Más de 90.000 personas han abandonado Hong Kong en el último año. Los que se quedan enfrentan un futuro incierto

Más de 90.000 personas han abandonado Hong Kong en el último año. Los que se quedan enfrentan un futuro incierto

Barrister Chow Hang-tung (centre), vice-chairwoman of the Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China, speaks to reporters in Hong Kong on 5 September 2021. Chow and six other members of the alliance involved in organising Hong Kong’s annual Tiananmen Square candlelit vigil were arrested on 8 and 9 September, after the group refused to cooperate with a national security investigation.

(Danny Chan)

Durante los últimos meses, en los que numerosos activistas a favor de la democracia han sido encarcelados, han huido al extranjero o simplemente han mantenido un perfil bajo debido al tenso clima político, Tonyee Chow Hang-tung se ha revelado como una voz visible de la disidencia en Hong Kong. Tanto detenida como en libertad, esta abogada y activista de 36 años no ha dejado de criticar y desafiar a las autoridades. Además, ha desobedecido la orden de cooperar con la policía en una investigación que considera absurda, ha instado a los hongkoneses a “seguir resistiendo” y ha tildado las denuncias contra ella de “ridículas” ante un tribunal. Estas acciones se pueden considerar sumamente audaces, pues Pekín está impulsando una campaña para aplastar toda la disidencia en la antigua colonia británica.

“Estoy inmersa en una batalla que creo que debo librar. Por eso estoy lista para asumir cualquier consecuencia que derive de la misma”, explicó hace poco a Equal Times cuando le preguntamos sobre su necesidad irrefrenable de levantar la voz. Poco después fue detenida… por tercera vez en tres meses. En esta ocasión es probable que siga entre rejas durante un período considerable de tiempo, pues le han acusado de cuatro delitos, entre ellos el de incitar a la subversión del poder del Estado que se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión.

Según Chow, la batalla se está librando entre las fuerzas a favor de la democracia de Hong Kong y los poderes fácticos. Lleva casi dos décadas en curso y ahora ha llegado a un punto de inflexión en que el movimiento a favor de la democracia está sufriendo una derrota aplastante a manos de un Pekín cada vez más autoritario. Los hongkoneses de todos los sectores se enfrentan a un futuro incierto.

Cuando Gran Bretaña devolvió este centro financiero a China en 1997, la gran potencia asiática prometió a los hongkoneses que su despreocupada ciudad gozaría de “un alto grado de autonomía” durante 50 años en virtud del principio de “un país, dos sistemas”. Sin embargo, para los partidarios de la democracia, el Partido Comunista Chino ha incumplido dicha promesa, pues ha obstaculizado sistemáticamente la semiautonomía de Hong Kong. Durante el “Movimiento de los Paraguas” de 2014, que duró 79 días, se pusieron en marcha iniciativas para frenar el declive y luchar por una mayor democracia. En junio de 2019, el polémico proyecto de ley para extraditar prisioneros a la China continental reavivó las llamas del movimiento a favor de la democracia, en esta ocasión a una escala mayor y con una capacidad más destructiva. Duró más de siete meses y se volvió violenta según iba avanzando el tiempo.

Al final, Pekín sofocó los disturbios mediante la imposición de una estricta ley de seguridad nacional en Hong Kong. Con una pena máxima de cadena perpetua, dicha ley ha creado cuatro delitos: secesión, subversión, colusión con elementos extranjeros y terrorismo.

En parte, la ley se basa en la creencia china de que Occidente está utilizando a un Hong Kong occidentalizado en su lucha más general contra Pekín. Según los funcionarios de Pekín y Hong Kong, gracias a la nueva ley se ha recuperado la estabilidad y los derechos y libertades fundamentales de los hongkoneses están mejor protegidos. Sin embargo, son muchos los que piensan exactamente lo contrario.

