El pasado 6 de julio de 2020, el Ministerio argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Felipe Solá, anunció la firma inminente de un memorándum de entendimiento con el gobierno chino, a fin de captar capitales privados para la instalación, en el plazo de ocho años, de 25 macrogranjas porcinas que permitirían criar una población de 100 millones de cerdos en el país, una cifra14 veces superior a la actual, y producir 9 millones de toneladas de esta carne al año, para su exportación a China.

El comunicado creó inquietud en una parte de la sociedad argentina. Apenas dos semanas después de la comunicación oficial, se publicaba la declaración No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias, firmada por un amplio abanico de organizaciones ambientales y populares, así como por investigadores y periodistas, que sobrepasa ya el medio millón de adhesiones.

El manifiesto daba el pistoletazo de salida a una intensa campaña que culminaba el 25 de agosto, cuando más de 200 organizaciones socioambientales en 23 de las 34 provincias argentinas convocaron una jornada de expresión nacional que, respetando las restricciones que impone la pandemia, reinventaba formas de movilización ciudadana. Cancillería anunció entonces que retrasaba la firma del acuerdo al mes de noviembre y modificó los datos del primer comunicado oficial: se afirmaba que, por error, se decía 9 millones donde debía decir 900.000 toneladas. La Casa Rosada sigue sin firmar el memorándum, pero esto no impidió que el Gobierno de la provincia del Chaco suscribiese con la empresa china Feng Tian Food un convenio de cooperación para poner en marcha 15 macrogranjas de 2.400 madres cada una.

“El Gobierno de Alberto Fernández fue sorprendido por la potencia de esta demanda social, y reculó en la envergadura del proyecto; sin embargo, creo que se aspira a expandir la frontera con los años, hasta convertirse en el principal exportador de carne porcina a China”, sostiene la socióloga Maristella Svampa, coautora del libro 10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que quieren instalar en Argentina.

En ese sentido, al acuerdo con las autoridades chinas podría sumarse a la oportunidad de negocio para la industria cárnica porcina que, de aprobarse, brindaría el Tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que abre una cuota a la entrada a Europa de carne porcina procedente de Argentina y otros países del Mercosur. Esa cuota no es muy alta, 25.000 toneladas al año para todo Mercosur, pero, como señala Svampa, se abre una frontera. Argentina pasaría de tener una producción de carne porcina casi anecdótica a ser una potencia mundial en el sector.

La Cancillería anunció el retraso de la firma por su cuenta de Twitter el 30 de agosto: “Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”. El tuit causó perplejidad y desconfianza: “¿Qué quiere decir eso, que en un principio no se había considerado en absoluto el cumplimiento de la legislación ambiental?”, inquiere el abogado y activista por la soberanía alimentaria Marcos Filardi, que cuestiona la opacidad con la que se están llevando a cabo las negociaciones.

Zoonosis y nuevas pandemias

“Los criaderos industriales de animales suponen un modelo cruel e insustentable y son incubadoras de nuevos virus”, añade el letrado. Lo cierto es que abundan las evidencias científicas que vinculan las enfermedades zoonóticas –es decir, las que proceden de virus que, como el coronavirus SARS-Cov-2, han saltado de otras especies animales a los humanos– a las macrogranjas, donde los animales son hacinados y malviven en condiciones que debilitan sus defensas. Dado el parecido genético entre los cerdos y los humanos, el riesgo de zoonosis es especialmente relevante. Y de hecho, existen casos recientes de mutaciones víricas en China y en Brasil.

En este tipo de recintos, que más que granjas son megafactorías productoras de carne, los animales malviven en condiciones aberrantes, como ha documentado el periodista Aitor Garmendia en una serie de granjas españolas: falta de movilidad, enfermedades asociadas a las condiciones higiénicas y al hacinamiento e incluso animales muertos que se descomponen sin que nadie los retire. Tales condiciones ofrecen el contexto óptimo para la proliferación de enfermedades, por lo que se suministra rutinariamente a los animales altas cantidades de antibióticos, a pesar de que la comunidad científica lleva años advirtiendo del riesgo de que las bacterias se hagan cada vez más resistentes. Si esta resistencia continúa aumentando al ritmo actual, se calcula que para 2050 más de diez millones de personas podrían morir en todo el mundo a causa de infecciones que antes se habrían tratado con antibióticos.

El vínculo entre macrogranjas y proliferación de enfermedades está, de hecho, detrás del interés de China por externalizar su producción de carne.

