Mercantilización de la ciudadanía europea: ¿Prohibirá la UE los pasaportes “por inversión”?

Mercantilización de la ciudadanía europea: ¿Prohibirá la UE los pasaportes “por inversión”?

In countries such as Bulgaria, Malta and Cyprus, these ‘golden visa’ programmes, technically known as ‘residence by investment’ schemes, were accompanied by the so-called ‘golden passport’ programmes, which speed up the whole process and offer direct access to ‘citizenship by investment’.

(Benoit Bourgeois/EU-EP)

Europa ya no es del todo la misma desde la invasión rusa de Ucrania. La reacción europea a la guerra está reforzando, en multitud de aspectos, las viejas costuras del proyecto comunitario, y una de las contradicciones morales a las que habían sucumbido los Estados miembros de la UE en los últimos años, que se está resolviendo ahora con un consenso mucho mayor desde que estalló la contienda, es el de la puesta a la venta de la ciudadanía.

Tras la crisis financiera de 2008, que asoló con especial destructividad la economía del sur del Europa, algunos países, como Portugal, en 2012, y España, en 2013, decidieron poner en marcha mecanismos de compra de visados de residencia para “inversores internacionales”, es decir, ciudadanos de terceros países con suficiente poder adquisitivo para conseguir, previo pago, el derecho a residir en la UE, lo que en la práctica es la llave para aspirar a convertirse en pocos años en ciudadanos europeos de pleno derecho. Pronto siguieron el mismo modelo Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Chipre, y al poco también Holanda, Bulgaria, Estonia, Letonia e incluso Luxemburgo.

En países como Bulgaria, Malta y Chipre, estos programas de “visas doradas”, conocidos técnicamente como esquemas de “residencia por inversión” (RBI, en sus siglas en inglés) convivieron con los llamados sistemas de “pasaportes dorados”, que aceleran todo el proceso y permiten obtener, directamente, la propia “ciudadanía por inversión” (CBI). Tras años de presiones desde Bruselas, Bulgaria y Chipre se han comprometido a renunciar a la CBI, aunque Malta la mantiene en la práctica, por lo que sigue siendo posible comprar un pasaporte de un país europeo en cuestión de un año.

“Los grandes beneficiarios de ambos sistemas han sido los oligarcas chinos y los oligarcas rusos”, confirmó a Equal Times, por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado y exministro de Justicia español Juan Fernando López Aguilar, que preside el comité de la Eurocámara responsable de este tema, el de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. En muchos casos, asegura, “se trata de mafiosos y corruptos que blanquean sus fortunas, ilícitamente adquiridas en sus países de origen, comprando el privilegio de residir en Europa y de adquirir bienes en Europa, lo que no tiene nada que ver con la inversión, ni mucho menos con la generación de puestos de trabajo: les basta con comprar mansiones, yates y propiedades inmobiliarias, que es lo que hacen”.

En efecto, los programas de RBI se justificaron en su día presentándolos como atractores de inversiones en países como España y Portugal.

“En ambos casos fueron adoptados en tiempos de gobiernos conservadores, que [en un contexto de crisis económica] pusieron en marcha medidas legislativas para, en la práctica, ingresar en caja a cambio de la concesión de derechos de residencia en el territorio, aunque no estén vinculados a ninguna inversión efectiva ni haya ningún tipo de control sobre esa inversión, por lo que nos enfrentamos claramente con problemas que impactan sobre la legislación europea de blanqueo de capitales”, resumió el eurodiputado.

En octubre de 2020, a instancias de la Eurocámara, la Comisión Europea llevó al Tribunal Europeo de Justicia a Malta y a Chipre, alegando que sus programas de CBI violan varios artículos fundamentales del Derecho comunitario.

El Parlamento Europeo pidió también a la Comisión, en marzo pasado, que se prepare una legislación que prohíba los “pasaportes dorados” (CBI) en toda la UE y fije “condiciones extremadamente estrictas” a los sistemas de “visas doradas” (RBI), “con controles rigurosos de antecedentes penales” de los solicitantes. Y, subrayó López Aguilar: “con comprobaciones obligatorias en todas las bases de datos compartidas por la agencia EU-LISA, que reporta regularmente a la comisión que presido, de manera que se pueda examinar no solamente a las personas que adquieren ese permiso de residencia, sino a todos sus familiares directos en primer grado, y con la obligación expresa de consulta y de notificación por parte de todos los Estados miembros, de forma que cualquier otro Estado miembro pueda formular objeciones [caso por caso] a cada persona que intenta residir en otro Estado miembro”.

Migración por inversión y debida diligencia

Este tipo de prácticas no son, sin embargo, una invención europea. Existe todo un tejido de empresas especializadas en asesorar a personas adineradas interesadas en pagar por un visado o un permiso de residencia en la treintena de países que lo ofrecen en todo el mundo, desde pequeñas naciones isleñas en el Caribe a gigantes económicos como EEUU, Reino Unido y Canadá, donde se puso en marcha el primero de estos programas en 1986.

De allí es originario el “padre” del Programa de Inversores Individuales de Malta, el actual fundador y presidente ejecutivo de una de estas firmas, Latitude RCBI Consultancy, Eric Major, que aseguró a Equal Times que estos sistemas de CBI son una herramienta muy útil para países pequeños, o en apuros económicos, que sería un sinsentido desdeñar.