Desde que la ley de seguridad entró en vigor en junio de 2020, han sido detenidos más de 150 políticos, activistas y periodistas a favor de la democracia en Hong Kong por haberla violado. Decenas han sido acusados y a muchos de ellos les han denegado la libertad bajo fianza, por lo que han pasado meses en prisión mientras esperaban el juicio. Asimismo, han impuesto penas de prisión a algunos de los activistas más destacados por denuncias relacionadas con las protestas. Además, han expulsado del pequeño parlamento de la ciudad a toda la oposición tras la inhabilitación, dimisión en bloque y exilio de todos los legisladores opositores. El sistema electoral se ha reformado para que tan solo los “patriotas” puedan ocupar cargos con poder político. También han creado un servicio telefónico para la seguridad nacional con el objetivo de alentar a los ciudadanos a que se denuncien de manera anónima. Numerosos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se han disuelto bajo coacciones. Durante el último año, alrededor de 90.000 residentes han abandonado Hong Kong en una nueva oleada migratoria. Los que se han quedado tienen mucho cuidado con lo que dicen o hacen en público porque, según los críticos, la nueva ley es tan general e imprecisa que resulta muy difícil saber si uno la ha violado hasta que ya es demasiado tarde.

El desmantelamiento de la sociedad civil y la prensa libre

El mes pasado, el oleaje provocado por la ley de seguridad nacional destruyó otra organización civil bien arraigada, lo cual generó numerosas críticas de que Pekín está utilizando dicha ley para desmantelar a la sociedad civil en Hong Kong. Durante tres décadas, la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China había celebrado anualmente la vigilia más grande del mundo para conmemorar la violenta represión de las protestas de Tiananmén en 1989. Este evento diferenciaba a Hong Kong de China continental, donde la conmemoración de dicha masacre está prohibida. Ahora las autoridades están tildando a este grupo moderado de ‘agente extranjero’ y prohibieron las dos últimas vigilias poniendo como excusa el coronavirus.

Hace poco, la policía ordenó a Chow, vicepresidenta de la alianza, y a varios de sus miembros que les facilitaran la lista de afiliados del grupo y su información financiera. Cuando se negaron, la policía detuvo el 8 de septiembre a Chow y a otros tres miembros. Acusados de no cumplir el requisito de facilitar información para una investigación sobre seguridad nacional, podrían enfrentarse a dos años de prisión. Chow, otros dos de los principales miembros de la alianza, incluido el presidente y líder sindical Lee Cheuk-yan, y la agrupación en sí, están igualmente acusados de incitar a la subversión del poder del Estado en virtud de la ley de seguridad nacional.

Antes de ser detenida, Chow ya esperaba que la encarcelaran en un futuro próximo, pues se enfrenta a otras dos denuncias por haber incitado a otras personas a participar en las vigilias prohibidas de conmemoración de Tiananmén. Su habilidad para afrontar las dificultades suele traducirse en publicaciones divertidas en las redes sociales y en su tendencia a acabar muchas frases con una risa. Sin embargo, lo que le molesta es que debido a su futuro incierto le ha resultado imposible aceptar nuevos casos en su despacho de abogados. Esto resulta frustrante, sobre todo debido a que cada vez más abogados están abandonando la ciudad y algunos de los que se quedan, según Chow, están practicando la “autocensura”, pues no se atreven a intervenir en los casos relacionados con la ley de seguridad nacional.

Chow, que ha representado a dos políticos en un famoso juicio en curso relacionado con la ley de seguridad en el que acusaron a 47 políticos y activistas a favor de la democracia, explica: “Todavía no hay ninguna línea roja. No han acosado a nadie por aceptar casos relacionados con la ley de seguridad nacional. Pero [los abogados] evitan estos casos porque quieren hacer negocios con clientes de China continental”.

Esta abogada formada en Hong Kong cree que la idea tan arraigada de que los abogados pueden ayudar a hacer justicia en los tribunales se está debilitando en Hong Kong, debido a las “ridículas” resoluciones judiciales que se han dictado en algunos casos relacionados con las protestas. “Sin embargo, los abogados todavía tienen que desempeñar un papel muy importante, siempre y cuando el Estado necesite los tribunales como una cortina de humo para tapar su represión política”, asegura.

El periodismo es otro de los sectores que se está viendo gravemente afectado. En junio, el sector de los medios de comunicación en Hong Kong, antes sumamente dinámico, se vio sacudido cuando el Apple Daily, un periódico de gran tirada y bastante sensacionalista, fundado hace 26 años y crítico con Pekín, fue obligado a cerrar sus puertas después de la detención de seis periodistas y de altos cargos ejecutivos en virtud de la ley de seguridad nacional.

