México redobla su apuesta por los combustibles fósiles

México redobla su apuesta por los combustibles fósiles

The Mexican government’s actions have a direct impact on the commitments made to increase the presence of renewable sources in the energy mix and, ultimately, to decarbonise the country’s economy. This 2010 image, taken in the Gulf of Mexico, is of Centenario, a deep-water oil extraction platform operated by Petróleos Mexicanos (PEMEX).

(Prometeo Lucero)

México se resiste a despojarse de las energías fósiles. La estrategia energética del presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta decididamente por nuevos proyectos de hidrocarburos y la generación de energía contaminante en detrimento de fuentes renovables como la eólica y la solar.

López Obrador ha emprendido una cruzada contra las empresas privadas del sector de las renovables, a las que acusa, en connivencia con los gobiernos anteriores, de obtener beneficios millonarios a costa de debilitar a las dos principales compañías estatales del sector, la petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex) y la eléctrica Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Necesitamos fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, rescatarlas, porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las particulares, a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras”, dijo el presidente mexicano en febrero pasado.

López Obrador considera que las energías limpias son un “sofisma” que usaron las administraciones anteriores para entregar subsidios a empresas privadas. Sus acciones, por otra parte, no muestran preocupación por el cambio climático. A finales de abril, en la cumbre de Líderes Mundiales por el Cambio Climático, el líder mexicano evitó todo tipo de compromiso para la reducción de emisiones y en su lugar anunció el hallazgo por parte de Pemex de tres grandes yacimientos de petróleo que permitirán a México satisfacer su demanda interna. El presidente está convencido de que esto permitirá acabar con la práctica actual de exportar el pesado crudo mexicano para refinarlo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y comprar gasolinas.

Energías limpias: freno en pleno apogeo

Las principales iniciativas de López Obrador en materia energética para su sexenio, que empezó en diciembre de 2018, son el fortalecimiento de Pemex, que en los últimos años se ha convertido en una máquina de perder dinero; construir una refinería de petróleo en Tabasco, su estado natal; y reformar el sector eléctrico para dar prioridad a la energía que generan las plantas de la CFE, más cara y contaminante que las renovables.

La refinería de Dos Bocas, el proyecto estrella del presidente, tiene una inversión inicial de 8.900 millones de dólares (unos 7.340 millones de euros), aunque Pemex ha advertido de que las obras van con retraso —debía empezar a operar en junio de 2022— y que será necesario invertir 3.500 millones de dólares (unos 2.890 millones de euros) más de lo presupuestado.

Para Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de México (UNAM), López Obrador lleva a cabo una política energética “nacionalista” basada en el petróleo porque su forma de pensar permanece anclada en los años setenta del siglo pasado, una época gloriosa para Pemex y la industria de los hidrocarburos.

“El mundo está cambiando hacia otras formas de generación de energía por razones obvias de cambio climático, pero el presidente viene de un estado altamente petrolero como es Tabasco, que se benefició durante muchas décadas del petróleo y de una cultura política de los años 70 y 80 donde el petróleo era una pieza fundamental en la economía mexicana”, explica Zambrano a Equal Times.

Las acciones del gobierno mexicano tienen un impacto directo en los compromisos adquiridos para aumentar la presencia de fuentes renovables en la matriz energética o, como objetivo final, descarbonizar la economía del país, la segunda más grande de América Latina por detrás de Brasil.

En diciembre de 2015, bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, se promulgó la Ley de Transición Energética. La iniciativa trazó una hoja de ruta con una meta ambiciosa: que en 2024 el 35% de la energía que produce y consume el país tenga su origen en fuentes limpias, incluidas las plantas hidroeléctricas y la energía nuclear.

El año pasado el 25,48% de la electricidad en México fue producida por energías limpias, aunque se ha observado una tendencia a la baja desde que López Obrador está en el gobierno; y pensar en alcanzar el 35% en tres años más es una quimera, según afirma Daniel Chacón, director de Energía de Iniciativa Climática de México.

“Si no tienes por lo menos la energía eléctrica descarbonizada, será muy difícil que descarbonices todo lo demás. Las modificaciones que propuso López Obrador a la ley de Industria Eléctrica nos llevan para atrás”, indica Chacón a Equal Times.

Según un estudio de Iniciativa Climática de México, si se aplica la reforma impulsada por el presidente, paralizada actualmente por los tribunales, en 2030 las energías limpias representarán apenas el 22% del total.

Igual de difícil parece que México pueda cumplir los compromisos que adquirió en el Acuerdo de París sobre cambio climático, donde prometió reducir un 22% las emisiones de dióxido de carbono para fines de esta década.

