Nicholas Sheldrick nunca había participado en una manifestación ni se hubiera descrito a sí mismo como un ecologista, hasta un día en 2011 cuando sintió los temblores de un terremoto provocado por el fracking, el polémico proceso de fracturación hidráulica de rocas sedimentarias para extraer gas. Poco después empezó a estudiar sus efectos, entre los que se incluye la contaminación del agua mediante sustancias químicas tóxicas, así como los estudios validados por expertos que vinculan el boom del fracking en Estados Unidos con las enormes emisiones de metano. Aun así, todavía tardó varios años más en tomar la decisión de unirse al movimiento antifracking.

Nicholas vive cerca de la carretera Preston New Road (PNR) a las afueras de Blackpool, una localidad costera de Inglaterra. En 2016 esta zona se convirtió en el epicentro del movimiento británico de protesta por el cambio climático después de que el gobierno revocara la decisión del ayuntamiento local de denegarle a Cuadrilla, la principal empresa de fracking de Reino Unido, la autorización para que iniciara las prospecciones de gas de esquisto y el fracking en la PNR y el cercano bosque de Roseacre.

El 3 de julio de 2017, Nicholas participó por primera vez en una protesta en la sede de Cuadrilla. “Fuimos a la puerta de entrada a las 3 de la madrugada para tomar por sorpresa a los guardias de seguridad. Me bajé de la silla de ruedas y me senté en el suelo, donde hicimos una cadena humana”, recuerda Nicholas, quien formaba parte del grupo de 13 manifestantes que bloquearon el acceso a las puertas de la empresa hasta las 7 de la tarde.

Este antiguo oficial de la marina mercante bloqueó en dos ocasiones las puertas de la empresa, a pesar de que se tuvo que enfrentar a la violencia física y verbal de la policía, por la que finalmente recibió una indemnización de 25.000 libras esterlinas. “Quería concienciar a otros lugareños de que si yo puedo clausurar este lugar, entonces también podemos hacerlo juntos”. Sus acciones, entre otras, constituyeron una parte importante de la presión social que obligó al gobierno a imponer una moratoria al fracking en Inglaterra en 2019.

El movimiento antifracking constituye un claro ejemplo del poder que tienen las protestas en el contexto de la emergencia climática.

Y aunque los ecologistas en el hemisferio sur –especialmente en América Latina– tienen que hacer frente a crecientes riesgos para sus vidas, la libertad de reunión y el derecho a la protesta también se ven amenazados en cada vez más países industrializados, los cuales, para más inri, son los que tienen la mayor responsabilidad histórica de la actual emergencia climática. Entre ellos se encuentra Reino Unido, donde se va a celebrar una conferencia climática crucial en Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre.

En abril, más de 400 académicos del ámbito climático firmaron una carta abierta en la que exhortaban a los gobiernos a “poner fin a los intentos de criminalizar las protestas no violentas relacionadas con el cambio climático”, impulsados por lo que ven como un número cada vez mayor de “personas que ponen en riesgo sus voces y sus cuerpos para dar la señal de alarma… y que están siendo amenazadas y silenciadas por los mismos países a los que pretenden proteger”.

Julia Steinberger, una de las principales autoras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas y profesora de economía ecológica en la Universidad de Lausana en Suiza, fue una de las que firmaron dicha carta. “Escribimos la carta porque antes los gobiernos no tomaban medidas climáticas alegando que no le importaban a nadie. Ahora todo el mundo está preocupado y millones de jóvenes se han lanzado a las calles. Pero como respuesta solo recibimos medidas climáticas cosméticas y la criminalización de las protestas. Claramente, los gobiernos se están aliando con las empresas de combustibles fósiles en contra de la gente”, explicó a Equal Times.

Según afirma, “2018 fue un año decisivo, pues el movimiento climático mundial se disparó desde la lucha en Standing Rock hasta las protestas estudiantiles y desde el informe especial sobre el aumento de 1,5 grados hasta las primeras protestas de Extinction Rebellion (XR). Pero a medida que los movimientos populares adquieren más visibilidad, también aumenta la represión violenta”.

“Solo nos quedan dos o tres años para cambiar las cosas”

El creciente volumen de investigaciones y las pruebas irrefutables del incremento de año en año de los fenómenos climatológicos que suponen una amenaza para la vida han ayudado a que la emergencia climática atraiga la atención de la comunidad internacional, pero son la desobediencia civil y el activismo de base los que han sido fundamentales para intentar adoptar los cambios políticos y sociales que se necesitan urgentemente para evitar el colapso climático total. Fue en este contexto que el 9 de agosto de 2021, el IPCC empezó a publicar su sexta ronda de informes, a los que el secretario general de la ONU António Guterres tildó de “código rojo para la humanidad”.