Para entonces, Jimmy Lai, el elocuente fundador del periódico, ya había pasado medio año entre rejas por haber violado dicha ley, entre otras acusaciones. En diciembre, una cadena de televisión por cable despidió a 40 trabajadores en lo que se consideró una campaña de represión política. En la cadena pública RTHK se han suprimido al menos seis programas muy populares, se han eliminado contenidos de archivo en línea y han obligado a los periodistas a utilizar el lenguaje aprobado por Pekín.

Shirley Leung, una de las periodistas que perdió su trabajo en el Apple Daily después de su clausura, afirma que mientras en el pasado los medios de comunicación eran “una rana viva a la que estaban cociendo lentamente”, ahora han subido la temperatura drásticamente. “Hoy en día resulta mucho más difícil llevar a cabo investigaciones exhaustivas…[.] Los periodistas están trabajando con cada vez más restricciones”, denuncia.

Como articulista, uno de los grandes retos a los que se enfrenta actualmente Leung es encontrar a gente que quiera hablar con ella; la mayoría de los personajes destacados a favor de la democracia están encarcelados y los ciudadanos de a pie también tienen miedo de hablar abiertamente debido a la ley de seguridad. Leung se ha imaginado su detención, pero intenta que la ley no le afecte. Actualmente está publicando una serie de artículos sobre hongkoneses que participaron en el movimiento de 2019.

“Me veo a mí misma como una cronista. El año 2019 ha sido muy importante para la historia de Hong Kong. Los acontecimientos que sucedieron aquel año deberían registrarse… para que luego no los borren o tergiversen. Hoy en día todavía se puede oír a alguna gente decir que el 4 de junio [la fecha de la masacre de la plaza de Tiananmén] nunca ocurrió. Es terrible”, se lamenta.

“Los sindicalistas están viviendo en un clima de miedo sin precedentes”

Durante la segunda fase del movimiento de protesta de 2019, numerosos trabajadores a favor de la democracia procedentes de diferentes sectores laborales formaron nuevos sindicatos. Al crecer como fuerza, esperaban asegurarse escaños en la asamblea legislativa de la ciudad y participar en la política electoral. Por tanto, el número total de sindicatos registrados aumentó hasta los 1.410 en 2020 de los 917 que había en 2019. Durante un tiempo se esperó que los sindicatos pudieran convertirse en una fuerza a tener en cuenta en la capitalista Hong Kong, donde la cultura sindical es débil.

El optimismo no duraría mucho. El actual panorama político tiene en vilo a numerosos sindicalistas. Las actividades que solían dar por sentado, como organizar protestas, criticar a las autoridades y buscar solidaridad en el extranjero, ahora podrían meterles en problemas. El 19 de septiembre, la unión independiente Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) anunció su disolución, alegando amenazas externas a la seguridad personal de sus miembros sin aportar más detalles. Dos de los principales miembros del HKCTU ya están encarcelados: su presidenta Carol Ng se encuentra en prisión preventiva por haber violado la ley de seguridad, mientras su secretario general Lee Cheuk-yan está cumpliendo una pena de 20 meses de prisión por delitos relacionados con las protestas. El director ejecutivo Mung Siu-tat escapó de Hong Kong hace poco.

“Hoy en día, el sector sindical está viviendo en un clima de miedo sin precedentes”, asegura un veterano sindicalista que accedió a hablar con Equal Times con la condición de que mantuviéramos su anonimato. “Cuando la ley de seguridad nacional entró en vigor, las organizaciones políticas se convirtieron en el principal objetivo. En julio y agosto quedó claro que los sindicatos también constituyen uno de los principales objetivos”.

En julio, cinco miembros de un sindicato de logopedas fueron detenidos por sedición a causa de tres libros infantiles. Los libros alegóricos describen a los manifestantes del movimiento de 2019 como ovejas en un pueblo rodeado de lobos amenazantes. La policía alega que intentaban generar ‘odio’ contra el gobierno e ‘incitaban a la violencia’. En agosto, el sindicato de docentes Professional Teachers’ Union, el mayor sindicato unisectorial de Hong Kong con 95.000 miembros, se disolvió después de que medios de comunicación partidarios de Pekín lo describieran como “un tumor maligno” que se estaba infiltrando en los colegios con políticas a favor de la democracia.