“No era viable antes y ahora menos. Ahora estamos caminando en sentido contrario. Son acuerdos sin dientes y que México los cumpla o no, no afecta en gran medida y a López Obrador no le importa ni el medio ambiente ni las interacciones internacionales”, señala Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM.

La polémica reforma a la ley eléctrica

La última batalla de López Obrador para sacar a flote a la empresa eléctrica estatal es una polémica reforma legislativa aprobada y despachada en tiempo récord en el Congreso mexicano, donde la formación del presidente tiene mayoría.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una sacudida para el sector energético que le da un papel protagonista a la CFE en la generación de energía y deja en segundo plano a las empresas privadas de renovables.

El proyecto busca enterrar la reforma energética que se implementó en 2013 y que abrió el mercado de la generación eléctrica a empresas privadas de renovables, que le podían vender energía a la CFE, que tiene el monopolio de la transmisión y distribución. Esto se hizo a través del mecanismo de subastas a largo plazo, en las que la CFE estaba obligada a comprar la energía más barata para el consumidor final, que a menudo era la que generaban plantas eólicas y solares de compañías extranjeras. La reforma de 2013 relegó a un papel de mero espectador a la CFE y sus viejas y contaminantes centrales.

En febrero de 2019, el gobierno de López Obrador canceló la cuarta subasta eléctrica en un claro aviso a navegantes, aunque el verdadero golpe de timón llegó con la ley aprobada en marzo de este año para cambiar el orden de prioridad de la energía que se despacha y dar preferencia a la que producen las plantas de la CFE.

La intención del gobierno es que las primeras en enviar su energía al sistema eléctrico sean las centrales hidroeléctricas de la CFE, seguidas de su central nuclear, sus plantas geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas. En segundo lugar de prioridad están los pequeños productores de energía que operan plantas de ciclo combinado y después entrarían las centrales eólicas y solares de compañías privadas.

“Como las plantas de la CFE empezaron a quedar paradas porque el mercado, por mérito económico, las dejó fuera, entonces entra el gobierno a imponer que esas plantas tienen que entrar en el despacho. Tratan de cambiar las reglas del juego”, explica Daniel Chacón, de la organización Iniciativa Climática de México.

Las reacciones a la polémica iniciativa de López Obrador no se hicieron esperar. Decenas de empresas privadas del sector de las renovables presentaron amparos judiciales a la nueva ley, y varios jueces federales dictaron suspensiones definitivas justo después de publicarse la ley en el Diario Oficial, mientras el Poder Judicial decide de fondo sobre su constitucionalidad.

El director general de una empresa extranjera de energía solar con presencia en México, que solicita mantener bajo reserva su identidad, considera que la ley supone cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. “Los bancos no quieren prestar dinero hasta que eso no se solucione. Nadie está invirtiendo en energías renovables en este momento, hay mucha incertidumbre”, comenta.

El ejecutivo advierte de que las empresas de tamaño medio o pequeño “no van a perder más tiempo” tratando de invertir en México y dirigirán sus esfuerzos hacia otros países más atractivos y con mayor certeza política y jurídica como España o Colombia, país este último en el que las renovables avanzan a toda máquina.

Las quejas y demandas no llegaron solamente del mundo corporativo. Un grupo de senadores de la oposición presentó a comienzos de abril un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma por considerar que atenta contra el libre mercado y los tratados internacionales.

En esa misma línea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que la reforma de López Obrador representa un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pues ese acuerdo de libre comercio prohíbe a los gobiernos favorecer a empresas estatales.

Los expertos observan con estupor el empecinamiento de López Obrador con el petróleo y las energías contaminantes dado el enorme potencial que tiene México en las renovables. Jeffrey Sachs, profesor de Harvard y presidente de la Red de Desarrollo Sostenible de la ONU, dijo recientemente que el país podría producir suficiente energía solar para abastecer su propio consumo y el de Estados Unidos.

Los estados del norte del país son ideales para plantas solares por sus cielos despejados durante prácticamente todo el año, y otros como Oaxaca, Tamaulipas, Baja California y Coahuila gozan de corrientes de viento que las convierten en escenarios privilegiados para proyectos de energía eólica.

Pese a este amplio abanico de posibilidades, el panorama es incierto para el presente y futuro de las renovables en México. López Obrador no dará su brazo a torcer y parece dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias a Pemex y la CFE envuelto en la bandera de un supuesto nacionalismo energético que posterga la descarbonización del país y amenaza con borrar de un plumazo los esfuerzos de los últimos años.

This article has been translated from Spanish.