En 2019, un agudo brote de peste porcina africana (PPA) obligó a sacrificar en el país entre 180 y 250 millones de cerdos. “China trató de abastecerse de países cercanos, como Vietnam, pero se desató un brote, y lo mismo ocurrió en Alemania, mientras que América Latina está por el momento libre de PPA. Es evidente que China quiere externalizar los riesgos de producir zoonosis, y garantizar el abastecimiento de carne a su población, que es para el régimen un tema políticamente muy sensible”, concluye Filardi.

Impactos en la salud y el trabajo rural

Allí donde se han asentado este tipo de macrogranjas, se ha documentado la contaminación del agua y los impactos en la salud de los trabajadores y en la población local, que se refleja en un aumento de las afecciones pulmonares. Además, el modelo es intensivo en capital, pero no en empleo, y termina perjudicando a pequeños y medianos ganaderos. Por ello, representantes del sector en Argentina se reunieron con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, para presentar un proyecto alternativo que, en lugar de crear 25 macrogranjas con 12.000 madres cada una, se base en explotaciones medianas, que crean más empleo y son más sostenibles. Neme respondió: “Si Toyota propone inversiones para hacer una Hilux [una 4x4] en el país, no le podemos contraproponer hacer motonetas [motocicletas] para pobres”.

Por otra parte, los animales hacinados en macrogranjas son alimentados con piensos a base de soja y maíz. De hecho, la mayor parte de la soja que exporta Argentina tiene como destino alimentar a los cerdos de China y la Unión Europea. De ahí que el otro gran riesgo asociado al proyecto sea la profundización del agronegocio en un país donde el 60% de la tierra cultivada está dedicada a la soja transgénica.

“Detrás de ese modelo hay abuso de agrotóxicos, pueblos fumigados, contaminación, enfermedades, resistencia bacteriana, deforestación de bosques nativos y aumento de emisiones de efecto invernadero: justo lo que no queremos”, concluye Filardi.

En ese sentido, no resulta tranquilizador para las organizaciones sociales que al frente de la Cancillería esté Felipe Solá, quien encabezaba la cartera de Agricultura cuando, a mediados de los años 90, se aprobó la comercialización de semillas transgénicas de soja y se institucionalizó el marco legal que ha convertido a la Argentina en uno de los principales productores mundiales de soja transgénica en el mundo.

Frente a estas preocupaciones, Jorge Neme afirmó que Argentina cuenta con un sector agrícola “que hace años produce alimentos de gran calidad” y que se trata de uno de los países del mundo con una “agricultura más amigable con el ambiente”. Svampa responde con contundencia: “Las declaraciones de Neme son de un cinismo imperdonable. La Argentina tiene un grave problema socioambiental ligado al modelo sojero. Si en los últimos años la superficie cultivaba ha aumentado un 50%, el uso de glifosato y otros agrotóxicos ha aumentado un 1.000%; es el primer país del mundo en uso de agrotóxicos por cabeza en el mundo; y esto ha generado graves impactos en la salud en los cuerpos y en los territorios, tal como distintos estudios científicos y relevamientos de los médicos de los pueblos fumigados vienen documentando”.

Ecologismo popular

La movilización popular ha continuado bajo el lema “Ni con China ni con nadie; ni en noviembre ni nunca”. El 9 de noviembre, cientos de organizaciones convocaron una nueva jornada que, en la ciudad de Buenos Aires, incluyó movilización en las calles, festival y vigilia. “Esta problemática ilustra la expansión de un espacio socioambiental muy amplio y heterogéneo, formado por diferentes corrientes que combaten el neoextractivismo, a favor de la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, colectivos animalistas, con un rol fundamental de las juventudes urbanas en todo el país, que componen lo que podríamos llamar ambientalismo o ecologismo popular”, sostiene Svampa.

Sin embargo, si la sociedad se moviliza cada vez más por las cuestiones socioambientales, también es cada vez más intensa la inercia del Estado argentino por buscar divisas basadas en la exportación de materias primas, en una difícil coyuntura económica y monetaria.

“El discurso oficial afirma que es necesario atraer dólares para sortear la crisis; pero sabemos que este es un modelo basado en la privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas: eso lo ha demostrado el modelo sojero, que ha ido de la mano de un fuerte proceso de concentración de la tierra y de la reducción del número de explotaciones agropecuarias”, explica Svampa.

Cada vez más tierra para el agronegocio, pero en cada vez menos manos. Del mismo modo, concluye la investigadora, “el modelo de las megafactorías beneficiará a los grandes capitales nacionales y chinos, pero está lejos de beneficiar a pequeños y medianos productores. Es un modelo que a corto plazo quizá pueda generar dólares a un país tan necesitado como la Argentina, pero que a mediano plazo sin dudas será catastrófico”.