“Pero no es que los sindicatos quieran meterse en política; es la política la que nos está afectando a nosotros”, asegura el veterano sindicalista. No se sabe exactamente cuántos sindicalistas quedan en la ciudad, pero según nos cuenta, lo más importante hoy en día es que los sindicalistas afines sigan conectados. “[Las autoridades] pueden acabar con los sindicatos, pero no pueden destruir los vínculos que existen entre las personas”.

En octubre, el gobierno disolverá el sindicato de logopedas. El sindicalista que entrevistamos cree que las consecuencias de la represión van mucho más allá del ámbito sindical; también auguran una degradación de la libertad artística en Hong Kong con el tema recurrente de la seguridad nacional como telón de fondo.

La autocensura en el cine

En el sector de la producción cinematográfica, la degradación ya ha sucedido. En agosto se aprobó una ordenanza de censura que permite a las autoridades analizar las películas (incluidos los títulos ya estrenados) para encontrar violaciones de la ley de seguridad nacional. Los infractores podrían enfrentarse a tres años de prisión.

Cuando el director de cine Kiwi Chow oyó hablar de la ordenanza por primera vez, se rio a carcajadas. “A veces solo podemos reírnos de todas las cosas absurdas que están sucediendo en Hong Kong”, afirma. “No me sorprende. Ya esperaba que ocurriera. Antes eran más sutiles. Ahora lo hacen descaradamente”.

Al parecer, este famoso director también se encuentra en el punto de mira de las autoridades. La policía hizo una redada en el reciente pase privado de su taquillero drama romántico. Esto sucedió poco después de que su nueva película, Revolución de nuestro tiempo, se estrenara en el Festival de Cine de Cannes en julio. Esta producción de 150 minutos es un “registro periodístico fascinante y fundamental” sobre las protestas de 2019 que se incluyó en el último momento en la programación de Cannes como un ‘documental sorpresa’, al parecer para minimizar cualquier consecuencia diplomática por parte de China.

Sin embargo, Revolución no se podrá proyectar en su ciudad de origen. Debido a los riesgos relacionados con la ley de seguridad, Chow ha vendido los derechos de autor de la película a una distribuidora europea y se ha deshecho de todo el material que grabó. Él es el único miembro del equipo que aparece identificado; el resto del equipo se describe colectivamente como ‘hongkoneses’ en los créditos finales de la película.

Esta cautela era impensable en el Hong Kong anterior a la ley de seguridad nacional, donde los cineastas siempre habían gozado de libertad creativa. Con las nuevas normas de censura, Chow cree que no habrá prohibiciones a gran escala, sino que se vetarán las películas relacionadas con el movimiento a favor de la democracia en la ciudad. Mientras tanto, la autocensura ya está muy extendida entre los realizadores locales.

“Sé que muchos cineastas de Hong Kong están censurando sus propias películas a lo grande. Algunos han borrado escenas de contenido delicado para obtener un permiso de proyección”, explica. “Los culpables son los que siembran el miedo”.

Sin embargo, Chow se niega a rendirse. Este cineasta de 42 años, en cuya filmografía se encuentra la galardonada película distópica Diez años, se quedará en Hong Kong y seguirá rodando todas las obras que quiere. Si las cosas se ponen aún más feas, estrenará sus películas únicamente en el extranjero.

“Lo que el régimen quiere es que me autocensure. Yo intento negarme porque es injusto”, declara. Ya ha contactado con un abogado y elaborado planes de emergencia con algunos amigos por si le detienen. Sin embargo, sigue adelante con su vida. Va a la playa con su familia y recoge a su hijo en el colegio como siempre.

“Creo que uno no debe caer en el miedo. Objetivamente existen riesgos, pero podemos elegir si queremos vivir con miedo o no. He decidido no dejar que el miedo me controle”.

Tonyee Chow también ha asumido este enfoque de lucha. “Estoy haciendo algo en lo que creo. Esto me coloca en un estado mental que no es de tristeza”, asegura. “Creo que el totalitarismo no puede durar para siempre. Evidentemente no tengo ni idea de cuándo acabará… pero no me importa demasiado. Hacer lo correcto y avanzar en la dirección correcta es suficiente para mí”.

La realización de este reportaje ha sido posible gracias a la financiación de Union to Union, una iniciativa de las uniones sindicales suecas LO, TCO y Saco.