Manifestaciones en Rumania: síndrome de un malestar más profundo

Manifestaciones en Rumania: síndrome de un malestar más profundo

Una mujer sostiene un cartel en el que puede leerse “Todos a favor de la justicia” durante una manifestación para denunciar las reformas judiciales y fiscales, frente al parlamento rumano, en Bucarest, el 26 de noviembre de 2017.

(AP/Vadim Ghirda)

Rumania está de nuevo en crisis. En las últimas semanas y por segunda vez este año, las protestas se han reanudado en las principales ciudades del país.

Los domingos por la noche, a convocación de varios colectivos generados por las redes sociales, las calles de Bucarest, Iasi, Cluj-Napoca y Timisoara se llenan de cientos de personas que acuden a proferir su exasperación con respecto al Partido Socialdemócrata (PSD) que ocupa el poder desde 2012.

Este domingo, 26 de noviembre, los sindicatos y colectivos cívicos se reunieron para protestar contra las reformas judiciales y tributarias. En la capital rumana se movilizaron 30.000 personas, y alrededor de 20.000 en otras ciudades del país.

Aun cuando el alcance de este movimiento es mucho menor que el que sacudió al país en los meses de enero y febrero, la fuente del descontento sigue siendo la misma: los ataques a la lucha contra la corrupción.

El parlamento rumano está tratando de aprobar una serie de leyes destinadas a reducir la independencia de los jueces, lo cual afectaría a su eficacia, especialmente en el caso de la Fiscalía Anticorrupción (DNA).

Desde su creación en 2002, esta institución ha realizado una verdadera “depuración” entre la clase política: la lucha contra la corrupción fue una de las condiciones sine qua non para la adhesión de Rumania a la Unión Europea.

No hay cargo político ni partido que se salve. El caso de Liviu Dragnea, presidente del PSD y hombre fuerte del país, es elocuente: hace dos años, fue condenado a una pena condicional de dos años de prisión por fraude electoral. Actualmente está en curso otro juicio en su contra por un asunto de falsos puestos de trabajo por el que finalmente declaró este 13 de noviembre ante la DNA. La Fiscalía incautó sus bienes por un valor total de 27,3 millones de euros, en un caso de fraude a los fondos europeos.

La lucha anticorrupción: la línea roja que no puede traspasarse

En Rumania, un país en el que las desigualdades son flagrantes, donde una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de pobreza, y un tercio de los trabajadores recibe el salario mínimo, los ataques a la lucha contra la corrupción resultan intolerables.

“Tras la caída del comunismo, algunos políticos y magnates se enriquecieron de la noche a la mañana a través de la dudosa privatización de las industrias estatales, pero un día empezaron a ser juzgados, a ir a la cárcel y a ver sus bienes confiscados”, señala Mircea Mare, un programador web de 30 años activista de la sociedad civil.

“Por lo tanto, no queremos que la justicia retroceda, ahora que por fin es eficaz”.
Es por este motivo que Mircea ha descendido repetidamente a las calles de Cluj-Napoca para rechazar las decisiones de los diputados.

Y no han faltado oportunidades en los últimos años: primero tuvo lugar el “martes negro de la lucha contra la corrupción”, cuando por sorpresa, el 10 de diciembre de 2013, los diputados votaron una “súper inmunidad”. El siguiente se produjo el 30 de octubre de 2015 con un incendio extremadamente mortífero en una discoteca de Bucarest (Colectiv), que dejó un saldo de 65 muertos.

Este drama reveló un “sistema donde prevalecen la incompetencia, la negligencia y las componendas” y dio lugar a enormes manifestaciones, provocando la caída del Gobierno del PSD, que unos meses más tarde volvió al poder.

Finalmente, el decreto 13, aprobado el 31 de enero de 2017, prevé la modificación del código penal a favor de los políticos condenados por corrupción. Ante este hecho, la sociedad rumana se levantó de nuevo y 600.000 personas salieron a la calle. Este ha sido el movimiento de protesta de mayor magnitud que ha experimentado el país desde el fin del comunismo.

“Para los rumanos, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una especie de respuesta a todos sus problemas”, explica Vincent Henry, un politólogo de la Universidad Paris-Est y especialista en Rumania y Moldavia, en una entrevista concedida a Equal Times.

“Imaginan que si algo no funciona, es porque los políticos son corruptos. Es una respuesta simplista a una serie de problemas mucho más complejos que van más allá que el tema de la corrupción. De hecho, existe una disfunción general del Estado, que se conjuga con la incompetencia de la clase política y una falta de medios y perennidad de las estructuras del Estado”.

Ausencia de alternativas políticas

En los últimos años, las protestas han dado lugar a muchas iniciativas cívicas. Una de ellas es Rezistenta TV. Esta televisión en línea fue creada por un grupo de activistas de Bucarest, tras las manifestaciones contra el decreto 13.

