La contratación colectiva en México podría desaparecer con la aprobación de la reforma laboral propuesta a principios del mes por el presidente Felipe Calderón. Expertos laborales temen que la iniciativa pueda reducir salarios, abatir la estabilidad del empleo y favorecer el despido barato.

Calderón envió el proyecto al Congreso justificado en la necesidad de crear más empleos y hacer más productivas las empresas.

“Con esta iniciativa de reforma laboral, se atiende la imperiosa necesidad de modernizar nuestra legislación laboral, que es un tema que ha estado en el debate público durante los últimos 15 años”, explicó.

Sin embargo, existen dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. Para Héctor Barba García, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), detrás de la idea de modernización hay un intento de precarizar el trabajo para reducir los costos para las empresas.

“Los empleos no se generan por decreto. Requieren un apoyo decidido al poder económico adquisitivo de los trabajadores y de la población consumidora. Lo que estimamos que aconteciera si prospera esta visión del Gobierno es que si se generan más empleos, los mismos serían más precarios”, señaló en una entrevista para Equal Times.

Para estimular la creación de puestos de trabajo, la iniciativa propone legalizar las diferentes formas de subcontratación, hoy prohibidas por ley, además de permitir el contrato por horas. Críticos afirman que de esta manera se busca pasar las responsabilidades patronales al subcontratista, suprimiendo derechos de estabilidad y prestaciones.

“La iniciativa agrede la contratación colectiva todavía más en un país donde la contratación colectiva es un fenómeno en extinción. Porque la gran mayoría de los contratos que existen son contratos de protección, es decir, no se firman en representación de trabajadores, sino por sindicatos fantasmas”, dice Barba García.

En México, al establecer una nueva empresa, muchas compañías firman un “contrato de protección” con un gremio de fachada, impidiendo que los asalariados elijan la organización de su preferencia.

Este sistema es avalado por las autoridades y evita que se constituyan sindicatos independientes. Se usa el concepto “de protección” en alusión a la práctica de los gángsters de vender protección a los negocios para ahorrarles problemas.

Se estima que nueve en cada diez gremios con registro en México son en realidad sindicatos de protección, particularmente en el sector automotriz, las cadenas de supermercados, los servicios de limpieza, las aerolíneas de bajo costo y en las zonas francas o maquilas.

Para Arturo Alcalde Justiniani, abogado especialista en temas sindicales, la reforma pretende blindar estos contratos falsos al instituir nuevos requisitos para que los trabajadores puedan cambiar de sindicato. Así, necesitarían una autorización del Gobierno, del empleador y del propio sindicato fantasma, en caso de querer salir de un contrato de protección.

“La reforma exige que los trabajadores inconformes entreguen a la Junta de Conciliación y Arbitraje una lista con sus firmas y datos personales y obtengan una certificación favorable por parte de ésta. Cuando se habla de autoridad, estamos refiriéndonos, en el caso de las Juntas, al representante del propio patrón, del Gobierno y del sindicato hegemónico en la zona”, describe Alcalde en un artículo para el diario La Jornada.

Esta semana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que debilitar los acuerdos de negociación colectiva puede perjudicar la recuperación económica frente a la crisis.

“Lejos de arrastrar las empresas hacia abajo y reducir la productividad, existe abundante evidencia de que los acuerdos de negociación colectiva reducen la desigualdad de ingresos y contribuyen a la productividad y la competitividad”, afirmó Susan Hayter, especialista de la OIT en relacionales laborales y de empleo.

Aun así, la propuesta del Gobierno no considera la ratificación del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y contratación colectiva. En toda la región de América Latina y el Caribe, México es el único país que no lo ha ratificado.

En su ultimo informe sobre las violaciones de los derechos sindicales, la Confederación Sindical Internacional (CSI) afirma que, en México, “los empleadores, en colusión con el Gobierno, inventan y perfeccionan mecanismos para violar constantemente los derechos sindicales”.

“El objetivo de las masivas violaciones es evitar la organización sindical de los trabajadores y destruir o debilitar sus organizaciones. Así proliferan los contratos de protección, la represión, las amenazas y el empleo de matones para atacar a los trabajadores organizados”, concluye.