Major defiende el esquema maltés de CBI como un ejemplo de cómo debería estar regulada la llamada “migración por inversión”, un mercado mundial de 21.400 millones de euros entre 2011 y 2019, sumando CBI y RBI.

“EEUU sigue siendo el país que más ‘visas doradas’ acepta, unas 10.000 personas al año, mientras que Portugal aceptó unas 1.500 el año pasado, España unas 1.000...”, indicó. “Dependiendo del tamaño de la familia solicitante, el coste (de la ciudadanía maltesa) está entre los 900.000 y los 1,2 ó 1,3 millones de euros”, señaló, lo que supone “una inyección al Fondo Nacional de Desarrollo Social de Malta que se usa para hacer escuelas, autopistas y hospitales”. Según Major, Malta recibe unas 400 solicitudes al año, de las que aprueba unas 250, “es decir, 250 familias, lo que es menos de 1.000 personas al año, pero que aportan, de media, pongamos que un millón de euros cada una, por lo que tenemos una pequeña nación insular que está recibiendo 250 millones de euros al año con este programa, lo que es particularmente transformativo para un país pequeño, más aún en un mundo que está saliendo de la pandemia”.

Para Major, cuya opinión es bastante representativa de las percepciones del Consejo de la Migración por Inversión, lo que plantean los eurodiputados “son cuestiones absolutamente aceptables y es necesario abordarlas”, ya que “algunos países lo están haciendo mejor que otros”. En ese sentido, señaló que Malta ofrece un ejemplo de lo que podrían ser unos controles adecuados, inspirados en las prácticas del sector bancario, que definió como un proceso de “diligencia debida en cuatro niveles”, mediante el cual el Estado se asegura de la limpieza moral de los solicitantes, y de la procedencia de los fondos aportados, a través del recurso a bases de datos bancarias internacionales, agencias policiales de los países en que hayan residido e informes de empresas de investigación especializadas en verificación de datos y calificación de riesgos, todo pagado por cada solicitante como parte de las condiciones del programa.

Para el Parlamento Europeo, sin embargo, no es suficiente. “Malta y Chipre mantienen esas herramientas de supuesta atracción de inversiones extranjeras que, inevitablemente, han conducido a la corrupción y al blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos, no cabe la menor duda”, sentenció López Aguilar, que espera que el ECJ acabe invalidando esos programas “por incompatibilidad con el Derecho europeo”.

Esa posible sentencia no está tan clara para el estudioso de la ciudadanía Dimitry Kochenov, profesor del Instituto de la Democracia de la Universidad Centroeuropea de Budapest. Según explicó a Equal Times, en Europa “la ciudadanía se ha regulado siempre, por defecto, a nivel nacional, y no hay una base legal para poderla regular a nivel supranacional”, por lo que no cree que se llegue a poder prohibir los programas de CBI. “Con la residencia es diferente, porque sí hay una base legal legítima en los Tratados por los que la UE puede legislar para armonizar las leyes de residencia en los Estados miembros”.

Kochenov, él mismo ciudadano holandés de origen ruso, expresó su temor de que las medidas de la Eurocámara contra los beneficiarios rusos de estos programas sean contraproducentes. “La mayoría de los oligarcas en la lista de sanciones no recibieron sus pasaportes europeos por inversión, sino por otros caminos”, como en el caso de Roman Abrahmovic, que se hizo portugués alegando su descendencia de la diáspora sefardí. Entretanto, hay “muchos rusos que han adquirido su ciudadanía en Europa, o en el Caribe, o en cualquier sitio, porque querían escapar del régimen de Putin, más que apoyarlo”, como ocurrió con Pavel Durov, el creador de la aplicación de mensajería Telegram, que tras negarse a colaborar con el FSB, pudo huir de Rusia comprando la ciudadanía del micro-Estado caribeño de Saint Kitts & Nevis, y desde 2021 es también emiratí y francés.

“Decir que cada persona que viene de Rusia y se naturaliza en la UE es un sospechoso potencial es ignorar el hecho de que Rusia no es una democracia” y de que “mucha de la gente que escapa del país necesita naturalizarse en otro lugar, porque simplemente no hay otra manera”, por lo que “la naturalización hace posible precisamente su lucha con el régimen y su oposición a la guerra en Ucrania”, aseguró.

Para López Aguilar “eso hay que filtrarlo caso por caso, con todas las garantías, para que nadie pueda alegar eso en vano”. La intención de la Eurocámara no es actuar contra esas migraciones legítimas, sino cerrarle las puertas a corruptos y delincuentes internacionales que han estado abusando de estos sistemas en la UE. Y en ese sentido, la guerra está siendo “un acelerador”, que ha volcado a la Comisión Europea a defender y adoptar “de manera taxativa” las propuestas del Parlamento para regular estrictamente la migración por inversiones. “Si queremos hacer daño a Putin, hay que hacerle daño a los oligarcas rusos”, concluyó, “y si queremos hacer daño a los oligarcas rusos, hay que acabar con esto”.

This article has been translated from Spanish.