México no respeta el convenio sobre derechos de los jóvenes

News
Explore similar themes
Human rightsMexicoGenderYouthHealth

En un país donde uno de cada seis nacimientos involucra a madres adolescentes, a primera vista las nuevas políticas respecto a la juventud aprobadas en México podrían parecer proactivas. Los jóvenes pueden obtener asesoría en salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual e incluso conseguir la píldora de emergencia.

¿El problema? Deben acudir acompañados de sus padres.

En un país tradicionalmente católico con un Gobierno conservador, esto podría no resultar muy sorprendente. Pero hace ya casi una década que México firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), vigente desde 2008, pero este Gobierno es uno de los diez que todavía no la han ratificado.

La CIDJ reconoce a los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad como sujetos de derechos, capaces de actuar responsablemente, algo que varias ONG piden que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto deje reflejado en sus políticas, incluida la nueva ley aprobada el año pasado.

“La regulación hace un cambio sustantivo reconociendo a los jóvenes como sujetos de derecho”, indicó Regina Tamés, directora del no gubernamental Grupo de Información en Reproducción Elegida en declaraciones a Equal Times.

“Ha habido toda una interpretación de que la ley dice que si son menores de 18 años deben estar acompañados todo el tiempo de un adulto y eso no es así, hay decisiones que están en manos de los jóvenes”, afirma.

La especialista señala que la convención, firmada el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, representa “un cambio de paradigma” al reconocer que ese segmento poblacional “puede tomar decisiones”.

Pero la aplicación de la NOM-047 ha estado envuelta en la polémica. En julio de 2014 la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de norma, sobre el cual recibió comentarios públicos durante dos meses.

Posteriormente, Gobierno y organizaciones de la sociedad civil intercambiaron posturas sobre el documento, hasta acordar una versión final que sería publicada íntegramente.

El 12 de agosto de 2015 el ministerio difundió la Regulación mediante la cual entraría en vigor, pero cuyo contenido se contraponía a lo que había sido convenido con las ONG. El elemento más polémico era el que se condicionara la aportación de servicios en salud sexual y reproductiva a la presencia de los padres o tutores durante la cita.

Ante ello, el GIRE presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que investigara por qué se publicó un documento diferente al consensuado y quién fue responsable de ello.

El Gobierno publicó una aclaración el 18 de septiembre y prometió difundir un texto enmendado.

 

Alta tasa de natalidad

De la población de México de 122 millones, 31 millones son jóvenes de entre 15 y 29 años, una cuarta parte de la población total. Y las ONG aducen que sus prácticas sociales han de tenerse en cuenta a la hora de formular las políticas.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reportó que casi 15% de los hombres y 33% de las mujeres de 12 a 19 años de edad que han iniciado su vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Esto explica el elevado número de embarazos de adolescentes.

Es uno de los motivos por los que Nayeli Yoval, presidenta de la ONG Elige - Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, critica al Gobierno mexicano por no haber ratificado la CIDJ.

“Es el único instrumento internacional que reconoce que los jóvenes son sujetos de derecho. El gobierno debe tener mejores elementos para aplicar políticas públicas para los jóvenes. Hay un temor real de reconocerlos como tales”, sostiene Yoval ante Equal Times.

La Convención compromete a los Estados a garantizar los derechos consagrados en la CIDJ, como el derecho a la paz, a una vida sin violencia, a la libertad y seguridad personal, la no-discriminación, la justicia, la educación y la protección contra los abusos sexuales.

La administración del conservador Felipe Calderón (2006-2012) se negó a adherirse a la convención debido a las referencias a los derechos sexuales y reproductivos, el servicio militar obligatorio en México y el trabajo de menores de 15 años.

Su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, tampoco accedió a ratificar el tratado, a pesar de la insistencia del Senado mexicano.

Combatir la violencia doméstica es otro motivo citado por los defensores de la Convención. La Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares indica que 45% de las mujeres adolescentes casadas o que viven con su pareja, declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su compañero durante su última relación.

Y sin embargo, México es uno de los diez países latinoamericanos que todavía no han ratificado la Convención. Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y Brasil ni siquiera la han firmado.

Entre 2006 y 2008, la República Dominicana, Ecuador, Honduras, España, Costa Rica, Uruguay y Bolivia ratificaron la convención, permitiendo así que entrase en vigor.

“A pesar de que México siempre ha sido parte de consensos internacionales, hay grupos que están convencidos de que los menores de edad no pueden tomar decisiones”, comenta Tamés. “No sé qué intereses haya detrás. La convención reforzaría la toma de decisiones de los jóvenes. Se habla de que son el futuro, pero a la hora de garantizarles derechos les tiembla la mano”.

This article has been translated from Spanish.