa inclusión social siguen haciendo estragos entres los migrantes y los solicitantes de asilo, los cuales no reciben ninguna ayuda para hacer frente al trauma de lo que les obligó a salir huyendo de sus países o de su peligroso viaje hasta un país seguro.
Los resultados de una reciente encuesta realizada a 72 familias migrantes por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Aditus Foundation concluyen que solo cerca de una cuarta parte de los cabezas de familia tienen un trabajo a tiempo completo, y los ingresos familiares medios de la muestra se sitúan por debajo del umbral de la pobreza de Malta de 7.672 EUR (aproximadamente 9.340 USD) al año. Casi una tercera parte de los encuestados no pueden permitirse calentar su casa en invierno, y la mitad se quejan de falta de espacio en su vivienda. Los medios de comunicación locales han informado sobre casos de migrantes africanos que se han visto obligados a vivir en garajes a causa de la discriminación racial de los propietarios.
Régine Psaila, que dirige el Migrant Skills Register, un servicio sin ánimo de lucro de búsqueda de empleo para migrantes africanos, se esfuerza para mantenerse animada.
“Hoy puedo decir que de las 30 personas a las que hemos colocado, cinco siguen estando empleadas. El resto se marchó. Así es la vida de los solicitantes de asilo en Malta: no se quedan mucho tiempo, hay mucha precariedad”.
Su base de datos tiene casi 300 posibles solicitantes de empleo y numerosos empleadores interesados, pero la falta de confianza se interpone en el camino de ambas partes.
“El empleador dirá que no hablan el idioma, que no tienen las competencias, que carecen de ética laboral, que llegan tarde o no se presentan al trabajo, que no pueden contar con ellos... Los solicitantes de empleo dirán que no se les paga lo acordado, o que se les baja de categoría, que les contratan como yesistas pero que luego les ponen a cargar piedras y hacer trabajos sucios, que no se les respeta”. Por otra parte, el Gobierno sostiene que se debería traer a más de 30.000 nuevos trabajadores migrantes de otros países europeos para ayudar a la próspera economía maltesa a colmar su escasez de mano de obra.
En casi todas las nuevas obras de construcción que están proliferando por todo Malta pueden verse hombres africanos trabajando, y la industria del turismo contrata a mujeres para los trabajos de limpieza. Los migrantes africanos también se encuentran trabajando en la agricultura, la recogida de basuras y otros trabajos mal pagados y poco cualificados. “Del poco dinero que tienen, siempre ponen de lado una parte para enviar a sus familias”, señala Psaila. Sarjo reflexiona con preocupación si no sería mejor regresar a su país. Durante el tiempo que ha permanecido en Malta, Guinea Bissau ha restablecida la democracia, y en Gambia, donde vive su familia, la dictadura de Yahya Jammeh ha sido derrocada. Sin embargo volver tampoco sería fácil para Sarjo.
“Estás en una cultura distinta, estás en un entorno distinto, y eso hace que te apegues a un sistema completamente distinto al tuyo. Sin embargo, cuando te niegan el derecho a quedarte y te siguen maltratando, al final te ves obligado a retroceder y a regresar. Pero volver a reintegrarse en aquella sociedad también requiere tiempo”.