“Caímos en la cuenta de que solamente con nuestras manifestaciones no cambiaríamos la situación y no resolveríamos los problemas que tenemos, tales como la falta de educación tanto a nivel cívico como político y jurídico”, cuenta Mihai Tudorica, uno de sus fundadores.

Durante sus emisiones han invitado a numerosos participantes en el ámbito de la justicia (abogados, jueces, fiscales, etc.) a descifrar en directo el funcionamiento de las instituciones públicas. Estos debates a menudo fueron seguidos por miles de personas.

Sin embargo, estas iniciativas también tienen sus límites. “La sociedad civil no puede remediar continuamente las disfunciones del servicio público. De hecho, son personas que se hacen cargo de sus propios problemas y, en última instancia, es un enfoque muy liberal, ya que todo lo que hacen corresponde hacerlo al Estado”, continúa Vincent Henry. “De no politizarse, existe el riesgo de que la sociedad civil pierda su energía”.

La Unión Salvar Rumania (USR) es la única asociación que se ha convertido en un partido político, atrayendo alrededor de su órbita a numerosos activistas de ideologías muy dispares. Es la primera vez que una nueva formación política procedente de la sociedad civil, y no de la refundación de partidos tradicionales, entra al parlamento.

Este hecho refleja una necesidad real de renovar la clase política rumana, la cual sigue siendo monolítica y con una oposición casi inexistente. No obstante, la USR se enfrenta a la dificultad de tener que transigir con miembros de orientaciones políticas a veces opuestas, lo que parece paralizar y limitar su acción en el parlamento.

Una “revolución” fiscal en detrimento de los trabajadores

Esta ausencia de alternativas políticas y la oposición a la hegemonía del PSD bloquean completamente el proceso democrático. “Tiene años que dura esta apatía política, Rumania pasa de una crisis a otra”, afirma Vincent Henry.

“Cuando estalla una nueva crisis, la única arma de que dispone la población son las manifestaciones”. Por lo tanto, salen a la calle, la bloquean, el Gobierno retrocede, etc., pero damos vueltas en círculo porque es la hora en que no existe una alternativa política, hasta la próxima manifestación, que puede obedecer a motivos muy diferentes”.

El próximo “motivo” ya ha tenido lugar, pero los rumanos no sentirán sus efectos antes del 1 de enero de 2018.

El Gobierno dio a conocer su “revolución fiscal”, adoptada por decreto, que transfiere las contribuciones sociales del empleador a los trabajadores.
La participación del empleador, que antes era del 22,5%, ahora será 10 veces inferior, y la del trabajador, que antes era del 32,5% pasará a ser del 45%.

Conservando los mismos salarios brutos, los trabajadores experimentarán una reducción del 20% de su salario neto. Es la primera vez que se da una situación semejante en Europa.

El diputado Adrian Dohotaru, antes miembro de la USR, denunció esta medida en una interpelación al Gobierno: “Los valores socialdemócratas deben aportar a la sociedad más solidaridad y equidad, y en general, más derechos y protección para aquellos que trabajan para conseguir una vida mejor. Con estos cambios, el Gobierno abandona completamente estos valores, e implícitamente, a los trabajadores”.

De hecho, esta medida es sólo el efecto boomerang de una de las promesas de la campaña del PSD, según la cual aumentaría, a partir del 1 de enero de 2018, el salario bruto de los funcionarios en un 25%. Ahora bien, experimenta grandes dificultades para cumplir esta medida, ya que el presupuesto nunca podrá cubrir dicho aumento.

Por lo tanto, el Gobierno aumenta el salario bruto de sus funcionarios, pero les hace pagar las cargas que antes le correspondían en su calidad de empleador: un cambio en materia de fiscalidad aprobado sin consultar a los sindicatos ni a las empresas.

Por otro lado, aquellos trabajadores a los que se les paga el salario mínimo difícilmente sentirán el aumento prometido por el Gobierno: el salario mínimo bruto deberá aumentar el próximo 1 de enero de 1.450 a 1.900 lei (375 a 490 euros), pero en realidad con el cambio de fiscalidad, los trabajadores ganarán solamente 96 lei adicionales, es decir, 20 euros...

“El Gobierno ha hecho lo que suele hacer generalmente: lo que da con una mano, lo quita con la otra, pero esta situación provocará un verdadero dumping social”, denuncia Bogdan Hossu, presidente del sindicato Cartel Alfa.

“Esta medida, sumada a la inflación y al aumento de los precios del combustible y de los alimentos, generará una mayor presión social. Sin embargo, los rumanos sólo se darán cuenta a finales del mes de enero...”.

Todo parece indicar que en Rumania el invierno será candente.

Este artículo ha sido traducido del francés.