Pero a pesar de este toque de atención, las autoridades están atacando y utilizando de chivos expiatorios a los ecologistas no violentos en lo que se ha descrito como el resurgimiento mundial de la llamada ‘campaña de miedo a los verdes’ de principios de la década de 1990, durante la cual se definió y consideró a algunos grupos ecologistas radicales de Estados Unidos como terroristas internos. Poco antes de la Cumbre del Clima de París de 2015 pudimos ver un claro ejemplo de esto: las autoridades francesas llevaron a cabo detenciones preventivas de ecologistas mediante el uso de leyes antiterroristas. Desde 2016, al menos 18 estados de los EEUU. han utilizado las leyes de seguridad nacional aprobadas tras el atentado de las torres Gemelas para reprimir protestas ecologistas pacíficas relacionadas con el cambio climático. En Australia, las autoridades estatales están imponiendo medidas sumamente severas a los manifestantes ecologistas, como multas por ‘la entrada ilegal a propiedades ajenas’ y posibles penas de prisión por las cadenas humanas. Incluso el Consejo de Europa ha instado a que se ponga fin a la escalada de la represión estatal contra las protestas relacionadas con el cambio climático: “Revirtamos la tendencia y hagamos de Europa un lugar seguro para el activismo medioambiental”, imploraba.

En Reino Unido, que albergará la COP26 a finales de este año, el actual gobierno conservador está impulsando un radical proyecto de ley de Policía, Delitos, Condenas y Tribunales, que la ONG de derechos humanos Liberty ha descrito como “una de las amenazas más graves para los derechos humanos y las libertades civiles de la historia reciente [de Reino Unido]”. Además de otorgar al Estado amplios poderes para limitar el derecho a la protesta y la libertad de reunión mediante la criminalización de las manifestaciones “ruidosas”, también concede a la policía más competencias para detener a personas por participar en protestas no violentas y es muy probable que afecte de manera desproporcionada a las comunidades gitanas, romaníes y nómadas debido a la criminalización de la entrada ilegal a propiedades ajenas.

Según la red Amigos de la Tierra, este proyecto de ley amenaza con silenciar y criminalizar el tipo de acción directa que lleva décadas desarrollando: “El futuro del planeta y de la humanidad depende de las protestas pacíficas”, advirtió en marzo.

Uno de los principales campos de batalla del activismo contra el cambio climático en Reino Unido es la línea de tren de alta velocidad conocida como HS2, cuya construcción ya está en marcha y costará 100.000 millones de libras esterlinas. El gobierno alega que este proyecto constituye una parte vital de los planes británicos para alcanzar las cero emisiones netas para 2050, pero los ecologistas aseguran que amenaza a zonas boscosas centenarias y que provocará daños irreparables a la flora y la fauna. Se han llevado a cabo acciones directas constantes contra la HS2 desde que se empezó a construir el año pasado. Y según el diario The Guardian, hasta junio de 2021, la policía ha practicado más de 300 detenciones, de las cuales nueve acabaron en procesos judiciales.

Uno de los focos de las protestas fue Euston, uno de los principales centros neurálgicos de transporte del centro de Londres, donde los activistas excavaron túneles para evitar la construcción de las nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad. Larch Maxey, un activista contra el cambio climático y antiguo catedrático de geografía de la Universidad de Swansea, pasó casi un mes viviendo debajo de Euston en un túnel subterráneo a principios de 2021. “La policía siempre ha manipulado y reprimido las protestas”, nos explica Larch, tras citar el ejemplo de los agentes de policía que se infiltraron en grupos pacíficos de activistas durante años y años. “Pero lo que estamos viendo hoy en día es que la policía trabaja abiertamente a sueldo de la HS2”, denuncia. Se refiere específicamente al ‘Acuerdo para un Servicio Policial Optimizado’ firmado por la Policía Británica de Transporte y la empresa HS2 Ltd, en virtud del cual la empresa HS2 paga el sueldo a tres miembros más del personal policial de vigilancia.

“Ya no puedo justificar que hago investigaciones o enseño para lograr cambios, ya que el ex asesor científico en jefe del gobierno británico, sir David King, declaró que solo nos quedan dos o tres años para cambiar las cosas. Lo que necesitamos es más desobediencia civil y acciones directas mediante un movimiento de masas”, asegura Larch, que ha trabajado en el ámbito académico durante 25 años.

Los científicos especialistas en el campo del clima han sido demasiado lentos para explicar la inminente catástrofe, afirma. En cambio, Julia Steinberger nos cuenta cómo los físicos, entre los que se encontraban sus padres, adoptaron una postura firme contra las armas nucleares a partir de la década de 1950. Para explicar la relativa reticencia de algunos científicos del clima a hacer lo mismo en el ámbito del cambio climático hasta hace poco, señala: “Cuando la crisis se fue haciendo más evidente, la gente pensaba que las soluciones tecnocráticas funcionarían... Algunos sectores de la comunidad relacionada con el clima, en especial los científicos de mayor rango, no quieren perder [el control de] el relato ni dejarlo en manos de las masas”.

De Guatemala a Guatepeor

Con el promedio de las temperaturas mundiales ya 1,2 °C por encima de los niveles de la era preindustrial, los científicos sostienen en la carta abierta de abril que la cumbre del clima aplazada a este año conmemora “un año crítico para la gobernanza climática”. En este contexto, la represión de las protestas por parte de Reino Unido es aún más significativa. “La sociedad civil desempeña un papel crucial para sacar a la luz los chanchullos, pero los negociadores acuden a estas cumbres con sus acuerdos ya dictados [por sus gobiernos]. Lo que cuenta es lo que ocurre antes”, explica Julia. Si antes de la cumbre la gente no puede emprender acciones de desobediencia civil, como las protestas, para atraer la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, entonces puede que los responsables políticos no sientan la presión necesaria para impulsar medidas ambiciosas que eviten las peores consecuencias del cambio climático.

Las protestas contra el cambio climático en Reino Unido aumentarán la presión antes de que empiece la COP a finales de octubre. XR organizó una acción de rebelión de dos semanas que empezó el 23 de agosto, con huelgas estudiantiles que culminarán a nivel mundial el 24 de septiembre. Además se han planeado una amplia gama de acciones, denominadas #KilltheBill (Acaba con la ley), para alzar la voz contra la reciente represión de las protestas y libertades.

La COP26 será la primera cumbre del clima en celebrarse desde que las naciones del mundo presentaron sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que definen sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Históricamente, Reino Unido y Estados Unidos tienen la mayor responsabilidad per cápita de la crisis climática, pero los activistas medioambientales denuncian que dichos países no están haciendo ni de lejos lo suficiente para reducir las emisiones y garantizar una transición justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

“Con Biden como presidente [de Estados Unidos] no ha cambiado nada. De lo contrario, habrían revaluado o clausurado estas grandes empresas petrolíferas”, explica Cleo Otero, miembro de las Primeras Naciones diné y hopi de Estados Unidos, que habló con Equal Times entre visitas a los campamentos de protesta en lucha contra el oleoducto de arenas bituminosas Línea 3 que cruza Minnesota.

La Línea 3 de la empresa Enbridge transportará arenas bituminosas, un combustible fósil extremadamente sucio, desde Canadá a la ciudad estadounidense de Wisconsin. La resistencia liderada por el movimiento indígena está luchando contra este oleoducto que profanará y destruirá las tierras de las Primeras Naciones, incluido el río Misisipi. “No solo estamos protegiendo el agua”, declara Otero. “También los cuerpos, pues estamos formados por hasta un 90% de agua. El agua es sagrada. Está en todo: las plantas, nuestra comida. Estamos protegiendo la vida”.

La protección de los recursos hídricos es una estrategia que se popularizó en la eficaz rebelión sioux de 2016 en Standing Rock contra el Oleoducto de Acceso a las Dakotas en Dakota del Norte. Ahora la idea se ha extendido por todo el mundo y los activistas están bloqueando numerosos proyectos de combustibles fósiles, algo que 25 cumbres del clima no han logrado hacer. Los científicos del clima que firmaron la carta exigen nuevos procedimientos viables para la descarbonización, entre los que se incluyen el Nuevo Pacto Verde, empleos respetuosos con el clima y la restauración de los ecosistemas. “El obstáculo al que nos enfrentamos es el modo en que están formados nuestros sistemas políticos y económicos”, advierte Julia Steinberger. Y debido al actual panorama político, es muy probable que solo la desobediencia civil pueda cambiar la situación.